jueves, 4 de abril de 2013
Un desastre nada “natural”
Pero el pueblo -que vive y trabaja en la Capital, el conurbano o La Plata- sabe que no es así.
Las megatorres de lujo y los shoppings han saturado los servicios esenciales. Entre ellos, los desagües.
También han devorado los espacios verdes, lo que ha convertido al suelo en un verdadero tapón.
La carestía del metro cuadrado hizo que crezcan las villas y asentamientos, en terrenos inundables y construcciones precarias.
La “obra pública” de Kirchner, Macri y Scioli realiza carreras de autos, canchas de tenis internacionales y rutas para los barrios privados.
Pero no atiende la vivienda popular, la construcción de cloacas y la prevención de inundaciones.Los fondos van a otro lado: al pago de la deuda usuraria, a sostener a los parásitos de las privatizadas. No. El desastre de estos días no ha tenido nada de “natural”.
Ponemos toda nuestra militancia y nuestra lucha en la solidaridad con los afectados, quienes son nuestros compañeros de barrio, de estudio y de trabajo.
Organicemos con ellos la lucha para que los responsables sociales y políticos paguen la crisis.
1 – Resarcimiento inmediato a todos los afectados, con la sola comprobación del domicilio.
2 – Asistencia estatal a todos los barrios, bajo control de representantes de los vecinos.
3 – Plan de obras públicas y viviendas, sostenido sobre la base del cese del pago de la deuda externa usuraria y de impuestos extraordinarios al gran patrimonio urbano y rural.
4 – Ningún descuento salarial a los trabajadores afectados.
“Democratizar” la Justicia a la PRO
EL PROXIMO PACTO MACRI-K
Todo indica que Mauricio Macri aprovechará la campaña de moda del kirchnerismo pro “democratización de la Justicia” para hacer su propia reforma judicial en la Ciudad. Comparte con Cristina la crítica que en Argentina “un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie”, y que es necesario terminar “con la Justicia cautelar” que suele frenar proyectos impulsados por los respectivos oficialismos. Gils Carbó, la jefa de “justicia legítima”, no puede más que suscribir las palabras de los dirigentes de PRO, que hasta critican ahora los sueldos altos de los jueces. Sólo queda por ver si en medio de la campaña electoral, donde unos y otros se han elegido como adversarios para polarizar la contienda, se animan a pactar votaciones conjuntas que le den letra a los opositores de ambos.Contra las cautelares
El rechazo de las “cautelares” une a Cristina y Macri. La primera protesta porque impidió, al menos por el momento, la aplicación de los artículos de la ley de medios rechazados por Clarín. En el caso de Macri el listado es amplio. El último hecho fue la suspensión del aumento del subte a raíz de la aceptación de una cautelar por un juez de la Ciudad. Pero hay otras cautelares que han frenado medidas macristas que afectan derechos populares: la creación de las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC), que usurpan las funciones de las Juntas Comunales; la suspensión de la licitación de las playas de estacionamiento subterráneo en la 9 de Julio y en Parque Las Heras; la construcción de la estación Recoleta de la línea H debajo de la plaza Francia, o la edificación de una comisaría de la Metropolitana en el Parque Sarmiento.
Frente a esta situación, la reforma judicial que persigue el macrismo quiere limitar el alcance de las medidas cautelares. Para ello quieren establecer que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo para que responda en 48 horas antes de tomar cualquier medida suspensiva. Más grave aún es la creación de la figura de una “contracautelar”: quien presente un amparo deberá responder con un bien material si la Justicia no encuentra razonable la presentación. En la misma línea, se les impedirá a los legisladores de la oposición presentar amparos (como diría Cristina: que ganen las elecciones). Por último, se prohibirán amparos que de acuerdo con el criterio del gobierno “afecten el interés público”. Para el macrismo, ello ocurriría cuando por la suspensión de una obra se incrementa su costo.
Un nuevo pacto Macri-K
El interés del kirchnerismo por avalar esta movida del macrismo no sólo está dado por el apoyo que supone a su campaña nacional contra los jueces opositores. En el ámbito de la Ciudad, además, es la propia agenda del acuerdo Macri-K lo que está en cuestión. Un ejemplo es el tema del subte: la suspensión del aumento de la tarifa a 3,50 pesos coloca en crisis la trasferencia, ya que se daba por hecho que ésta venía atada a un incremento de tarifas para reemplazar la quita de subsidios nacionales. Lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios donde el kirchnerismo tiene fuertes intereses. Si la Justicia rechaza el proyecto mega-inmobiliario impulsado por Macri en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, es claro que corre un riesgo similar el negociado anunciado por Cristina en la Isla de Marchi, que es rechazado por vecinos, sindicatos y asociaciones defensoras del espacio público.
La supuesta “democratización de la Justicia” pregonada por el kirchnerismo es tan reaccionaria que ha terminado dándole letra, nada menos, que a los Macri.
Balance de la marcha del 24 de marzo
Una lucha estratégica
Para el gobierno kirchnerista impedir la denuncias de los organismos de derechos humanos independientes y de las fuerzas políticas que integramos el espacio Memoria Verdad y Justicia es una cuestión de sobrevivencia política. La demagogia que desarrolló el gobierno en este terreno no tiene parangón. Desde su asunción en 2003 el kirchnerismo apeló a la impostura para presentarse como un defensor de los derechos humanos. Fueron a la ONU a declararse hijos de las Madres, para borrar de la memoria colectiva la verdad incontrastable que el matrimonio presidencial apoyó al gobierno del indulto y que su propia fortuna deriva de los negocios realizados bajo la dictadura. La hermana de Néstor, Alicia, que suena hoy como candidata en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, fue funcionaria del gobierno dictatorial en Santa Cruz. Todo este edificio montado sobre la base de mentiras apuntó a la cooptación del movimiento popular y a la estructuración de una base política que no sea exclusivamente el peronismo.
Este 24 de Marzo fue un nuevo capítulo de esta batalla política. Para el gobierno era la oportunidad de valerse de la jornada para su campaña tramposa de “democratizar la Justicia”. Viniendo de un gobierno que mantiene en sus puestos a 400 jueces provenientes de la dictadura militar es claro que la cruzada democratizadora es un fraude monumental. Fue lo que denunciamos al señalar que lo que se pretende, en realidad, es imponer una reforma que alargue los procesos judiciales de trabajadores y jubilados, y otorgarles protección a los funcionarios denunciados por corruptelas. Junto con ello Memoria Verdad y Justicia denunció el espionaje estatal del Proyecto X, el procesamiento de más de 4.000 luchadores populares, la represión contra los pueblos originarios expulsados de sus tierras por los hacendaros sojeros, el apoyo a la burocracia sindical y sus patotas, responsables del asesinato de Mariano Ferreyra (y la continuidad del pago de una deuda externa cuyo origen se remonta, justamente, a la dictadura militar.
Esta denuncia, que apunta a la línea de flotación del gobierno, es lo que quisieron acallar los funcionarios oficiales. Esto explica el operativo armado para impedir la realización del acto opositor. El jefe de gabinete, Abal Medina, se negó primero a recibir a una delegación de las organizaciones de Memoria Verdad y Justicia para coordinar la realización de los actos previstos para la jornada. Luego, montaron un evento en la Plaza que se extendió por horas, a pesar de que el documento leído insumió unos pocos minutos. Por último, movilizaron una patota, con barras bravas comandados por Guillermo Moreno, para retrasar todo lo posible el ingreso a la Plaza de los más de 50.000 manifestantes encolumnados detrás de la bandera “No a la impunidad de ayer y de hoy”. Esta suma de hechos prueba que existió una decisión política del gabinete nacional para impedir la realización del acto y no incidentes circunstanciales entre columnas de distintos signo político.
Si alguna duda cabía sobre la existencia de una orden política para perjudicar el desarrollo del acto opositor la terminó de eliminar la propia Cristina Kirchner con sus tuits emitidos desde Santa Cruz el 27 de marzo. En ellos la emprende contra las banderas rojas de la izquierda, símbolo inequívoco de la unidad internacional de los trabajadores, y las opone a la “celeste y blanca”, haciendo gala de un nacionalismo reaccionario, de cuño fascistoide. Toda la demagogia kirchnerista se hizo añicos. La presidenta, ante el peso de una derrota política, echó mano al discurso de la burocracia sindical: ¿o no nos recuerda a la frase del burócrata de la Unión Ferroviaria, el ‘Oso’ Rodríguez, que afirmó “ningún trapo rojo flameará en nuestra casa” luego de pedir “un minuto de silencio para los zurdos que están muertos” en clara alusión a Mariano Ferreyra”?
Los tuits presidenciales tuvieron el mérito de presentar las cosas de la manera más descarnadas, es decir, desprovista de toda demagogia. De un gobierno de los derechos humanos pasamos, gracias a los 140 caracteres, a un gobierno macartista. Los diarios rápidamente mostraron una confrontación estratégica entre la presidenta y la izquierda, justamente el escenario al que más le teme el kirchnerismo, que prefiere polarizar con la derecha y ganarse de ese modo el apoyo del progresismo. Pero la derecha el 24 de Marzo lo vio por TV, mostrando sus límites insuperables para estructurar una alternativa popular al kirchnerismo.
El balance del 24 de Marzo no sólo arroja una derrota del gobierno. También deja planteada la tarea de desarrollar la polarización política que se presentó en la jornada, impulsando una alternativa de izquierda al kirchnerismo.
Habeas corpus por compañeros de Política Obrera
En conjunto con otras organizaciones nucleadas en el EMVyJ los abogados de Apel presentamos un habeas corpus colectivo por todos los compañeros detenidos/desaparecidos durante la dictadura. Entre ellos, se hallan dos compañeros militantes de Política Obrera: Fernando Sánchez y Gustavo Enrique Grassi.
Próximamente, incorporaremos los nombres de otros militantes de PO que cayeron bajo la dictadura, entre los cuales se cuentan Marcelo Arias, Martín Hojman, Susana Huerta y Cristóbal Russo.
La causa, que tiene por objetivo conocer el paradero de los familiares, compañeros y amigos secuestrados durante esos años y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos, quedó radicada en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 7 a cargo del juez Omar Aníbal Peralta.
La presentación de habeas corpus en la actualidad mantiene total vigencia, ya que en los 37 años que pasaron no se ha dado una sola pista del destino de nuestros compañeros aunque pesa sobre el Estado nacional dar cuenta de ello.
Durante estos 37 años el Estado nacional sistemáticamente ha ocultado la verdad y, en ese punto, se ha convertido en cómplice del silencio que adoptaron los genocidas. Muestra de esto es que, en los juicios contra los genocidas, han sido las propias víctimas quienes han procedido a reconstruir la historia, consiguiendo las pruebas. El Estado no ha permitido, porque no se ha ocupado de la apertura de los archivos, dar cuenta sobre el estado de detención de los desaparecidos.
El silencio cómplice mantenido por el Estado permitió que Julio López y Silvia Suppo, quienes dieron su testimonio del genocidio, fueran una vez más desaparecidos o asesinados, pero esta vez en democracia y con la mirada esquiva del gobierno de los Kirchner, quienes quitaron de la agenda cualquier mención de estos compañeros.
Nuestros compañeros
El 23 de septiembre de 1977, fueron secuestrados Fernando Sánchez y Gustavo Grassi en alguna calle de Buenos Aires. El segundo trabajaba en la fábrica Selsa y ambos militaban en Política Obrera.
El 23 de septiembre de 1977, fueron secuestrados Fernando Sánchez y Gustavo Grassi en alguna calle de Buenos Aires. El segundo trabajaba en la fábrica Selsa y ambos militaban en Política Obrera.
En ambos casos, se encuentran denunciados en la Conadep pero no se ha podido recabar testimonio preciso sobre las calles donde fueron secuestrados. Todo indicaría que fueron trasladados al campo de concentración conocido como “El Atlético”.
Al mismo tiempo que presentábamos los habeas corpus, en la capital mendocina se hacía lo mismo. Se trata de una acción que no se agota con estas presentaciones, si no que se seguirán presentando en todo el país, y por más compañeros.
Exigimos al Estado nacional la apertura de todos los archivos militares y de los servicios de inteligencia. Exhortamos a la Justicia a que no repita la historia y dé curso real y efectivo a las acciones presentadas.
Compañeros Fernando Sánchez y Gustavo Grassi ¡presentes! 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!
Liliana Alaniz (Apel)
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