martes, 3 de abril de 2012

Trabajo escalvo en el Penal de Batán


El modelo productivo, un modelo de barbarie
En los últimos días, se ha destapado un escándalo que involucra al Ejecutivo bonaerense, al Servicio Penitenciario bonaerense y al Ejecutivo local, ya que en el penal carcelario de la ciudad de Batán funciona una “cárcel-fábrica”, donde los detenidos cumplen una jornada laboral entre 8 y 10 horas a cambio de “salarios” que oscilan entre 600 y los 1.000 pesos mensuales. También se alertó que los condenados tampoco perciben el pago de horas extras, aguinaldos, vacaciones ni indemnización y que realizan sus tareas en condiciones de “servidumbre y esclavitud”.
“Allí funcionan una empresa panificadora, una de calzado industrial, una de fabricación de hornos industriales, una dedicada a la pescadería, una lavandería industrial, una blockera, una trituradora de tomates y una de confección de cajones para verduras y pescados”. Allí se realizan productos que después son puestos en el mercado y por los cuales los empresarios reciben una renta; una ganancia tan brutal que varios de los empresarios que se encuentran en esa UP han levantado los establecimientos que tenían fuera de los muros y se han establecido únicamente dentro de la cárcel. Estos empresarios se encuentran organizados en la Cámara de Emprendimientos Integrados, que preside Cristian Alessandroni.
Estas empresas sólo pueden ingresar al Servicio Penitenciario a través de convenios con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el que abre las puertas para este negocio gigante, el cual tiene como consecuencia un régimen de barbarie.
“Hace días, un fallo del Tribunal de Casación bonaerense -a raíz de la denuncia de una ONG- obligó al Estado provincial a proveer de obra social, ART, aportes jubilatorios y salarios acordes con la ley de Contrato de Trabajo para los internos de la cárcel de Batán, a lo cual el gobierno provincial hizo caso omiso”(1).
Ante esta situación, el gobernador Scioli y su vice, Mariotto (enfrentados, entre otras cosas, por la política de seguridad), han pactado un silencio que tiende a perpetuar los negocios del servicio penitenciario, las ganancias de los empresarios locales y este régimen de trabajo esclavo.
Esta connivencia del gobierno provincial y local se reafirma en el hecho de la falta de controles por parte del Ministerio de Trabajo y de organismos oficiales, los que no han verificado el estado de registración de los trabajadores, como tampoco el estado de sus condiciones laborales. Vale recordar que la sentencia contra el Ejecutivo provincial viene como consecuencia de la denuncia efectuada por la ONG Pensamiento Penal.
Por lo manifestado, desde Judiciales en Lucha y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que este régimen de trabajo esclavo es estructurado y sostenido desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y su Secretaría de Seguridad, con el fin de garantizarles ganancias extraordinarias a los empresarios afines
1. Fuente: www.0223.com.

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