La Cámara de Casación es el tribunal penal más importante del país, la última instancia para apelar los fallos de los tribunales inferiores antes de llegar a la Corte. En las diferentes salas de la Cámara, se encuentran varios juicios cruciales. Entre ellos, la causa de las escuchas telefónicas que involucra a Macri, así como las denuncias contra el juez Oyarbide. En Casación también está depositado, sin respuesta, el último pedido de excarcelación en favor de José Pedraza.
Los jueces de casación han recibido numerosas impugnaciones, principalmente por las demoras incurridas en los juicios a los genocidas de la dictadura. El kirchnerismo impulsó una renovación parcial de sus miembros, pero dejó en pie a buena parte del viejo elenco. Por ejemplo, sigue en su lugar Eduardo Riggi, juez de los años de la dictadura. Riggi cobró notoriedad recientemente al haber sido mencionado como uno de los camaristas ‘tocados' -por 50 mil dólares- para otorgar la excarcelación a Pedraza.
La elección del nuevo presidente de la Cámara, días atrás, provocó un nuevo episodio de crisis. La candidatura del nuevo presidente, Pedro David, fue impulsada por el juez Alejandro Slokar, un discípulo de Zaffaroni, quien ingresó a Casación fogoneado por el kirchnerismo. La nominación de David fue resultado de un compromiso: "se aliaron parte de los nuevos camaristas con un sector de los antiguos magistrados, gracias a un acuerdo que tejió Slokar" (La Nación, 14/1). El debate que precedió a esta elección fue registrado "en un acta secreta para tratar de evitar que trascendieran las pujas internas del cuerpo" (ídem). La ‘renovación' de este tribunal ha seguido un camino conspirativo -un método que se hará sentir en sus próximos fallos, entre ellos los de las causas relacionadas con el asesinato de Mariano.
domingo, 22 de enero de 2012
Mariano Ferreyra: En las vísperas del juicio oral y público
Resta poco más de un mes para la fecha fijada como inicio del juicio a Pedraza y la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, y que hirió gravemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Esa fecha, el 22 de febrero, tendrá que ser confirmada por la Justicia en los primeros días del mismo mes.
La unificación de las causas
En diciembre pasado, todas las querellas del juicio hemos pedido que la causa contra Pedraza y la patota sea unificada con la de los policías que "liberaron" la zona -que se tramita por ahora en forma separada. El crimen de Mariano es el resultado de una articulación criminal que tuvo tres pilares: la burocracia sindical y su patota, el Estado -a través de su aparato represivo y de los funcionarios del sistema de transporte- y los empresarios del ferrocarril concesionado.
Pero el curso del proceso judicial apuntó siempre a diluir las responsabilidades de la policía, de los ministerios de Transporte y Trabajo, y empresariales. La causa policial marchó por separado, y procesó a sus imputados por un delito menor (‘abandono de persona'). La Ugofe ni siquiera ha sido sentada en el banquillo.
La escisión de las causas no sólo apunta a aminorar la participación del Estado y de su aparato de represión: es, en última instancia, la punta del ovillo para desacreditar la existencia de un plan criminal y, por lo tanto, apuntar también a la absolución de Pedraza. Los abogados de la UF ya presentan a los Favale o los Sánchez como "loquitos", que actuaron por la propia. Los responsables del crimen de Mariano están trabajando activamente para "desflecar" el proceso judicial y zafar de sus responsabilidades criminales.
Al pedir la unificación de las causas, estamos reafirmando que el de Mariano fue un crimen político contra la clase obrera, y queremos poner de manifiesto todas las vinculaciones entre los matones, el Estado y la clase social que explota a los ferroviarios.
No se nos escapa que nuestro pedido -si es admitido por la justicia- podría retrasar el comienzo del juicio, en nombre de los trámites administrativos que exige la unificación de las causas. Pero es claro que las mayores chances, no ya de una libertad, sino de la absolución de Pedraza, estarán presentes en un juicio por separado, donde el crimen de Mariano sea presentado como un exabrupto personal, alejado de un planeamiento criminal.
No a la excarcelación
En este cuadro, y junto al reclamo por la unificación de las causas, vamos a redoblar la movilización contra el pedido de la excarcelación de José Pedraza. La burocracia sindical está jugando fuertes recursos en favor de ello. En las vísperas de las fiestas, ello se expresó a través de una solicitada, una marcha a los tribunales y, desde luego, una constante presión en los talleres ferroviarios.
Pero esta acción tiene otras graves implicancias: la Cámara de Casación Penal no se ha expedido sobre el último pedido de excarcelación del jefe de la patota -o sea que no lo ha rechazado, guardando una carta en favor de su libertad. Más grave aún es que la causa que juzga a Pedraza y a sus personeros legales por la tentativa de soborno a camaristas de Casación está absolutamente ‘dormida'.
El avance de esa acusación reforzaría de un modo concluyente la prisión preventiva a Pedraza, ya que demuestra hasta qué punto el jefe de la UF utilizaría su libertad para conspirar abiertamente a favor de la impunidad de la patota y de la suya propia.
Las presiones judiciales se desarrollan en un marco político definido. En medio de un ‘ajuste' en regla contra la clase obrera, es indudable que la burocracia ha colocado la cuestión de sus causas judiciales en la mesa de negociaciones con el gobierno. Moyano saludó la libertad de Zanola en el acto de Huracán. Guillermo Moreno, por su parte, se está reuniendo con las burocracias de las empresas privatizadas -entre ellas, la de la UF- para imponer las paritarias "con techo". Los vínculos de Tomada, Schiavi y compañía con Pedraza son suficientemente fuertes y antiguos como para colocar la cuestión de su impunidad en la mesa del "ajuste".
Nuestra campaña política
Está clara, a partir de lo anterior, la decisión del Partido Obrero de abordar las vísperas del juicio con una campaña política en regla, dirigida a interesar y movilizar, en primer lugar, a la clase obrera ferroviaria; luego a los trabajadores y a la opinión pública popular, a los artistas e intelectuales que siempre apoyaron la causa de Mariano. Vamos, en primer lugar, por la unificación de las causas, para que realmente exista el juicio y castigo a TODOS los responsables.
Reclamamos el inicio del juicio en forma perentoria, aún en el caso en que avance nuestro reclamo por la unificación, y redoblamos la oposición a cualquier excarcelación de Pedraza.
El encarcelamiento de Pedraza y su patota ha sido una de las victorias políticas más importantes de la clase obrera que pugna por poner en pie una nueva dirección sindical y política. La condena definitiva de la patota refrendará esa perspectiva, y el Partido Obrero se va a empeñar en ello con todas sus fuerzas.
La unificación de las causas
En diciembre pasado, todas las querellas del juicio hemos pedido que la causa contra Pedraza y la patota sea unificada con la de los policías que "liberaron" la zona -que se tramita por ahora en forma separada. El crimen de Mariano es el resultado de una articulación criminal que tuvo tres pilares: la burocracia sindical y su patota, el Estado -a través de su aparato represivo y de los funcionarios del sistema de transporte- y los empresarios del ferrocarril concesionado.
Pero el curso del proceso judicial apuntó siempre a diluir las responsabilidades de la policía, de los ministerios de Transporte y Trabajo, y empresariales. La causa policial marchó por separado, y procesó a sus imputados por un delito menor (‘abandono de persona'). La Ugofe ni siquiera ha sido sentada en el banquillo.
La escisión de las causas no sólo apunta a aminorar la participación del Estado y de su aparato de represión: es, en última instancia, la punta del ovillo para desacreditar la existencia de un plan criminal y, por lo tanto, apuntar también a la absolución de Pedraza. Los abogados de la UF ya presentan a los Favale o los Sánchez como "loquitos", que actuaron por la propia. Los responsables del crimen de Mariano están trabajando activamente para "desflecar" el proceso judicial y zafar de sus responsabilidades criminales.
Al pedir la unificación de las causas, estamos reafirmando que el de Mariano fue un crimen político contra la clase obrera, y queremos poner de manifiesto todas las vinculaciones entre los matones, el Estado y la clase social que explota a los ferroviarios.
No se nos escapa que nuestro pedido -si es admitido por la justicia- podría retrasar el comienzo del juicio, en nombre de los trámites administrativos que exige la unificación de las causas. Pero es claro que las mayores chances, no ya de una libertad, sino de la absolución de Pedraza, estarán presentes en un juicio por separado, donde el crimen de Mariano sea presentado como un exabrupto personal, alejado de un planeamiento criminal.
No a la excarcelación
En este cuadro, y junto al reclamo por la unificación de las causas, vamos a redoblar la movilización contra el pedido de la excarcelación de José Pedraza. La burocracia sindical está jugando fuertes recursos en favor de ello. En las vísperas de las fiestas, ello se expresó a través de una solicitada, una marcha a los tribunales y, desde luego, una constante presión en los talleres ferroviarios.
Pero esta acción tiene otras graves implicancias: la Cámara de Casación Penal no se ha expedido sobre el último pedido de excarcelación del jefe de la patota -o sea que no lo ha rechazado, guardando una carta en favor de su libertad. Más grave aún es que la causa que juzga a Pedraza y a sus personeros legales por la tentativa de soborno a camaristas de Casación está absolutamente ‘dormida'.
El avance de esa acusación reforzaría de un modo concluyente la prisión preventiva a Pedraza, ya que demuestra hasta qué punto el jefe de la UF utilizaría su libertad para conspirar abiertamente a favor de la impunidad de la patota y de la suya propia.
Las presiones judiciales se desarrollan en un marco político definido. En medio de un ‘ajuste' en regla contra la clase obrera, es indudable que la burocracia ha colocado la cuestión de sus causas judiciales en la mesa de negociaciones con el gobierno. Moyano saludó la libertad de Zanola en el acto de Huracán. Guillermo Moreno, por su parte, se está reuniendo con las burocracias de las empresas privatizadas -entre ellas, la de la UF- para imponer las paritarias "con techo". Los vínculos de Tomada, Schiavi y compañía con Pedraza son suficientemente fuertes y antiguos como para colocar la cuestión de su impunidad en la mesa del "ajuste".
Nuestra campaña política
Está clara, a partir de lo anterior, la decisión del Partido Obrero de abordar las vísperas del juicio con una campaña política en regla, dirigida a interesar y movilizar, en primer lugar, a la clase obrera ferroviaria; luego a los trabajadores y a la opinión pública popular, a los artistas e intelectuales que siempre apoyaron la causa de Mariano. Vamos, en primer lugar, por la unificación de las causas, para que realmente exista el juicio y castigo a TODOS los responsables.
Reclamamos el inicio del juicio en forma perentoria, aún en el caso en que avance nuestro reclamo por la unificación, y redoblamos la oposición a cualquier excarcelación de Pedraza.
El encarcelamiento de Pedraza y su patota ha sido una de las victorias políticas más importantes de la clase obrera que pugna por poner en pie una nueva dirección sindical y política. La condena definitiva de la patota refrendará esa perspectiva, y el Partido Obrero se va a empeñar en ello con todas sus fuerzas.
viernes, 13 de enero de 2012
CGT: más que una tregua
Es muy claro que después del acto en Huracán no ha pasado nada con la CGT; la cirugía a la Presidenta se ha convertido en un pretexto conveniente para una tregua que ya estaba escrita.Ahora mismo se han liquidado de un plumazo los adicionales de fin de año en organismos nacionales -lo que llevó a la huelga general al Inti. Un DNU habilita la rebaja de ingresos para 300 mil empleados públicos nacionales; mil becarios fueron despedidos del Conicet y 20 mil rionegrinos fueron pasados a disponibilidad. Moyano mutis. Piumato rechazó el DNU por twitter.
La CGT, una de las organizaciones más afectadas potencialmente, no se pronunció contra la ley antiterrorista.
La Bancaria, sindicato moyanista, firmó un acuerdo salarial de tres cuotas con techo del 18%. Este es el resultado de la 'trabajosa' política de Moyano. En medio del vacío creado, dos de sus gremios -judiciales y Afip- han debido tomar medidas de fuerza por reivindicaciones.
Ante la ofensiva del 'ajuste', apodado "sintonía fina", reclamamos un Congreso de Bases con mandatos de asambleas de todos los gremios, para defender el conjunto de las reivindicaciones
Nota de Nestor Pitrola en Prensa Obrera 1208 http://po.org.ar/articulo/po1208/cgt-mas-que-tregua
Un decretazo contra 300 mil estatales
El gobierno nacional abrió el año 2012 con un ataque en regla contra los trabajadores estatales. A través de un decreto de necesidad y urgencia, pone “bajo revisión” a todos los “pagos de adicionales, bonificaciones y plus” de los empleados estatales. El decreto habilita al gobierno a “confirmar la procedencia” de esos pagos y también “limitar su alcance”. El decretazo abre la puerta de una reducción salarial, no para “algunos privilegiados” -como dicen los K- sino para la inmensa masa de los estatales, más de 300 mil.
Desde hace muchos años, los trabajadores del Estado han buscado superar sus básicos miserables -pactados entre los gobiernos de turno y las burocracias sindicales- arrancando pagos adicionales en sus diferentes organismos y reparticiones. En cualquier caso, esos adicionales forman parte del salario -que, para el promedio de los estatales, está muy por debajo de la canasta familiar.
Después de haber criticado tantas veces a “los que le redujeron un 13% el salario a los estatales” (López Murphy y De la Rúa), el gobierno K avanza en la misma dirección de aquellos ajustadores. Ya se ha ejecutado la anulación de bonificaciones de fin de año -huelga del Inti-, mientras UPCN no dio señales de vida, Piumato twitteó su sorpresa y ATE “evalúa” un paro.
Asambleas en todas las reparticiones, unitarias, sin distinción de gremio; plan de lucha por la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Desde hace muchos años, los trabajadores del Estado han buscado superar sus básicos miserables -pactados entre los gobiernos de turno y las burocracias sindicales- arrancando pagos adicionales en sus diferentes organismos y reparticiones. En cualquier caso, esos adicionales forman parte del salario -que, para el promedio de los estatales, está muy por debajo de la canasta familiar.
Después de haber criticado tantas veces a “los que le redujeron un 13% el salario a los estatales” (López Murphy y De la Rúa), el gobierno K avanza en la misma dirección de aquellos ajustadores. Ya se ha ejecutado la anulación de bonificaciones de fin de año -huelga del Inti-, mientras UPCN no dio señales de vida, Piumato twitteó su sorpresa y ATE “evalúa” un paro.
Asambleas en todas las reparticiones, unitarias, sin distinción de gremio; plan de lucha por la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Ningún ajuste de cuentas: asesinaron a tres pibes inocentes
Reproducimos a continuación un Comunicado del Movimiento 26 de Junio - Frente Popular Darío Santillán organización a la que pertenecían los tres pibes asesinados en Rosario el fin de año que pasó. Solicitamos su difusión
Los hechos sucedidos durante la madrugada de ayer en el barrio Moreno, cuyo desenlace arroja el lamentable saldo de tres muertes jóvenes, desencadenaron una serie de aseveraciones que distan enormemente de la realidad.
En este angustiante momento, nos vemos obligados a replicar los chorros de tinta que se han empeñado -nuevamente- en la cada vez más desvergonzada y mecánica reacción por parte de los medios ante este tipo de hechos criminales: ningún ajuste de cuentas, ninguna "venganza por un atentado previo"; masacraron a tres pibes de familia, tres compañeros de nuestro movimiento que se empeñaban todos los días en llevar adelante proyectos comunitarios que incluían a la juventud del barrio.
Por todo esto, por la memoria de nuestros compañeros y el desagravio de sus familias, no vamos a permitir que se difame el nombre de nuestros pibes, compañeros, amigos y hermanos...
En primer lugar, hay que aclarar que ninguno de los pibes tenía antecedentes penales, versión que circuló inmediatamente después de la masacre. Desde ya que ninguno de ellos estaba armado; quienes conocemos a los pibes no podemos menos que indignarnos frente a la estúpida hipótesis de "un enfrentamiento". Es sintomático que en las páginas de los matutinos convivan a pocos párrafos de distancia, la hipótesis de nuestros pibes haciendo fuego y la veracidad del ocultamiento policial de uno de los sospechados de asesinar a nuestros compañeros.
Hacía poquitos días, junto al Jere, el Mono y el Patón (al igual que junto a tantos otros compañeros y compañeras que participamos en el Movimiento), celebrábamos el fin de un año en el cual habíamos realizado algunos de nuestros sueños: construimos nuestro local y refaccionamos una canchita del barrio (ambos a 40 metros de donde los pibes fueron ultimados); después de mucho laburo, juntando moneda por moneda, pudimos viajar con todos nuestros pibes al Campamento Nacional de Jóvenes de nuestra organización; y pensábamos arrancar en febrero con los ensayos de la banda de cumbia que tanto entusiasmaba al Patón. "Nos cagamos de risa y sirve para sacar a los pibes de la esquina", decía El Patón, un pibe incansable a la hora de meterle el cuerpo a los sueños.
Eso eran los pibes: pura voluntad de salir adelante, de cuerpearle al estigma de "vivir en un barrio"; y alegría, sobre todo alegría... Todavía resuenan algunas carcajadas del Jere, aunque nos quieran vender que nuestros pibes eran poco más que delincuentes.En este dificilísimo momento, no podíamos sino escribir estas líneas de desagravio, palabras que ya reflejan enormes ausencias y la predisposición a no olvidarlos nunca...
El Patón, el Jere y el Mono viven en cada uno de nosotros, sus compañeros y familiares.
Los hechos sucedidos durante la madrugada de ayer en el barrio Moreno, cuyo desenlace arroja el lamentable saldo de tres muertes jóvenes, desencadenaron una serie de aseveraciones que distan enormemente de la realidad.
En este angustiante momento, nos vemos obligados a replicar los chorros de tinta que se han empeñado -nuevamente- en la cada vez más desvergonzada y mecánica reacción por parte de los medios ante este tipo de hechos criminales: ningún ajuste de cuentas, ninguna "venganza por un atentado previo"; masacraron a tres pibes de familia, tres compañeros de nuestro movimiento que se empeñaban todos los días en llevar adelante proyectos comunitarios que incluían a la juventud del barrio.
Por todo esto, por la memoria de nuestros compañeros y el desagravio de sus familias, no vamos a permitir que se difame el nombre de nuestros pibes, compañeros, amigos y hermanos...
En primer lugar, hay que aclarar que ninguno de los pibes tenía antecedentes penales, versión que circuló inmediatamente después de la masacre. Desde ya que ninguno de ellos estaba armado; quienes conocemos a los pibes no podemos menos que indignarnos frente a la estúpida hipótesis de "un enfrentamiento". Es sintomático que en las páginas de los matutinos convivan a pocos párrafos de distancia, la hipótesis de nuestros pibes haciendo fuego y la veracidad del ocultamiento policial de uno de los sospechados de asesinar a nuestros compañeros.
Hacía poquitos días, junto al Jere, el Mono y el Patón (al igual que junto a tantos otros compañeros y compañeras que participamos en el Movimiento), celebrábamos el fin de un año en el cual habíamos realizado algunos de nuestros sueños: construimos nuestro local y refaccionamos una canchita del barrio (ambos a 40 metros de donde los pibes fueron ultimados); después de mucho laburo, juntando moneda por moneda, pudimos viajar con todos nuestros pibes al Campamento Nacional de Jóvenes de nuestra organización; y pensábamos arrancar en febrero con los ensayos de la banda de cumbia que tanto entusiasmaba al Patón. "Nos cagamos de risa y sirve para sacar a los pibes de la esquina", decía El Patón, un pibe incansable a la hora de meterle el cuerpo a los sueños.
Eso eran los pibes: pura voluntad de salir adelante, de cuerpearle al estigma de "vivir en un barrio"; y alegría, sobre todo alegría... Todavía resuenan algunas carcajadas del Jere, aunque nos quieran vender que nuestros pibes eran poco más que delincuentes.En este dificilísimo momento, no podíamos sino escribir estas líneas de desagravio, palabras que ya reflejan enormes ausencias y la predisposición a no olvidarlos nunca...
El Patón, el Jere y el Mono viven en cada uno de nosotros, sus compañeros y familiares.
La ley penal tributaria es otra estafa
Los K -según la publicidad oficial- habrían dado con la reforma al Régimen Penal Tributario un paso fundamental en el combate contra los evasores. Sin embargo, el monto a partir del cual la evasión será considerada delictiva se eleva de 100 mil a 400 mil pesos para la simple, y de un millón a cuatro millones para la agravada.
Es decir que se han multiplicado por cuatro los montos para entrar en la órbita penal. Esta "actualización", dice El Cronista (30/12), "sirve de alivio en tanto deberá operar como ley penal más benigna y aplicarse en forma retroactiva a aquellos que afronten actualmente un proceso penal por evasiones de montos inferiores a las establecidas en la nueva ley". Una suerte de amnistía para los actuales imputados o procesados.
Frente a las causas que se sustancien de ahora en más, ya habrán blanqueos o moratorias, como hizo Cristina en 2008 cuando el país entró en recesión: "Las empresas se acogieron a la moratoria por más de 615 millones de pesos, según los cálculos tribunalicios, y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal" (La Nación, 21/6).
En la lista aparecen Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías o Teba (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime). También, Ledesma, Gotti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista).
La posibilidad de un nuevo blanqueo "ya está circulando... la iniciativa que apunta a volcar al sistema los dólares que hoy el público tiene atesorados en cajas de seguridad o en sus domicilios. Apunta a generar incentivos de distinto tipo para que el ahorrista gane con la propuesta. Desde ya que habría un perdón impositivo para todos esos fondos" (Ambito, 2/12). A manera de adelanto, Córdoba acaba de disponer una moratoria, que condona o recorta multas e intereses y brinda generosas facilidades, que hacen que la deuda termine licuada por la inflación. La provincia de Buenos Aires volvió a relanzar una moratoria.
La causa judicial más abultada en materia de evasión comprueba que "no sólo el sector privado le
compró facturas a Viazzo (emisor de las facturas truchas) a cambio de comisiones, cuya cuantía dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas recurrieron a él. Desde algunas municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación" (La Nación, 21/6).
Es decir que se han multiplicado por cuatro los montos para entrar en la órbita penal. Esta "actualización", dice El Cronista (30/12), "sirve de alivio en tanto deberá operar como ley penal más benigna y aplicarse en forma retroactiva a aquellos que afronten actualmente un proceso penal por evasiones de montos inferiores a las establecidas en la nueva ley". Una suerte de amnistía para los actuales imputados o procesados.
Frente a las causas que se sustancien de ahora en más, ya habrán blanqueos o moratorias, como hizo Cristina en 2008 cuando el país entró en recesión: "Las empresas se acogieron a la moratoria por más de 615 millones de pesos, según los cálculos tribunalicios, y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal" (La Nación, 21/6).
En la lista aparecen Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías o Teba (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime). También, Ledesma, Gotti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista).
La posibilidad de un nuevo blanqueo "ya está circulando... la iniciativa que apunta a volcar al sistema los dólares que hoy el público tiene atesorados en cajas de seguridad o en sus domicilios. Apunta a generar incentivos de distinto tipo para que el ahorrista gane con la propuesta. Desde ya que habría un perdón impositivo para todos esos fondos" (Ambito, 2/12). A manera de adelanto, Córdoba acaba de disponer una moratoria, que condona o recorta multas e intereses y brinda generosas facilidades, que hacen que la deuda termine licuada por la inflación. La provincia de Buenos Aires volvió a relanzar una moratoria.
La causa judicial más abultada en materia de evasión comprueba que "no sólo el sector privado le
compró facturas a Viazzo (emisor de las facturas truchas) a cambio de comisiones, cuya cuantía dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas recurrieron a él. Desde algunas municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación" (La Nación, 21/6).
Ley anti-terrorista: el voto de nacionales y populares, y de progresistas
El jueves 15, la Cámara de Diputados dio media sanción a un paquete de leyes que complementan la llamada "ley antiterrorista" aprobada en 2007 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Aquella ley fue impuesta por el Departamento de Estado norteamericano y Bush en función de su llamada "guerra global". Ahora, es presentada para calificar a Argentina como "país apto" para la recepción de "inversiones directas".
La aprobación en Diputados estuvo asegurada por las bancadas del Frente para la Victoria, del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y Carlos Heller y de algunos aliados provinciales como el MPN neuquino. La apoyaron los (no tan) muchachos de La Cámpora. La demagogia oficial la presentó como una herramienta para perseguir a especuladores, cuando, como lo demuestra el procesamiento a los luchadores y la condena de las huelgas como "extorsivas", tiene su mira puesta en las luchas obreras y populares. No en vano, la modificación de la ley penal tributaria deja intactas las prerrogativas de los banqueros, los empresarios del juego, los especuladores inmobiliarios y las grandes corporaciones, que en el último año fugaron más de 22.000 millones de dólares. El FAP de Binner, Donda y De Gennaro, por ejemplo, se declaró abiertamente partidario de "una ley que cumpla con las exigencias del GAFI" (comunicado del interbloque FAP, en http://bit.ly/rDf39j).
La infamia nacional y popular
En los considerandos del proyecto de modificación del Código Penal se citan los "dos tremendos ataques sufridos en su propio territorio", en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia. Pero ambos "tremendos ataques" permanecen impunes por el ocultamiento deliberado del Estado argentino, de la CIA y del sionista Mossad; el gobierno K ha manipulado hasta el hartazgo el caso Amia para alinearlo con ‘la política de seguridad' de Obama.
El proyecto es un engendro. Declara, no en sus disposiciones sino en sus fundamentos, que "quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social, toda vez que éstos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos", e incluso "en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal", no dejarían de constituir "el ejercicio de un derecho constitucional". O sea que la ‘la ley antiterrorista' asegura que quedarían fuera del Código Penal las acciones que el Código castiga. Una verdadera impostura.
La letra de la ley define como actividad "terrorista" a aquella que tiene por finalidad "obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Esto otorga al Estado herramientas de una amplitud enorme, pero no repara que de acuerdo a este texto el gobierno entero podría ser acusado de ‘terrorista' por realizar acciones que obstaculizan el pago a los acreedores que ganaron litigios en el Ciadi, un tribunal del Banco Mundial. Los compañeros ferroviarios de Mariano Ferreyra todavía se encuentran procesados por "extorsión" -a instancias del gobierno y del ministerio que conduce Nilda Garré-, por haber participado de una protesta colectiva en reclamo del cumplimiento de los compromisos asumidos por la cartera de Trabajo respecto al pase a planta de los tercerizados. (ver artículo más abajo).
En 1974, los diputados de la JP -entre ellos, un joven Carlos Kunkel- renunciaron a sus bancas ante la aprobación de las leyes "antisubversivas" impulsadas por el mismísimo Juan Domingo Perón. Hoy, 35 años más tarde, Kunkel vota disciplinadamente esta legislación "antiterrorista" que le ordenaron desde Estados Unidos.
¡Abajo la ley terrorista del Gafi!
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