El jueves pasado, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó fiscal coadyuvante a Carlos Gamallo, y a Mariano Domínguez como fiscal ad hoc en el juicio por el crimen de Mariano.La resolución menciona que, dadas “las especiales características y la amplia trascendencia del proceso aludido”, la medida es “necesaria” para “robustecer y garantizar en todo momento la adecuada representación del Ministerio Público Fiscal”. No ofrece mayores especificaciones.
La designación de Gamallo y Domínguez estuvo precedida por fuertes choques entre la fiscala María Luz Jalbert, las querellas y el tribunal. Para la prensa, Jalbert, cuya función es acusar, “se encontraba más cerca de las defensas” que de las partes acusadoras. Entre otros, habilitó un pedido de las defensas para la reexhibición de los videos y fotografías de la causa, a pesar de que las partes tuvieron ese material en su poder varios meses antes. Con esto, se perdieron las primeras jornadas del juicio. Otros cuestionamientos se refieren a su método de interrogatorio, reiterativo y que prolonga innecesariamente los testimonios. Sumados a las chicanas de las defensas, esto empantana el debate sistemáticamente.
Domínguez, el nuevo fiscal ad hoc, intervino en la causa junto a Cristina Caamaño durante la investigación. De esa instrucción, surgió la acusación contra Pedraza y contra la patota, de haber pergeñado y ejecutado un “plan criminal” contra los tercerizados. A los policías, sin embargo, el Ministerio Público los acusó por “abandono de persona agravado”, un delito que prevé una pena máxima de 15 años. La policía fue parte activa y necesaria de ese plan criminal, sin lugar a dudas, y la instrucción no avanzó sobre los funcionarios políticos responsables por su accionar.
Por otra parte, de la investigación se desprendió otra causa -paralela a la que investiga el crimen de Mariano-, por “defraudación al Estado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que coloca el foco sobre los fondos estatales entregados a la cooperativa Unión del Mercosur. Esa “cooperativa” pertenecía a Pedraza, a su entorno familiar y a la cúpula de la Unión Ferroviaria. Esa investigación -clave para determinar la responsabilidad de empresarios y de funcionarios de la Secretaría de Transporte en la trama que rodea el crimen de Mariano- se encuentra en manos del juez Ariel Lijo y hasta ahora avanzó poco o nada. La procuradora Gils Carbó repuso hace pocas semanas al fiscal Abraldes en la “causa de las coimas”, para imprimirle mayor celeridad a la instrucción y, ahora, adopta esta medida para “robustecer” a la fiscalía en el juicio a Pedraza; sin embargo, no tenemos conocimiento de que haya dispuesto ninguna medida específica para avanzar sobre la línea de empresarios y de funcionarios que saqueaban -y saquean- los subsidios multimillonarios del Estado en alianza con la burocracia ferroviaria. Ugofe y los funcionarios de Transporte son los grandes ausentes en el juicio por el crimen de Mariano.
El Cels saludó la medida de la Procuración. Por su parte, los abogados defensores probablemente cuestionen estas designaciones -en especial la de Domínguez-, ya que consideran que la investigación estuvo “desde un principio, direccionada” contra sus clientes. En otras oportunidades, acusaron “la injerencia” del gobierno en este juicio, también en desmedro de sus defendidos. Corresponde recordar, sin embargo, que sus clientes -Pedraza y compañía-, continúan jugando a fondo en el copamiento oficialista de la CGT y participando de los negocios ferroviarios junto a las empresas y a los funcionarios del transporte.
Seguiremos atentamente el desarrollo del juicio y la conducta de los fiscales en esta nueva etapa.
Perpetua a Pedraza. Castigo a TODOS los culpables
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