lunes, 1 de octubre de 2012

Nación: RECATEGORIZACIÓN YA DEL P.O.M

TODOS A LA MARCHA AL PALACIO DE JUSTICIA Y AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

 
Elección de delegados por edificios y talleres con mandato de asamblea para decidir y organizar los pasos a seguir

Desde la agrupación Judiciales en Lucha queremos saludar la lucha de los compañeros del Personal Obrero de Maestranza por su recategorización, lucha que comenzó con asambleas, un petitorio masivamente firmado y una movilización frente a la Corte y el Consejo de la Magistratura para que la otorguen.

Esta lucha por la equiparación de derechos al interior del poder judicial, se da en un cuadro de ajuste de la Corte y el gobierno nacional sobre los judiciales: eliminación de 82% móvil para los Jefes de Despacho, topes a las asignaciones familiares, traspaso del fuero Civil a la Ciudad e imposición del impuesto a las ganancias.  

Si bien ahora la pelota queda del lado de la Corte y el Consejo, todo indica que habrá que proseguir las medidas para llegar al objetivo.

Planteamos que la UEJN debe impulsar la lucha del P.O.M. con un plan de lucha que organice a las bases en los lugares de trabajo a partir de la elección de delegados por edificio y taller con mandato de asamblea de base.

Por un cuerpo de delegados del P.O.M para organizar desde abajo la lucha hasta la obtención de la recategorización, y para abrir la pelea por otras reivindicaciones como el viático para los ordenanzas, el fin del trabajo a empresas tercerizadas que debe hacerse en los talleres y el pase a planta de los interinos, contratados y tercerizados de mantenimiento y limpieza.

Viva la lucha del P.O.M. por la recategorización

sábado, 29 de septiembre de 2012

Por un plan de lucha por nuestras reivindicaciones

 

Llamamiento del Partido Obrero

Ni los K de las ART ni una Unión Democrática

¿Micheli y Moyano se han juntado para reforzar la capacidad de los trabajadores para luchar contra el impuesto al salario, contra la desvalorización del salario familiar, por el rechazo a la nueva ley antiobrera de las ART, para que el sindicato del subte tenga su derecho a negociar su convenio de trabajo? ¿O acaso para subir el salario mínimo al costo de la canasta familiar y la jubilación al 82% móvil?
 
De ninguna manera. Moyano abandonó esa lucha el mismo día de la manifestación del 27 de junio pasado. La convocatoria para el próximo 10 de octubre no tiene prevista ninguna continuidad ni el inicio de un plan de lucha. Moyano ha metido a la CGT Azopardo en formol, para lucirla en los discursos -o en la pelea por los fondos de las obras sociales-, pero no para participar en esta lucha. Ni siquiera su sindicato de rama, Camioneros, participa con un paro en esta jornada. De Micheli se puede decir lo mismo. Moyano y Micheli buscan encuadrar la indignación de los trabajadores, pero de ninguna manera llevarlos a la victoria por sus reclamos.

La jornada del 10 de octubre próximo no puede ser desligada del aspecto más importante. Mientras Moyano trenza por un frente opositor (con figuras tan ‘pro-obreras’ como De Narváez, De la Sota, Lavagna e incluso Macri), Micheli le arrima el bochín a la Mesa de Enlace del capital sojero por medio de una de sus patas -la Federación Agraria que encabeza Buzzi.

Estamos ante una operación política para usar a una parte del movimiento obrero como una masa de maniobra al servicio de las operaciones políticas de los partidos capitalistas que juegan en la oposición. No llaman a los caceroleros del jueves 13 a unirse a la clase obrera por reivindicaciones sociales y políticas comunes (incluido el rechazo a la re-re-re), sino que se alinean con las cúpulas políticas patronales, las que ven en los cacerolazos una oportunidad para sacar del olvido a una oposición capitalista y anti-obrera.

El frente Moyano-Micheli debe ser caracterizado a partir del contexto político en el que busca su lugar. El movimiento obrero no gana nada con oponerle una Unión Democrática al gobierno K. ¿O acaso alguno de los integrantes de esta Unión Democrática tiene la intención de ayudar a los trabajadores a derrotar la nueva ley ART, que nos cierra el camino del reclamo judicial por los accidentes de trabajo?

En la clase capitalista hay una pelea por el plan económico, es cierto, que se da entre quienes quieren devaluar el peso y meter el ajuste, y los que temen la conmoción de la devaluación y compensan a los capitalistas con subsidios ultra millonarios.

Los trabajadores no podemos estar con ninguno de estos dos, pero sí pelear por una alternativa política propia.

Moyano le dijo una vez a CFK que quería ver algún día un presidente de los trabajadores. ¿Con quién? ¿Con la dupla Sociedad Rural-De Narváez? ¿Con patronal automotriz De la Sota, quien acaba de autorizar a una empresa contaminante de Monsanto en Córdoba, pero no impide la flexibilidad laboral y la suspensión reiterada de obreros? ¿Con el mismo De la Sota que acaba de hacer apalear a los empleados públicos y a los jubilados de su provincia?

Nosotros sí queremos un gobierno de trabajadores, pero para eso hay que impulsar una movilización política independiente del Estado y de los partidos patronales.

Convocamos a marchar el 10 en nuestra columna, la del Partido Obrero, que participa y promueve al Frente de Izquierda con una plataforma clara.

Ni Micheli ni Moyano han convocado a deliberaciones en la CGT y la CTA para que las bases puedan discutir la posición del movimiento obrero frente a la crisis política y la ruptura creciente del frente patronal que integran el gobierno y los llamados opositores. Esta ruptura se calienta con la decisión de intervenir a Clarín para beneficiar a Telefónica, a Manzano, al casinero Cristóbal López o a Electroingeniería. Micheli y Moyano nos quieren llevar por las narices atrás de uno de los bloques patronales, agitando reivindicaciones nuestras por las cuales no están dispuestos a pelear.

Somos conscientes de que los trabajadores no aprecian todavía la situación política de la misma manera que la estamos expresando nosotros, el Partido Obrero. Una mayoría que siente la necesidad de dar pelea por las reivindicaciones planteadas no establece todavía conclusiones sobre la relación política entre Moyano-Micheli y la patronal opositora -e incluso derechista. Creen que sus intenciones son consecuentemente reivindicativas.

Nosotros, el PO, no nos apartaremos de los trabajadores que quieren luchar contra la política anti-obrera de los K, pero lo hacemos con una delimitación política tajante y nítida de las direcciones convocantes, las que quieren que el movimiento obrero sea siempre el furgón de cola de los partidos capitalistas y, en este caso, de la derecha y del centroizquierdismo, el cual de izquierda no tiene ni un lóbulo del cerebro.

Nuestra línea es sumar por el lado de la clase obrera. Mediante plenarios de delegados de base de gremios y localidades que atraviesen las fronteras de alineamiento de las centrales.

Abajo el régimen de las ART, anulación del impuesto al salario, salario familiar para todos de 700 pesos por hijo, salario equivalente a la canasta familiar, reapertura de paritarias, 82% móvil; no a los ajustes de Macri, De la Sota, Peralta, Bonfatti, Macri y todos los gobernadores. Cárcel y perpetua a los asesinos de Mariano, desmantelamiento de las patotas sindicales. Por un plan de lucha y por un Congreso de Delegados electos en asamblea en todos los sindicatos, que discuta un programa obrero de salida a la crisis.

Ni el gobierno capitalista y anti-obrero de los K, ni una Unión Democrática de infame memoria.
Independencia obrera, Frente de Izquierda.

El gobierno nac & pop de las ART

Pocas veces las grandes patronales y los grupos financieros apoyaron con tanto entusiasmo el envío al Congreso de un proyecto de ley como el que acaba de remitir Cristina Kirchner en relación a las ART.
A tal punto llega la “alegría” patronal que el presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, no tuvo ningún empacho en admitir a la agencia oficial Télam que “se avanzó en (la) dirección (…) que tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta” (BAE, 24/9). El proyecto habría sido escrito directamente por el super-antiobrero Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA y de la Cámara de la Alimentación. En los pasillos del Congreso ya se conoce la propuesta de ley de CFK como el ‘proyecto De Mendiguren’. El adjetivo le queda grande al ex funcionario de Duhalde, toda vez que los dueños de las ART son los grandes bancos.

El objetivo central del proyecto es obligar a los trabajadores o a las familias damnificadas por accidentes del trabajo a cobrar las bajísimas indemnizaciones de las ART, porque si eligen la acción judicial por responsabilidad civil y reparación integral del daño producido -como tiene derecho cualquier ciudadano que sufre un accidente- no cobran nada hasta la demorada fecha de la sentencia.
 
Por eso, el proyecto plantea lo que se conoce como opción con renuncia u opción excluyente. Si el trabajador acepta cobrar lo que le ofrece la ART, debe renunciar a ir a la Justicia. Y si quiere ir a la Justicia, tiene que renunciar a cobrar la indemnización de la ART.

Como dijo la Presidenta: “Quien opta por el pago no puede ir a los tribunales. En ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección ‘con renuncia’ por parte de los damnificados”. Actualmente, por un fallo de la Corte Suprema, los damnificados pueden “cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral” (Clarín, 20/9).

Aquel fallo de la Corte obedeció a que la ley de ART, sancionada durante el menenismo, prohibía a los trabajadores demandar ante la Justicia, lo que a todas luces era inconstitucional. El kirchnerismo ha retomado la ley menemista de la manera más pérfida.

A partir de la reforma nacional y popular, el trabajador accidentado va a tener ante sí una disyuntiva de hierro. Con un elevado nivel de discapacidad, por ejemplo con el brazo o la pierna accidentada, va a tener que decidir “libremente” si acepta recibir en forma más o menos inmediata algún dinero por el daño sufrido, o por el contrario contratar a algún abogado -que podría hasta cobrarle por la consulta y el inicio del juicio- y esperar varios años a que se pronuncie la Justicia. Con total inmoralidad, el proyecto K se aprovecha de la minusvalìa del trabajador por el accidente producido -en la mayoría de los casos por falta de prevención y seguridad laboral a cargo de las patronales- para que renuncie al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en la Justicia.

Que este es el objetivo queda reforzado por otros cambios. Primero: “se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo desde el fuero laboral al fuero civil, que tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución”. Segundo: a fin de inducir a los damnificados a cobrar la indemnización de la ART, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%” (ídem). En otras palabras: aumentan la “limosna” de la ART y extendieron en varios años los plazos para que se pronuncien los jueces, con indemnizaciones menores, para inducir a que el trabajador “renuncie” a ir a la Justicia.
 
¿Puede haber más perfidia?
Sí, la perfidia es aun mayor porque, según De Mendiguren, “la nueva ley de ART le pone un punto final a la industria del juicio” (BAE, ídem); aludió al incremento del número de juicios y a que los principales beneficiados de ese aumento habrían sido los abogados. La realidad es la contraria: la Justicia le daba la razón a los trabajadores debido a la enorme diferencia entre el monto de la tarifa de la ART y la indemnización que fijaban los jueces. Si no existiera esa diferencia, ni el obrero recurriría a la Justicia ni las patronales se sentirían afectadas cuando lo hiciera.

Como ya ocurrió con la ley menemista de ART, el actual proyecto tiene la bendición de la burocracia sindical, a la que de inmediato el gobierno le habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-Mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos, según reza el decreto que de inmediato firmó CFK. La presidenta del pueblo admitió que actividades como las del sector metalúrgico y de la construcción “tienen muy adelantada la constitución de estas ART mutuas”.

El gobierno que “recuperó la soberanía energética”, para reprivatizar YPF y para mantener en pie la privatización del gas y del petróleo, no se jacta ahora de “recuperar la seguridad laboral”, y con razón. El kirchnerismo consolida el negocio de los accidentes de trabajo por parte de los bancos que manejan las ART. No se trata solamente de una enorme renta financiera, que va de la industria a los bancos, sino de un fabuloso incremento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, que no es resarcida por el daño que produce el accidente laboral, sino que engrosa la ganancia de la industria.

Que venga “unidos y organizados” a explicarnos por qué los K no serían un gobierno de la explotación capitalista.

VIVA LA HUELGA GENERAL DE LOS ESTATALES DE EDUCACIÓN CONTRA EL AJUSTE DE SCIOLI Y DE LUCÍA.

QUE LA AJB IMPULSE UN PLAN DE ACCION EN APOYO

Los 6.000 trabajadores del Ministerio se encuentran en huelga general contra el ajuste de Scioli y su ministra De Lucía, primero contra más de 126 despidos (revertidos por la lucha) y ahora un recorte salarial en viáticos y horas extras en el orden del 16% que supera al famoso 13% de Cavallo.

La combativa Junta Interna de ATE-Educación viene impulsando movilizaciones, cortes de calle y la ocupación de la Torre Central del Ministerio de Educación. Los gremios como UPCN Y Soeme -uno de la CGT oficialista, la otra del moyanismo- acuden a la movilización arrastrados por el aluvión de estatales, pero solo se limitan a “avalar” las medidas.

Ante la enorme reacción de los trabajadores, la ministra De Lucía ha redoblado la apuesta anunciando un recorte superior al previsto y ha denunciado penalmente a los huelguistas. Quiere ganar autoridad para el ajuste en toda la provincia. Así, pretende juntar los $1100 millones que le faltan para pagar los aguinaldos y sueldos en diciembre. 

Educación es la nave de proa del ajuste provincial. Por eso, los judiciales debemos tomar la lucha de sus trabajadores como la nuestra.  

La AJB, debe exigirle a la CTA provincial la convocatoria de un plenario provincial de delegados de todos sus gremios para trazar un plan de acción contra los recortes en marcha.

La victoria de la lucha por la porcentual y todas las reivindicaciones de los judiciales pasan en este punto por derrotar el ajuste de Scioli que es convalidado desde el silencio por Mariotto y por Cristina que descarga la crisis de su política en las provincias.

Viva la huelga general de los estatales de Educación.-

domingo, 23 de septiembre de 2012

Mesa Debate en MDQ por Justicia por Mariano Ferreyra


Digamos basta a la destrucción del salario familiar

PLAN DE LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO

No se trata de un mero ajuste, el gobierno kirchnerista está destruyendo el sistema de asignaciones familiares en función de emplear sus fondos con otros fines.

El decreto que la Presidenta anunció por cadena termina con el derecho del trabajador a cobrar salario familiar por hijo y sujeta ese cobro a los “ingresos familiares”. Si dos trabajadores ganan 3.500 pesos cada uno, pasan a cobrar la categoría inferior creada por el decreto, la cual es de 90 pesos por hijo, correspondiente a una franja de entre 6.001 y 14.000 pesos. Antes, cobraban 270.

Al aplicarse sobre el grupo familiar y no sobre el salario del trabajador, dejan de cobrar la asignación 63 mil familias. Otras 170 mil cobrarán menos por pasar a una categoría inferior. De ese modo, agravaron las consecuencias del sistema de la tablita, ya de por sí discriminatorio.

Se ha anunciado un aumento del 25,9%, lo cual es falso. La categoría I, de 200 a 3.200 pesos (340 pesos) tuvo un 25,9%; la segunda, de 3.201 a 4.400 (250 pesos), el 22,5% y la tercera de 4.401 a 6.000 pesos (160), el 17,6%. La última categoría, de más de 6.000 pesos, fue creada por el decreto y su importe, como dijimos más arriba, es de 90 pesos. De todos modos, los que ingresaron en esa categoría son sólo una porción menor de quienes perdieron este beneficio en los últimos años, por la no actualización de los topes salariales.

Conviene, a esta altura, reparar en los importes que van de 340 a 90 pesos en forma decreciente a medida que aumenta el salario. Todos, sin excepción, son una completa miseria, cuando la Universidad Católica determinó -a través de su departamento social- en 1.400 pesos, al mes de junio, el importe de la manutención digna de un hijo.

El régimen de asignaciones familiares comprende, además, los importes por nacimiento, matrimonio o escolaridad los que se mantienen congelados. Si la escolaridad se hubiera actualizado por inflación real desde 2001 a la fecha, pasaría a 800 pesos. Los demás importes tienen la misma desvalorización.

El sistema, sostenido por aportes patronales ligados al salario de cada trabajador en blanco, está dando un superávit de 2.000 millones de pesos anuales, el cual se incrementará este año.

Buena parte de ese dinero es usado para solventar la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tuvo un 25,9% de aumento equiparada a la categoría más baja de las asignaciones familiares. Así, ese beneficio de los trabajadores en negro, los desocupados y las empleadas domésticas es pagado, de esta forma, mediante el desquicio del sistema de asignaciones familiares y el resto con fondos de los jubilados. Integralmente, lo banca la Anses.

Otro punto fundamental es que han hecho confluir los importes máximos de salario por persona para cobrar la asignación familiar (7.000) con el mínimo no imponible. A buen entendedor, pocas palabras: no piensan mover el impuesto a las ganancias sobre los salarios -lo que constituye otra confiscación brutal sobre casi tres millones de trabajadores.

El gobierno desvía crecientemente fondos derivados de los aportes de los trabajadores para concretar la política del Banco Mundial: una “malla de contención” a la pobreza masiva. La AUH es financiada integralmente por otros trabajadores, mediante transferencias despóticas de fondos de la Anses y no mediante un impuesto al capital. Ello se concreta liquidando conquistas sociales pre-existentes como el 82% y las asignaciones familiares.

Se comprende porqué el kirchnerismo jamás devolvió la administración de la Anses a trabajadores y jubilados. Al igual que los 15 mil millones que sustrajo de las obras sociales (también pertenecientes a los trabajadores), dispuso de los fondos jubilatorios para financiar una asignación de miseria a la masa de desocupados e indigentes.

Se trata de una política tan regresiva que no han podido anunciarla siquiera en reunión con la CGT que crearon para que les aplauda las medidas. El movimiento obrero tiene que ponerse de pie en su conjunto para recuperar las asignaciones familiares, reclamar que sea para todos y de 700 pesos por hijo como mínimo, por la eliminación del impuesto al salario y por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar

Nestor Pitrola  PO 20 septiembre, 2012

La salida es por la izquierda

La Presidenta dedicó su nuevo discurso a cumplir con un gran reclamo de la patronal argentina: ponerle fin a la ‘doble vía’ (resarcimiento de la ART y juicio civil) en los accidentes de trabajo.
Ahora, para acceder al pago de la ART habrá que renunciar a la vía judicial.
Es la extorsión que venía reclamando largamente la Unión Industrial.
¿Serán éstas las medidas con las que el gobierno quiere convocarnos a luchar “contra las corporaciones”?
Este ataque a los derechos obreros es la primera medida del gobierno después de los cacerolazos.
El gobierno responsabilizó de las movilizaciones del jueves a los Macri, De Narváez o Clarín.
Pero respondió a las cacerolas cumpliendo con una de las exigencias más preciadas para todos ellos.
No es una excepción por parte de un gobierno que mantiene a rajatabla el impuesto al salario.
Y que paga jubilaciones que no llegan a la tercera parte de la canasta familiar.
A costa de los que trabajan, quieren salvar una política fracasada: la que rescató durante nueve años a los privatizadores, por un lado, y a los especuladores de la deuda externa, por el otro.
El sostenimiento de este gobierno “para que no avance la derecha” sólo es otra forma de llevarnos a la victoria de la derecha.
Los cacerolazos fueron otro episodio de las múltiples manifestaciones del descontento popular.
Pero la salida a la inflación galopante, a los impuestazos o al autoritarismo político no la van a dar los Macri o los Binner, quienes empujan por una doble confiscación al bolsillo: tarifazo más devaluación.
La bancarrota capitalista -tiene un alcance internacional- tiene otra salida.
Como lo expresan en estos días miles de estudiantes en las grandes facultades de la UBA: la salida es por la izquierda.
Luchemos por una alternativa propia de los trabajadores a una crisis que no resolverán los capitalistas y sus políticos.
 
Publicado en Prensa Obrera 1040 20 septiembre, 2012

El cacerolazo ‘inspira’ a Micheli y Moyano

Cuando el ruido de las cacerolas aún seguía sonando, Micheli y Moyano decidieron coordinar una medida de acción, hasta ahora esquiva. Moyano prometió 25 mil camioneros para una manifestación que Micheli conjuga con un paro de ATE. Como los paros de ATE nunca pararon el funcionamiento del Estado, tendremos una movilización aislada sin continuidad. Micheli pretende, además, la compañía de un sector del capital sojero, representado por la Federación Agraria que encabeza Buzzi -que sigue en la Mesa de Enlace. Como Moyano aplaudió el cacerolazo del jueves pasado, todo indica que, con Micheli, se busca incitar a un frente político que integren Lavagna, Duhalde y, ¿por qué no? Scioli, Massa y hasta el propio Macri. Como los ‘líderes políticos’ no tienen ‘piné’ para ponerse al frente de nada, de la tarea sustitutiva se encarga un sector de la clase media y uno de la burocracia sindical. A diferencia de la movilización de junio contra el impuesto al salario, a esta nueva movida no se le conocen reivindicaciones, pero seguramente aparecerán algunas.

Es muy claro que esto no forma parte de un plan de lucha para imponer un cuerpo de reivindicaciones y menos aún un puntapié para la discusión de una salida de los trabajadores a la crisis. Pero también es cierto que la crisis política, la bronca de los trabajadores por la inflación, por ganancias y asignaciones, junto al proceso de luchas parciales en estatales y docentes, los paros ferroviarios frente al derrumbe de los trenes, la tensión en el subte, la lucha contra las cesantías en la universidad, por mencionar algunos ejemplos, tenderán a transformar la jornada del 11 de octubre en un canal de esas reivindicaciones.

Lo que también es cierto es que la CGT Balcarce nace muerta, envuelta en una profunda crisis interna.

Llamamos, en primer lugar, a discutir políticamente y, en función de esto, rechazar en forma explícita cualquier alianza de las organizaciones obreras con las patronales, sean corporativas o partidos políticos. En los debates explicitaremos la reivindicación de la independencia política clasista del movimiento obrero. Sería un retroceso para el movimiento clasista sumarse en forma pasiva a la burocracia sindical que flirtea con la patronal opositora, pues quedará absorbido por el seguidismo a la burguesía y sus partidos.

Sobre la base de un reagrupamiento que reivindique la independencia de clase, proponemos : un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil, 700 pesos por hijo de salario familiar, anulación del impuesto al salario. A la luz del reagrupamiento de fuerzas que seamos capaces de producir en esta campaña de discusiones, debatiremos la modalidad de participación en esa jornada que mejor se ajuste al desarrollo de un movimiento clasista e independiente.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Por la aparición con vida de Julio López

El 18 de septiembre, a las 17:30 horas, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

 
A Jorge Julio López lo desaparecieron dos veces. La primera, durante la dictadura militar en 1976. López era, en ese entonces, un albañil de La Plata y militante peronista.

Sobreviviente del Circuito Camps, fue liberado en el ’79. Fue querellante y testigo en el juicio de la verdad que se desarrolló en la ciudad de La Plata. Con sus desgarradoras declaraciones, que daban cuenta de torturas y asesinatos, quedaron involucrados gran cantidad de represores. La lista no se agota en Ramón Camps y Miguel Osvaldo Etchecolatz.

La segunda desaparición forzada fue el 18 de septiembre de 2006. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, a pocos días de la sentencia que condenaría -gracias a su declaración- al genocida Etchecolatz.

Las mismas fuerzas represivas que se- cuestraron y torturaron a López durante la dictadura en esta democracia lo desapare- cieron.

Desde el gobierno permanecen inmutables y el silencio parece ser la única directiva, lo que se traduce simplemente en garan- tizar que la policía se mantendrá libre de sospechas. Jamás se investigó durante estos años a la Bonaerense. El silencio encubridor de la desaparición posibilitó que asesinaran a Silvia Suppo, así como también los secuestros de Gerez, Puthod y Martínez, además de las amenazas sufridas por una enorme cantidad de testigos de las causas contra los represores.

Scioli no hizo más que meros circos mediáticos con el tema, pero no tomó, en su calidad de jefe de la policía Bonaerense ninguna medida que posibilitara una investigación precisa que diera con López.

El gobierno nacional, por su parte, sólo calla.

Durante los seis años que lleva desaparecido López, se cargaron las tintas sobre sus compañeros y, sistemáticamente, se produjeron dilaciones y, el empantanamiento de la investigación como méto- do de encubrimiento.

A seis años sin Julio López, exigimos al gobierno: basta de silencio, encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables. Basta de persecución y asesinato de luchadores populares.

Judiciales Nación: defienden símbolos de la dictadura en los juzgados y persiguen al sindicato

Asambleas y plan de lucha por la reinstalación del delegado Facundo Miño

 
Se abrió un conflicto en la justicia penal, a raíz de la solicitud de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) para que se bajen cuadros y recordatorios de jueces de la dictadura, particularmente el juez Quiroga, y que en su lugar se coloque un recordatorio del defensor oficial desaparecido en la última dictadura, Guillermo Díaz Lestrem.
 
El 3 de agosto pasado, la Comisión Interna del fuero penal de la UEJN solicitó a la Cámara del Crimen la remoción del cuadro homenaje al juez Quiroga en el Juzgado de Instrucción 20, cuya presencia fue advertida por el delegado Facundo Miño.
 
Quiroga, quien fue “miembro del Camarón (o Cámara Federal Antisubversiva), interrogó a los presos políticos antes de su fusilamiento en la Masacre de Trelew (…) él los interrogó mientras rechazaba los hábeas corpus de los abogados” (Página/12, 2/9).
 
Al delegado que informó al gremio, se lo persiguió con un sumario interno “por asistir como público el día que empezó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, a pesar de que había acordado que se tomaría el día. En el gremio denuncian que mientras nombraron a otros judiciales en vacantes interinas en los últimos días, a él lo efectivizaron, pero lo mandaron a la oficina de fotocopias. Por eso anuncian la intención de presentar un amparo” (ídem).
 
La presión y la denuncia realizadas por los delegados y activistas hicieron que la Cámara del Crimen traslade al delegado a otro juzgado. Aun así, seguimos ante un acto violatorio del derecho elemental de libertad de expresión y avasallamiento de los fueros gremiales de Facundo.
 
La persecución a Facundo y la Comisión Interna no es un hecho aislado, sino que es parte de un régimen de arbitrariedades donde el reglamento y la carrera judicial son manejadas según su antojo por los camaristas y jueces contra el interés de los judiciales. Es uno de los pocos fueros que no tiene régimen de ascensos (puntajes y ranking) y de concursos, dado que todo se maneja a dedo.
 
La UEJN debe atravesar la vía del recurso de amparo para que se respete la plena vigencia de la tutela sindical en la justicia. Pero la Justicia en este caso es juez y parte. La única vía para hacer respetar realmente nuestros derechos es la acción de los trabajadores.
 
Ante este ataque de la corpo judicial a los trabajadores (y siendo la propia patronal la que debe decidir el asunto), se deben convocar asambleas en todos los edificios de la Justicia Nacional y el Ministerio Público para desarrollar un plan de lucha por la reinstalación de Facundo, el cese de toda persecución ideológica y gremial, la defensa de la carrera judicial y la eliminación de toda la simbología de la dictadura en la Justicia.