Posición de Judiciales en Lucha en el congreso de la AJB

El congreso de la AJB debe resolver un plan de lucha.

Este 14 de diciembre se realiza el congreso ordinario de la AJB. Tenía como fecha el 30 de noviembre pero a instancias de la Celeste, que solicitó que no se realice por las elecciones de Azul donde el Yaskysmo denunció fraude, se suspendió hasta la realización de la  elección.

Lo que se presentó como una posición democrática fue parte de una especulación de aparato para evitar una mayoría circunstancial de la Azul y Blanca frente a la Verde, donde concursaron la casi totalidad de las corrientes de la AJB. Luego de la elección de Azul, la Verde volvió a tener mayoría propia.

El congreso debía tener lugar inmediatamente después del 20N que tuvo una fuerte expresión en los judiciales, a pesar de la presión de los jueces, y la desorganización habitual con la que la Verde encara las medidas de fuerza, en tanto que la Azul y Blanca carnereó y la Celeste se dividió mayoritariamente en una posición contraria al paro haciendo causa común con los yakystas y el gobierno. La anaranjada, por su parte adhirió.

En estas condiciones, la masiva adhesión al paro nacional, así como la creciente broca popular contra el gobierno nacional y provincial, deja planteada la necesidad de un plan de lucha por la ley Porcentual, la eliminación del mínimo no imponible, el 82% móvil, el pase a planta de tercerizados y "pasantes" y todos los reclamos.

Ante estás demandas, el presupuesto 2013 de Scioli que fue votado desde la Cámpora, el FAP, UCR hasta el PRO, profundiza el ajuste de la administración pública y el Poder Judicial y el saqueo del IPPS y el IOMA.

Sin embargo, el temario del congreso no contempla esta necesidad y las asambleas fueron vaciadas. Es ante esta falta de eje en la necesidad de poner las energías en un plan de lucha, que la Corte y el gobierno se han lanzado a un vasto proceso de persecución y criminalización de los activistas - varios de la Celeste- que estuvieron a la cabeza de las últimas huelgas.

La verde y la Azul y Blanca han paralizado la AJB frente el ajuste de Scioli y Mariotto y la escalada represiva de la Corte. Están dispuestas a romperla para llevar a los judiciales detrás de sus variantes patronales como Binner y el gobierno nacional. 

Si bien los congresales de la AJB no expresan directamente a los judiciales sino a partir de las listas sábanas de las elecciones generales, la realización del congreso en este marco de crisis política debe estar orientada a la necesidad de organizar a los judiciales para terminar con todas las persecuciones y avanzar por nuestras reivindicaciones.

Llamamos a la Celeste y los sectores combativos de la AJB y a todos los que quieran tener una política de lucha a desarrollar un bloque común de independencia política para que el congreso resuelva la convocatoria a un congreso provincial de delegados electos y mandatados por asamblea para organizar un plan de lucha provincial con el conjunto de los gremios de la CTA. Así defenderemos la unidad de la AJB sobre bases clasistas.

Asimismo, se deben poner como cuestión de privilegio la organización de la movilización el 19 diciembre a la Plaza de Mayo con la exigencia de un plan de lucha a las burocracias sindicales de las centrales obreras y el 20, también a la plaza para conmemomar un nuevo aniversario del argentinazo.

Nación: El paro nacional en los judiciales

UN LLAMADO AL PLAN DE LUCHA.

 A pesar del apriete de los jueces y funcionarios y de la precariedad laboral de los contratos, los interinatos y la tercericerización de la juventud judicial, la medida tuvo un alto acatamiento en el gremio judicial.

Con una catarata de reclamos, los judiciales tuvieron un primer episodio del 20N con la jornada de lucha del 15. Si bien el 15 no fue masivo, el descontento por la falta de respuesta a los reclamos que se puso en discusión los días previos, fortaleció la adhesión al paro general.

El paro fue total o con un acatamiento mayoritario en Notificaciones, Civil, Laboral, el Cuerpo Médico Forense, el Patronato, el P.O.M, Contencioso, entre otros. En otros lugares, como los juzgados del Palacio, la medida tuvo un acatamiento bajo, pero la falta de público acompañó la tendencia general al paro. 

Sin embargo, no hubo ninguna medida de fuerza o movilización que haya podido dar a esta expresión de descontento un canal de organización y unificación de todas las luchas. Piumato llamó a que nos quedáramos en casa.

El proceso de ruptura que los judiciales han iniciado con el gobierno y Corte por el ajuste en salario, asignaciones familiares que ya nadie cobra, las jubilaciones inferiores al 50% del salario junto a la pérdida del 82% para los jefes de despacho, recategorizaciones pendientes, el proyecto de traspaso del fuero Civil a la Ciudad sin fondos y la extendida precariedad laboral en la juventud judicial es bombardeado por la política de la UEJN.

Los reclamos existen hace mucho y el sindicato de Piumato solo interviene luego de romper con el gobierno y luego de aislar todos los reclamos entre sí. Esto pone en evidencia lo estéril de 9 años y medio de acuerdo entre la UEJN y el gobierno.

Los trabajadores ven con mucho recelo las posiciones políticas que adoptan el moyanismo y Piumato que buscan llevar el descontento de la clase obrera detrás de ajustadores como Scioli, De la Sota o Macri. Esto, a su vez, dio lugar, por un lado, a una ruptura al interior de la UEJN, donde sectores del piumatismo están por un armado bajo el amparo del kirchnerismo y por el otro a la desmoralización de activistas.

La pelea que se abrió con la Corte y el Gobierno no puede encontrar salida en paros aislados o domingueros. El alto acatamiento en las condiciones mencionadas, es un claro llamado a impulsar un plan de lucha por todos los reclamos mediante asambleas por fuero y edificio y la oportunidad de estructurar una corriente clasista.

PBA: El presupuesto del ajuste

En tiempo récord, en una sola jornada y en ambas cámaras, Scioli consiguió la aprobación del presupuesto provincial. La gobernabilidad fue el pretexto para que los legisladores de La Cámpora y Mariotto; y sus pares de De Narvaéz, PJ disidente, el macrismo, los radicales y el FAP, votaran todos juntos y sin ruborizarse el presupuesto 2013. Los K y los ultra K fueron más lejos porque votaron también la “ley fiscal”. Esta “reforma” es simplemente un impuestazo sobre el inmobiliario urbano y un pasaporte a un nuevo mega endeudamiento por otros 20.000 millones de pesos para atender los pagos de la deuda. Por su carácter generalizado, el impuestazo va a encarecer las viviendas y los alquileres echando más nafta al fuego de la carestía y la especulación.

Los diarios destacan el rechazo opositor a la “ley fiscal”. Se trata de un saludo a la bandera, porque los “opositores” votaron el presupuesto que le entrega en bandeja la recaudación provincial a los especuladores capitalistas. Con un huevo en cada canasta, y con De Narváez empujándolo a Scioli hacia 2015, la oposición derechista y también el centroizquierda del FAP, se cuidan de no empiojarle el nido al gobernador. De la negociación que llevó a este voto casi unánime -con excepción de la Coalición Cívica- formó parte el rojo de las cuentas municipales. Las intendencias (todas) exigen “libertad” para acceder al mercado de deuda y un aumento de la coparticipación, que tiene pocas posibilidades de prosperar por el default provincial. En el paquete entra también la discusión de la “morigeración” de la ley de tierras: un reclamo de los intendentes que no quieren que el “diezmo” sobre los emprendimientos privados afecte sus negocios con la patria inmobiliaria.
Con la votación rastrera por las leyes del ajuste, el kirchnerismo provincial quedó a la sombra de Scioli. La buena letra de los “camporistas” parecería estar dándole la razón a quienes sostienen la eventualidad de un giro de Cristina si ésta ve amenazada la performance del gobierno en las parlamentarias del año que viene. Este operativo podría terminar por mandarlo al descenso al “comisario político” Mariotto. Esta “funcionalidad” al sciolismo alcanza a la CTA de Yasky y Baradel, que desertó de la lucha contra el presupuesto ajustador y no asomó por la Legislatura. La borrada de la CTA oficialista es un golpe artero contra todos los trabajadores provinciales y en particular contra los docentes, que reclaman la reapertura de las paritarias. El moyanismo provincial- incorporado a la flamante agrupación sciolista, la DOS, votó ambas leyes, al igual que el kirchnerismo. ¿Habrá foto?
ATE y la CTA Micheli convocaron a un acampe frente a la Legislatura, que terminó levantándose antes del mediodía para no entorpecer el voto de los legisladores, incluidos los del “palo” (FAP). Un fiasco que no llegó a ser siquiera una puesta en escena. Es evidente la presión que ejercieron sus socios del “progresismo”, que quería la cancha libre para darle el sí al presupuesto reaccionario. Al papelón de ATE no lo salva la votación en solitario de una diputada “fapista” de origen sindical, que votó en contra y en disidencia con su propio bloque. La burocracia bloqueó a las delegaciones (muy numerosas) de los empleados de la Dirección de Escuelas y del Hospital de Niños para que no hablaran en el acampe y denunciaran la responsabilidad de todos los legisladores. La sumisión al binnerismo es incompatible con la lucha obrera.

El vacío abierto en la oposición a diestra y siniestra, la mimetización de los K con el “neoliberal” Scioli y el derrumbe del Estado bonaerense con su secuela de huelgas, ocupaciones y manifestaciones contra el ajuste, y la tendencia a la huelga provincial, revalorizan la importancia de que la izquierda actúe y se presente como una expresión política de los trabajadores contra los capitalistas, con un programa y una fisonomía propia en la crisis provincial. La preparación política para las elecciones en el distrito clave del país es estratégica

Scioli, la UIA y las ART

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que crea comités mixtos de seguridad e higiene en las empresas, al estilo de la que ya está vigente en Santa Fe. Estos comités no tienen capacidad de veto obrero, puesto que son paritarios con la patronal, pero las decisiones de inversiones o cambios de condiciones laborales deben pasar por su aprobación en caso de que estén constituidos

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El congreso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Matanza, salió con los tapones de punta para neutralizar dicha norma. Scioli tiene dificultades para vetar lo que ya aprobaron sus propios legisladores, pero le ha hecho una promesa a Osvaldo Rial, el presidente de la UIA provincial, que lo pinta de cuerpo de entero.

 

A través de Cuartango, su ministro de Trabajo, Scioli le habilitó a la UIA que redacte un borrador de reglamentación de la ley. Ni lerdos ni perezozos, los industriales enviaron un proyecto que dispone que los comités mixtos se conformarán en las paritarias de cada gremio. Esto significa que no se constituirán nunca o sólo lo harán como comités conjuntos de la patronal y la burocracia central de cada gremio -lo que es lo mismo que nada. En varios gremios ya hay comisiones paritarias permanentes conjuntas, las que jamás se reúnen ni resuelven nada.

 

Recordemos que los comités mixtos figuraron en el proyecto inicial de reforma de la ley de ART que Tomada envió al Congreso. La disposición fue eliminada en la redacción final, por presión de todas las cámaras empresarias.

 

El gobierno sciolista tiene ahora la pelota en su campo. Puede que tome la reglamentación de la UIA o que directamente no reglamente la norma y deje la ley en el freezer.

 

Este movimiento febril de los empresarios en la provincia, para conjurar toda injerencia obrera en las condiciones de trabajo, se da en paralelo a otro movimiento de la UIA nacional respecto de la reciente ley de ART. Quieren que los aumentos en las alícuotas de las ART no se apliquen al menos por un año, hasta que se pruebe la caída de la “litigiosidad” como resultado de la nueva norma.

 

O sea que pretenden todo: la eliminación de la doble vía y que no aumente el 20% en las indemnizaciones que prevé la ley. El kirchnerismo y Scioli son vehículos de las patronales contra la salud y la seguridad obreras.

 

El rechazo al régimen de las ART -y su agravamiento por la nueva ley- tiene que ser parte del debate y del programa de todo el movimiento obrero. Al mismo tiempo, hay que proponer comités obreros de seguridad e higiene, por fábrica y reparticiones estatales y judiciales, electos por la asamblea de trabajadores, que tengan estabilidad gremial y poder de veto, para poder arrancar a la patronal las inversiones y métodos de seguridad industrial y labiral que preserven la salud y la vida de los trabajadores

El congreso de la AJB debe resolver un plan de lucha

El 20N tuvo una fuerte expresión en los judiciales bonaerenses, a pesar de la presión de los funcionarios y jueces, y la desorganización habitual con la que la Verde encara las medidas de fuerza.

Además, la parte Yakysta de la AJB, conducción en La Plata, San Isidro y Matanza, carnereó la medida. A diferencia de la Anaranjada marplatense que adhirió al paro, la Celeste se dividió mayoritariamente en una posición contraria al paro haciendo causa común con los yakystas y el gobierno, en tanto que en Morón y La Plata lo defendieron.

En estas condiciones, la masiva adhesión al paro nacional deja planteada la necesidad de un plan de lucha por la ley Porcentual, la eliminación del mínimo no imponible, el 82% móvil, el pase a planta de tercerizados y "pasantes" y todos los reclamos.

El 30 tiene lugar el congreso de la AJB, que luego de lo del 20, no puede servir a otros fines que a los de organizar a los judiciales en la perspectiva del plan de lucha.

A instancias de la Celeste, que solicitó que no se realice por las elecciones de Azul donde el Yaskysmo denunció fraude, se suspendió. Lo que presentan como una posición democrática es parte de una especulación de aparato para evitar una mayoría circunstancial de la Azul y Blanca frente a la Verde. Además, de realizarse después de la elección de Azul, dejaría al congreso prácticamente para la feria

La verde y la Azul y Blanca están dispuestas a romper la AJB para llevar a los judiciales detrás de sus variantes patronales y la Celeste abreva a ellas yendo contra el programa de independencia respecto de las variantes de burocracia y los gobiernos con el que se presentó, en las últimas elecciones. Los llamamos a que rompan con el gobierno y todas las corrientes de la burocracia.

Si bien los congresales de la AJB no expresan directamente a los judiciales sino a partir de las listas sábanas de las elecciones generales, la realización del congreso en este marco de crisis política debe estar orientada a la necesidad de organizar a los judiciales.

Llamamos a la Celeste y los sectores combativos de la AJB a desarrollar un bloque común de independencia política para que el congreso resuelva la convocatoria a un congreso provincial de delegados electos y mandatados por asamblea para organizar un plan de lucha. Así defenderemos la unidad de la AJB sobre bases clasistas.

Nación: Vamos por el aumento salarial y todos los reclamos

Charla Sobre la ley de Riesgos de Trabajo

Preparemos con fuerza la huelga nacional

Que los trabajadores decidan en asambleas

 

Aunque no han precisado la fecha, la CGT y CTA opositoras han anunciado la convocatoria a una huelga nacional para el 20 ó 22 de noviembre próximos. Llegaría precedida de la movilización masiva a Plaza de Mayo, el 10 de octubre, y de una menor, el 24 pasado, frente al Congreso. También la precedió la del 27 de junio, por la anulación del impuesto al salario y la actualización del salario familiar. Ninguna de las reivindicaciones fue conseguida; el Congreso votó a favor de la ley ART.

El anuncio de la primera huelga nacional contra el gobierno kirchnerista viene precedido por estas frustraciones y por una ola de despidos -cerca de cien mil- en el marco de la recesión de la economía.

 

A esto, se suma la desactualización de los convenios de trabajo, debida a la inflación. Los docentes bonaerenses, por esta razón, han lanzado un plan de huelgas contra Scioli. El gobierno K ha llegado al extremo de violar la ley de movilidad jubilatoria para rascar un 3% -otros 6 mil millones anuales- a los jubilados. El patrimonio de la Anses sigue siendo confiscado en forma sistemática para pagar la deuda pública de un Estado en ‘defol’. La orientación anti-obrera del oficialismo ha marginalizado a la CGT oficial, sobre la cual pesa, además, la intención del gobierno de apropiarse de parte de los servicios de las obras sociales y de no pagar una deuda con ellas de 14.300 millones de pesos. La misma marginalización enfrenta la CTA de Yasky.

De conjunto, la huelga se inscribe en claras tendencias del movimiento obrero: la huelga de medio millón de estatales que hicieron retroceder a Scioli y a Cristina en la cuotificación del medio aguinaldo, El Tabacal, Los Dragones, el paro camionero de combustibles, la huelga del Inti, los paros en Aten Neuquén, el paro de diez días del subte, los paros de la 60, la reciente ocupación y huelga de Educación en La Plata -hace un par de horas- y el comienzo de una huelga de petroleros, que forzó la capitulación del gobierno.

El paro general se inscribe en el marco de protestas de otros sectores sociales, de crisis en los aparatos de represión del Estado y de una manifiesta crisis política que enfrenta a varios sectores de la burguesía entre sí y con el gobierno. Nos referimos al choque con Clarín y al rechazo de las grandes patronales al cepo cambiario.

La huelga, de todos modos, está planteada en forma aislada, sin la ambición, por lo tanto, de arrancar las reivindicaciones que esgrime -ni siquiera como presión. Para la burocracia sindical que convoca a la huelga, el propósito es ir armando un ‘poskirchnerismo’ que, en principio, debería manifestarse en una derrota electoral del gobierno en las legislativas del año que viene. Como la burocracia convocante no presenta un programa alternativo de conjunto del movimiento obrero, el planteo del paro de 24 horas procura socavar la capacidad del gobierno en su enfrentamiento con la ‘Corpo’ y con los sectores capitalistas que reclaman, cada vez más, el fin del cepo cambiario y del intervencionismo económico del Estado mediante una devaluación de la moneda y el libre acceso a los capitales del exterior. En la pelea intercapitalista, Moyano y Micheli ponen al movimiento obrero como furgón de cola de la patronal que milita en la oposición. Este es el significado de los saludos que intercambiaron Macri y Moyano, al que ambos pretendieron disimular como un gesto de protocolo. Moyano y Micheli no ignoran, en absoluto, que una victoria opositora significaría un ajuste mayor contra los trabajadores -e incluso mucho más: un Rodrigazo. Para ellos, una catástrofe semejante sería un costo menor, que esperan pasajero, para salir del impasse en que ha entrado el conjunto de la situación de Argentina bajo la gestión kirchnerista.

Desde el Partido Obrero no disimulamos las contradicciones que enfrenta la huelga como consecuencia del carácter procapitalista de la orientación de la burocracia sindical. Las ponemos crudamente de manifiesto para hacer bien clara la estrategia política para superar esas contradicciones; o sea, poner las luchas obreras al servicio de una salida de conjunto de y para los trabajadores. Llamamos a ir con todo a la huelga, en función de las reivindicaciones de la clase obrera y en el marco de la denuncia de la política de la burocracia sindical, porque cuanto mayor sea el número de los huelguistas y más grande su organización e intervención militante, también mayores serán las posibilidades de desbaratar la intención de poner al movimiento obrero al servicio de una política capitalista alternativa.

La peculiaridad de la situación política, que funciona como marco de la huelga nacional, es que encontramos a una clase patronal dividida y a un gobierno que va perdiendo base social y se repliega en una política de camarilla. El régimen político que gobierna se disgrega como consecuencia de una fragmentación por arriba, la que va creciendo, y un aumento del descontento por abajo, el cual abarca a las clases medias. La pelea por las reivindicaciones de la huelga acentúan estas tendencias desintegradoras. Por eso, debemos plantearla como una transición hacia una lucha independiente de conjunto. De lo contrario, opera como una acción relativamente ciega bajo el comando de la burocracia, que puede ser instrumentada por los clanes patronales enfrentados.

El impulso consecuente de la huelga nos plantea otra situación peculiar, pues -por un lado- debemos esforzarnos para que sea apoyada por el ciento por ciento de los sindicatos que la convocan, pero -por otro lado- debemos empeñarnos en conseguir el apoyo de las organizaciones de base de los sindicatos alineados con el gobierno. Esta situación especial nos compromete a desarrollar una agitación muy fuerte y a desarrollar una gran discusión sobre los objetivos de la huelga, desde el punto de vista de una salida obrera. El oficialismo se esforzará por presentar a la huelga como ‘golpista’ o, al menos, ‘funcional a la derecha’. La huelga, en estas condiciones, nos plantea el desafío de forjar la unidad de clase de la clase obrera para contrarrestar las tendencias divisionistas -tanto del gobierno como de la dirección de la propia huelga, que la presenta en el marco de un acuerdo político con la patronal opositora.

Es en estas condiciones que debemos discutir cuántos cuerpos de delegados, cuántas fábricas, cuántas escuelas, cuántas reparticiones, cuántos ramales ferroviarios podemos plegar a la huelga en forma activa, con piquetes, desde el clasismo. Tenemos un desafío concreto en el subte, cuya dirección sindical K se opone a la huelga. Frente a esto decimos: que se discuta la posición del subte frente a la huelga en una asamblea general. Después de todo, el sindicato del subte está más perjudicado por la política del gobierno que los sindicatos que adhieren a la huelga, pues no es reconocido por el Ministerio de Trabajo, no ha podido concluir -en casi un año- una negociación paritaria y la inminencia de su traspaso a la Ciudad significará un tarifazo mayor, así como un aumento de impuestos y negociados en gran escala del gobierno privatizador local. No hay que excluir -porque esto ya está en el candelero- un acuerdo entre Cristina y Macri, cuyo propósito es repartirse el botín inmobiliario de la Capital.

Reivindicaciones como la anulación del impuesto al salario serán vitales para trabajar, los veinte días que vienen, entre los tres millones de trabajadores afectados. Los 7.000 pesos de básico, la universalización del salario familiar y el fin del régimen de las ART, así como comisiones obreras de salubridad por fábrica, son planteos que tenemos que llevar a las asambleas y plenarios de delegados, convocados o autoconvocados.

En nuestra agitación política no podemos ceñirnos -lo repetimos- a las reivindicaciones. El paro nacional, como tal, cuestiona al poder político y coloca a la clase obrera como protagonista, para arrancar a los demás sectores sociales agraviados del campo de la burguesía opositora y llevarlos al campo propio de los trabajadores.

En los ferrocarriles, convocamos a unir el planteo del paro al de la expulsión de la patota asesina. Lo mismo en la Uocra. En todo el transporte se plantea la nacionalización de las privatizadas, igual que frente a la crisis energética y, desde luego, se plantea el problema del repudio a una deuda externa en cuyo altar se sacrifica el ajuste de las provincias o el saqueo de los fondos de la Anses.

La Coordinadora Sindical Clasista planteará esta perspectiva en cada rincón del movimiento obrero, para que el paro oxigene una salida de los trabajadores por la izquierda a la crisis del kichnerismo, reforzando su posición en todos los planos de la lucha política.

Ley de ART: cómo la enfrentamos

El parlamento aprobó, con una rapidez asombrosa, la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. En la aprobación de 140 votos contra 83, el oficialismo tuvo un aliado fundamental: el PRO, que votó masivamente por la ley. Lo hizo el día después de sacarse “la foto” con Moyano.

La actitud de los parlamentarios sindicales que responden a Moyano frente a la ley fue de una cobardía sin límites, pues no votaron en contra. Simplemente, se ausentaron del recinto.

 

Finalmente, la abstención del ex cerebro legal de Moyano -Recalde- se consumó con los números cantados y, como veremos, para seguir actuando en la vereda del gobierno.

La patronal argentina festejó la votación. Su principal asesor laboral, el abogado Funes de Rioja, es el verdadero impulsor oculto de esta nueva Ley. En su nefasta historia, la masacre de las ART llevó el nivel de los juicios de 3.000 a 70.000. Estamos hablando de la friolera de unos 21 millones de dólares en concepto de indemnizaciones. La llamada “industria del juicio”, que tanto atacaron Picheto y Rossi en ambas Cámaras, sólo puso de relieve la inmensa depredación laboral del sistema de las ART, que no reconoce nada que no sea un infortunio gravísimo para el trabajador.

Página/12 la llama “la ley corta”, por su carácter incompleto. Lo que oculta el diario es que todavía preparan un mayor avance sobre las conquistas laborales. De las enfermedades que han elevado a miles los juicios de los trabajadores, hay tres que las ART desconocen de hecho: la lumbalgia, las hernias y las várices.

La ley no establece aún, en absoluto, los criterios a seguir en este aspecto, ni sus resarcimientos. Ya conocemos la posición de la Presidenta sobre la “tendinitis” de los compañeros del subte, como un adelanto de las posiciones patronales al respecto. Esta cuestión se comenzará a discutir esta semana con la burocracia sindical. Han sido citados por el gobierno las ART, las cámaras patronales, la CGT-Balcarce, el sector de Yasky y el propio Recalde -ahora, de hecho, en otras funciones- para establecer un criterio sobre las enfermedades.

La nueva ley de ART ya aprobada va a generar una polémica legal de inconstitucionalidad, por la discriminación que sufre el trabajador accidentado respecto de un derecho universal como es el acceso a la Justicia. Algunas grandes patronales lo admiten, pero señalan que ganarán tiempo y que lograrán frenar, en parte, los litigios laborales. La clase obrera deberá enfrentar esta ley en sus propios lugares de trabajo, con la quiebra de dos cuestiones que son la madre del 80% de las enfermedades laborales: la flexibilización laboral y la falta de inversión en seguridad.

En nombre de la “prevención”, el FAP ha presentado proyectos donde promueve la creación de comités de seguridad e higiene obrero patronales. Es la línea que se ha mostrado impotente en Santa Fe, donde los cordones industriales están a la cabeza de las muertes en las fábricas por accidentes laborales. Nada dicen de los ritmos de producción agobiantes, del salario a destajo en las cláusulas de presentismo o de la nula inversión de las patronales -factores decisivos en los accidentes laborales.

Un seguro del Estado bajo control de los trabajadores sería lo único que eliminaría esta situación. En los lugares de trabajo: comisiones obreras, electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales.

 

A su vez, la cuestión debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes especiales elegidos por los trabajadores. No hay que olvidar nunca que la mejor “ley” sobre enfermedades laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general del ’75. Allí, se impusieron en los convenios de ese año las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por Alfonsín, Menem, De la Rúa y los K, sólo se actúo destruyendo los convenios del ’75.

La anulación de todo el régimen de las ART y las banderas planteadas tienen que formar parte del programa del paro nacional que está en discusión y que la burocracia sindical se niega a convocar

NADA DE ‘MACRIS’, HUELGA GENERAL

El reclamo para reabrir las paritarias está ganando a numerosos sindicatos. La carestía en los alimentos se suma a los tarifazos en las naftas.

El impuesto al salario abarca a cada vez más trabajadores.

Una respuesta de conjunto de la clase obrera es cada vez más necesaria.

La marcha del pasado 10 de octubre dejó planteada esta cuestión. Lo volvió a plantear la del miércoles 24, contra las ART.

En lugar de definir -de una vez por todas- un paro general y un plan de lucha, para Moyano ha sido más oportuno reunirse con Macri y dar alas a un acuerdo político.

El único resultado que puede buscar semejante transa es someter a los trabajadores a los intereses de sus peores enemigos.

Convertido en aliado de Clarín, quiere dar pelea al gobierno desde una trinchera patronal.

Incluso los ‘progresistas’ que votaron a favor de la ley de medios -como el FAP de Binner y Lozano, y Proyecto Sur de Solanas- se han unido a la derecha para defender la libertad de expresión, no la de los obreros o las organizaciones populares, sino la de las corporaciones capitalistas.

La reunión de Moyano con Macri resume todo el dilema de los trabajadores, quienes son invitados a apoyar a un negrero para combatir el atropello a sus derechos por parte del oficialismo, o apoyar a los ejecutores de estos atropellos contra esos negreros.

Se trata de una trampa política.

Para enfrentar esta trampa, llamamos a apoyar al Frente de Izquierda y a reclamar -mediante plenarios, asambleas y pronunciamientos- una huelga nacional para eliminar el impuesto al salario, recuperar el salario familiar, estatizar el seguro de enfermedades y accidentes de trabajo, establecer comités de seguridad en las empresas, por la vigencia del 82% móvil para los jubilados, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Riesgos de trabajo: crimen social “nac&pop”

El proyecto de ART -el cual tiene media sanción- que se debate a partir del miércoles 24 en Diputados, está calcado de la ley 24.028 dictada en el ’91. Diversos fallos de la Corte Suprema establecieron, luego, que el trabajador podía apelar a la Justicia laboral después de haber recibido la indemnización de la ART si se consideraba perjudicado. El nuevo proyecto violenta estos fallos, porque establece, en términos excluyentes, una u otra vía.

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) se registran, en promedio, unos 650.000 infortunios laborales anuales. Otro 35% proviene de accidentes laborales no registrados, lo que llevaría la cifra a 900.000 accidentes anuales. Una parte importante de las acciones judiciales tienen que ver con las llamadas “enfermedades profesionales”; la SRT sólo reconoce el 20% de las realmente existentes según la OIT. Estamos hablando de más de un millón de accidentes anuales para ocho millones de asegurados.

El negocio del seguro de trabajo se ha ido concentrando: de las veintitrés ART que han quedado, diez acaparan el 90% de los asegurados. Se ha producido una absorción de ART en contra del trabajador. La competencia entre las ART es implacable: los descuentos que ofrecen a las empresas para conseguir su adhesión se manifiestan luego en una clara devaluación de las indemnizaciones que ofrecen al trabajador afectado.

El nuevo proyecto obliga al trabajador accidentado o enfermo a optar entre la tarifa pautada por estos grandes pulpos o esperar, impedido de trabajar, el resultado de un juicio largo. Hoy se amontonan centenares de miles de juicios, en tanto las indemnizaciones son inferiores a los montos de los juicios laborales. Se establece un sistema nuevo para el cálculo de las remuneraciones tanto de las ART como de los propios juicios, llamado Ripte, el cual no tiene como base indemnizatoria el salario actualizado -con los aumentos, adicionales y beneficios que se cobraban al momento de producirse el accidente-, sino un índice difuso, trimestral, que sólo contempla las remuneraciones sujetas a los aportes provisionales -en un país donde el pago no remunerativo es generalizado. Se busca que el trabajador desista del juicio.

La burocracia sindical
La “CGT-Balcarce” ha aceptado el nuevo proyecto, pues le ofrece la posibilidad de armar su propia ART. La contradicción es clara: el sindicato debe elegir entre la defensa de los intereses de los accidentados y el interés de la burocracia que maneja la aseguradora. Si un obrero rechaza la indemnización, deberá accionar contra su propio sindicato y enfrentar represalias de la burocracia.

Por otro lado, ¿quién controlará las primas de seguro que la burocracia de las ART-Mutuas cobre a las patronales? El proyecto otorga a Gerardo Martínez, por ejemplo, la posibilidad de armar una ART-Mutua en un sindicato que tiene el nivel más alto de accidentes y de muertes laborales en el país, y cuya burocracia se caracteriza por los arreglos con las patronales para que éstas hagan lo que quieran en los lugares de trabajo.
El rechazo a la nueva ley -nacional y popular- de accidentes de trabajo debe ir acompañado por el planteo de la estatización del seguro laboral, bajo un control obrero independiente de la burocracia y la posibilidad de la doble vía -cobrar la indemnización y recurrir a la Justicia

Modesto acto contra la ley de ART

Basta de vueltas, vamos al paro general

La movida contra la ley de ART tuvo el valor de movilizar a un conjunto de organizaciones obreras y sindicales contra un ataque al movimiento obrero. Desde la tribuna, se planteó “que no haya más ART”. Ello va al núcleo del problema, porque Cristina está convalidando el negocio financiero de las muertes, enfermedades y accidentes obreros con dos agravantes: bloquear la vía judicial e incorporar a la burocracia sindical al negocio de las ART Mutuas. Por esta vía, los sindicatos estarán de los dos lados del mostrador, o mejor de uno solo, litigando contra el obrero accidentado para pagarle lo menos posible a partir de una asociación con los capitales de prepagas y bancos metidos en el negocio.

Pero se trató de un acto minoritario, breve, sin siquiera un buen sonido, de tipo testimonial.

No hablaron ni Moyano ni Micheli, lo que sirvió para evitar la definición en torno al tema que todos esperaban: el lanzamiento del paro general. Moyano vino con el Momo Venegas y ambos de sacarse

la foto con Macri, rey de los privatizadores y apoyatura de esta ley antiobrera de ART.

La Coordinadora Sindical Clasista, de la que Judiciales en Lucha es parte, y el PO movilizaron con la consigna: abajo las ART, paro general. Incorporaremos la bandera de la lucha contra esta ley y la constitución de comisiones obreras de seguridad en los lugares de trabajo, como uno de los ejes en la campaña política que desarrollamos en todo el movimiento sindical por el paro general.

Abajo las ART

El 24 de octubre bloqueemos el Congreso

El gobierno kirchnerista está por asestarle un golpe al derecho de la clase obrera a la salud y la seguridad en el trabajo. La nueva ley de riesgos del trabajo obligará a optar: o el resarcimiento miserable de la “administradora” (ART)… o esperar varios años hasta cobrar el juicio civil.
La extorsión es clara: empujan al trabajador a quedarse con el pago de la ART, ante la imposibilidad de aguantar hasta el juicio.
Perfecciona la privatización de los “riesgos del trabajo” que inauguraron Menem y Cavallo.
Para los capitalistas, bajará el costo de los accidentes laborales.
Por lo tanto, tendrán que gastar menos en prevenirlos.
El beneficio de las administradoras, asociadas a la burocracia sindical, crecerá junto a la inseguridad en el trabajo.
A pocos días del 17 de octubre, el gobierno ha dado una muestra de “lealtad”… pero hacia la Unión Industrial, que viene reclamando esta reforma desde hace años.
El miércoles 24, la nueva ley de ART será debatida en el Congreso. La CGT y la CTA han convocado a concentrar allí desde las 14 horas.
Marchemos masivamente, convoquemos a marchar en todas las organizaciones obreras.
Por comisiones obreras de seguridad e higiene, electas y con poder de veto sobre las condiciones de trabajo.
Por el derecho a recurrir sin condicionamientos a la demanda civil en los accidentes de trabajo.
Por un paro nacional y un plan de lucha por este reclamo, contra el impuesto al salario y todas las reivindicaciones obreras.

POR UNA MOVILIZACIÓN MASIVA DE LA UEJN, LA ABJ Y TODOS LOS GREMIOS DE LA FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA

Marchá este 20 con Judiciales en Lucha

15HS DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

El 20 a Plaza de Mayo: Justicia por Mariano! (versión pba)

El 20 a Plaza de Mayo: ¡Justicia por Mariano! (versión caba)

El próximo sábado 20 se cumplirán dos años del crimen de Mariano Ferreyra y del brutal ataque a Elsa Rodríguez y a otros compañeros. El crimen de Mariano sacó a la luz el entrelazamiento de la burocracia sindical con la policía, los concesionarios del ferrocarril y el aparato del Estado, para superexplotar a los trabajadores tercerizados y para desviar a sus bolsillos los subsidios que el gobierno K reparte sin control entre sus amigos.

La lucha popular puso en la cárcel a la patota de Pedraza y en el banquillo de los acusados a una parte de la policía, pero todavía falta un camino a recorrer para obtener la condena de los criminales -y, por esta vía, contribuir también a poner fin a la dominación de los sindicatos por parte de la burocracia sindical.

Las amenazas a los testigos del juicio oral y público a la patota y a la policía, así como el secuestro de uno de ellos, ponen de manifiesto que los responsables políticos del crimen no cejan en sus esfuerzos para arrancar la impunidad.

La incapacidad del gobierno para neutralizar esas amenazas, y para impedir el secuestro reciente y su esclarecimiento, demuestra que solamente la lucha popular podrá conseguir la ¡Justicia para Mariano!

Por eso, convirtamos el segundo aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra -el próximo 20 de octubre- en una gran jornada de movilización a Plaza de Mayo.
Llenemos la Plaza -y todas las plazas del país- este 20.

La explotación que Mariano combatió en el ferrocarril, la tenemos muy patente los judiciales con la lucha de los tercerizados Patronato de Liberados, con la precariedad de los contratos y los interinatos y con la tercerización en limpieza, sistemas y mantenimiento.

Por todo ello, la lucha por Justicia por Mariano Ferreyra, un crimen contra la clase obrera, está estrechamente ligada a la lucha por el fin de la precariedad en el Poder Judicial.

Desde Judiciales en Lucha llamamos a todos los judiciales a acompañar el reclamo de Justicia por Mariano Ferreyra movilizándonos masivamente a la plaza de Mayo

Curso de Formación Sindical convocado por el Partido Obrero

A partir del martes 23 de octubre el Partido Obrero convoca a un curso de formación sindical para trabajadores judiciales y docentes de la facultad de derecho de la UBA.

Por sindicatos que enfrenten la crisis capitalista que es descarga sobre los trabajadores con ajuste, por la democracia sindical y la decisión colectiva en la asamblea de base.

El curso desarrolla la historia del movimiento obrero argentino y mundial a la luz de 300 años de lucha contra el capitalistmo, la conformarción de los sindicatos como herramiento de la lucha de clases, la estatización y burocratización de los sindicatos y la lucha del clasismo por la recuperación de esos sindicatos para convertirlos en órganos de lucha de la clase trabajadora, y como escuela revolucionaria para terminar con la explotación del hombre por el hombre.


Podés inscribirte y recibir información del curso en judicialesenluchacapital@gmail.com y judicialesenluchaprovincia@hotmail.com

 

 

La Plaza dejó planteada la huelga general

BALANCE DE LA MARCHA DEL 10 DE OCTUBRE

 

La Plaza de Mayo reunió entre 30 y 40 mil personas a partir de la convocatoria de la CTA Micheli, a la que adhirieron, sin paro, camioneros y delegaciones de gremios de la CGT Moyano.

Las horas que precedieron a la jornada estuvieron dominadas por la noticia de la bajada de Moyano de la tribuna -fue reemplazado por Schmidt, de Dragado y Balizamiento- y por el boicot de ATE Capital, cuya mayoría se ha pasado al kirchnerismo. La participación de la Federación de Educadores bonaerense, que logró una adhesión superior al 50%, fue un golpe positivo contra la burocracia de Suteba, alineada con el gobierno.

En la composición de la Plaza se destacó una columna de unos 10 mil camioneros y delegaciones de bancarios, personal legislativo, judiciales, Udocba y otros gremios de la CGT Moyano. En cuanto a los organizadores (la CTA-Micheli), se notó fuertemente la disminución de ATE; hubo empeñosas columnas piqueteras de Barrios de Pie, CCC, MTR Dignidad, Teresa Vive y otras. En ATE de provincia, se destacó la movilización de más de mil compañeros del Astillero Río Santiago. El desgaste natural de 15 días de huelga le impidió a ATE Educación una movilización masiva con sus propias consignas, pero estuvo presente el clasismo de ATE -tanto de capital como de provincia.

Las 500 o 700 personas de la Federación Agraria en la Plaza no compensaron lo que restó, políticamente, la presencia de Buzzi, como pata de la Mesa de Enlace -resistida por vastos sectores de activistas en los lugares de trabajo. En el palco no se hicieron ver los Binner y otras fuerzas del FAP, aliadas de los representantes políticos de la CTA, a excepción de los propios como Lozano o Pino Solanas.

Nuestra columna reunió a más de 3.000 compañeros, que entraron con el Sitraic, AGD-UBA y Fuba, Suteba La Plata, ATE Sur y delegaciones de ferroviarios, gráficos, metalúrgicos y distintos gremios bajo el cartel: “Paro general, por 7.000 pesos de básico, abajo el trabajo en negro y el impuesto al salario”. Esta orientación política marcó una perspectiva, ya inscripta en el movimiento obrero con la huelga de Educación en la provincia de Buenos Aires, la huelga petrolera de Comodoro, las huelgas docentes en diferentes provincias, Los Dragones.

Nadie dijo una palabra del juicio a Pedraza ni de los sucesos protagonizados por las patotas de Gerardo Martínez. El centroizquierda no planteó terminar con la burocracia sindical y sus patotas.
Micheli llamó a rodear el Congreso el próximo 24 contra la pseudoreforma de las ART. Transmitió que Moyano le aseguró que habría un paro general antes de fin de año. No hay, sin embargo, ningún plan de lucha en esa dirección. La Plaza dejó planteada la huelga general.

Nestor Pitrola | 11 octubre, 2012

Apoyamos el paro de la 60

Los trabajadores de la 60 fueron nuevamente al paro. Reclaman contra la agresión de la patota de la UTA, que en el día de ayer envió tres micros de patoteros contra la cabecera de ingeniero Maschwitz, cuando los trabajadores reclamaban por la reincorporación de un despedido. La acción de la patota contra los delegados independientes de la línea 60 es permanente e impune. Los delegados han sufrido la quema de autos, balazos contra sus casas y familias, amenazas e intentos de amedrentarlos. Estas agresiones no han sido investigadas, con lo cual la UTA actúa con vía libre. La patota actuó siempre al amparo de la liberación de la zona por parte de la policía, que no intervino frente a las agresiones.

Los trabajadores reclaman también por cuatro despedidos que no fueron reincoporados luego de la última huelga, y por los permanentes descuentos en los pagos que realiza la empresa en forma arbitraria.

Como respuesta al reclamo, el Gobierno se apuró a desalojar con la Gendarmería el corte que llevaban adelante los trabajadores en Panamericana. La respuesta del Gobierno tiene un antecedente: durante el último paro, la terminal de Maschwitz fue rodeada por un masivo operativo policial, para forzar el levantamiento de la huelga, mediante una conciliación obligatoria. Meses después, el reclamo de la reincorporación de los cuatro despedidos que llevaban adelante los trabajadores entonces, no ha sido resuelto.

Convocamos a movilizarnos en apoyo a los trabajadores de la 60, por el desmantelamiento de la patota, por la libertad de organización gremial, contra los despidos y por la satisfacción de todos los reclamos.

Triunfó la huelga y sus metodos clasistas

Educación La Plata

Un golpe al ajuste de Scioli

Luego de once días de huelga general por tiempo indeterminado y ocupación, ganamos la lucha. En un Acta firmada con la Directora General Nora de Lucia, se comprometen a reincorporar a todos los despedidos sin excepción, a retrotraer la liquidación de horas extras y viáticos a agosto – derogadno el recorte del 10% de la compensación salarial-, la formación de una mesa de negociación para tratar la equiparación salarial y el blanqueo de las sumas en negro que tiene su primera reunión el 16 de octubre, y el compromiso de revisar los abusos en materia de cargos jerárquicos.

 

Todo se discutió en asamblea, lo que no ocurre nunca porque la burocracia sindical firma los acuerdos sin consultar con los trabajadores en lucha. El contraste fue valorado por la asamblea misma. Ello ocurrió con el acta propuesta y luego con su aprobación final, lo que celebramos marchando por la ciudad luego de dejar el Edificio tomado en mejores condiciones que antes de la toma.

 

El martes 2 de octubre, en ocasión del paro provincia de ATE y Soeme, la columna de Educación que partió del Edificio tomado, dejando una guardia militante, fue más grande que toda la movilización provincial de ATE y Soeme: reunimos a unos 3 mil compañeros. Así nos ganamos la palabra en el palco que nos habían negado, donde la Delegada General de la Junta Interna de ATE, “Churi” Uro, levantó el reclamo de la huelga y la necesidad de la continuidad de las medidas provinciales por el triunfo de Educación. Luego de movilizarnos a la Gobernación, toda la columna marchó a la Toma y se realizó un acto donde todas las organizaciones solidarias hablaron. Marchamos ese día con una gran bandera que decía: “No a la rebaja salarial” y “Estamos haciendo Historia”.

 

El miércoles 3 tomamos una resolución fundamental: la realización de un Plenario provincial de delegados de todos los gremios de la CTA y de la CGT, del movimiento estudiantil Universitario y Secundario. Allí, se decidió realizar el martes siguiente una jornada simultánea de ocupaciones y lucha por la victoria de Educación y por sus propias reivindicaciones. Fue el plenario provincial que la conducción de ATE se niega a convocar desde inicios del año. Incluso convocó dos plenarios de delegados de La Plata sin que Educación estuviera en ellos.

 

Con la realización del Plenario, la toma y la huelga actuaron como un organizador provincial, mostrando cuál es el verdadero contenido de un sindicato. La posibilidad de la generalización de tomas y ocupaciones, con la Jornada simultanea y con ocupaciones que empezaron a realizarse, con el Consejo Escolar de la Plata tomado el miércoles y el jueves con sus compañeros marchando a Educación, se extendía la huelga en apoyo a nuestra lucha: se empezó a inclinar la balanza a nuestro favor.

 

Durante los once días de huelga, numerosos movimientos de lucha marcharon a Educación, nos trajeron su solidaridad y nos decían que querían seguir nuestro ejemplo.

 

El propio jueves por la noche el Gobierno provincial retrocedió y ofreció la propuesta finalmente el viernes.

 

La ruptura generalizada de los trabajadores de Educación con la burocracia sindical de UPCN, más de mil desafiliaciones, es otro hecho fundamental. Se derribó el dique de contención y hay una explosión reivindicativa. La asamblea final de la huelga votó la continuidad del Cuerpo de delegados por sector y la mantención de las Comisiones de Prensa y otras. La Huelga contrastó dos posturas, la de los paros domingueros sin continuidad, que no sirven para nada y que exponen a los trabajadores a descuentos y represalias, y la lucha a fondo, con la huelga general y la ocupación para garantizarla.

 

La Toma fue una experiencia popular conmovedora. Trabajadores y estudiantes de otras reparticiones, de escuelas, de hospitales y movimientos de desocupados, participaron activamente. Los trabajadores de Educación quedaron marcados a fuego. Vivieron estos días con firmeza, con coraje, con bronca y alegría. Estaban convencidos -y así fue- de que estaban haciendo historia.

Alejandro Sánchez Moreno

Homenajeamos a Cata Guagnini en la ex Esma

 

El 27 de setiembre se conmemoró un nuevo aniversario de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas. Fue la ocasión para designar con el nombre de Catalina Guagnini, militante de nuestro partido y una de las fundadoras de la organización, a un salón del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos en la ex Esma. Familiares nació en septiembre de 1976, en lo más duro de la dictadura; Cata falleció el 30 de setiembre de 2004. Cata integró la primera fórmula presidencial del Partido Obrero, en 1983, junto a Gregorio Flores. Ella había perdido dos hijos, Luis y Lucas, a mano de los “grupos de tareas”. El acto estuvo dividido en dos partes. En la primera, se inauguró la “Sala Cata Guagnini”; en la segunda, se realizó una mesa redonda con integrantes de Familiares y funcionarios.

En el acto estuvieron Martín Fresneda y Claudio Morresi -secretarios de Derechos Humanos y de Deportes, respectivamente, del gobierno nacional-, Alicia Pierini -defensora del Pueblo de la Ciudad-, Lita Boitano y Daniel Tarnopolsky -de Familiares- y Celedonio Carrizo, un ex preso político. En la primera fila de los asistentes -unos cien- estaba Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.

 

También se encontraban familiares y amigos de Cata, y algunos de sus compañeros de militancia bajo la dictadura militar.

Invitado por la compañera Graciela Lois -que militó con Cata en Familiares-, Marcelo Ramal inauguró la placa junto a Mercedes (la nieta de Cata) y Lita Boitano, también compañera de Cata en aquellos años. Marcelo hizo hincapié en que el nacimiento de Familiares fue un acto de rechazo político a la práctica colaboracionista de las organizaciones tradicionales de derechos humanos con la dictadura militar. Este bloque era orientado políticamente por un arco que reunía desde la UCR hasta el PJ, pasando por la burocracia sindical y por el PC -que sostenía que los planteos de Videla “interpretan la voluntad de la inmensa mayoría del país” (informe de su dirección, a través de Arnedo Alvarez, 20/11/78)-. Aún no habían aparecido las Madres de Plaza de Mayo. Familiares se proponía luchar por la “aparición con vida” de los luchadores desaparecidos, por medio de la movilización. Madres se instalaría más tarde en Plaza de Mayo: el 30 de abril de 1977.

Ramal señaló: “ni ‘Familiares’ ni ‘Madres’ nacieron por generación espontánea. En aquellos años se escuchaban los cantos de sirena de aquellos que aspiraban a una convivencia con la dictadura, a la que llegaron a llamar, incluso, ‘dictablanda’. Familiares y Madres surgen como una gran expresión de rebeldía a esa tentativa de coexistencia con la dictadura. Sin esa independencia, no había lucha posible por las libertades y contra la represión”.

“Cata Guagnini -continuó Marcelo- abrazó la causa y la militancia organizada en el socialismo revolucionario, mientras desplegaba su lucha decidida por las libertades y contra la opresión dictatorial, que le sustrajo dos de sus hijos. Pero nunca trazó una línea divisoria entre una y otra lucha. En definitiva, detrás del crimen, de la desaparición y de la tortura estaba un régimen social fundado en la explotación social, en el robo de trabajo ajeno”.

“Recuerdo a Cata, en Familiares, llenando aquellas fichas de cartón donde se incluían los datos de los compañeros desaparecidos: dónde habían trabajado, en qué contexto de militancia gremial y política habían sido secuestrados. Con esos datos, ‘Familiares’ construyó una de las más serias denuncias políticas contra la dictadura: el 80% o el 90% de los desaparecidos eran delegados gremiales, estudiantiles, representantes de importantísimos movimientos que envolvían a miles de trabajadores o jóvenes. La pretendida ‘guerra sucia’ no era tal: la dictadura había venido a tronchar lo mejor de una generación que había salido a batallar por su emancipación política”.

Ramal reivindicó “en Cata a toda la militancia obrera y popular que batalló contra la dictadura. Se ha echado a rodar el mito de que los genocidas encontraron a su paso un campo yermo, sin que nadie la enfrentara. Es lo que dicen, con seguridad, todos los que colaboraron con ella, buscando justificar esa colaboración. Pero hubo una militancia activa que enfrentó a la dictadura, organizando a sus compañeros de trabajo o de estudio. Cata fue parte de ella, y homenajeamos en ella a todos los luchadores obreros, socialistas y revolucionarios que combatieron la dictadura, y a todos los militantes populares que también lo hicieron”.

“Pasada la dictadura militar -siguió Marcelo-, Cata Guagnini nos llenó de orgullo al ser la primera candidata a vicepresidenta por el Partido Obrero, acompañando a otro querido compañero, Gregorio Flores. Que fue candidata a diputada nacional, que recorrió el país y, llegado el momento, siguió la lucha que había inaugurado en los años de la dictadura batallando contra las leyes de impunidad, el punto final y la obediencia debida y, por sobre todas las cosas, defendiendo la misma bandera con la que había nacido ‘Familiares’: la independencia frente al Estado, la denuncia y la lucha contra la cooptación de los movimientos de derechos humanos, por parte de ese mismo Estado y de los que gobiernan (…). Con seguridad, si la hubiéramos tenido en estos años, estaría al pie del cañón reclamando la aparición de Jorge Julio López, de Luciano Arruga y el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra”.

Ramal completó el homenaje con “nuestro compromiso actual con las banderas que defendió Cata, las banderas de la lucha contra la opresión, por la libertad, por la emancipación social y la revolución socialista”.

Algunos funcionarios sólo ingresaron en el salón y se ubicaron en el panel cuando Ramal terminó su intervención. Es probable que, de ese modo, hubieran querido tomar distancia de la semblanza de Cata que trazó Ramal, y que era una condena a la cooptación de los movimientos populares. Los oradores posteriores se concentraron en reivindicar al gobierno actual, pero no pudieron aportar una sola conclusión política sobre ‘Familiares’, sobre su nacimiento y sobre su lucha política. En su enorme mayoría, quienes trabajan por la integración de los “derechos humanos” al Estado no formaron parte de ella. En los años de plomo, sus antecesores políticos practicaban la convivencia con la dictadura y estaban en la vereda de enfrente de “Madres”, de “Familiares” y de “Abuelas”.

 

Algo de todo esto debió ser advertido por el público presente que, invitado en su mayoría por los organizadores, interrumpió a Ramal con un cerrado aplauso, cuando éste reivindicó a Familiares en su lucha por la independencia política frente al Estado.

Agradecemos a Graciela Lois, integrante de Familiares y compañera de Cata en los años de la dictadura, su preocupación por asegurar que el Partido Obrero estuviera presente en este acto, para reivindicar a una de sus más queridas e importantes compañeras, en los términos políticos que ella misma hubiera elegido

Pedraza, Ugofe y la Secretaría de Transporte

El juicio está ganando cada vez mayor profundidad. El debate empieza a internarse sobre los móviles del ataque que acabó con la vida de Mariano y sobre las responsabilidades políticas. Las pruebas se acumulan contra Pedraza pero también contra los empresarios de Ugofe, contra Antonio Luna y contra otros funcionarios de la Secretaría de Transporte, que no se encuentran, sin embargo, en el banquillo de los acusados.

 

Mafia
El 29 de septiembre declararon un ex gerente de Ugofe y un ex tercerizado.

José Luis García fue jefe de Administración de Personal y Liquidación de Haberes de Ugofe, entre 2007 y 2009. Su presencia fue una sorpresa para las partes, debido a que fue coaccionado para no declarar.

El valor del testimonio de García residió en el señalamiento de la asociación mafiosa entre la empresa y el sindicato, para desviar los subsidios estatales y para manejar el ferrocarril Roca como un coto cerrado. García renunció a Ugofe luego de haber denunciado la retención indebida del 30% de sus haberes durante dos años. Ese dinero iba directamente a los bolsillos de empresarios y de burócratas. “Mi costo laboral para Ferrovías era cero, porque la Secretaría de Transporte enviaba el dinero y a mí me pagaban menos”, dijo. Ferrovías, una de las tres empresas que constituían Ugofe, era su empleador directo.

Por el puesto que ocupaba, García sabía que esa práctica se extendía al 90% del personal. Al personal jerárquico administrativo, que se encuentra fuera del convenio ferroviario, los descuentos -entre el 25 y el 30% de su salario- se le aplicaban en forma directa. En el caso de los trabajadores ferroviarios bajo convenio, el robo se cometía dibujando horas extras, pasando como trabajados días laborables que el trabajador no percibía, y metiendo “ñoquis”. El dinero lo ponía la Secretaría de Transporte y el pago se canalizaba mediente la empresa Belgrano SA.

García citó también el caso de las indemnizaciones que todos los empleados del Roca recibieron entre 2008 y 2009, por el traspaso de la concesión de Tasselli a Ugofe, que también fueron saqueadas.

García mencionó varias veces a la tríada conformada por Antonio Luna -ex subsecretario de Transporte Ferroviario-, Héctor Messineo -gerente de Recursos Humanos de Ugofe- y Juan Carlos Fernández -mano derecha de Pedraza- como la cúpula de esta sociedad. Señaló: “Fernández, cada vez que llegaba con un pedido o información a la empresa, mencionaba que venía por orden de Pedraza”.

Sobre los ingresos de personal, explicó que los listados “venían directamente confeccionados por Fernández y por Luna. Ese listado lo recibía Messineo y, una vez que llegaban, era automático. Todo personal que ingresaba convencionado estaba obligado a afiliarse al sindicato. “En algunos caso, había un dinero que el trabajador debía devolver por haber recibido el favor de ingresar a la empresa”.

García relató: “Tuve dos charlas con el señor Pedraza. Me dijo que no podía discutir nada de todo aquello que emanara de la UF. No podía discutir un sueldo mal liquidado, etcétera”. Acerca de dos “ñoquis”, “me dijo que eran dos temas que no se podían tocar y donde yo no me tenía que meter. Le voy a decir textualmente lo que me dijo: “que no jodiera con el tema de los ingresos’”.

 

José Negrero
Ariel Pintos era un obrero tercerizado de Confer, que realizaba tareas en vía y obra. Cobraba el equivalente a un tercio del salario de un trabajador de planta permanente. Para el 20 de octubre de 2010, había sido despedido junto a otros trabajadores, precisamente por reclamar el pase a planta. En su testimonio, explicó: “hicimos muchísimas manifestaciones en el hall de Constitución y en el Ministerio de Trabajo; y el corte de vías era el punto extremo para que nos den bolilla. Quisimos hacer una conferencia de prensa en Constitución, pero la patota de la Unión Ferroviaria nos sacó a empujones. En esa patota estaban Pablo Díaz y Favale”. El 20 de octubre, Ariel se movilizó junto a sus compañeros para reclamar su reincorporación. Resultó herido de bala en una pierna. Fue categórico al denunciar a la Policía. “Cuando corrimos detrás de la patota, nos topamos con los patrulleros. Les mostré a los policías mi herida y no hicieron nada para detenerlos”.

Las denuncias de Ariel contra Pedraza fueron lapidarias.
“Los obreros de la cooperativa de Unión del Mercosur eran los que peor estaban”, dijo. Esa contratista pertenecía a Pedraza y su banda.

“Estaban afiliados al sindicato, pero no tenían vacaciones, ni aguinaldo y cobraban menos que los de las otras contratistas. Además, eran amenazados por Pablo Díaz y por otras personas armadas, para que no hicieran reclamos”. “La manera de pasar a planta permanente era a través del sindicato o pagándole a algún delegado”.

En las escuchas judiciales se registraron diálogos entre Fernández y Messineo, en los cuales el burócrata sindical le ordena al gerente aplicar un castigo ejemplar a los tercerizados que habían arrancado el pase a planta por medio de la lucha. “Cuando ingresamos a la planta de Ugofe nos mataron durante los primeros meses”.

El círculo se va cerrando sobre Pedraza.

Juicio Mariano Ferreyra: Nuevos fiscales

El jueves pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó fiscal coadyuvante a Carlos Gamallo, y a Mariano Domínguez como fiscal ad hoc en el juicio por el crimen de Mariano.

La resolución menciona que, dadas “las especiales características y la amplia trascendencia del proceso aludido”, la medida es “necesaria” para “robustecer y garantizar en todo momento la adecuada representación del Ministerio Público Fiscal”. No ofrece mayores especificaciones.
 

La designación de Gamallo y Domínguez estuvo precedida por fuertes choques entre la fiscala María Luz Jalbert, las querellas y el tribunal. Para la prensa, Jalbert, cuya función es acusar, “se encontraba más cerca de las defensas” que de las partes acusadoras. Entre otros, habilitó un pedido de las defensas para la reexhibición de los videos y fotografías de la causa, a pesar de que las partes tuvieron ese material en su poder varios meses antes. Con esto, se perdieron las primeras jornadas del juicio. Otros cuestionamientos se refieren a su método de interrogatorio, reiterativo y que prolonga innecesariamente los testimonios. Sumados a las chicanas de las defensas, esto empantana el debate sistemáticamente.

Domínguez, el nuevo fiscal ad hoc, intervino en la causa junto a Cristina Caamaño durante la investigación. De esa instrucción, surgió la acusación contra Pedraza y contra la patota, de haber pergeñado y ejecutado un “plan criminal” contra los tercerizados. A los policías, sin embargo, el Ministerio Público los acusó por “abandono de persona agravado”, un delito que prevé una pena máxima de 15 años. La policía fue parte activa y necesaria de ese plan criminal, sin lugar a dudas, y la instrucción no avanzó sobre los funcionarios políticos responsables por su accionar.

Por otra parte, de la investigación se desprendió otra causa -paralela a la que investiga el crimen de Mariano-, por “defraudación al Estado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que coloca el foco sobre los fondos estatales entregados a la cooperativa Unión del Mercosur. Esa “cooperativa” pertenecía a Pedraza, a su entorno familiar y a la cúpula de la Unión Ferroviaria. Esa investigación -clave para determinar la responsabilidad de empresarios y de funcionarios de la Secretaría de Transporte en la trama que rodea el crimen de Mariano- se encuentra en manos del juez Ariel Lijo y hasta ahora avanzó poco o nada. La procuradora Gils Carbó repuso hace pocas semanas al fiscal Abraldes en la “causa de las coimas”, para imprimirle mayor celeridad a la instrucción y, ahora, adopta esta medida para “robustecer” a la fiscalía en el juicio a Pedraza; sin embargo, no tenemos conocimiento de que haya dispuesto ninguna medida específica para avanzar sobre la línea de empresarios y de funcionarios que saqueaban -y saquean- los subsidios multimillonarios del Estado en alianza con la burocracia ferroviaria. Ugofe y los funcionarios de Transporte son los grandes ausentes en el juicio por el crimen de Mariano.

El Cels saludó la medida de la Procuración. Por su parte, los abogados defensores probablemente cuestionen estas designaciones -en especial la de Domínguez-, ya que consideran que la investigación estuvo “desde un principio, direccionada” contra sus clientes. En otras oportunidades, acusaron “la injerencia” del gobierno en este juicio, también en desmedro de sus defendidos. Corresponde recordar, sin embargo, que sus clientes -Pedraza y compañía-, continúan jugando a fondo en el copamiento oficialista de la CGT y participando de los negocios ferroviarios junto a las empresas y a los funcionarios del transporte.

Seguiremos atentamente el desarrollo del juicio y la conducta de los fiscales en esta nueva etapa.
Perpetua a Pedraza. Castigo a TODOS los culpables

Entrevista a delegados de ATE educación. La lucha continua

Churi y Alejandro, miembros de la Junta Interna ATE Educación y de Tribuna Estatal

 

-¿Cómo se está desenvolviendo el conflicto?

ASM: Recién escuchaba el análisis de un periodista muy interesante, decía que los gobiernos siempre tienen como una estadística de las huelgas y las ocupaciones, que los fines de semana se debilitan, ahora el gobierno está sorprendido, porque ésta es una ocupación que el fin de semana se fortaleció, la huelga está en su punto más alto a casi una semana de la toma, pero la huelga lleva más de 20 días, mañana vamos a marchar, y a las 11 haremos la asamblea cotidiana.

 

-¿Qué forma de organización están teniendo, cómo se resuelven las cuestiones importantes?

Churi: Dentro de la toma nos organizamos como estamos acostumbrados los trabajadores, hay distintas comisiones seguridad, comida, garantizando desayuno, almuerzo y cena para todos los trabajadores, festivales, prensa, la limpieza del edificio, es sorprendente como los trabajadores se organizan cuando tienen una meta bien definida, declaran una huelga general, van a luchar por su salario.

 

-Más allá del desenlace que tenga el conflicto, ¿consideran que hay un antes y después de esta gran lucha?

ASM: Sí, porque hay una ruptura de la totalidad de los trabajadores de la Dirección General de Escuelas con la burocracia sindical. UPCN es el gremio mayoritario en afiliación, incluso con el control de muchas de las oficinas, y ahora, producto de la necesidad de luchar en contra del ajuste, los trabajadores rompieron con la burocracia sindical, y la dirección de todo el movimiento es de la Junta Interna de ATE Educación, junto con las comisiones de la huelga. Hay un antes y un después. Por supuesto que será más fuerte si además, ganamos.

 

-Podríamos decir que se trata entonces de un avance del clasismo…

Churi: Con los métodos nuestros, que son los de la asamblea donde se decide todo, ha superado cualquier tipo de propuesta burócrata de minimizar esta lucha. Los compañeros al ver que se respeta en asamblea adhieren continuamente a esta medida, que se debate y se aprueba en asamblea, y se lleva adelante lo que se decide, dejan a la burocracia completamente desplazada. Cualquier medida convocada por la burocracia, como jornadas de protesta, marchas o retención de tareas en la provincia, se ve completamente limitada. Acá se está luchando de otra manera, con el método de la huelga general, algo descartado tanto por la burocracia pejotista como por elcentroizquierda.

EL 10, MARCHEMOS A PLAZA DE MAYO

Con la columna independiente del clasismo y la izquierda

 

En lo que respecta al movimiento obrero, la convocatoria del 10 carece de todo impulso por parte de sus organizadores. La CGT Azopardo no se ha reunido, ni tiene previsto hacerlo. Naturalmente, se descarta la convocatoria a un paro nacional, que es lo que podría mover el tablero en términos de organización y masividad. No se ha hecho pública la hora y modalidad de la medida, requisito indispensable para los movimientos fabriles y de todos los lugares de trabajo. Hasta ahora, sólo se conoce una cita de convocatoria de la CTA a las 14 horas.

Los organizadores, Micheli y Moyano, sólo se han ocupado de reuniones protocolares, que han derivado en una pelea de cartel por el orden de los oradores. Entre ellos, estaría Eduardo Buzzi de la Federación Agraria. Esta participación ha generado debate en las filas del activismo sindical, incluso al interior de las direcciones oficiales de los gremios michelistas. La participación de una pata de la Mesa de Enlace del capital agrario causa escozor entre muchos trabajadores. Los sectores filo kirchneristas explotan esa situación para desacreditar la movilización. La falta de un planteo vigoroso para movilizar a la clase obrera tiene como contrapartida el interés de los organizadores por colocar a sus centrales obreras como furgón de cola de la oposición patronal al gobierno.

Por eso, no hay plenarios de delegados convocados para discutir el programa de la movilización, para que definan sus propios ejes, reivindicaciones y objetivos. Ese clima, sin embargo, se va introduciendo a partir de movimientos de lucha y huelguísticos, y por la inquietud que generan los descuentos de ganancias y la inflación.

Es el caso de la huelga general y ocupación de Educación de Provincia de Buenos Aires, que conmociona a toda La Plata, que movilizó a miles en el paro general provincial de ATE del día 2, y que será la gran referencia movilizadora con un definido programa contra el ajuste de Scioli y Mariotto de cara al 10 de octubre próximo. Desde Educación, se ha convocado a un plenario general de delegados y sindicatos estatales -que no convocó ATE- para disponer las medidas de lucha en todas las dependencias. Hay una comprensión de que si se frena la rebaja en el ministerio, se golpea todo el ajuste en el estado provincial. En asamblea general de ATE Sur y ATE Brown, el clasismo ganó la moción de participar con un programa independiente en la movilización.

La marcha del Suteba de este 3 de octubre a la Casa de la Provincia, sin paro, congregó seis mil personas, indicando la voluntad de una lucha general que está eludiendo cada vez con más dificultad la dirección kirchnerista del Suteba. Allí, la columna opositora -que concurrirá el 10 a la Plaza de Mayo- fue masiva.

En Santa Cruz, los gremios estatales, mayoritariamente encuadrados en CTA, emplazaron al gobierno de Peralta para otorgar el aumento que la provincia les viene negando. En Neuquén, luego de aumentos salariales miserables y con la consigna de reapertura de paritarias y contra los ajustes de Sapag, las seccionales opositoras de Aten serán motoras con ATE de una movilización multitudinaria. En Chubut se reabrió el conflicto de Los Dragones. Los secundarios ocupan 40 colegios, contra el ajuste de Macri y los K contra los técnicos.

Los reclamos del salario igual a la canasta familiar, la reapertura de paritarias, la lucha contra el Impuesto al Salario, por la restitución de las Asignaciones Familiares y el 82% móvil son consignas vitales de la clase obrera, que no plantean clara y definidamente la CTA y CGT Moyano. La Fuba se ha definido por participar mediante una columna independiente, lo mismo ha votado la asamblea general de AGD-UBA.

Por el programa descripto, delimitados de la oposición política patronal de los De la Sota, los Macri o los Binner y de todos los gobernadores ajustadores -para quienes juegan los organizadores- nos congregaremos en una columna clasista y de la izquierda. Llamamos a todas las organizaciones combativas e independientes a formar parte de este bloque.

No al ajuste K ni de los gobernadores. Todos con el clasismo y la izquierda. A las 14 horas en el Obelisco