jueves, 29 de noviembre de 2012

Nación: El paro nacional en los judiciales

UN LLAMADO AL PLAN DE LUCHA.

 A pesar del apriete de los jueces y funcionarios y de la precariedad laboral de los contratos, los interinatos y la tercericerización de la juventud judicial, la medida tuvo un alto acatamiento en el gremio judicial.

Con una catarata de reclamos, los judiciales tuvieron un primer episodio del 20N con la jornada de lucha del 15. Si bien el 15 no fue masivo, el descontento por la falta de respuesta a los reclamos que se puso en discusión los días previos, fortaleció la adhesión al paro general.

El paro fue total o con un acatamiento mayoritario en Notificaciones, Civil, Laboral, el Cuerpo Médico Forense, el Patronato, el P.O.M, Contencioso, entre otros. En otros lugares, como los juzgados del Palacio, la medida tuvo un acatamiento bajo, pero la falta de público acompañó la tendencia general al paro. 

Sin embargo, no hubo ninguna medida de fuerza o movilización que haya podido dar a esta expresión de descontento un canal de organización y unificación de todas las luchas. Piumato llamó a que nos quedáramos en casa.

El proceso de ruptura que los judiciales han iniciado con el gobierno y Corte por el ajuste en salario, asignaciones familiares que ya nadie cobra, las jubilaciones inferiores al 50% del salario junto a la pérdida del 82% para los jefes de despacho, recategorizaciones pendientes, el proyecto de traspaso del fuero Civil a la Ciudad sin fondos y la extendida precariedad laboral en la juventud judicial es bombardeado por la política de la UEJN.

Los reclamos existen hace mucho y el sindicato de Piumato solo interviene luego de romper con el gobierno y luego de aislar todos los reclamos entre sí. Esto pone en evidencia lo estéril de 9 años y medio de acuerdo entre la UEJN y el gobierno.

Los trabajadores ven con mucho recelo las posiciones políticas que adoptan el moyanismo y Piumato que buscan llevar el descontento de la clase obrera detrás de ajustadores como Scioli, De la Sota o Macri. Esto, a su vez, dio lugar, por un lado, a una ruptura al interior de la UEJN, donde sectores del piumatismo están por un armado bajo el amparo del kirchnerismo y por el otro a la desmoralización de activistas.

La pelea que se abrió con la Corte y el Gobierno no puede encontrar salida en paros aislados o domingueros. El alto acatamiento en las condiciones mencionadas, es un claro llamado a impulsar un plan de lucha por todos los reclamos mediante asambleas por fuero y edificio y la oportunidad de estructurar una corriente clasista.

PBA: El presupuesto del ajuste

En tiempo récord, en una sola jornada y en ambas cámaras, Scioli consiguió la aprobación del presupuesto provincial. La gobernabilidad fue el pretexto para que los legisladores de La Cámpora y Mariotto; y sus pares de De Narvaéz, PJ disidente, el macrismo, los radicales y el FAP, votaran todos juntos y sin ruborizarse el presupuesto 2013. Los K y los ultra K fueron más lejos porque votaron también la “ley fiscal”. Esta “reforma” es simplemente un impuestazo sobre el inmobiliario urbano y un pasaporte a un nuevo mega endeudamiento por otros 20.000 millones de pesos para atender los pagos de la deuda. Por su carácter generalizado, el impuestazo va a encarecer las viviendas y los alquileres echando más nafta al fuego de la carestía y la especulación.
Los diarios destacan el rechazo opositor a la “ley fiscal”. Se trata de un saludo a la bandera, porque los “opositores” votaron el presupuesto que le entrega en bandeja la recaudación provincial a los especuladores capitalistas. Con un huevo en cada canasta, y con De Narváez empujándolo a Scioli hacia 2015, la oposición derechista y también el centroizquierda del FAP, se cuidan de no empiojarle el nido al gobernador. De la negociación que llevó a este voto casi unánime -con excepción de la Coalición Cívica- formó parte el rojo de las cuentas municipales. Las intendencias (todas) exigen “libertad” para acceder al mercado de deuda y un aumento de la coparticipación, que tiene pocas posibilidades de prosperar por el default provincial. En el paquete entra también la discusión de la “morigeración” de la ley de tierras: un reclamo de los intendentes que no quieren que el “diezmo” sobre los emprendimientos privados afecte sus negocios con la patria inmobiliaria.
Con la votación rastrera por las leyes del ajuste, el kirchnerismo provincial quedó a la sombra de Scioli. La buena letra de los “camporistas” parecería estar dándole la razón a quienes sostienen la eventualidad de un giro de Cristina si ésta ve amenazada la performance del gobierno en las parlamentarias del año que viene. Este operativo podría terminar por mandarlo al descenso al “comisario político” Mariotto. Esta “funcionalidad” al sciolismo alcanza a la CTA de Yasky y Baradel, que desertó de la lucha contra el presupuesto ajustador y no asomó por la Legislatura. La borrada de la CTA oficialista es un golpe artero contra todos los trabajadores provinciales y en particular contra los docentes, que reclaman la reapertura de las paritarias. El moyanismo provincial- incorporado a la flamante agrupación sciolista, la DOS, votó ambas leyes, al igual que el kirchnerismo. ¿Habrá foto?
ATE y la CTA Micheli convocaron a un acampe frente a la Legislatura, que terminó levantándose antes del mediodía para no entorpecer el voto de los legisladores, incluidos los del “palo” (FAP). Un fiasco que no llegó a ser siquiera una puesta en escena. Es evidente la presión que ejercieron sus socios del “progresismo”, que quería la cancha libre para darle el sí al presupuesto reaccionario. Al papelón de ATE no lo salva la votación en solitario de una diputada “fapista” de origen sindical, que votó en contra y en disidencia con su propio bloque. La burocracia bloqueó a las delegaciones (muy numerosas) de los empleados de la Dirección de Escuelas y del Hospital de Niños para que no hablaran en el acampe y denunciaran la responsabilidad de todos los legisladores. La sumisión al binnerismo es incompatible con la lucha obrera.

El vacío abierto en la oposición a diestra y siniestra, la mimetización de los K con el “neoliberal” Scioli y el derrumbe del Estado bonaerense con su secuela de huelgas, ocupaciones y manifestaciones contra el ajuste, y la tendencia a la huelga provincial, revalorizan la importancia de que la izquierda actúe y se presente como una expresión política de los trabajadores contra los capitalistas, con un programa y una fisonomía propia en la crisis provincial. La preparación política para las elecciones en el distrito clave del país es estratégica

Scioli, la UIA y las ART

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que crea comités mixtos de seguridad e higiene en las empresas, al estilo de la que ya está vigente en Santa Fe. Estos comités no tienen capacidad de veto obrero, puesto que son paritarios con la patronal, pero las decisiones de inversiones o cambios de condiciones laborales deben pasar por su aprobación en caso de que estén constituidos
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El congreso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Matanza, salió con los tapones de punta para neutralizar dicha norma. Scioli tiene dificultades para vetar lo que ya aprobaron sus propios legisladores, pero le ha hecho una promesa a Osvaldo Rial, el presidente de la UIA provincial, que lo pinta de cuerpo de entero.
 
A través de Cuartango, su ministro de Trabajo, Scioli le habilitó a la UIA que redacte un borrador de reglamentación de la ley. Ni lerdos ni perezozos, los industriales enviaron un proyecto que dispone que los comités mixtos se conformarán en las paritarias de cada gremio. Esto significa que no se constituirán nunca o sólo lo harán como comités conjuntos de la patronal y la burocracia central de cada gremio -lo que es lo mismo que nada. En varios gremios ya hay comisiones paritarias permanentes conjuntas, las que jamás se reúnen ni resuelven nada.
 
Recordemos que los comités mixtos figuraron en el proyecto inicial de reforma de la ley de ART que Tomada envió al Congreso. La disposición fue eliminada en la redacción final, por presión de todas las cámaras empresarias.
 
El gobierno sciolista tiene ahora la pelota en su campo. Puede que tome la reglamentación de la UIA o que directamente no reglamente la norma y deje la ley en el freezer.
 
Este movimiento febril de los empresarios en la provincia, para conjurar toda injerencia obrera en las condiciones de trabajo, se da en paralelo a otro movimiento de la UIA nacional respecto de la reciente ley de ART. Quieren que los aumentos en las alícuotas de las ART no se apliquen al menos por un año, hasta que se pruebe la caída de la “litigiosidad” como resultado de la nueva norma.
 
O sea que pretenden todo: la eliminación de la doble vía y que no aumente el 20% en las indemnizaciones que prevé la ley. El kirchnerismo y Scioli son vehículos de las patronales contra la salud y la seguridad obreras.
 
El rechazo al régimen de las ART -y su agravamiento por la nueva ley- tiene que ser parte del debate y del programa de todo el movimiento obrero. Al mismo tiempo, hay que proponer comités obreros de seguridad e higiene, por fábrica y reparticiones estatales y judiciales, electos por la asamblea de trabajadores, que tengan estabilidad gremial y poder de veto, para poder arrancar a la patronal las inversiones y métodos de seguridad industrial y labiral que preserven la salud y la vida de los trabajadores

miércoles, 28 de noviembre de 2012

El congreso de la AJB debe resolver un plan de lucha


El 20N tuvo una fuerte expresión en los judiciales bonaerenses, a pesar de la presión de los funcionarios y jueces, y la desorganización habitual con la que la Verde encara las medidas de fuerza.

Además, la parte Yakysta de la AJB, conducción en La Plata, San Isidro y Matanza, carnereó la medida. A diferencia de la Anaranjada marplatense que adhirió al paro, la Celeste se dividió mayoritariamente en una posición contraria al paro haciendo causa común con los yakystas y el gobierno, en tanto que en Morón y La Plata lo defendieron.
En estas condiciones, la masiva adhesión al paro nacional deja planteada la necesidad de un plan de lucha por la ley Porcentual, la eliminación del mínimo no imponible, el 82% móvil, el pase a planta de tercerizados y "pasantes" y todos los reclamos.
El 30 tiene lugar el congreso de la AJB, que luego de lo del 20, no puede servir a otros fines que a los de organizar a los judiciales en la perspectiva del plan de lucha.
A instancias de la Celeste, que solicitó que no se realice por las elecciones de Azul donde el Yaskysmo denunció fraude, se suspendió. Lo que presentan como una posición democrática es parte de una especulación de aparato para evitar una mayoría circunstancial de la Azul y Blanca frente a la Verde. Además, de realizarse después de la elección de Azul, dejaría al congreso prácticamente para la feria
La verde y la Azul y Blanca están dispuestas a romper la AJB para llevar a los judiciales detrás de sus variantes patronales y la Celeste abreva a ellas yendo contra el programa de independencia respecto de las variantes de burocracia y los gobiernos con el que se presentó, en las últimas elecciones. Los llamamos a que rompan con el gobierno y todas las corrientes de la burocracia.
Si bien los congresales de la AJB no expresan directamente a los judiciales sino a partir de las listas sábanas de las elecciones generales, la realización del congreso en este marco de crisis política debe estar orientada a la necesidad de organizar a los judiciales.
Llamamos a la Celeste y los sectores combativos de la AJB a desarrollar un bloque común de independencia política para que el congreso resuelva la convocatoria a un congreso provincial de delegados electos y mandatados por asamblea para organizar un plan de lucha. Así defenderemos la unidad de la AJB sobre bases clasistas.

martes, 6 de noviembre de 2012

Preparemos con fuerza la huelga nacional

Que los trabajadores decidan en asambleas

 
Aunque no han precisado la fecha, la CGT y CTA opositoras han anunciado la convocatoria a una huelga nacional para el 20 ó 22 de noviembre próximos. Llegaría precedida de la movilización masiva a Plaza de Mayo, el 10 de octubre, y de una menor, el 24 pasado, frente al Congreso. También la precedió la del 27 de junio, por la anulación del impuesto al salario y la actualización del salario familiar. Ninguna de las reivindicaciones fue conseguida; el Congreso votó a favor de la ley ART.

El anuncio de la primera huelga nacional contra el gobierno kirchnerista viene precedido por estas frustraciones y por una ola de despidos -cerca de cien mil- en el marco de la recesión de la economía.
 
A esto, se suma la desactualización de los convenios de trabajo, debida a la inflación. Los docentes bonaerenses, por esta razón, han lanzado un plan de huelgas contra Scioli. El gobierno K ha llegado al extremo de violar la ley de movilidad jubilatoria para rascar un 3% -otros 6 mil millones anuales- a los jubilados. El patrimonio de la Anses sigue siendo confiscado en forma sistemática para pagar la deuda pública de un Estado en ‘defol’. La orientación anti-obrera del oficialismo ha marginalizado a la CGT oficial, sobre la cual pesa, además, la intención del gobierno de apropiarse de parte de los servicios de las obras sociales y de no pagar una deuda con ellas de 14.300 millones de pesos. La misma marginalización enfrenta la CTA de Yasky.
De conjunto, la huelga se inscribe en claras tendencias del movimiento obrero: la huelga de medio millón de estatales que hicieron retroceder a Scioli y a Cristina en la cuotificación del medio aguinaldo, El Tabacal, Los Dragones, el paro camionero de combustibles, la huelga del Inti, los paros en Aten Neuquén, el paro de diez días del subte, los paros de la 60, la reciente ocupación y huelga de Educación en La Plata -hace un par de horas- y el comienzo de una huelga de petroleros, que forzó la capitulación del gobierno.
El paro general se inscribe en el marco de protestas de otros sectores sociales, de crisis en los aparatos de represión del Estado y de una manifiesta crisis política que enfrenta a varios sectores de la burguesía entre sí y con el gobierno. Nos referimos al choque con Clarín y al rechazo de las grandes patronales al cepo cambiario.
La huelga, de todos modos, está planteada en forma aislada, sin la ambición, por lo tanto, de arrancar las reivindicaciones que esgrime -ni siquiera como presión. Para la burocracia sindical que convoca a la huelga, el propósito es ir armando un ‘poskirchnerismo’ que, en principio, debería manifestarse en una derrota electoral del gobierno en las legislativas del año que viene. Como la burocracia convocante no presenta un programa alternativo de conjunto del movimiento obrero, el planteo del paro de 24 horas procura socavar la capacidad del gobierno en su enfrentamiento con la ‘Corpo’ y con los sectores capitalistas que reclaman, cada vez más, el fin del cepo cambiario y del intervencionismo económico del Estado mediante una devaluación de la moneda y el libre acceso a los capitales del exterior. En la pelea intercapitalista, Moyano y Micheli ponen al movimiento obrero como furgón de cola de la patronal que milita en la oposición. Este es el significado de los saludos que intercambiaron Macri y Moyano, al que ambos pretendieron disimular como un gesto de protocolo. Moyano y Micheli no ignoran, en absoluto, que una victoria opositora significaría un ajuste mayor contra los trabajadores -e incluso mucho más: un Rodrigazo. Para ellos, una catástrofe semejante sería un costo menor, que esperan pasajero, para salir del impasse en que ha entrado el conjunto de la situación de Argentina bajo la gestión kirchnerista.
Desde el Partido Obrero no disimulamos las contradicciones que enfrenta la huelga como consecuencia del carácter procapitalista de la orientación de la burocracia sindical. Las ponemos crudamente de manifiesto para hacer bien clara la estrategia política para superar esas contradicciones; o sea, poner las luchas obreras al servicio de una salida de conjunto de y para los trabajadores. Llamamos a ir con todo a la huelga, en función de las reivindicaciones de la clase obrera y en el marco de la denuncia de la política de la burocracia sindical, porque cuanto mayor sea el número de los huelguistas y más grande su organización e intervención militante, también mayores serán las posibilidades de desbaratar la intención de poner al movimiento obrero al servicio de una política capitalista alternativa.
La peculiaridad de la situación política, que funciona como marco de la huelga nacional, es que encontramos a una clase patronal dividida y a un gobierno que va perdiendo base social y se repliega en una política de camarilla. El régimen político que gobierna se disgrega como consecuencia de una fragmentación por arriba, la que va creciendo, y un aumento del descontento por abajo, el cual abarca a las clases medias. La pelea por las reivindicaciones de la huelga acentúan estas tendencias desintegradoras. Por eso, debemos plantearla como una transición hacia una lucha independiente de conjunto. De lo contrario, opera como una acción relativamente ciega bajo el comando de la burocracia, que puede ser instrumentada por los clanes patronales enfrentados.
El impulso consecuente de la huelga nos plantea otra situación peculiar, pues -por un lado- debemos esforzarnos para que sea apoyada por el ciento por ciento de los sindicatos que la convocan, pero -por otro lado- debemos empeñarnos en conseguir el apoyo de las organizaciones de base de los sindicatos alineados con el gobierno. Esta situación especial nos compromete a desarrollar una agitación muy fuerte y a desarrollar una gran discusión sobre los objetivos de la huelga, desde el punto de vista de una salida obrera. El oficialismo se esforzará por presentar a la huelga como ‘golpista’ o, al menos, ‘funcional a la derecha’. La huelga, en estas condiciones, nos plantea el desafío de forjar la unidad de clase de la clase obrera para contrarrestar las tendencias divisionistas -tanto del gobierno como de la dirección de la propia huelga, que la presenta en el marco de un acuerdo político con la patronal opositora.
Es en estas condiciones que debemos discutir cuántos cuerpos de delegados, cuántas fábricas, cuántas escuelas, cuántas reparticiones, cuántos ramales ferroviarios podemos plegar a la huelga en forma activa, con piquetes, desde el clasismo. Tenemos un desafío concreto en el subte, cuya dirección sindical K se opone a la huelga. Frente a esto decimos: que se discuta la posición del subte frente a la huelga en una asamblea general. Después de todo, el sindicato del subte está más perjudicado por la política del gobierno que los sindicatos que adhieren a la huelga, pues no es reconocido por el Ministerio de Trabajo, no ha podido concluir -en casi un año- una negociación paritaria y la inminencia de su traspaso a la Ciudad significará un tarifazo mayor, así como un aumento de impuestos y negociados en gran escala del gobierno privatizador local. No hay que excluir -porque esto ya está en el candelero- un acuerdo entre Cristina y Macri, cuyo propósito es repartirse el botín inmobiliario de la Capital.
Reivindicaciones como la anulación del impuesto al salario serán vitales para trabajar, los veinte días que vienen, entre los tres millones de trabajadores afectados. Los 7.000 pesos de básico, la universalización del salario familiar y el fin del régimen de las ART, así como comisiones obreras de salubridad por fábrica, son planteos que tenemos que llevar a las asambleas y plenarios de delegados, convocados o autoconvocados.
En nuestra agitación política no podemos ceñirnos -lo repetimos- a las reivindicaciones. El paro nacional, como tal, cuestiona al poder político y coloca a la clase obrera como protagonista, para arrancar a los demás sectores sociales agraviados del campo de la burguesía opositora y llevarlos al campo propio de los trabajadores.
En los ferrocarriles, convocamos a unir el planteo del paro al de la expulsión de la patota asesina. Lo mismo en la Uocra. En todo el transporte se plantea la nacionalización de las privatizadas, igual que frente a la crisis energética y, desde luego, se plantea el problema del repudio a una deuda externa en cuyo altar se sacrifica el ajuste de las provincias o el saqueo de los fondos de la Anses.
La Coordinadora Sindical Clasista planteará esta perspectiva en cada rincón del movimiento obrero, para que el paro oxigene una salida de los trabajadores por la izquierda a la crisis del kichnerismo, reforzando su posición en todos los planos de la lucha política.

Ley de ART: cómo la enfrentamos

El parlamento aprobó, con una rapidez asombrosa, la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. En la aprobación de 140 votos contra 83, el oficialismo tuvo un aliado fundamental: el PRO, que votó masivamente por la ley. Lo hizo el día después de sacarse “la foto” con Moyano.

La actitud de los parlamentarios sindicales que responden a Moyano frente a la ley fue de una cobardía sin límites, pues no votaron en contra. Simplemente, se ausentaron del recinto.
 
Finalmente, la abstención del ex cerebro legal de Moyano -Recalde- se consumó con los números cantados y, como veremos, para seguir actuando en la vereda del gobierno.
La patronal argentina festejó la votación. Su principal asesor laboral, el abogado Funes de Rioja, es el verdadero impulsor oculto de esta nueva Ley. En su nefasta historia, la masacre de las ART llevó el nivel de los juicios de 3.000 a 70.000. Estamos hablando de la friolera de unos 21 millones de dólares en concepto de indemnizaciones. La llamada “industria del juicio”, que tanto atacaron Picheto y Rossi en ambas Cámaras, sólo puso de relieve la inmensa depredación laboral del sistema de las ART, que no reconoce nada que no sea un infortunio gravísimo para el trabajador.
Página/12 la llama “la ley corta”, por su carácter incompleto. Lo que oculta el diario es que todavía preparan un mayor avance sobre las conquistas laborales. De las enfermedades que han elevado a miles los juicios de los trabajadores, hay tres que las ART desconocen de hecho: la lumbalgia, las hernias y las várices.
La ley no establece aún, en absoluto, los criterios a seguir en este aspecto, ni sus resarcimientos. Ya conocemos la posición de la Presidenta sobre la “tendinitis” de los compañeros del subte, como un adelanto de las posiciones patronales al respecto. Esta cuestión se comenzará a discutir esta semana con la burocracia sindical. Han sido citados por el gobierno las ART, las cámaras patronales, la CGT-Balcarce, el sector de Yasky y el propio Recalde -ahora, de hecho, en otras funciones- para establecer un criterio sobre las enfermedades.
La nueva ley de ART ya aprobada va a generar una polémica legal de inconstitucionalidad, por la discriminación que sufre el trabajador accidentado respecto de un derecho universal como es el acceso a la Justicia. Algunas grandes patronales lo admiten, pero señalan que ganarán tiempo y que lograrán frenar, en parte, los litigios laborales. La clase obrera deberá enfrentar esta ley en sus propios lugares de trabajo, con la quiebra de dos cuestiones que son la madre del 80% de las enfermedades laborales: la flexibilización laboral y la falta de inversión en seguridad.
En nombre de la “prevención”, el FAP ha presentado proyectos donde promueve la creación de comités de seguridad e higiene obrero patronales. Es la línea que se ha mostrado impotente en Santa Fe, donde los cordones industriales están a la cabeza de las muertes en las fábricas por accidentes laborales. Nada dicen de los ritmos de producción agobiantes, del salario a destajo en las cláusulas de presentismo o de la nula inversión de las patronales -factores decisivos en los accidentes laborales.
Un seguro del Estado bajo control de los trabajadores sería lo único que eliminaría esta situación. En los lugares de trabajo: comisiones obreras, electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales.
 
A su vez, la cuestión debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes especiales elegidos por los trabajadores. No hay que olvidar nunca que la mejor “ley” sobre enfermedades laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general del ’75. Allí, se impusieron en los convenios de ese año las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por Alfonsín, Menem, De la Rúa y los K, sólo se actúo destruyendo los convenios del ’75.
La anulación de todo el régimen de las ART y las banderas planteadas tienen que formar parte del programa del paro nacional que está en discusión y que la burocracia sindical se niega a convocar