Debutó la llamada "ley antiterrorista". El fiscal provincial de Catamarca, Julio Landívar, imputó como "terroristas" a los nueve ambientalistas que fueron detenidos en la localidad de Santa María, cuando realizaban cortes selectivos en la ruta 40 contra el monopolio minero Bajo La Alumbrera y en apoyo a la lucha de Famatina. Los cortes selectivos apuntan a impedir el ingreso de material sin afectar la circulación del resto de los vehículos.
Según la abogada de los detenidos, los ambientalistas "están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal". Se los acusa de pertenecer a una "organización que pretende atemorizar", tomado del artículo 213 bis.
La defensa de los ambientalistas denuncia que la Justicia provincial aplica una ley de órbita federal a un hecho que ocurre en una ruta nacional, la 40, cuya jurisdicción corresponde también a dicha Justicia.
La ofensiva de la Justicia se da en momentos en los que el gobierno redobla su apoyo a los monopolios mineros en general y a La Alumbrera en particular (lo que ha sido ratificado con insistencia por la gobernadora K, Lucía Corpachi). El puntero K de Catamarca, Bombón Mercado, ha sido designado como representante de la estatal Aguas del Dionisio en el directorio de Bajo La Alumbrera.
La utilización de la "ley antiterrorista" confirma la denuncia hecha por todas las organizaciones que repudiamos su aprobación, y pone en ridículo a quienes la minimizaron con el argumento de que sería incompatible con un 'gobierno popular'.
Llamamos a reforzar la movilización para lograr la anulación de la "ley antiterrorista
No hay comentarios:
Publicar un comentario