La Corte Suprema ha vuelto ha darnos una lección de derecho: acaba de declarar la validez de una prescripición legal en el caso de un policía que torturó a un joven hasta la muerte. Según los magistrados el hecho no tipifica un crimen de lesa humanidad porque no obedece a una política de Estado.
¿De dónde sacan semejante conclusión? Cualquiera sabe que es al revés: la tortura de todo tipo se practica en forma regular en comisarías y cárceles, lo cual tipifica de por sí una política de Estado. Si semejantes atrocidades no son crímenes de lesa humanidad ni políticas de Estado, ¿qué cosa sí lo sería en un régimen constitucional? Para la Corte, los crímenes de lesa humanidad no pueden existir, por definición, o sea ‘a priori’, en un Estado de derecho. ¿Qué función cumple, entonces, legislar o dictar fallos sobre figuras jurídicas inexistentes? La Corte sabe muy bien que la prescripción legal de los juicios ya no protege a los individuos de las dilaciones de los procesos judiciales sino que son instrumentos para evadir condenas de criminales comprobados. El crimen de lesa humanidad tenía la utilidad de evitar estas prescripciones en materia penal. La Corte ha cancelado esta posibilidad con ese fallo, y con ello ha demostrado que el derecho, que no es más que la expresión jurídica de la organización social vigente, es un arma del capital y del Estado, o sea la fuerza de las bestias.
Mientras la Corte progresista de los Zaffaroni brindaba esta lección política sobre el derecho, la comisión de legislación penal de Diputados aprobaba un proyecto de ley que incorporaría al Código Penal los crímenes de lesa humanidad. La enumeración de las atrocidades que quedarían incluidas en esta figura se aplica perfectamente al policía que acaba de ser eximido de condena.
Pero en realidad no sirven para nada porque ya se ha establecido que las atrocidades sólo son de lesa humanidad cuando se trata de una política de Estado, o sea dentro de un régimen de facto, que ha abolido los derechos constitucionales. Los legisladores, que saben todo esto, simplemente se prestan a un torneo de demagogia.
Pero del mismo modo que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, la ideología de una semicolonia no tiene una inspiración nacional. La reciente ley antiterrorista, aprobada por los diputados que se preocupan por los crímenes de lesa humanidad, fue impuesta por Bush para reprimir a cualquier movimiento de protesta social o nacional. La razón invocada es la guerra global contra el terrorismo. Apelando, precisamente, a este ‘motto’, el ministro del Interior de Alemania, Wolfgang Shlaübe, acaba de reclamar, en una entrevista que concedió al semanario Der Spiegel, la necesidad de establecer tribunales especiales para tratar los delitos del terrorismo. Hasta aquí el hombre no es siquiera original, pues es lo que ha venido haciendo Bush -aunque la Corte Suprema de Estados Unidos ha prohibido la instalación de cortes militares para el juzgamiento de civiles. Con una salvedad, claro: que así lo autorice una ley del Congreso. En efecto, el Congreso aprobó el tratamiento de sospechosos de terrorismo por comisiones militares, que prevé el recurso a una corte civil e incluso la posibilidad de revisión por parte de la Corte Suprema. Un comentarista del Financial Times, profesor de Derecho en Harvard, saluda alborozado este progreso jurídico, asegurando que otorga derechos que van más allá de lo contemplado por la Convención de Ginebra (31/7), con relación a crímenes de guerra. No se le ha ocurrido, por lo que parece, que esas cortes civiles se enfrentarán a la falta de un cuadro legal propio para esos casos, y al hecho manifiesto de que entrarían en colisión con las disposiciones de la Constitución.
Es precisamente este raciocinio, que combina un sistema militar con una supervisión civil, el que acaba de echar raíz en la que es considerada la madre del Estado de derecho, el Reino Unido. Por un lado, el flamante primer ministro, Georges Brown, ha solicitado autorización para llevar la incomunicación de los detenidos clasificados como terroristas de 26 a 58 días. Pero la comisión de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes fue más lejos: ha pedido la abolición de la Convención de Ginebra (lo que no hicieron los legisladores norteamericanos), cuando se trata del procesamiento de sospechosos de terrorismo (Financial Times, 31/7). Como esa convención es la única norma sobre la materia, los legisladores del Estado de derecho más antiguo del mundo están simplemente pidiendo la abolición del derecho. Se trata del reconocimiento claro del derecho de las bestias en el marco del Estado de derecho. La pregunta es: en caso de prevalecer esta propuesta, ¿las torturas aplicadas a los presos que se presumen terroristas, serían o no crímenes de lesa humanidad? Para nuestra corte no lo serían, ¡porque el Estado criminal se ampara en la ley!
El comentarista del FT no se priva de hacer gala de su humor negro, porque dice que la nueva realidad del terror globalizado debe ser “incorporada en instituciones duraderas que sostengan las concepciones occidentales de la justicia”. ‘My God’.
Jorge Altamira
Jorge Altamira
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