A fondo por la paritaria, el convenio colectivo y la independencia política
Los judiciales entramos en una nueva etapa en la lucha por el convenio colectivo de trabajo. En más de 20 años al frente de la UEJN, Piumato nunca se acercó a conseguir esa reivindicación.
Ahora, en el ocaso del kirchnerismo y a instancias de Héctor Recalde (diputado K), se votó, tardíamente, una media sanción de ley marco de paritarias. Durante 6 años de gobierno con mayoría en ambas cámaras, Piumato no había logrado que sus aliados gubernamentales votasen nada.
La nueva composición del Congreso nos dejó en una situación contradictoria: al haberse convertido el Senado en un foco de conspiración política, no se ve que traten la ley para los judiciales.
Cuando decimos que el proyecto presentado por Recalde fue tardío, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué no lo hicieron cuando tenían mayoría en las dos cámaras del parlamento?La presentación del proyecto de los K fue un intento de darles un golpe a los jueces montándose, a través de la burocracia, en una reivindicación de los trabajadores judiciales.
Una salida al empantanamiento de la UEJN
La media sanción no fue arrancada por la lucha, sino que obedece a una disputa de orden patronal.
En esta crisis política interpoderes, los jueces se abroquelaron y se fortalecieron contra los judiciales, lo cual plantea mayor explotación, flexibilidad laboral y la postergación indefinida de la paritaria. De hecho, en los recientes debates parlamentarios sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados propuso que lo presida un miembro de la Corte. La paritaria judicial no está en la agenda del nuevo Senado.
Hay que comenzar a discutir en los juzgados y dependencias la situación salarial frente a la inflación y el rechazo a la política que comparten el gobierno y la oposición de pagar la deuda externa, ya que significará el congelamiento salarial para los empleados del sector público.
Tenemos que exigirle a la UEJN que organice una movilización al Senado para reclamar la media sanción y el no pago de la deuda externa a todos bloques que conspiran contra los trabajadores. Hoy, Piumato está por el pago de la deuda y no moviliza.
domingo, 28 de marzo de 2010
lunes, 22 de marzo de 2010
24 de MARZO: LA PLAZA, DE LOS LUCHADORES
El 24 de Marzo, en el 34º aniversario del golpe militar de 1976, será una jornada masiva de movilización en todo el país. El epicentro, en la Plaza de Mayo, está convocado por el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a 300 organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. La consigna central será “la lucha continúa. No a la impunidad de ayer y de hoy”; y dentro de las principales se reclama “el no pago de la deuda externa”.
Esta no sólo será masiva sino que tendrá un carácter independiente del Estado y de sus partidos. Cuando los Kirchner, Cobos, Morales y Carrió se pelean por ver de qué manera pagan la deuda a la banca Morgan, la jornada del 24 colocará en la calle a un sector del pueblo con sus propios reclamos y perspectivas.
La característica independiente de la jornada del 24 de marzo afecta en particular al gobierno. Es por esto que ha decidido cometer el atropello, digno de una patota, de ocupar la Plaza de Mayo durante toda la jornada del 24 de Marzo para evitar el Espacio Memoria Verdad y Justicia pueda realizar el acto que viene organizando desde el año 1996; o sea, desde hace 14 años. Para ocupar la Plaza de Mayo el, gobierno ha sacado de la galera un festival de la ignota “Unidad Bicentenario” de la presidencia de la Nación, al que ha sumado, para disimular, a algunos organismos de derechos humanos afines al oficialismo. El festival del gobierno fue lanzado cuando la movilización de Memoria, Verdad y Justicia ya estaba lanzada. Para completar la provocación oficialista los funcionarios K dieron por canceladas de manera unilateral las negociaciones iniciadas por los organismos de derechos humanos que participan de Memoria, Verdad y Justicia con finalidad de compatibilizar un espacio para las diferentes iniciativas. Los funcionarios K fueron categóricos por órdenes superiores rechazaban toda negociación y para que la Plaza sea ocupada sólo por el gobierno.
Es claro que los K viven el 24 de Marzo con una alta dosis de culpabilidad. Al pago de la deuda externa que contrajeron los Videla y Massera, que el matrimonio presidencial paga con todos los medios a su disposición, hay que agregarle que la mayor parte de la alta plana kirchnerista – sino toda– militó como un solo hombre del lado de los ejecutores de la Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. Su paso al campo de los derechos humanos fue tardío y por sobre todo tramposo, como se demuestra en que la anulación de las leyes de impunidad que ellos apoyaron en el pasado sirvió para evitar la extradición de los militares a varios países pero no para juzgar realmente a los asesinos. Al día de hoy y pasados ya casi siete años de gobierno K los juicios contra los responsables de la masacre de la dictadura están en la mayoría de los casos paralizados. Es evidente que el copamiento de la Plaza de Mayo por parte de este gobierno es una afrenta contra los 30.000 desaparecidos.
No deja de ser ilustrativo el silencio del centroizquierdismo en general y de Pino Solanas en particular frente a este intento de copamiento estatal del 24 de Marzo. Tampoco la CTA ha sacado hasta el momento ni un mísero comunicado. No es casual que el centroizquierdismo haya festejado como un triunfo propio el ascenso de Mujica en el Uruguay, quien ahora está reclamando una ley de amnistía para los genocidas del pueblo uruguayo.
El intento de copamiento del gobierno de la Plaza de Mayo sólo servirá para que las organizaciones populares redoblemos la apuesta y realicen la movilización más importante de los últimos años. El 24 de Marzo vamos con todo a la Plaza de Mayo contra la “impunidad de ayer y de hoy” y el “no pago de la deuda externa”.
LA IMPUNIDAD EN NUMEROS
Desde la reapertura generalizada de las causas a los represores en 2003, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, se realizaron sólo cinco juicios en los cuatro años siguientes, siendo la condena a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, en 2006, la más emblemática.
En 2008, el número de condenados subió a 36, siendo 533 los procesados. Si se considera que en el país funcionaron más de 400 centros clandestinos de detención, estadísticamente hablamos de un represor procesado por cada uno de esos centros de tortura y exterminio, o sea, menos de dos represores procesados por cada mil víctimas.
Un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Cels asegura que el tiempo promedio que transcurre desde que se reciben una causa hasta que se inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde en 2009 hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó, por si fuese poco, con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, quienes quedaron en libertad.
La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré (Página/12, 24/11/09).
El pasquín oficial Página/12 reconoció que, a pesar de que en 2009 se batió un record de juicios a represores (37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio), las posibilidades de juzgar a los responsables en vida son nulas. “Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años” (Página/12, 27/12/09).
Es sumamente importante señalar que las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura son una asignatura pendiente. Los funcionarios, jueces y empresarios que tuvieron participación activa en la represión se encuentran casi enteramente por fuera de las investigaciones. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos humanos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina “personal civil de inteligencia”.
La cantidad de represores prófugos –que incluye militares, policías y civiles– se mantiene estable en unos 40 casos desde hace cuatro años, imposibles de entender sin la complicidad del aparato represivo del “Estado democrático” actual.
En 2008, el número de condenados subió a 36, siendo 533 los procesados. Si se considera que en el país funcionaron más de 400 centros clandestinos de detención, estadísticamente hablamos de un represor procesado por cada uno de esos centros de tortura y exterminio, o sea, menos de dos represores procesados por cada mil víctimas.
Un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Cels asegura que el tiempo promedio que transcurre desde que se reciben una causa hasta que se inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde en 2009 hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó, por si fuese poco, con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, quienes quedaron en libertad.
La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré (Página/12, 24/11/09).
El pasquín oficial Página/12 reconoció que, a pesar de que en 2009 se batió un record de juicios a represores (37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio), las posibilidades de juzgar a los responsables en vida son nulas. “Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años” (Página/12, 27/12/09).
Es sumamente importante señalar que las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura son una asignatura pendiente. Los funcionarios, jueces y empresarios que tuvieron participación activa en la represión se encuentran casi enteramente por fuera de las investigaciones. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos humanos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina “personal civil de inteligencia”.
La cantidad de represores prófugos –que incluye militares, policías y civiles– se mantiene estable en unos 40 casos desde hace cuatro años, imposibles de entender sin la complicidad del aparato represivo del “Estado democrático” actual.
viernes, 5 de marzo de 2010
8 DE MARZO DIA DE LA MUJER TRABAJADORA
MOVILIZACION Lunes 8 - 17:30, de Congreso a Plaza de Mayo
• Ni despidos ni suspensiones. Contra la carestía y los tarifazos, salario igual a la canasta familiar. Reapertura de las paritarias.
• No al pago de la deuda externa. Nacionalización de la banca y el comercio exterior. No al saqueo de los recursos naturales.
• Educación sexual laica, acceso universal a la anticoncepción, aborto legal y gratuito. Libertad a Romina Tejerina. Separación de la Iglesia y el Estado. Fuera la curia de la educación, la salud y la Justicia.
• Contra la violencia hacia la mujer. Basta de asesinatos y violaciones. Cárcel a las mafias de la trata y de la droga y a sus socios en el poder. Contra la represión y la impunidad. Desmantelamiento del aparato represivo.
• Fuera el imperialismo de América Latina, fuera las tropas de Haití y las bases de Colombia. Frenemos la avanzada militarista en América latina.
jueves, 4 de marzo de 2010
UNA CAMARA LABORAL ANTISINDICAL, QUE DEFIENDE A LA PATRONAL
Un fallo aleccionador que plantea delegados por juzgado
La Cámara del Trabajo rechazó un recurso presentado por la UEJN, que "demandó al Poder Judicial por “práctica antisindical”. La UEJN se quejó por los descuentos efectuados a los empleados que adhirieron a una serie de huelgas que tuvieron lugar durante 2007" (Diario Judicial 4/2)
Lo que ven a diario los compañeros del fuero laboral, como manifestación judírica de la explotación laboral y el pisoteo de los derechos obreros, lo sufrimos en carne propia todos los judiciales con este fallo.
¿Cómo no iban a fallar en favor de la Corte si son los que justifican los despidos, los acosos laborales y nos imponen un régimen laboral de sumision y flexibilidad?
¿Cómo no iban a fallar en favor de la CSJN, cuando nos obligan a trabajar en inhumanas condiciones de trabajo, bajo apercebimiento de sanción si osamos levantar la voz?
A pesar de que hace décadas la Corte (y los gobiernos de turno) dilatan la posibilidad de que los judiciales tengamos condiciones dignas de trabajo, a partir de la paritaria y el convenio colectivo, "en primera instancia se rechazó la demanda presentada por la UEJN pues el juez consideró que los trabajadores que participaron en las medidas de fuerza no tenían derecho al cobro de salarios, porque no se demostró que la huelga fuera por “culpa exclusiva” de la patronal. Añadió, que tampoco se verificó la “extemporaneidad” y “desproporcionalidad” de los descuentos." (idem.)
En ese sentido, el juez Balestrini (a cuyo voto adhirió Mario Fera) sostuvo que la conducta del Máximo Tribunal no tuvo que ver con una “práctica antisindical”. El camarista expresó que “si bien resulta indiscutible que el empleador debe ‘soportar’ la huelga cuando ésta se produce dentro de los límites de su legítimo ejercicio, no puede válidamente pretenderse que deba además ‘financiarla’, lo cual tendría lugar en caso de obligarla a continuar en el pago de los salarios de aquellos dependientes que no han puesto su fuerza de trabajo a disposición de la patronal” (fallo).
Innumerables veces, las patronales debieron pagar los días caídos frente a conflictos sindicales. Recordamos el caso del Subte (entre tantos), donde la huelga general de 3 días impuso esta reivindicación. De ninguna manera, hubo que recurrir a la justicia para verificar si había "culpa exclusiva de la patronal" en el conflicto.
La conclusión es que si se debe o no pagar los días caidos, no tiene que ver con los argumentos jurídicos a plantear frente a una justicia antiobrera y enemiga del pueblo sino, con la correlación de fuerzas existente entre la patronal y los trabajadores.
Para revertir esta correlación de fuerzas, donde los jueces nos tienen como esclavos, al punto de tener que quedarnos a trabajar sin el funcionamiento del sistema de agua, los trabajadores del fuero laboral un cuerpo de delegados por juzgado, al igual que el resto de los fueros.
De esta manera, fortalecemos a los compañeros de cada juzgado en la perspectiva de lograr una contundente unidad para imponerle a la patronal, los límites que hacen al respeto de los derechos del trabajador.
La explotación, la flexibilidad laboral y el apriete requiere una fuerte organización sindical en la que cada día se incorporen más compañeros a la lucha.
Hay que plantearle a la UEJN que tome una campaña en este sentido.
Fallo completo
http://www.diariojudicial.com.ar/downloadpopup.asp?ID=18439
La Cámara del Trabajo rechazó un recurso presentado por la UEJN, que "demandó al Poder Judicial por “práctica antisindical”. La UEJN se quejó por los descuentos efectuados a los empleados que adhirieron a una serie de huelgas que tuvieron lugar durante 2007" (Diario Judicial 4/2)
Lo que ven a diario los compañeros del fuero laboral, como manifestación judírica de la explotación laboral y el pisoteo de los derechos obreros, lo sufrimos en carne propia todos los judiciales con este fallo.
¿Cómo no iban a fallar en favor de la Corte si son los que justifican los despidos, los acosos laborales y nos imponen un régimen laboral de sumision y flexibilidad?
¿Cómo no iban a fallar en favor de la CSJN, cuando nos obligan a trabajar en inhumanas condiciones de trabajo, bajo apercebimiento de sanción si osamos levantar la voz?
A pesar de que hace décadas la Corte (y los gobiernos de turno) dilatan la posibilidad de que los judiciales tengamos condiciones dignas de trabajo, a partir de la paritaria y el convenio colectivo, "en primera instancia se rechazó la demanda presentada por la UEJN pues el juez consideró que los trabajadores que participaron en las medidas de fuerza no tenían derecho al cobro de salarios, porque no se demostró que la huelga fuera por “culpa exclusiva” de la patronal. Añadió, que tampoco se verificó la “extemporaneidad” y “desproporcionalidad” de los descuentos." (idem.)
En ese sentido, el juez Balestrini (a cuyo voto adhirió Mario Fera) sostuvo que la conducta del Máximo Tribunal no tuvo que ver con una “práctica antisindical”. El camarista expresó que “si bien resulta indiscutible que el empleador debe ‘soportar’ la huelga cuando ésta se produce dentro de los límites de su legítimo ejercicio, no puede válidamente pretenderse que deba además ‘financiarla’, lo cual tendría lugar en caso de obligarla a continuar en el pago de los salarios de aquellos dependientes que no han puesto su fuerza de trabajo a disposición de la patronal” (fallo).
Innumerables veces, las patronales debieron pagar los días caídos frente a conflictos sindicales. Recordamos el caso del Subte (entre tantos), donde la huelga general de 3 días impuso esta reivindicación. De ninguna manera, hubo que recurrir a la justicia para verificar si había "culpa exclusiva de la patronal" en el conflicto.
La conclusión es que si se debe o no pagar los días caidos, no tiene que ver con los argumentos jurídicos a plantear frente a una justicia antiobrera y enemiga del pueblo sino, con la correlación de fuerzas existente entre la patronal y los trabajadores.
Para revertir esta correlación de fuerzas, donde los jueces nos tienen como esclavos, al punto de tener que quedarnos a trabajar sin el funcionamiento del sistema de agua, los trabajadores del fuero laboral un cuerpo de delegados por juzgado, al igual que el resto de los fueros.
De esta manera, fortalecemos a los compañeros de cada juzgado en la perspectiva de lograr una contundente unidad para imponerle a la patronal, los límites que hacen al respeto de los derechos del trabajador.
La explotación, la flexibilidad laboral y el apriete requiere una fuerte organización sindical en la que cada día se incorporen más compañeros a la lucha.
Hay que plantearle a la UEJN que tome una campaña en este sentido.
Fallo completo
http://www.diariojudicial.com.ar/downloadpopup.asp?ID=18439
PREPARAR LAS PARITARIAS POR ABAJO
Se vio venir. La patronal argentina se ha subido a una política inflacionaria y desde allí afrontará las paritarias a la baja.
Un estudio de la consultora Adecco estableció que el 89% de las empresas piensan dar aumentos en una franja del 10 al 20%, cuando –según Ernesto Kritz, de SEC– la tasa anualizada de inflación de los últimos tres meses es un 24%.
El muy influyente asesor empresario Julián de Diego dice que en la Unión Industrial hay tres posiciones sobre el tema. Una que no quiere moverse del 12%, otra que pretende negociar por un semestre y otra que prefiere que la presidenta, vía la burocracia sindical adicta, fije un tope de referencia.
Seguramente será un poco de cada cosa. De manera que a los topes que pretende la patronal hay que agregarle que se darán en cuotas, de tal suerte que las rebanadas de aumento llegan detrás de los nuevos aumentos de precios. Ellos mismos son los remarcadores y se hacen fuertes porque es una concesión que ya le arrancaron a los burócratas durante los dos o tres últimos años.
El gobierno opera también con la premisa inflacionaria, al igual que los gobiernos provinciales, los cuales no previeron aumentos en los presupuestos para deprimir las expectativas sindicales y luego afrontar las migajas que otorgan mediante el inflado de la recaudación tributaria por los aumentos de precios. La recaudación de febrero aumento 20% por esta vía, varios puntos más que el 12,5% de aumento de los docentes bonaerenses para la primera mitad del año. El gobierno kirchnerista es factor activo de la inflación aumentando tarifas, emitiendo dinero y tal vez “soltando” el dólar, si se presenta un nuevo escenario de fuga de capitales.
Los empresarios no hablaron de inflación en el almuerzo de salmón y lomito con la presidenta en Olivos. Prefirieron apretar por subsidios y hacer diplomacia con el gobierno que les puede garantizar el “dólar competitivo” y la regimentación de los sindicatos en las paritarias. Algunos no se privan incluso de pretender “anclar” los precios por la vía de la contención en los salarios, entusiasmados por un Moreno que esperará a fin de marzo para empezar a discutir un régimen de precios de la carne y que no advierte que la canasta escolar subió un 29% cuando el subsidio por escolaridad sigue, y seguirá, congelado desde 2007, momento en que tuvo el único reajuste desde 2001. Por otro lado “en lo que va del año, la secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno autorizó aumentos de precios a las principales empresas que concentran el consumo masivo en un rango que va del 3 al 8% según las categorías de productos” (Clarín, 27/2).
Es decir que los capitalistas se han preparado como nunca para estas paritarias, alertados como están por tendencias de lucha que canalizaron los nuevos cuerpos de delegados durante 2009.
Moyano y Yasky, en cambio, están desarmando a las organizaciones obreras. El camionero acaba de decir que Moreno es vital para la estabilidad de precios y Yasky crucificó más rápido que nunca a los maestros con un 17% al inicial. El “gordo” Daer saludó lo de Yasky. El conflicto docente se ha desatado en seis provincias, pero la disconformidad se extenderá, más tarde o más temprano, en todo el país.
Los sindicatos deberían estar preparando a todos los trabajadores en asambleas fabriles y de
gremio. En éstas se debe explicar la pérdida de no menos de cinco puntos del año pasado y que la canasta familiar está en 4.500 pesos (diario Los Andes, 26/2), y para que se incorporen los importes en negro al básico y se tome el toro de la inflación por las astas mediante un régimen de actualización trimestral frente al posible incremento de la velocidad inflacionaria. Tomemos esa tarea en nuestras manos.
La dirección clasista de AGD-UBA ya fijó un 33% de reclamo, simplemente para defender el poder adquisitivo de lo conquistado en la gran huelga de 2005. Este es el criterio: impulsemo s asambleas fabriles y llevemos adelante una campaña de esclarecimiento por medio de las agrupaciones clasistas.
El sindicato del subte ha empezado a discutir en sus filas la cuestión porque, contra el propósito oficial de que no se hable de salarios, en las líneas se va imponiendo el tema. Entre sus hermanos choferes, los cuerpos de delegados de la Línea 60 y de Ecotrans debaten un frente común que pondría el salario en el centro de la cuestión, al igual que todos los sectores opositores de la UTA en Córdoba y en todo el país.
En Kraft, el centro de la bronca obrera está en el salario ante una patronal que les robó el bonus de fin de año. La preparación de una asamblea general por el salario de cara a las paritarias es la tarea del próximo mes, dado que el convenio es en abril. Otro tanto ocurre en Fate, frente a las sistemáticas entregadas del sindicato de Watsiejko de la CTA.
Las nuevas direcciones y el activismo que pugna por abrirse paso tienen en la cuestión salarial el eje del próximo período. En lo peor de la recesión, el año pasado la UOM reflejó un potencial extraordinario de lucha que la burocracia impidió concretar en una conquista superior.
Preparemosnos desde abajo para imponer paritarios elegidos en asambleas de los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Un estudio de la consultora Adecco estableció que el 89% de las empresas piensan dar aumentos en una franja del 10 al 20%, cuando –según Ernesto Kritz, de SEC– la tasa anualizada de inflación de los últimos tres meses es un 24%.
El muy influyente asesor empresario Julián de Diego dice que en la Unión Industrial hay tres posiciones sobre el tema. Una que no quiere moverse del 12%, otra que pretende negociar por un semestre y otra que prefiere que la presidenta, vía la burocracia sindical adicta, fije un tope de referencia.
Seguramente será un poco de cada cosa. De manera que a los topes que pretende la patronal hay que agregarle que se darán en cuotas, de tal suerte que las rebanadas de aumento llegan detrás de los nuevos aumentos de precios. Ellos mismos son los remarcadores y se hacen fuertes porque es una concesión que ya le arrancaron a los burócratas durante los dos o tres últimos años.
El gobierno opera también con la premisa inflacionaria, al igual que los gobiernos provinciales, los cuales no previeron aumentos en los presupuestos para deprimir las expectativas sindicales y luego afrontar las migajas que otorgan mediante el inflado de la recaudación tributaria por los aumentos de precios. La recaudación de febrero aumento 20% por esta vía, varios puntos más que el 12,5% de aumento de los docentes bonaerenses para la primera mitad del año. El gobierno kirchnerista es factor activo de la inflación aumentando tarifas, emitiendo dinero y tal vez “soltando” el dólar, si se presenta un nuevo escenario de fuga de capitales.
Los empresarios no hablaron de inflación en el almuerzo de salmón y lomito con la presidenta en Olivos. Prefirieron apretar por subsidios y hacer diplomacia con el gobierno que les puede garantizar el “dólar competitivo” y la regimentación de los sindicatos en las paritarias. Algunos no se privan incluso de pretender “anclar” los precios por la vía de la contención en los salarios, entusiasmados por un Moreno que esperará a fin de marzo para empezar a discutir un régimen de precios de la carne y que no advierte que la canasta escolar subió un 29% cuando el subsidio por escolaridad sigue, y seguirá, congelado desde 2007, momento en que tuvo el único reajuste desde 2001. Por otro lado “en lo que va del año, la secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno autorizó aumentos de precios a las principales empresas que concentran el consumo masivo en un rango que va del 3 al 8% según las categorías de productos” (Clarín, 27/2).
Es decir que los capitalistas se han preparado como nunca para estas paritarias, alertados como están por tendencias de lucha que canalizaron los nuevos cuerpos de delegados durante 2009.
Moyano y Yasky, en cambio, están desarmando a las organizaciones obreras. El camionero acaba de decir que Moreno es vital para la estabilidad de precios y Yasky crucificó más rápido que nunca a los maestros con un 17% al inicial. El “gordo” Daer saludó lo de Yasky. El conflicto docente se ha desatado en seis provincias, pero la disconformidad se extenderá, más tarde o más temprano, en todo el país.
Los sindicatos deberían estar preparando a todos los trabajadores en asambleas fabriles y de
gremio. En éstas se debe explicar la pérdida de no menos de cinco puntos del año pasado y que la canasta familiar está en 4.500 pesos (diario Los Andes, 26/2), y para que se incorporen los importes en negro al básico y se tome el toro de la inflación por las astas mediante un régimen de actualización trimestral frente al posible incremento de la velocidad inflacionaria. Tomemos esa tarea en nuestras manos.
La dirección clasista de AGD-UBA ya fijó un 33% de reclamo, simplemente para defender el poder adquisitivo de lo conquistado en la gran huelga de 2005. Este es el criterio: impulsemo s asambleas fabriles y llevemos adelante una campaña de esclarecimiento por medio de las agrupaciones clasistas.
El sindicato del subte ha empezado a discutir en sus filas la cuestión porque, contra el propósito oficial de que no se hable de salarios, en las líneas se va imponiendo el tema. Entre sus hermanos choferes, los cuerpos de delegados de la Línea 60 y de Ecotrans debaten un frente común que pondría el salario en el centro de la cuestión, al igual que todos los sectores opositores de la UTA en Córdoba y en todo el país.
En Kraft, el centro de la bronca obrera está en el salario ante una patronal que les robó el bonus de fin de año. La preparación de una asamblea general por el salario de cara a las paritarias es la tarea del próximo mes, dado que el convenio es en abril. Otro tanto ocurre en Fate, frente a las sistemáticas entregadas del sindicato de Watsiejko de la CTA.
Las nuevas direcciones y el activismo que pugna por abrirse paso tienen en la cuestión salarial el eje del próximo período. En lo peor de la recesión, el año pasado la UOM reflejó un potencial extraordinario de lucha que la burocracia impidió concretar en una conquista superior.
Preparemosnos desde abajo para imponer paritarios elegidos en asambleas de los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público.
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