A continuación reproducimos el comunicado de los cros ferroviarios de la Agrupación Causa Ferroviaria a tres meses del asesinato de su compañero Mariano Ferreyra.
El próximo jueves 20 de enero, a las 17 horas, se realizará un masivo acto en el Hall de Plaza Constitución convocado por agrupaciones ferroviarias, despedidos y tercerizados de varias líneas ferroviarias, delegados de la Unión Ferroviaria del Belgrano Norte, así como por delegados, sindicatos y seccionales combativos de diferentes gremios.
Allí se reclamará por el Juicio y Castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y por el desprocesamiento de los luchadores Omar Merino, Jorge Hospital, Miguel Morales y Eduardo Belliboni, quienes sufren una causa penal por reclamar que el gobierno cumpla con la reincorporación de los despedidos ferroviarios y con el pase a planta de todos los tercerizados sin discriminaciones.
AGRUPACION CAUSA FERROVIARIA “MARIANO FERREYRA”
miércoles, 19 de enero de 2011
martes, 4 de enero de 2011
Caso Ferreyra: confirman el procesamiento y prisión preventiva de los siete acusados
(Centro de información judicial 28/12/2010)
Lo resolvió este martes la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Es en el marco de la investigación por el homicidio del militante del Partido Obrero, hecho ocurrido el 20 de octubre último.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos, confirmó este martes los procesamientos y prisión preventiva de siete acusados en el marco de la investigación por el homicidio de Mariano Ferreyra.
El tribunal ratificó la decisión de la jueza Susana Wilma López en cuanto dispuso el procesamiento de Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez, Juan Carlos Pérez, Pablo Marcelo Díaz, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González y Guillermo Armando Uño, en orden al delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa -tres hechos que concurren realmente entre sí; con la aclaración que Favale y Sánchez deberán responder en calidad de coautores, Pérez y Uño partícipes necesarios, González y Pipitó partícipes secundarios y Díaz, instigador.
A continuación, los fundamentos de la decisión de la Cámara:
“Aclarados los planteos preliminares, hemos llegado a la conclusión que la decisión habrá de ser homologada, en lo que se refiere a la intervención que le cupo a los imputados, con los alcances que se detallarán seguidamente.”
“Previo a ello, cabe señalar que los hechos imputados se encuentran ampliamente descriptos en la decisión que viene a estudio del tribunal, a cuyas constancias nos remitimos en honor a la brevedad.”
“Sentado ello, más allá de lo que se dirá con especial referencia a cada uno de los imputados, no puede soslayarse un dato sumamente relevante para el tribunal vinculado al momento en que se llevó adelante este enfrentamiento o gresca que culminó con la vida de Mariano Esteban Ferreyra y que intentó terminar con la vida de Elsa Magalí Rodríguez Sosa, Nelson Fabián Aguirre y Ariel Benjamín Pintos: la agresión armada que culminó con los resultados lesivos indicados se produjo durante la retirada de los “tercerizados” y militantes de diversos partidos políticos que habían iniciado una manifestación en reclamo de los derechos laborales de los primeros, cuando se encontraban a unos 300 mts. de las vías del ferrocarril, cuyo servicio intentaron interrumpir como modo de protesta.”
“En efecto, tanto los empleados ‘tercerizados’ como los militantes del Partido Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia de Izquierda, el equipo periodístico de C5N y los testigos ocasionales, fueron contestes al señalar que los integrantes de la Unión Ferroviaria se encontraban sobre el terraplén de las vías del tren o bien en la calle de abajo, mientras que los manifestantes –que no habían podido subir a las vías en el puente Bosch-, se encontraban a doscientos o trescientos metros de distancia, sobre la calle Luján.”
“Si bien con algunas diferencias, la mayoría de los testigos coincide en que habrían estado celebrando una asamblea entre cuarenta minutos y una hora a los efectos de determinar los pasos a seguir, y que a las 13.30 horas aproximadamente iniciaron la retirada hacia la Av. Vélez Sarsfield, momento en que fueron sorprendidos por los manifestantes de la Unión Ferroviaria que se acercaron a la carrera tirando piedras.”
“Ahora, el supuesto motivo por el cual el grupo que integraban los imputados habría concurrido al lugar era evitar el corte de las vías férreas, objetivo que, al momento en estudio, se habría alcanzado, toda vez que, como se dijo, el intento de los “tercerizados” de tomar las vías en el Puente Bosch había fracasado y habían resuelto que no era conveniente continuar con el objetivo fijado.”
“Por ello, esta situación parece concederle la razón a la abogada Verdú, quien expuso en la audiencia en representación del querellante Aguirre, en cuanto a que la agresión desarrollada habría tenido como real finalidad “aleccionar a los ‘tercerizados’ ” para que, en el futuro, no intenten un nuevo corte de vías, resultando relevante el análisis de la hipótesis acusatoria en relación a que los distintos eventos se desarrollaron de acuerdo a un plan determinado. Asimismo y por el contrario, las circunstancias temporo-espaciales indicadas, echan por tierra con la base del descargo general de los imputados, que puede sintetizarse en que se produjo una riña entre ambos bandos, en el intento de los ferroviarios de que sus oponentes no corten el servicio del ferrocarril.”
“Es en este contexto en el que debe analizarse la conducta de cada uno de los imputados.”
“Como lo dijéramos, y atento que también fue motivo de agravio, no obstante la subsunción legal que en definitiva tenga mejor derecho de ser aplicada (art. 401, primera parte, CPPN), habremos de efectuar ciertas consideraciones.”
“Hemos señalado en varios pasajes que parece llevar la razón la querella en cuanto al motivo que guió a los imputados a actuar de la manera en que lo hicieron, que no tenía como finalidad sólo la de evitar que el pasado 20 de octubre se efectuara un corte en las vías férreas sino también dar un mensaje para que en el futuro una situación como la que aquí se intentaba no se repitiese.”
“Como resultado de la investigación emprendida, a los efectos de lograr este cometido, se determinó la intervención de los imputados cuya situación fue analizada en los puntos precedentes.”
“Sin embargo, dentro de este plan criminal, nos encontramos con una realidad incontrastable: sólo Sánchez y Favale efectuaron disparos con armas de fuego que produjeron los resultados lesivos en perjuicio de Ferreyra (que perdió la vida), Rodríguez Sosa, Aguirre y Pintos. Por ello, son quienes han tenido en sus manos el dominio del hecho a través de la parte que les correspondía en la división del trabajo, puesto que ambos arremetieron contra la vida de los manifestantes “tercerizados” y de diferentes grupos partidarios que los acompañaban, encontrándose cada uno en condiciones de consumar el delito.”
“Así, sólo ellos podrán responder en calidad de coautores, en los términos del art. 45 del código de fondo.”
“Ahora, los coautores no se encontraban solos en este emprendimiento criminal sino que, por el contrario, contaron con la necesaria colaboración de Uño y Pérez. En efecto, ambos estuvieron presentes en el momento en que se efectuaban los disparos, contribuyendo en el hecho al ser los encargados de hacer desaparecer inmediatamente las armas de fuego con las que se efectuaron los disparos. Este aporte puede ser considerado necesario, habida cuenta que sólo unos pocos fueron convocados conociendo el verdadero objetivo. La presencia de los nombrados, próximos a Favale y Sánchez durante la agresión armada que habrían ejecutado éstos (recuérdese en este sentido el ya citado testimonio de Fernández) y el inmediato retiro de las armas empleadas de la escena, descarta la subsunción alternativa de encubrimiento postulada en la audiencia por la defensa de Pérez. Las evidencias colectadas impiden sostener que existió un favorecimiento de un ilícito precedente cometido por otro, ni siquiera de un aporte posterior al autor cumpliendo una promesa anterior. Por el contrario, considerando provisoriamente acreditada la presencia de Uño y Pérez en los momentos ejecutivos, en apoyo de los coautores, auxiliándolos para sacar inmediatamente los revólveres empleados del lugar e indicándoles qué debían hacer a continuación (en el caso de Pérez), cabe concluir que existió un aporte esencial de Uño y Pérez en los hechos ilícitos, por lo que entendemos que deben responder como partícipes necesarios.”
“Por otro lado, la conducta de González y Pipitó, de agredir verbalmente y acorralar a los integrantes del equipo de exteriores del canal C5N momentos antes de iniciarse la embestida encuentra fundamento dentro de esta empresa en la necesidad de evitar que los restantes puedan ser grabados por la cámara. De otro modo, es difícil, cuando no imposible, encontrar una explicación a la exaltación de González ya que el objetivo de los empleados ferrovarios se había cumplido por cuanto los manifestantes estaban emprendiendo la retirada. Esta participación, como no ha sido indispensable para la comisión del delito, se caracteriza como secundaria (art. 46, CP).”
“Finalmente, Díaz deberá responder como instigador, habida cuenta que fue quien determinó al grupo a cometer los ilícitos que vienen a estudio del tribunal. Como fuera ya valorado, fue quien desde las primeras horas del día estuvo presente en el lugar de los hechos, reclutó no sólo a todos los manifestantes a través de los delegados –aunque no todos supiesen la verdadera finalidad de la convocatoria- sino que seleccionó personalmente a quienes pudiesen efectuar los disparos (es de recordar los llamados registrados con Sánchez y Favale, como lo expuesto por este último en su indagatoria) y a quienes pudiesen ocultar las evidencias (con remisión al ya citado testimonio de Benítez, en cuanto a que Pérez era quien acompañaba y custodiaba a Díaz), debiendo remarcarse, como se dijo, que su elección no se limitó a empleados ferroviarios sino que se extendió a personas ajenas al sindicato ya que Favale no es afiliado de la Unión Ferroviaria.”
“Además, indujo a González y Pipitó a que intimidaran a los periodistas televisivos –canal C5N- y, de este modo, liberar el escenario para facilitar la conducta de los restantes.”
“En consecuencia, sin perjuicio que el devenir de la investigación pueda involucrar a otras personas, extremo sobre el cual no corresponde que nos expidamos pese a lo requerido por la querella en atención a los límites del recurso, consideramos que el grado de probabilidad que requiere el art. 306, CPPN se ha visto satisfecho en lo que concierne a la intervención que le cupo a los imputados cuya situación procesal revisamos y, por ello, es que habrá de homologarse la decisión de la magistrada de grado.”
“En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos dispositivos I, IV, VII, X, XIII, XVI y XIX en cuanto por ellos se dispuso el procesamiento de Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez, Juan Carlos Pérez, Pablo Marcelo Díaz, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González y Guillermo Armando Uño, en orden al delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa -3 hechos que concurren realmente entre sí; con la aclaración que Favale y Sánchez deberán responder en calidad de coautores, Pérez y Uño partícipes necesarios, González y Pipitó partícipes secundarios y Díaz, instigador (arts. 42, 45, 46, 55 y 80, inc. 6°, CP).”
Lo resolvió este martes la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Es en el marco de la investigación por el homicidio del militante del Partido Obrero, hecho ocurrido el 20 de octubre último.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos, confirmó este martes los procesamientos y prisión preventiva de siete acusados en el marco de la investigación por el homicidio de Mariano Ferreyra.
El tribunal ratificó la decisión de la jueza Susana Wilma López en cuanto dispuso el procesamiento de Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez, Juan Carlos Pérez, Pablo Marcelo Díaz, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González y Guillermo Armando Uño, en orden al delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa -tres hechos que concurren realmente entre sí; con la aclaración que Favale y Sánchez deberán responder en calidad de coautores, Pérez y Uño partícipes necesarios, González y Pipitó partícipes secundarios y Díaz, instigador.
A continuación, los fundamentos de la decisión de la Cámara:
“Aclarados los planteos preliminares, hemos llegado a la conclusión que la decisión habrá de ser homologada, en lo que se refiere a la intervención que le cupo a los imputados, con los alcances que se detallarán seguidamente.”
“Previo a ello, cabe señalar que los hechos imputados se encuentran ampliamente descriptos en la decisión que viene a estudio del tribunal, a cuyas constancias nos remitimos en honor a la brevedad.”
“Sentado ello, más allá de lo que se dirá con especial referencia a cada uno de los imputados, no puede soslayarse un dato sumamente relevante para el tribunal vinculado al momento en que se llevó adelante este enfrentamiento o gresca que culminó con la vida de Mariano Esteban Ferreyra y que intentó terminar con la vida de Elsa Magalí Rodríguez Sosa, Nelson Fabián Aguirre y Ariel Benjamín Pintos: la agresión armada que culminó con los resultados lesivos indicados se produjo durante la retirada de los “tercerizados” y militantes de diversos partidos políticos que habían iniciado una manifestación en reclamo de los derechos laborales de los primeros, cuando se encontraban a unos 300 mts. de las vías del ferrocarril, cuyo servicio intentaron interrumpir como modo de protesta.”
“En efecto, tanto los empleados ‘tercerizados’ como los militantes del Partido Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia de Izquierda, el equipo periodístico de C5N y los testigos ocasionales, fueron contestes al señalar que los integrantes de la Unión Ferroviaria se encontraban sobre el terraplén de las vías del tren o bien en la calle de abajo, mientras que los manifestantes –que no habían podido subir a las vías en el puente Bosch-, se encontraban a doscientos o trescientos metros de distancia, sobre la calle Luján.”
“Si bien con algunas diferencias, la mayoría de los testigos coincide en que habrían estado celebrando una asamblea entre cuarenta minutos y una hora a los efectos de determinar los pasos a seguir, y que a las 13.30 horas aproximadamente iniciaron la retirada hacia la Av. Vélez Sarsfield, momento en que fueron sorprendidos por los manifestantes de la Unión Ferroviaria que se acercaron a la carrera tirando piedras.”
“Ahora, el supuesto motivo por el cual el grupo que integraban los imputados habría concurrido al lugar era evitar el corte de las vías férreas, objetivo que, al momento en estudio, se habría alcanzado, toda vez que, como se dijo, el intento de los “tercerizados” de tomar las vías en el Puente Bosch había fracasado y habían resuelto que no era conveniente continuar con el objetivo fijado.”
“Por ello, esta situación parece concederle la razón a la abogada Verdú, quien expuso en la audiencia en representación del querellante Aguirre, en cuanto a que la agresión desarrollada habría tenido como real finalidad “aleccionar a los ‘tercerizados’ ” para que, en el futuro, no intenten un nuevo corte de vías, resultando relevante el análisis de la hipótesis acusatoria en relación a que los distintos eventos se desarrollaron de acuerdo a un plan determinado. Asimismo y por el contrario, las circunstancias temporo-espaciales indicadas, echan por tierra con la base del descargo general de los imputados, que puede sintetizarse en que se produjo una riña entre ambos bandos, en el intento de los ferroviarios de que sus oponentes no corten el servicio del ferrocarril.”
“Es en este contexto en el que debe analizarse la conducta de cada uno de los imputados.”
“Como lo dijéramos, y atento que también fue motivo de agravio, no obstante la subsunción legal que en definitiva tenga mejor derecho de ser aplicada (art. 401, primera parte, CPPN), habremos de efectuar ciertas consideraciones.”
“Hemos señalado en varios pasajes que parece llevar la razón la querella en cuanto al motivo que guió a los imputados a actuar de la manera en que lo hicieron, que no tenía como finalidad sólo la de evitar que el pasado 20 de octubre se efectuara un corte en las vías férreas sino también dar un mensaje para que en el futuro una situación como la que aquí se intentaba no se repitiese.”
“Como resultado de la investigación emprendida, a los efectos de lograr este cometido, se determinó la intervención de los imputados cuya situación fue analizada en los puntos precedentes.”
“Sin embargo, dentro de este plan criminal, nos encontramos con una realidad incontrastable: sólo Sánchez y Favale efectuaron disparos con armas de fuego que produjeron los resultados lesivos en perjuicio de Ferreyra (que perdió la vida), Rodríguez Sosa, Aguirre y Pintos. Por ello, son quienes han tenido en sus manos el dominio del hecho a través de la parte que les correspondía en la división del trabajo, puesto que ambos arremetieron contra la vida de los manifestantes “tercerizados” y de diferentes grupos partidarios que los acompañaban, encontrándose cada uno en condiciones de consumar el delito.”
“Así, sólo ellos podrán responder en calidad de coautores, en los términos del art. 45 del código de fondo.”
“Ahora, los coautores no se encontraban solos en este emprendimiento criminal sino que, por el contrario, contaron con la necesaria colaboración de Uño y Pérez. En efecto, ambos estuvieron presentes en el momento en que se efectuaban los disparos, contribuyendo en el hecho al ser los encargados de hacer desaparecer inmediatamente las armas de fuego con las que se efectuaron los disparos. Este aporte puede ser considerado necesario, habida cuenta que sólo unos pocos fueron convocados conociendo el verdadero objetivo. La presencia de los nombrados, próximos a Favale y Sánchez durante la agresión armada que habrían ejecutado éstos (recuérdese en este sentido el ya citado testimonio de Fernández) y el inmediato retiro de las armas empleadas de la escena, descarta la subsunción alternativa de encubrimiento postulada en la audiencia por la defensa de Pérez. Las evidencias colectadas impiden sostener que existió un favorecimiento de un ilícito precedente cometido por otro, ni siquiera de un aporte posterior al autor cumpliendo una promesa anterior. Por el contrario, considerando provisoriamente acreditada la presencia de Uño y Pérez en los momentos ejecutivos, en apoyo de los coautores, auxiliándolos para sacar inmediatamente los revólveres empleados del lugar e indicándoles qué debían hacer a continuación (en el caso de Pérez), cabe concluir que existió un aporte esencial de Uño y Pérez en los hechos ilícitos, por lo que entendemos que deben responder como partícipes necesarios.”
“Por otro lado, la conducta de González y Pipitó, de agredir verbalmente y acorralar a los integrantes del equipo de exteriores del canal C5N momentos antes de iniciarse la embestida encuentra fundamento dentro de esta empresa en la necesidad de evitar que los restantes puedan ser grabados por la cámara. De otro modo, es difícil, cuando no imposible, encontrar una explicación a la exaltación de González ya que el objetivo de los empleados ferrovarios se había cumplido por cuanto los manifestantes estaban emprendiendo la retirada. Esta participación, como no ha sido indispensable para la comisión del delito, se caracteriza como secundaria (art. 46, CP).”
“Finalmente, Díaz deberá responder como instigador, habida cuenta que fue quien determinó al grupo a cometer los ilícitos que vienen a estudio del tribunal. Como fuera ya valorado, fue quien desde las primeras horas del día estuvo presente en el lugar de los hechos, reclutó no sólo a todos los manifestantes a través de los delegados –aunque no todos supiesen la verdadera finalidad de la convocatoria- sino que seleccionó personalmente a quienes pudiesen efectuar los disparos (es de recordar los llamados registrados con Sánchez y Favale, como lo expuesto por este último en su indagatoria) y a quienes pudiesen ocultar las evidencias (con remisión al ya citado testimonio de Benítez, en cuanto a que Pérez era quien acompañaba y custodiaba a Díaz), debiendo remarcarse, como se dijo, que su elección no se limitó a empleados ferroviarios sino que se extendió a personas ajenas al sindicato ya que Favale no es afiliado de la Unión Ferroviaria.”
“Además, indujo a González y Pipitó a que intimidaran a los periodistas televisivos –canal C5N- y, de este modo, liberar el escenario para facilitar la conducta de los restantes.”
“En consecuencia, sin perjuicio que el devenir de la investigación pueda involucrar a otras personas, extremo sobre el cual no corresponde que nos expidamos pese a lo requerido por la querella en atención a los límites del recurso, consideramos que el grado de probabilidad que requiere el art. 306, CPPN se ha visto satisfecho en lo que concierne a la intervención que le cupo a los imputados cuya situación procesal revisamos y, por ello, es que habrá de homologarse la decisión de la magistrada de grado.”
“En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos dispositivos I, IV, VII, X, XIII, XVI y XIX en cuanto por ellos se dispuso el procesamiento de Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez, Juan Carlos Pérez, Pablo Marcelo Díaz, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González y Guillermo Armando Uño, en orden al delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa -3 hechos que concurren realmente entre sí; con la aclaración que Favale y Sánchez deberán responder en calidad de coautores, Pérez y Uño partícipes necesarios, González y Pipitó partícipes secundarios y Díaz, instigador (arts. 42, 45, 46, 55 y 80, inc. 6°, CP).”
Siguen en riesgo archivos de los juicios de jubilados
(Clarín 26/11/10)
El edificio a donde trasladaron 9.500 carpetas está “en estado de abandono”.
El edificio a donde trasladaron 9.500 carpetas está “en estado de abandono”.
Por el peso de los juicios iniciados por los jubilados, que ponían en peligro el edificio del Fuero de la Seguridad Social, unos 9.500 expedientes fueron trasladados del edificio judicial de la calle Marcelo T. de Alvear 1840 a un archivo judicial en la calle Villarino 2010. Ahora resulta que este edificio “se encuentra en total estado de abandono, y que aún resta la adecuación de la instalación eléctrica y la reparación de las filtraciones de lluvia en parte de los techos, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en innumerables oportunidades”.
Así le informó la subdirectora General del Archivo Judicial, Carmen Nastasi de Rodríguez a la titular de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, Lilia Maffei de Borghi.
El traslado de esos expedientes se hizo porque el Edificio Anexo del Fuero, en Marcelo T. de Alvear, tenía “el máximo admisible de peso ” por la cantidad de expedientes acumulados, de acuerdo al informe realizado, luego de una inspección, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Este organismo oficial recomendó trasladar parte de los expedientes a otros lugares por los riesgos sobre las personas –empleados y público en general— y la integridad de los expedientes.
Ese sobrepeso se debe a que esos Juzgados almacenan unos 400.000 expedientes, mientras todos los meses ingresan 10.000 nuevas demandas debido a que la ANSeS no está cumpliendo con lo que marca la legislación previsional, ratificada en numerosos fallos de la Corte.
Para hacer esos traslados, la Corte Suprema dispuso un feriado judicial de 3 semanas , que concluyó el pasado 19 de noviembre, en 7 Juzgados del Fuero previsional para permitir que durante ese lapso los empleados trasladaran miles de expedientes a otras instalaciones, con el objetivo de aliviar el peso que soportaba el edificio .
Una parte de esos expedientes fueron llevados al depósito de la calle Villarino, sin reparar que tiene otros riesgos por el “abandono” en el que se encuentra, además de las filtraciones de agua y descuido de las instalaciones eléctricas.
En el texto –al que tuvo acceso Clarín — la subdirectora general del Archivo Judicial aclara que se habilitó “la carga de un espacio que ya poseíamos en el depósito de Villarino 2010, para la guarda de los aproximadamente 9.500 legajos de expedientes de dicho fuero, pero en condición de “precarios”, o sea que su custodia y administración, continúa siendo de los Juzgados y Secretarías intervinientes, hasta tanto se proceda a su recepción definitiva”.
Además, se vació un ambiente que poseía el Archivo en el subsuelo del edificio de Marcelo T. de Alterar, “pero aún resta cerrar una puerta que comunica dicho ambiente con nuestra encuadernación, trabajo ya solicitado”.
Todo esto es la consecuencia del colapso de la justicia previsional debido a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina marcada por la Corte. Y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio especulando con que muchos no lo hagan y con los años que demora una resolución judicial, que luego es apelada, alargando los plazos más allá de la propia expectativa de vida de los reclamantes.
Caso Ferreyra: procesan con prisión preventiva a los siete detenidos
20 de diciembre de 2010 -CIJ-
Lo dispuso la jueza Wilma López. Se trata de Cristian Favale, Pablo Díaz, Juan Carlos Pérez, Jorge González, Francisco Pipitó, Guillermo Uño y Gabriel Sánchez. Están acusados de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y coacción agravada
La jueza Susana Wilma López, titular del Juzgado Criminal de Instrucción N° 38, dispuso este miércoles el procesamiento con prisión preventiva de siete imputados, en el marco de la investigación por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre último.
Se trata de Cristian Daniel Favale, Pablo Marcelo Díaz, Juan Carlos Pérez, Jorge Daniel González, Francisco Salvador Pipitó, Guillermo Armando Uño y Gabriel Fernando Sánchez.
Son considerados prima facie coautres penalmente responsables de los delitos de homcidio calficado en concruso real con homcidio calificado en grado de tentativa -tres hechos que concurren realmente entre sí- en concurso real con coacción agravada -tres hechos que concurren idalmente entre sí- (arts. 42, 45, 54, 55, 80 inc. 6º y 149 bis segundo párrafo del C. Penal).
Los trabajadores advierten que la feria dispuesta por la Corte es insuficiente.
(Clarín 30/10/10 PorIsmael Bermúdez)
Por considerar que es insuficiente la resolución de la Corte Suprema que dispuso declarar “inhábiles” las tres semanas que van del 28 de octubre al 19 de noviembre en siete Juzgados de la Seguridad Social, los empleados agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) comenzaron ayer a la mañana un paro hasta el lunes a primera hora cuando analizarán en asamblea el curso a seguir. Por eso, ayer jubilados y abogados no pudieron realizar ningún trámite .
Los empleados sostienen que tanto los jueces como los camaristas y la propia Corte Suprema reconocieron que los edificios de esos juzgados están con sobrepeso y en situación de colapso por la enorme cantidad de expedientes que acumulan: más de 400.000 . Entonces reclaman “que la Corte Suprema declare feriado judicial con la concurrencia del personal a los lugares de trabajo y sorteo de las nuevas demandas a fin de concentrarse en la descarga y traslado de esos expedientes a los edificios que se habiliten”, como le dijo a Clarín el delegado gremial del Fuero y dirigente de UEJN, Alejandro Giani. “Al declarar esos días “inhábiles”, se suspenden los plazos procesales, pero los Juzgados deben atender a los abogados y jubilados, a lo que se agrega el propio peso y riesgo del público que concurre al edificio. En cambio, con el feriado judicial con concurrencia del personal no hay atención al público”, precisó Giani.
Como anticipó este diario, días atrás un informe del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) alertó que el edificio judicial estaba en “el máximo admisible de peso” por la enorme cantidad de expedientes.
En base a ese informe, tanto los jueces de primera como de segunda instancia le solicitaron a la Corte Suprema que declarara “feriado judicial, sin suspensión de sorteo, con concurrencia a los lugares de trabajo” para los 10 Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal que funcionan en Marcelo T. de Alvear 1840, de esta Capital. Y habilitara un juzgado de Primera Instancia de la Seguridad Social para asuntos urgentes, “con carácter rotativo”. El jueves, la Corte dispuso declarar días “inhábiles” en siete de los diez Juzgados. Esos siete Juzgados funcionan en el Edificio Anexo de Marcelo T. de Alvear y son los más comprometidos por el sobrepeso, de acuerdo al informe del INTI. Los otros tres funcionan en el sector principal del mismo edificio. Cada Juzgado tiene unas 40.000 causas y los expedientes se acrecientan porque, además, la ANSeS apela la mayoría de las sentencias y no está cumpliendo con el compromiso de desistir cuando las sentencias son similares a lo fijado por la Corte Suprema. Tras el veto del Gobierno a la ley votada por el Congreso que permitía reajustar los haberes de acuerdo a los fallos del Alto Tribunal, crecieron las demandas.
En el pedido, los jueces agregaron que “no podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio, y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos de la carga de fuego debido al exceso de papel”.
Por considerar que es insuficiente la resolución de la Corte Suprema que dispuso declarar “inhábiles” las tres semanas que van del 28 de octubre al 19 de noviembre en siete Juzgados de la Seguridad Social, los empleados agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) comenzaron ayer a la mañana un paro hasta el lunes a primera hora cuando analizarán en asamblea el curso a seguir. Por eso, ayer jubilados y abogados no pudieron realizar ningún trámite .
Los empleados sostienen que tanto los jueces como los camaristas y la propia Corte Suprema reconocieron que los edificios de esos juzgados están con sobrepeso y en situación de colapso por la enorme cantidad de expedientes que acumulan: más de 400.000 . Entonces reclaman “que la Corte Suprema declare feriado judicial con la concurrencia del personal a los lugares de trabajo y sorteo de las nuevas demandas a fin de concentrarse en la descarga y traslado de esos expedientes a los edificios que se habiliten”, como le dijo a Clarín el delegado gremial del Fuero y dirigente de UEJN, Alejandro Giani. “Al declarar esos días “inhábiles”, se suspenden los plazos procesales, pero los Juzgados deben atender a los abogados y jubilados, a lo que se agrega el propio peso y riesgo del público que concurre al edificio. En cambio, con el feriado judicial con concurrencia del personal no hay atención al público”, precisó Giani.
Como anticipó este diario, días atrás un informe del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) alertó que el edificio judicial estaba en “el máximo admisible de peso” por la enorme cantidad de expedientes.
En base a ese informe, tanto los jueces de primera como de segunda instancia le solicitaron a la Corte Suprema que declarara “feriado judicial, sin suspensión de sorteo, con concurrencia a los lugares de trabajo” para los 10 Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal que funcionan en Marcelo T. de Alvear 1840, de esta Capital. Y habilitara un juzgado de Primera Instancia de la Seguridad Social para asuntos urgentes, “con carácter rotativo”. El jueves, la Corte dispuso declarar días “inhábiles” en siete de los diez Juzgados. Esos siete Juzgados funcionan en el Edificio Anexo de Marcelo T. de Alvear y son los más comprometidos por el sobrepeso, de acuerdo al informe del INTI. Los otros tres funcionan en el sector principal del mismo edificio. Cada Juzgado tiene unas 40.000 causas y los expedientes se acrecientan porque, además, la ANSeS apela la mayoría de las sentencias y no está cumpliendo con el compromiso de desistir cuando las sentencias son similares a lo fijado por la Corte Suprema. Tras el veto del Gobierno a la ley votada por el Congreso que permitía reajustar los haberes de acuerdo a los fallos del Alto Tribunal, crecieron las demandas.
En el pedido, los jueces agregaron que “no podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio, y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos de la carga de fuego debido al exceso de papel”.
Seguridad Social: hubo plenario, protestas y reuniones, pero la solución está lejos
Encuentros en un mismo día con Lorenzetti y Cabral (Diario Judicial 26/11)
Los jueces del fuero le pedieron a la Corte que decrete una feria judicial de 3 semanas, a partir del 28 de octubre. Se reunieron con el presidente del Consejo, que prometió siete locales para llevar expedientes, pero destacó que "no hay peligro de derrumbe". Antes, se realizó una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” en los tribunales de Marcelo T. de Alvear.
La Cámara de la Seguridad Social celebró este martes un acuerdo plenario y suscribió un acta en el que le solicitó a la Corte Suprema que decrete una feria judicial de tres semanas (entre el próximo 28 de octubre y el 19 de noviembre) “sin suspensión de sorteos y con prestación de servicios”.
La feria, dijeron fuentes del tribunal a DiarioJudicial.com, implicaría que no haya “traslados físicos de expedientes” para que durante esas tres semanas se trabaje en la “disminución de la sobrecarga” del edificio de Marcelo T. de Alvear al 1800. La alarma se encendió esta semana tras conocerse un informe de técnicos del Inti que alertaron sobre el estado del tribunal. Además, se le pidió a la Corte habilitar un juzgado de primera instancia para asuntos urgentes.
Los voceros consultados por este diario dijeron que el acuerdo plenario de este martes se plasmó en el acta 294, suscripta por 8 de los 9 jueces. En disidencia se pronunció el magistrado Luis Herrero, quien, en diálogo con este medio, aseguró que está en contra de la feria porque a su criterio hay que “terminar con la causa de esta litigiosidad inicua”.
Herrero reiteró que su idea es que el Máximo Tribunal, a través de un fallo que haga lugar a una acción de clase, condene y emplace a la Anses a cumplir en forma perentoria las sentencias Sanchez, Badaro y Elliff.
Tras el acuerdo, los camaristas de la Seguridad Social fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y por el titular del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral.
Luego de ese encuentro, el Consejo puso a disposición del fuero siste locales paar alojar causas "que todavía están con vida", aseguró Cabral a este diario. Además, afirmó que los cuatro camaristas que se encontraron con él le manifestaron que la Seguridad Social está recibiendo "más de 100 mil causas por año", y que éstas se siguen acumulando porque Anses recurre las sentencias.
Este martes, en el edificio de Marcelo T. de Alvear 1840 tuvo lugar una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” a partir de las 7.30 organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El reclamo, según el gremio judicial, fue debido “al estado de colapso” del edificio, indicado por técnicos del Inti.
Según el gremio que encabeza Julio Piumato, luego de esa inspección se informó que “la capacidad de resistencia de peso del edificio ha sido altamente sobrepasada por el gran volumen de expedientes en trámite en los juzgados federales de la Seguridad Social, que genera un grave peligro de vida para los empleados, funcionarios, magistrados y público en general”.
Poco después del mediodía DiarioJudicial.com recorrió el edificio, donde se apilaban cajas de expedientes en las puertas de los despachos. Un empleado que trabaja en una oficina de la parte central del edificio confió a este diario que se estaba haciendo lugar para expedientes de vendrían de dependencias del anexo pero luego, en la oficina de Intendencia, aseguraron que los movimientos obedecían a “cambios de rutina”.
Los jueces del fuero le pedieron a la Corte que decrete una feria judicial de 3 semanas, a partir del 28 de octubre. Se reunieron con el presidente del Consejo, que prometió siete locales para llevar expedientes, pero destacó que "no hay peligro de derrumbe". Antes, se realizó una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” en los tribunales de Marcelo T. de Alvear.
La Cámara de la Seguridad Social celebró este martes un acuerdo plenario y suscribió un acta en el que le solicitó a la Corte Suprema que decrete una feria judicial de tres semanas (entre el próximo 28 de octubre y el 19 de noviembre) “sin suspensión de sorteos y con prestación de servicios”.
La feria, dijeron fuentes del tribunal a DiarioJudicial.com, implicaría que no haya “traslados físicos de expedientes” para que durante esas tres semanas se trabaje en la “disminución de la sobrecarga” del edificio de Marcelo T. de Alvear al 1800. La alarma se encendió esta semana tras conocerse un informe de técnicos del Inti que alertaron sobre el estado del tribunal. Además, se le pidió a la Corte habilitar un juzgado de primera instancia para asuntos urgentes.
Los voceros consultados por este diario dijeron que el acuerdo plenario de este martes se plasmó en el acta 294, suscripta por 8 de los 9 jueces. En disidencia se pronunció el magistrado Luis Herrero, quien, en diálogo con este medio, aseguró que está en contra de la feria porque a su criterio hay que “terminar con la causa de esta litigiosidad inicua”.
Herrero reiteró que su idea es que el Máximo Tribunal, a través de un fallo que haga lugar a una acción de clase, condene y emplace a la Anses a cumplir en forma perentoria las sentencias Sanchez, Badaro y Elliff.
Tras el acuerdo, los camaristas de la Seguridad Social fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y por el titular del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral.
Luego de ese encuentro, el Consejo puso a disposición del fuero siste locales paar alojar causas "que todavía están con vida", aseguró Cabral a este diario. Además, afirmó que los cuatro camaristas que se encontraron con él le manifestaron que la Seguridad Social está recibiendo "más de 100 mil causas por año", y que éstas se siguen acumulando porque Anses recurre las sentencias.
Este martes, en el edificio de Marcelo T. de Alvear 1840 tuvo lugar una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” a partir de las 7.30 organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El reclamo, según el gremio judicial, fue debido “al estado de colapso” del edificio, indicado por técnicos del Inti.
Según el gremio que encabeza Julio Piumato, luego de esa inspección se informó que “la capacidad de resistencia de peso del edificio ha sido altamente sobrepasada por el gran volumen de expedientes en trámite en los juzgados federales de la Seguridad Social, que genera un grave peligro de vida para los empleados, funcionarios, magistrados y público en general”.
Poco después del mediodía DiarioJudicial.com recorrió el edificio, donde se apilaban cajas de expedientes en las puertas de los despachos. Un empleado que trabaja en una oficina de la parte central del edificio confió a este diario que se estaba haciendo lugar para expedientes de vendrían de dependencias del anexo pero luego, en la oficina de Intendencia, aseguraron que los movimientos obedecían a “cambios de rutina”.
Colapso en los tribunales de jubilados: La crisis previsional desnuda historias de desidia y abusos
(Clarín 28/11/10 - Por Claudio Savoia)
Cientos de miles de expedientes atiborran los juzgados porteños, cuya sede podría derrumbarse. Para trabajar, sus empleados desarrollaron curiosas técnicas y estrategias. Testimonios del drama y el absurdo.
La pila de carpetas se deshace de un empujón involuntario. Cuatro manos presurosas intentan reconstruirla en el mismo orden, para evitar que algún papel se confunda o se pierda. Tal vez lo logren, tal vez no: alrededor, montañas de carpetas similares tambalean ante cada movimiento.
Atiborrado de expedientes judiciales, un apéndice del añoso edificio estilo francés en el que funcionan los tribunales previsionales porteños, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, puede derrumbarse en cualquier momento. Los trabajadores que lo habitan exigen una solución que no llega. Tampoco llega para los cientos de miles de personas cuyos nombres encabezan aquellos pesados legajos; ancianos jubilados que le ruegan a la Justicia el dinero que les corresponde y el Gobierno les niega.
Esta historia dramática comenzó a virar hacia el absurdo hace tres meses, cuando un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) advirtió que el edificio estaba en “el máximo admisible de peso”, y que era necesario aliviarlo con urgencia. Clarín quiso comprobarlo.
Para llegar al juzgado de la Seguridad Social número 9, señalado como el más crítico de todos, hay que ingresar al edificio principal –una sólida construcción de estilo francés con más de 80 años– y subir hasta el segundo piso, donde una rampa conecta al visitante con el sobrecargado “edificio anexo”, un tanto más joven, mucho menos robusto. En el sexto, frente a una pesada puerta de metal, Carlos ofrece el ingreso a su lugar de trabajo. Y a otra dimensión.
La primera mirada sólo cederá su sorpresa ante la segunda: montañas de expedientes judiciales trazan calles, pasillos y pasadizos. Del suelo al techo, el panorama es el mismo. A un lado y al otro de cada pasillo, detrás de cada puerta y debajo de cada estante, mueble o mostrador, el panorama es el mismo. El ancho de los callejones apenas permite el paso de una persona delgada: las dos empleadas embarazadas del juzgado ya tienen vedado el acceso a vastas áreas de la oficina. En el suelo, desiguales pilas de carpetas trazan dibujos secretos, que cambian y se desvanecen cada vez que un empleado mueve algún legajo. Internándose por los caminos más estrechos, el aire viciado suelta un fuerte olor a tinta y, engullido por la cordillera de papel, el sonido de las voces y la radio se va apagando.
Para explicar la creación de esta geometría debemos pedir ayuda a la aritmética. Entre jueces, secretarios y empleados de los juzgados y las salas de la Cámara de Apelaciones, en el fuero previsional hay un total de 500 empleados. Pocos, si se tiene en cuenta que desde 2007 cada juzgado recibió unos 35.000 nuevos pleitos, que el stock total de expedientes supera los 400.000, y que tres de los diez tribunales están vacantes desde hace un año. Con un 30% de los juzgados que no tiene jueces y otro 30% que debe cubrir esas ausencias, el 60% de los juzgados trabaja con la mitad de su capacidad. En el 9, donde Carlos presenta a sus compañeros, hay 23 empleados. Cada uno de ellos recibe entre 1.200 y 1.500 nuevas demandas por mes. Un detalle: en este edificio, las cuentas y los números se traducen en gramos. Y los gramos en peligro. El informe del INTI advierte que no puede acumularse un peso superior a 270 kilos de papel por metro cuadrado. La prescripción es largamente burlada.
Los engranajes de esta industria inmóvil funcionan bajo una pulcra organización. Las carpetas se disponen según “pila” o “letra común”. Cada abogado grande –que tramita muchas causas ante el juzgado– tiene un estante asignado, donde se acumulan sus expedientes. Los procuradores de esos estudios consultan esas “pilas” para ver si pasó algo con alguna carpeta. Leen lo que haya, y siembran la pila con los nuevos escritos que alimentarán a ciertos expedientes con reclamos y pedidos. Esas carpetas pasarán a otro sector –debajo de algún mostrador, en otro mueble o rincón– desde el cual esperarán su turno para ser “pinchadas”: un empleado del juzgado perfora los nuevos escritos y los incorpora formalmente a la carpeta.
Luego, los expedientes pasarán al “despacho”, una especie de purgatorio en el que los legajos aguardan ser considerados por el juez, sus dos secretarios o sus respectivos ayudantes. Ellos estudiarán cada pedido, emitirán órdenes y las dejarán dentro de cada carpeta. Otro empleado pinchará esos papeles para adjuntarlos a sus respectivas familias, y la rueda comenzará a girar en sentido contrario. Las medidas simples salen en una semana. Pero si hay que estudiar el expediente, las respuestas pueden demorar meses. Las carpetas de los abogados “minoristas” recorren el mismo espinel, pero están todas juntas, organizadas por “letra común”.
Sigamos con los cálculos: los empleados del juzgado dicen que en un día de trabajo sin pausa pueden mover unos cien expedientes con medidas simples, y entre tres y cinco con resoluciones de fondo. Pero semejante esfuerzo no servirá de mucho: José, por ejemplo, tiene “a despacho” 1.200 expedientes.
Carlos sincera lo evidente: “Trabajás con mucha presión. Es habitual enterarte que algún compañero está con licencia psiquiátrica. Nos quedamos más horas de las que debemos para adelantar trabajo, y no se nota. Pedimos que nombraran más empleados para que los abogados no tuvieran que hacer cola, y nos mandaron sillas para que pudieran hacerla más cómodos”, se enoja. Pero de inmediato una fisura en su voz troca la furia en angustia. “Muchas veces vienen jubilados a preguntar qué pasa con sus juicios. Nosotros buscamos sus carpetas, les explicamos qué está pasando, los escuchamos. Vienen enfermos terminales, preguntan si van a cobrar o no. Aunque uno intente ser frío y equilibrado, genera indignación”, repite Carlos. María José, una joven estudiante de Derecho que trabaja en el juzgado, desvía la mirada de la pantalla de su computadora: “Yo no quiero ser vieja”, sentencia.
Tras idas y vueltas, el mes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso una feria judicial de tres semanas, para trasladar parte de los legajos a un lugar más seguro. En ese lapso, Clarín volvió a los tribunales para acompañar la mudanza de los expedientes militares –solo una porción del interminable magma de papel– del juzgado 9 a la oficina 112 del edificio principal. El traslado se hizo en carros de hierro como los que se usan para estibar mercadería en los almacenes. Cada carro carga hasta 130 kilos de papel, y por su experiencia cotidiana los muchachos ya sabían que una pila promedio de las que manipulan diariamente pesa unos ocho kilos. Para evitar lesiones al cargar o descargar montones de carpetas, habían pedido que les compraran fajas para atarse a la cintura. Nunca llegaron.
José parece otra persona. Está vestido con borceguíes, pantalón de grafa y unos guantes de operario: el polvo y la transpiración desdibujan sus rasgos. “Entre diez varones bajamos unas 7.000 carpetas, el 20 por ciento del total”, explica el atildado empleado judicial. A su alrededor, otro tsunami de expedientes comienza a gestarse en cada rincón del estrecho ambiente, regado de estanterías sobre las que ya germinan carpetas, separadas por pasillos de unos 40 centímetros de ancho. Estos muebles, de madera, estaban en desuso hace años por el peligro que implicaban ante un incendio. Ese riesgo no desapareció, pero ahora no será más que otra mancha en el tigre: en una visita realizada hace dos semanas, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo detectó decenas de irregularidades.
Semejante maniobra, sin embargo, tampoco despeja el futuro: cada día ingresan en el juzgado unas 300 nuevas demandas. Casi una por segundo. José y sus compañeros tienen la certeza de que en menos de un año, la misma cantidad de expedientes que ahora se sacaron de encima será repuesta por nuevas carpetas. Una vez más, hablan las estadísticas. Y dicen que por cada juicio terminado ingresan cuatro nuevos expedientes. De todos esos reclamos, apenas un 5% será rechazado. Pero para comprobarlo, el ofendido deberá esperar unos doce años. O más.
En el cuarto piso, una pareja de viejitos espera sentada en el breve hall. Amanda Martín, 76 años, explica qué hacen ahí. “Mi esposo trabajó 45 años como mecánico en un frigorífico y luego como comerciante. Pero cuando se jubiló, en 1999, le otorgaron la mínima, que eran 150 pesos.
Entonces empezamos el reclamo, porque él tenía un buen sueldo”. Once años después, le anunciaron que hoy le darán un anticipo de la sentencia. Ignora cuánto dinero será, la sentencia y también el anticipo. En estos años, el marido de Amanda siguió cobrando la jubilación mínima, que hoy es de 1.046 pesos. “Cuando uno se jubila pasa al gremio de los menesterosos”, suspira.
Al lado de ella, su marido mira con rencor. Después de unos minutos, niega si nombre y gruñe que no le gustan los políticos ni los periodistas, mientras su mujer pide disculpas con la mirada.
Con la espalda envarada contra el asiento y las manos sobre sus rodillas, el hombre luce como los viejos veteranos de guerra interpretados en el cine por Clint Eastwood. De algún modo lo es. Lleva una camisa celeste, un prolijo saco oscuro y unos gruesos anteojos que no logran atenuar su mirada de penetrantes ojos azules. Sus labios prietos apenas insinúan una boca de pocos dientes y lengua afilada: “¿Sabés cuántos años tengo?”, pregunta al fin. Y de inmediato se responde: “Ochenta. Y esta película ya la vi mil veces”. Pero hoy que al fin va a cobrar algo, ¿no es un buen día? “No. Cómo voy a estar contento, si trabajé toda la vida y estoy en la miseria”, escupe el hombre. Amanda suaviza la escena con una sonrisa magnánima.
La primera versión de esta nota fue producida en el taller de reportajes de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que coordinó el prestigioso periodista estadounidense Jon Lee Anderson.
Cientos de miles de expedientes atiborran los juzgados porteños, cuya sede podría derrumbarse. Para trabajar, sus empleados desarrollaron curiosas técnicas y estrategias. Testimonios del drama y el absurdo.
La pila de carpetas se deshace de un empujón involuntario. Cuatro manos presurosas intentan reconstruirla en el mismo orden, para evitar que algún papel se confunda o se pierda. Tal vez lo logren, tal vez no: alrededor, montañas de carpetas similares tambalean ante cada movimiento.
Atiborrado de expedientes judiciales, un apéndice del añoso edificio estilo francés en el que funcionan los tribunales previsionales porteños, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, puede derrumbarse en cualquier momento. Los trabajadores que lo habitan exigen una solución que no llega. Tampoco llega para los cientos de miles de personas cuyos nombres encabezan aquellos pesados legajos; ancianos jubilados que le ruegan a la Justicia el dinero que les corresponde y el Gobierno les niega.
Esta historia dramática comenzó a virar hacia el absurdo hace tres meses, cuando un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) advirtió que el edificio estaba en “el máximo admisible de peso”, y que era necesario aliviarlo con urgencia. Clarín quiso comprobarlo.
Para llegar al juzgado de la Seguridad Social número 9, señalado como el más crítico de todos, hay que ingresar al edificio principal –una sólida construcción de estilo francés con más de 80 años– y subir hasta el segundo piso, donde una rampa conecta al visitante con el sobrecargado “edificio anexo”, un tanto más joven, mucho menos robusto. En el sexto, frente a una pesada puerta de metal, Carlos ofrece el ingreso a su lugar de trabajo. Y a otra dimensión.
La primera mirada sólo cederá su sorpresa ante la segunda: montañas de expedientes judiciales trazan calles, pasillos y pasadizos. Del suelo al techo, el panorama es el mismo. A un lado y al otro de cada pasillo, detrás de cada puerta y debajo de cada estante, mueble o mostrador, el panorama es el mismo. El ancho de los callejones apenas permite el paso de una persona delgada: las dos empleadas embarazadas del juzgado ya tienen vedado el acceso a vastas áreas de la oficina. En el suelo, desiguales pilas de carpetas trazan dibujos secretos, que cambian y se desvanecen cada vez que un empleado mueve algún legajo. Internándose por los caminos más estrechos, el aire viciado suelta un fuerte olor a tinta y, engullido por la cordillera de papel, el sonido de las voces y la radio se va apagando.
Para explicar la creación de esta geometría debemos pedir ayuda a la aritmética. Entre jueces, secretarios y empleados de los juzgados y las salas de la Cámara de Apelaciones, en el fuero previsional hay un total de 500 empleados. Pocos, si se tiene en cuenta que desde 2007 cada juzgado recibió unos 35.000 nuevos pleitos, que el stock total de expedientes supera los 400.000, y que tres de los diez tribunales están vacantes desde hace un año. Con un 30% de los juzgados que no tiene jueces y otro 30% que debe cubrir esas ausencias, el 60% de los juzgados trabaja con la mitad de su capacidad. En el 9, donde Carlos presenta a sus compañeros, hay 23 empleados. Cada uno de ellos recibe entre 1.200 y 1.500 nuevas demandas por mes. Un detalle: en este edificio, las cuentas y los números se traducen en gramos. Y los gramos en peligro. El informe del INTI advierte que no puede acumularse un peso superior a 270 kilos de papel por metro cuadrado. La prescripción es largamente burlada.
Los engranajes de esta industria inmóvil funcionan bajo una pulcra organización. Las carpetas se disponen según “pila” o “letra común”. Cada abogado grande –que tramita muchas causas ante el juzgado– tiene un estante asignado, donde se acumulan sus expedientes. Los procuradores de esos estudios consultan esas “pilas” para ver si pasó algo con alguna carpeta. Leen lo que haya, y siembran la pila con los nuevos escritos que alimentarán a ciertos expedientes con reclamos y pedidos. Esas carpetas pasarán a otro sector –debajo de algún mostrador, en otro mueble o rincón– desde el cual esperarán su turno para ser “pinchadas”: un empleado del juzgado perfora los nuevos escritos y los incorpora formalmente a la carpeta.
Luego, los expedientes pasarán al “despacho”, una especie de purgatorio en el que los legajos aguardan ser considerados por el juez, sus dos secretarios o sus respectivos ayudantes. Ellos estudiarán cada pedido, emitirán órdenes y las dejarán dentro de cada carpeta. Otro empleado pinchará esos papeles para adjuntarlos a sus respectivas familias, y la rueda comenzará a girar en sentido contrario. Las medidas simples salen en una semana. Pero si hay que estudiar el expediente, las respuestas pueden demorar meses. Las carpetas de los abogados “minoristas” recorren el mismo espinel, pero están todas juntas, organizadas por “letra común”.
Sigamos con los cálculos: los empleados del juzgado dicen que en un día de trabajo sin pausa pueden mover unos cien expedientes con medidas simples, y entre tres y cinco con resoluciones de fondo. Pero semejante esfuerzo no servirá de mucho: José, por ejemplo, tiene “a despacho” 1.200 expedientes.
Carlos sincera lo evidente: “Trabajás con mucha presión. Es habitual enterarte que algún compañero está con licencia psiquiátrica. Nos quedamos más horas de las que debemos para adelantar trabajo, y no se nota. Pedimos que nombraran más empleados para que los abogados no tuvieran que hacer cola, y nos mandaron sillas para que pudieran hacerla más cómodos”, se enoja. Pero de inmediato una fisura en su voz troca la furia en angustia. “Muchas veces vienen jubilados a preguntar qué pasa con sus juicios. Nosotros buscamos sus carpetas, les explicamos qué está pasando, los escuchamos. Vienen enfermos terminales, preguntan si van a cobrar o no. Aunque uno intente ser frío y equilibrado, genera indignación”, repite Carlos. María José, una joven estudiante de Derecho que trabaja en el juzgado, desvía la mirada de la pantalla de su computadora: “Yo no quiero ser vieja”, sentencia.
Tras idas y vueltas, el mes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso una feria judicial de tres semanas, para trasladar parte de los legajos a un lugar más seguro. En ese lapso, Clarín volvió a los tribunales para acompañar la mudanza de los expedientes militares –solo una porción del interminable magma de papel– del juzgado 9 a la oficina 112 del edificio principal. El traslado se hizo en carros de hierro como los que se usan para estibar mercadería en los almacenes. Cada carro carga hasta 130 kilos de papel, y por su experiencia cotidiana los muchachos ya sabían que una pila promedio de las que manipulan diariamente pesa unos ocho kilos. Para evitar lesiones al cargar o descargar montones de carpetas, habían pedido que les compraran fajas para atarse a la cintura. Nunca llegaron.
José parece otra persona. Está vestido con borceguíes, pantalón de grafa y unos guantes de operario: el polvo y la transpiración desdibujan sus rasgos. “Entre diez varones bajamos unas 7.000 carpetas, el 20 por ciento del total”, explica el atildado empleado judicial. A su alrededor, otro tsunami de expedientes comienza a gestarse en cada rincón del estrecho ambiente, regado de estanterías sobre las que ya germinan carpetas, separadas por pasillos de unos 40 centímetros de ancho. Estos muebles, de madera, estaban en desuso hace años por el peligro que implicaban ante un incendio. Ese riesgo no desapareció, pero ahora no será más que otra mancha en el tigre: en una visita realizada hace dos semanas, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo detectó decenas de irregularidades.
Semejante maniobra, sin embargo, tampoco despeja el futuro: cada día ingresan en el juzgado unas 300 nuevas demandas. Casi una por segundo. José y sus compañeros tienen la certeza de que en menos de un año, la misma cantidad de expedientes que ahora se sacaron de encima será repuesta por nuevas carpetas. Una vez más, hablan las estadísticas. Y dicen que por cada juicio terminado ingresan cuatro nuevos expedientes. De todos esos reclamos, apenas un 5% será rechazado. Pero para comprobarlo, el ofendido deberá esperar unos doce años. O más.
En el cuarto piso, una pareja de viejitos espera sentada en el breve hall. Amanda Martín, 76 años, explica qué hacen ahí. “Mi esposo trabajó 45 años como mecánico en un frigorífico y luego como comerciante. Pero cuando se jubiló, en 1999, le otorgaron la mínima, que eran 150 pesos.
Entonces empezamos el reclamo, porque él tenía un buen sueldo”. Once años después, le anunciaron que hoy le darán un anticipo de la sentencia. Ignora cuánto dinero será, la sentencia y también el anticipo. En estos años, el marido de Amanda siguió cobrando la jubilación mínima, que hoy es de 1.046 pesos. “Cuando uno se jubila pasa al gremio de los menesterosos”, suspira.
Al lado de ella, su marido mira con rencor. Después de unos minutos, niega si nombre y gruñe que no le gustan los políticos ni los periodistas, mientras su mujer pide disculpas con la mirada.
Con la espalda envarada contra el asiento y las manos sobre sus rodillas, el hombre luce como los viejos veteranos de guerra interpretados en el cine por Clint Eastwood. De algún modo lo es. Lleva una camisa celeste, un prolijo saco oscuro y unos gruesos anteojos que no logran atenuar su mirada de penetrantes ojos azules. Sus labios prietos apenas insinúan una boca de pocos dientes y lengua afilada: “¿Sabés cuántos años tengo?”, pregunta al fin. Y de inmediato se responde: “Ochenta. Y esta película ya la vi mil veces”. Pero hoy que al fin va a cobrar algo, ¿no es un buen día? “No. Cómo voy a estar contento, si trabajé toda la vida y estoy en la miseria”, escupe el hombre. Amanda suaviza la escena con una sonrisa magnánima.
La primera versión de esta nota fue producida en el taller de reportajes de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que coordinó el prestigioso periodista estadounidense Jon Lee Anderson.
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