José Soborno

Indagarán a Pedraza por intentar coimear a los jueces de Casación

En la causa judicial que investiga el tráfico de influencias y cohecho para favorecer a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra, el juez de instrucción Luis Rodríguez llamó a indagatoria a José Pedraza; al ex juez federal -y ex abogado de uno de los acusados- Octavio Aráoz de Lamadrid; al contador de la UF, Angel Stafforini; al secretario de Casación, Luis Ameghino Escobar (h) y al agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Juan José Riquelme. Las indagatorias fueron solicitadas por el fiscal Sandro Abraldes en mayo y tendrán lugar entre el 5 y el 16 de diciembre próximos.

La investigación apunta a determinar si existió, de parte de los acusados, la intención de tentar con coimas (entre 50 mil y 75 mil dólares) a los jueces de Casación para excarcelar a los primeros siete detenidos por el asesinato de Mariano. En el centro de las sospechas que arrojan los cruces telefónicos se encuentra José Pedraza.

Los imputados
Aráoz de Lamadrid, quien intervenía como defensor de Armando Uño y había sido secretario del juez Eduardo Riggi -uno de los camaristas-, era el nexo entre el agente de la Side Riquelme y el tribunal. El secretario Ameghino Escobar era el encargado de manipular el sorteo para que la causa recayera en la Sala III, integrada por Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell. Angel Staffaroni -quien además de ser el contador de la Unión Ferroviaria, es aún vicepresidente del Belgrano Cargas- fue a quien Pedraza le requirió telefónicamente que reuniera 25.000 dólares destinados a torcer la voluntad de los jueces.

La Sala III
En el plazo de estos meses, el juez solicitó el cruce de todos los teléfonos utilizados por los camaristas, pero los resultados de esa investigación aún no fueron dados a conocer.

Entre tanto, el juez Mitchel presentó hace pocas semanas su renuncia -inmediatamente aceptada por el Poder Ejecutivo-, agobiado también por una causa que se le sigue por intermediar en la apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura.

Por su parte, González Palazzo, en pleno acuerdo extraordinario con sus pares, anunció que daba un paso al costado de su subrogancia en la Cámara de Casación a raíz de lo que él considera "una persecución en su contra". El mismo día de su decisión, se retiró de Comodoro Py en ambulancia por un pico de presión.

Eduardo Riggi es el único de los tres jueces que aún persiste en su cargo como integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hombre del Opus Dei, fue nombrado juez en 1978 por el genocida Videla; años más tarde, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación junto al fiscal Juan Martin Romero Victorica -otro acusado de haber sido intermediario en la apropiación de niños durante la dictadura.

El vínculo entre Riggi y el agente de inteligencia Riquelme no es nuevo. El "service" convertido en operador de Pedraza es un habitué de los pasillos de Comodoro Py. Diversos testimonios le atribuyen trato frecuente no sólo con Riggi, sino también con el ex camarista Alfredo Bisordi -ahora dedicado a ejercer la abogacía como defensor de represores.

Para mayores casualidades, hace unos años la misma Sala III sobreseyó a Pedraza en la causa por la estafa de los velatorios en la mutual de su gremio (Página/12, 30/5).

Los querellantes de la causa principal -la que investiga el asesinato de Mariano- también están interviniendo en esta causa "paralela", al igual que en la que investiga la participación de la Policía Federal