La Cámara de Casación es el tribunal penal más importante del país, la última instancia para apelar los fallos de los tribunales inferiores antes de llegar a la Corte. En las diferentes salas de la Cámara, se encuentran varios juicios cruciales. Entre ellos, la causa de las escuchas telefónicas que involucra a Macri, así como las denuncias contra el juez Oyarbide. En Casación también está depositado, sin respuesta, el último pedido de excarcelación en favor de José Pedraza.
Los jueces de casación han recibido numerosas impugnaciones, principalmente por las demoras incurridas en los juicios a los genocidas de la dictadura. El kirchnerismo impulsó una renovación parcial de sus miembros, pero dejó en pie a buena parte del viejo elenco. Por ejemplo, sigue en su lugar Eduardo Riggi, juez de los años de la dictadura. Riggi cobró notoriedad recientemente al haber sido mencionado como uno de los camaristas ‘tocados' -por 50 mil dólares- para otorgar la excarcelación a Pedraza.
La elección del nuevo presidente de la Cámara, días atrás, provocó un nuevo episodio de crisis. La candidatura del nuevo presidente, Pedro David, fue impulsada por el juez Alejandro Slokar, un discípulo de Zaffaroni, quien ingresó a Casación fogoneado por el kirchnerismo. La nominación de David fue resultado de un compromiso: "se aliaron parte de los nuevos camaristas con un sector de los antiguos magistrados, gracias a un acuerdo que tejió Slokar" (La Nación, 14/1). El debate que precedió a esta elección fue registrado "en un acta secreta para tratar de evitar que trascendieran las pujas internas del cuerpo" (ídem). La ‘renovación' de este tribunal ha seguido un camino conspirativo -un método que se hará sentir en sus próximos fallos, entre ellos los de las causas relacionadas con el asesinato de Mariano.
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