Se ha constituido una comisión contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de Oñate, Olivera, Claros y Germanos, y por el desprocesamiento de los 5.000 luchadores obreros y populares.
El plan de movilización, acordado en una asamblea realizada en el hotel Bauen, prevé una concentración en los Tribunales de Lomas de Zamora, el 16 de noviembre, para reclamar por la libertad de Olivera, y una marcha, el 23 de noviembre, de Congreso a Plaza de Mayo.
La iniciativa partió de los delegados de la Línea 60, ferroviarios del Roca y del Sarmiento, Ecotrans, delegados del Teatro Colón, Kraft, Pepsico, hospital Garraham, del Subte, Comisión Interna de Inta Castelar, Papelera Kimberley Clark, docentes del Suteba, CTA Bahía Blanca, Lista Naranja Gráfica y dirigentes como el "Pollo" Sobrero y Néstor Pitrola.
La ofensiva criminalizadora del último mes fue caracterizada como el inicio de una escalada contra activistas y luchadores en el marco de una política de ajuste y de tarifazos, con despidos, suspensiones y aumento de precios. Las amenazas y atentados contra los delegados de la Línea 60, de parte de la patota de la UTA, se han incrementado, y se lanzó una represión contra nuestros compañeros del ferrocarril Belgrano Norte, que reclamaban por la enorme deuda de tickets.
El ejemplo de la Línea 60 es emblemático: el conflicto con la patronal Dota está en manos del Ministerio de Trabajo; sin embargo, Tomada deja actuar impunemente a las patotas de la UTA, coaligadas con los empresarios del transporte. En las causas iniciadas contra los ferroviarios siempre estuvo la Secretaría de Transporte y Anibal Fernández como Nilda Garré se erigieron en voceros de la acción represiva, mientras mandaban a la Policía Federal a practicar detenciones de tipo comando contra los trabajadores.
El 23 hay una cita de honor para todos los luchadores
domingo, 13 de noviembre de 2011
sábado, 12 de noviembre de 2011
EL CAMARISTA INVESTIGADO POR PRESUNTOS BENEFICIOS A PEDRAZA
González Palazzo se va de Casación
Por Irina Hauser (SíntesisPagina 12, 12 del 11)
El camarista Mariano González Palazzo, subrogante en la Cámara de Casación Penal desde 2008, anunció ayer a regañadientes que dejaría ese cargo. Fue durante el acuerdo del tribunal, relataron testigos del encuentro, donde estaban a punto de tratar un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que ponía en entredicho su permanencia, ya que se lo investiga por la trama de presuntos sobornos destinados a favorecer a José Pedraza y la patota ferroviaria acusada de asesinar a Mariano Ferreyra. Pero además, uno de los nuevos camaristas, Alejandro Slokar, había planteado un mes atrás (y estaba por debatirse) la posible ilegalidad de su designación, ya que la ley establece que las subrogancias en Casación las deben hacer los propios jueces de esa cámara. La salida de González Palazzo quedó plasmada en una resolución a la que por la noche aún le faltaban firmas.
Por Irina Hauser (SíntesisPagina 12, 12 del 11)
El camarista Mariano González Palazzo, subrogante en la Cámara de Casación Penal desde 2008, anunció ayer a regañadientes que dejaría ese cargo. Fue durante el acuerdo del tribunal, relataron testigos del encuentro, donde estaban a punto de tratar un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que ponía en entredicho su permanencia, ya que se lo investiga por la trama de presuntos sobornos destinados a favorecer a José Pedraza y la patota ferroviaria acusada de asesinar a Mariano Ferreyra. Pero además, uno de los nuevos camaristas, Alejandro Slokar, había planteado un mes atrás (y estaba por debatirse) la posible ilegalidad de su designación, ya que la ley establece que las subrogancias en Casación las deben hacer los propios jueces de esa cámara. La salida de González Palazzo quedó plasmada en una resolución a la que por la noche aún le faltaban firmas.
viernes, 11 de noviembre de 2011
Denunciamos un operativo político de impunidad en la causa del crimen de Mariano Ferreyra
A través de diferentes mecanismos judiciales y políticos, se ha puesto en marcha una operación política de impunidad en favor de los responsables materiales y políticos del crimen de Mariano Ferreyra, así como las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes.
Aunque el primer paso de este operativo es eximir al aparato represivo del Estado -la Policía Federal- en su responsabilidad por el crimen, su propósito final es lograr la absolución y la libertad del máximo jefe de la patota que asesinó a Mariano: José Pedraza. En la base política de esta operación están los compromisos de hierro entre el gobierno kirchnerista y la burocracia sindical.
1) El punto de partida de esta trama es la decisión de la Justicia de separar de la causa principal (la que juzga a Pedraza y a la patota) a las responsabilidades de la Policía Federal. Ello, a pesar de que todas las evidencias mostraron el trabajo premeditado y sistemático de los efectivos policiales para permitir, primero, la arremetida de la patota contra los militantes y tercerizados; después, tolerar sin intervención alguna los disparos criminales y, finalmente, su fuga y el ocultamiento de las armas empleadas. La planificada "liberación" de la zona se aprecia también en la negativa a filmar los hechos -habiendo un efectivo dispuesto para esa tarea en el lugar- y en la eliminación de las grabaciones telefónicas entre los efectivos y sus jefes que correspondían al preciso momento del crimen. Aunque estos hechos dan cuenta de la participación policial en el plan criminal por el cual es juzgado Pedraza y sus secuaces, la jueza Wilma López separó las actuaciones e inició una causa en paralelo sobre el rol de la Federal. Pero en esa causa, la fiscalía pidió caratular la actuación de estos efectivos como "abandono de persona" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", calificación que sitúa a la acción policial en el terreno de la negligencia o la torpeza. Luego, la jueza decidió procesarlos por el delito menor, quedando en pie sólo el "abandono de persona". El círculo se completa con la asunción de los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal (dependientes del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré) como defensores de la mayoría de los policías imputados. Ni lerdos ni perezosos, apenas conocida la carátula imputada a sus defendidos, los abogados de la Federal pidieron el traslado de la causa a la justicia contravencional de la Ciudad. El traspaso a esa jurisdicción implica la imposibilidad de solicitar una condena por el delito de homicidio agravado como parte de un plan criminal.
2) La existencia de una acción sistemática en favor de la impunidad se evidencia, también, en la situación de la Cámara de Casación Penal, la que ha decidido sobre los pedidos de excarcelación en favor de Pedraza. Actualmente, se investiga la tentativa de coimas sobre varios de sus integrantes por parte de abogados y allegados al dirigente de la Unión Ferroviaria. El juez Mariano González Palazzo, investigado por ese hecho, continúa revistando como camarista subrogante y no ha sido reemplazado, a pesar de las denuncias que penden sobre él. En el interín, los abogados defensores de Pedraza y de la patota han interpuesto diferentes recursos y nulidades en la causa principal. El objetivo de estas presentaciones es retrasar el inicio del juicio oral, que está previsto para febrero. Si lograran su cometido, los defensores de Pedraza redoblarán las acciones judiciales en favor de su excarcelación, con el conocido argumento de que ha pasado un "tiempo excesivo" en prisión preventiva sin ser juzgado.
3) Aunque la causa sobre las responsabilidades policiales se desarrolla en forma independiente, su consecuencia sobre la que juzga a Pedraza y a la patota es muy clara. Si las fuerzas policiales son juzgadas por un delito menor o una negligencia y no por haber urdido una "zona liberada", se le estará restando una pieza al plan criminal contra los militantes y los tercerizados, el cual contó con el concurso necesario del aparato represivo del Estado. Al servicio de esta misma orientación está la ausencia de cualquier imputación a los responsables empresariales del asesinato de Mariano, los directivos de la Ugofe, quienes facilitaron licencias laborales a los que participaron del ataque a los tercerizados. El plan criminal que la propia jueza López identificó tuvo móviles claros: el primero de ellos, preservar el negocio de la tercerización, en beneficio de los privatizadores y de los Pedraza. Pero si la Ugofe no va al banquillo y los policías que liberaron la zona comparecen por un delito menor, se está abonando el terreno para atribuir el crimen al arrebato de un grupo de lúmpenes, o incluso, de un "enfrentamiento entre sindicalistas". De allí a la absolución del propio Pedraza, hay sólo un paso.
4) Es claro que esta trama jurídica de impunidad está respaldada por un operativo político en regla. Hay que inscribir en él a las declaraciones del burócrata Lescano, del grupo de los "gordos", calificando al jefe de la Unión Ferroviaria como "un preso político"; o a Moyano cuando, sirviéndose de la detención de Rubén Sobrero, protestó por la "discriminación que se ejerce sobre los sindicalistas". Ello, como si los responsables de la adulteración de medicamentos, la liquidación de la democracia sindical y el crimen de Mariano pudieran colocarse en el mismo campo de los delegados y luchadores que, además, son víctimas de las patoteadas de aquellos. Por otra parte, el gobierno mantiene al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario a Guillermo Antonio Luna -integrante de directorio de empresas tercerizadas, hombre de la burocracia sindical de La Fraternidad y aliado de Pedraza. El trípode sobre el que reposa el régimen ferroviario que terminó con la vida de Mariano -los privatizadores, la burocracia sindical y el Estado- continúa en pie.
La conmoción popular y la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano condujo a a la cárcel a Pedraza y a su patota, asestándole un golpe severo a toda la burocracia sindical. Pero el gobierno kirchnerista mantiene a rajatablas su alianza política con ésta, en un momento donde los "ajustes" en puerta y los techos al salario exigen la regimentación del movimiento obrero que llevan adelante los Pedraza, Moyano o Gerardo Martínez. La presidenta acaba de fotografiarse profusamente con este último en la reunión del G-20, a pesar de que está comprobada su tarea como agente de la Side en los años de la dictadura. Todos ellos esperan, agazapados, las condiciones políticas propicias para arrancar la libertad de Pedraza. La operación que aquí denunciamos se completa con la escalada de procesamientos y persecuciones a luchadores populares y dirigentes ligados a aquéllos. Quieren "contrapesar" la prisión de Pedraza procesando a sus opositores, una reedición de la teoría de los "dos demonios" que prepara, a término, la impunidad para los asesinos de Mariano.
5) Queremos advertir al conjunto del movimiento popular este operativo en curso y convocar a reforzar la movilización y la acción política para que Pedraza y sus secuaces sean juzgados y condenados a prisión perpetua; para que los policías involucrados sean juzgados por lo que les cabe: o sea, partícipes necesarios en el plan criminal; para que se procese y condene a los directivos de la Ugofe. Reclamamos también la inmediata separación de la Cámara de Casación de todos los involucrados en la tentativa de coimas, así como la de aquellos que los protegieron. Integramos esta lucha al reclamo por el desprocesamiento de los luchadores ferroviarios y de todos los luchadores populares que están siendo objeto de procesos por defender a las organizaciones obreras independientes del gobierno y de la burocracia.
Aunque el primer paso de este operativo es eximir al aparato represivo del Estado -la Policía Federal- en su responsabilidad por el crimen, su propósito final es lograr la absolución y la libertad del máximo jefe de la patota que asesinó a Mariano: José Pedraza. En la base política de esta operación están los compromisos de hierro entre el gobierno kirchnerista y la burocracia sindical.
1) El punto de partida de esta trama es la decisión de la Justicia de separar de la causa principal (la que juzga a Pedraza y a la patota) a las responsabilidades de la Policía Federal. Ello, a pesar de que todas las evidencias mostraron el trabajo premeditado y sistemático de los efectivos policiales para permitir, primero, la arremetida de la patota contra los militantes y tercerizados; después, tolerar sin intervención alguna los disparos criminales y, finalmente, su fuga y el ocultamiento de las armas empleadas. La planificada "liberación" de la zona se aprecia también en la negativa a filmar los hechos -habiendo un efectivo dispuesto para esa tarea en el lugar- y en la eliminación de las grabaciones telefónicas entre los efectivos y sus jefes que correspondían al preciso momento del crimen. Aunque estos hechos dan cuenta de la participación policial en el plan criminal por el cual es juzgado Pedraza y sus secuaces, la jueza Wilma López separó las actuaciones e inició una causa en paralelo sobre el rol de la Federal. Pero en esa causa, la fiscalía pidió caratular la actuación de estos efectivos como "abandono de persona" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", calificación que sitúa a la acción policial en el terreno de la negligencia o la torpeza. Luego, la jueza decidió procesarlos por el delito menor, quedando en pie sólo el "abandono de persona". El círculo se completa con la asunción de los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal (dependientes del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré) como defensores de la mayoría de los policías imputados. Ni lerdos ni perezosos, apenas conocida la carátula imputada a sus defendidos, los abogados de la Federal pidieron el traslado de la causa a la justicia contravencional de la Ciudad. El traspaso a esa jurisdicción implica la imposibilidad de solicitar una condena por el delito de homicidio agravado como parte de un plan criminal.
2) La existencia de una acción sistemática en favor de la impunidad se evidencia, también, en la situación de la Cámara de Casación Penal, la que ha decidido sobre los pedidos de excarcelación en favor de Pedraza. Actualmente, se investiga la tentativa de coimas sobre varios de sus integrantes por parte de abogados y allegados al dirigente de la Unión Ferroviaria. El juez Mariano González Palazzo, investigado por ese hecho, continúa revistando como camarista subrogante y no ha sido reemplazado, a pesar de las denuncias que penden sobre él. En el interín, los abogados defensores de Pedraza y de la patota han interpuesto diferentes recursos y nulidades en la causa principal. El objetivo de estas presentaciones es retrasar el inicio del juicio oral, que está previsto para febrero. Si lograran su cometido, los defensores de Pedraza redoblarán las acciones judiciales en favor de su excarcelación, con el conocido argumento de que ha pasado un "tiempo excesivo" en prisión preventiva sin ser juzgado.
3) Aunque la causa sobre las responsabilidades policiales se desarrolla en forma independiente, su consecuencia sobre la que juzga a Pedraza y a la patota es muy clara. Si las fuerzas policiales son juzgadas por un delito menor o una negligencia y no por haber urdido una "zona liberada", se le estará restando una pieza al plan criminal contra los militantes y los tercerizados, el cual contó con el concurso necesario del aparato represivo del Estado. Al servicio de esta misma orientación está la ausencia de cualquier imputación a los responsables empresariales del asesinato de Mariano, los directivos de la Ugofe, quienes facilitaron licencias laborales a los que participaron del ataque a los tercerizados. El plan criminal que la propia jueza López identificó tuvo móviles claros: el primero de ellos, preservar el negocio de la tercerización, en beneficio de los privatizadores y de los Pedraza. Pero si la Ugofe no va al banquillo y los policías que liberaron la zona comparecen por un delito menor, se está abonando el terreno para atribuir el crimen al arrebato de un grupo de lúmpenes, o incluso, de un "enfrentamiento entre sindicalistas". De allí a la absolución del propio Pedraza, hay sólo un paso.
4) Es claro que esta trama jurídica de impunidad está respaldada por un operativo político en regla. Hay que inscribir en él a las declaraciones del burócrata Lescano, del grupo de los "gordos", calificando al jefe de la Unión Ferroviaria como "un preso político"; o a Moyano cuando, sirviéndose de la detención de Rubén Sobrero, protestó por la "discriminación que se ejerce sobre los sindicalistas". Ello, como si los responsables de la adulteración de medicamentos, la liquidación de la democracia sindical y el crimen de Mariano pudieran colocarse en el mismo campo de los delegados y luchadores que, además, son víctimas de las patoteadas de aquellos. Por otra parte, el gobierno mantiene al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario a Guillermo Antonio Luna -integrante de directorio de empresas tercerizadas, hombre de la burocracia sindical de La Fraternidad y aliado de Pedraza. El trípode sobre el que reposa el régimen ferroviario que terminó con la vida de Mariano -los privatizadores, la burocracia sindical y el Estado- continúa en pie.
La conmoción popular y la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano condujo a a la cárcel a Pedraza y a su patota, asestándole un golpe severo a toda la burocracia sindical. Pero el gobierno kirchnerista mantiene a rajatablas su alianza política con ésta, en un momento donde los "ajustes" en puerta y los techos al salario exigen la regimentación del movimiento obrero que llevan adelante los Pedraza, Moyano o Gerardo Martínez. La presidenta acaba de fotografiarse profusamente con este último en la reunión del G-20, a pesar de que está comprobada su tarea como agente de la Side en los años de la dictadura. Todos ellos esperan, agazapados, las condiciones políticas propicias para arrancar la libertad de Pedraza. La operación que aquí denunciamos se completa con la escalada de procesamientos y persecuciones a luchadores populares y dirigentes ligados a aquéllos. Quieren "contrapesar" la prisión de Pedraza procesando a sus opositores, una reedición de la teoría de los "dos demonios" que prepara, a término, la impunidad para los asesinos de Mariano.
5) Queremos advertir al conjunto del movimiento popular este operativo en curso y convocar a reforzar la movilización y la acción política para que Pedraza y sus secuaces sean juzgados y condenados a prisión perpetua; para que los policías involucrados sean juzgados por lo que les cabe: o sea, partícipes necesarios en el plan criminal; para que se procese y condene a los directivos de la Ugofe. Reclamamos también la inmediata separación de la Cámara de Casación de todos los involucrados en la tentativa de coimas, así como la de aquellos que los protegieron. Integramos esta lucha al reclamo por el desprocesamiento de los luchadores ferroviarios y de todos los luchadores populares que están siendo objeto de procesos por defender a las organizaciones obreras independientes del gobierno y de la burocracia.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Falleció un histórico dirigente sindical y político de la clase obrera
Néstor Pitrola viajará a la provincia de Córdoba para participar de un acto homenajeA la edad de 76 años, aquejado por una severa dolencia, ha fallecido el compañero Gregorio Flores.El “Goyo” Flores representa una parte relevante la clase obrera de Córdoba y el país todo.
GREGORIO "GOYO" FLORES
Fue uno de los dirigentes del Sitrac (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord), entre 1970 y 1971, sufriendo un año de encarcelamiento en el penal de Rawson por su actividad sindical antiburocrática y de defensa incondicional de las reivindicaciones proletarias. Desde esta experiencia de lucha llegó a la conclusión medular de que la clase trabajadora debía conquistar su independencia política, construyendo su propio instrumento de poder, un gran partido obrero, en oposición al estado burgués y sus agentes políticos.
Esta conclusión disparó en el “Negro” Flores, como le decían sus compañeros del Sitrac, la férrea convicción de la necesidad de la lucha por la revolución socialista y el gobierno obrero, como única forma de acabar con el régimen social de la explotación del hombre por el hombre, lo que explica que años más tarde, en 1983, haya sido candidato a presidente de la nación por el Partido Obrero.
Aportó su experiencia y la de toda una vanguardia con su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al clasismo".Militante hasta el último suspiro, en sus últimos días colaboraba con la secretaria de organización de la regional Córdoba en la distribución de la Prensa Obrera.
El Goyo fue el resumen de una parte de la clase obrera consciente, sin dudas; un hombre íntegro y un auténtico revolucionario. Hoy solo decimos, con nuestro puño levantado y entonando fuerte la Internacional:
¡¡Hasta la Victoria Siempre, compañero Goyo Flores!!!
Gregorio Flores será velado hoy jueves 10 de noviembre, a partir de las 13 hs., en la Provincia de Córdoba, en el local del Partido Obrero de Catamarca 374, Barrio Centro. Sus restos serán trasladados para su cremación el día viernes 11, al cementerio “Los Alamos” camino a Colonia Tirolesa a las 13hs, Provincia de Córdoba. Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero, viajará a la provincia para acompañar a sus familiares y amigos y participar de un acto homenaje.
Desde Judiciales en Lucha queremos dar nuestro más sentido pésama a los familiares, amigos y compañeros de militancia.
Otra vez, Hasta siempre GOYO!
jueves, 3 de noviembre de 2011
El Congreso de la UEJN debe votar un plan de lucha por la ley de paritarias.
A ningún judicial le llama la atención que el Senado de la Nación esté votando a fin de año y en sesiones maratónicas, los pliegos necesarios para el nombramiento de jueces y funcionarios pendientes. Pareciera que el Senado está “trabajando” para compensar su habitual falta de labor parlamentario.
Los bloques capitalistas y oligárquicos (dependiendo la provincia) que operan en el Senado, trátese de oficialistas u opositores, se han plegado a la presión de la Corte para cajonear el tratamiento de la media sanción de ley marco de paritarias votada en septiembre de 2009.
La inacción de la UEJN en este punto, ha facilitado el pliego del bloque kirchnerista al reclamo de cajoneo de la Corte y la `corpo judicial´, estando ésta a punto de perder estado parlamentario en pocas semanas.
Es necesario un plan de lucha contundente para que antes de fin de año el Senado apruebe la media sanción de diputados y no convertir un paso adelante en dos atrás.
Que se muevan con la misma celeridad que con los jueces. Asambleas por edificio y plan de lucha.
JUDICIALES EN LUCHA
3/11/11
Los bloques capitalistas y oligárquicos (dependiendo la provincia) que operan en el Senado, trátese de oficialistas u opositores, se han plegado a la presión de la Corte para cajonear el tratamiento de la media sanción de ley marco de paritarias votada en septiembre de 2009.
La inacción de la UEJN en este punto, ha facilitado el pliego del bloque kirchnerista al reclamo de cajoneo de la Corte y la `corpo judicial´, estando ésta a punto de perder estado parlamentario en pocas semanas.
Es necesario un plan de lucha contundente para que antes de fin de año el Senado apruebe la media sanción de diputados y no convertir un paso adelante en dos atrás.
Que se muevan con la misma celeridad que con los jueces. Asambleas por edificio y plan de lucha.
JUDICIALES EN LUCHA
3/11/11
Nación: El manoseao de la Corte y la media sanción que se está por perder.
Sobre la última “negociación salarial”.
Vamos por el aumento y la ley de Paritarias
¿Se puede seguir tolerando que en la “negociación salarial” la Corte retenga un aumento que debió darse en septiembre hasta entrado el mes noviembre? ¿Reconocerán acaso el retroactivo a septiembre?
Este indignante problema, es mucho más profundo de lo que parece y va mucho más allá de esta última negociación.
Lo que la Corte y la UEJN llaman “negociación salarial” no es tal, pues la Corte hace lo que quiere. ¿Está bien que los aumentos salgan unilateralmente por acordada y no por acuerdo entre partes? ¿Está bien que los aumentos sean en cuotas y no de una sola vez a comienzo de año para hacer frente mejor a la inflación?
La Corte se aprovecha deslealmente de no tener un marco regulatorio para discutir en paritarias. A la “renovada” Suprema Corte no le salta ningún `purito´ por este anacrónico desconocimiento social e institucional con los judiciales.
La ley de paritarias y el lobbye de la `corpo´ judicial.
En 2009, justo antes del recambio parlamentario desfavorable para el gobierno, se votó por unanimidad en Diputados la media sanción de ley marco de paritarias. Fue en medio de las disputas entre el gobierno y el otrora “partido de los jueces”..
Al día de hoy mucha agua pasó bajo el puente. Por ejemplo, la `corpo judicial´ y el Gobierno finalmente llegaron a un entendimiento, que entre muchas cosas incluía el cajoneo en Senadores de la ley. Por su parte, la cúpula de la CGT se encuentra en una profunda crisis con el gobierno.
El lobbye de la `corpo judicial´ tuvo una eficacia total pues sumó al oficialismo y también el apoyo (inclaudicable y apasionado) de la oposición derechista.
Si a tooodo esto, le sumamos que la dirección UEJN también tiene un `entendimiento´ con el Gobierno, nos da como resultado que en un mes se pierde el estado parlamentario de la Ley Marco.
Seamos claros, Piumato dejó de lado la ley de paritarias, el 82% móvil para todos e importantísimas reivindicaciones, a la expectativa de obtener un cargo parlamentario en el kirchnerismo. Pero la jugada no salió como se pensaba. La CGT quedó prácticamente fuera de las listas oficiales.
Piumato se quedó sin el pan y, por ahora, nos dejó a los judiciales sin la torta.
Es necesaria una UEJN independiente del gobierno y de la Corte, que promueva la lucha y la democracia sindical. Discutamos este balance y reagrupémonos para transformar al sindicato sobre nuevas bases.
Vamos por el aumento y la ley de Paritarias
¿Se puede seguir tolerando que en la “negociación salarial” la Corte retenga un aumento que debió darse en septiembre hasta entrado el mes noviembre? ¿Reconocerán acaso el retroactivo a septiembre?
Este indignante problema, es mucho más profundo de lo que parece y va mucho más allá de esta última negociación.
Lo que la Corte y la UEJN llaman “negociación salarial” no es tal, pues la Corte hace lo que quiere. ¿Está bien que los aumentos salgan unilateralmente por acordada y no por acuerdo entre partes? ¿Está bien que los aumentos sean en cuotas y no de una sola vez a comienzo de año para hacer frente mejor a la inflación?
La Corte se aprovecha deslealmente de no tener un marco regulatorio para discutir en paritarias. A la “renovada” Suprema Corte no le salta ningún `purito´ por este anacrónico desconocimiento social e institucional con los judiciales.
La ley de paritarias y el lobbye de la `corpo´ judicial.
En 2009, justo antes del recambio parlamentario desfavorable para el gobierno, se votó por unanimidad en Diputados la media sanción de ley marco de paritarias. Fue en medio de las disputas entre el gobierno y el otrora “partido de los jueces”..
Al día de hoy mucha agua pasó bajo el puente. Por ejemplo, la `corpo judicial´ y el Gobierno finalmente llegaron a un entendimiento, que entre muchas cosas incluía el cajoneo en Senadores de la ley. Por su parte, la cúpula de la CGT se encuentra en una profunda crisis con el gobierno.
El lobbye de la `corpo judicial´ tuvo una eficacia total pues sumó al oficialismo y también el apoyo (inclaudicable y apasionado) de la oposición derechista.
Si a tooodo esto, le sumamos que la dirección UEJN también tiene un `entendimiento´ con el Gobierno, nos da como resultado que en un mes se pierde el estado parlamentario de la Ley Marco.
Seamos claros, Piumato dejó de lado la ley de paritarias, el 82% móvil para todos e importantísimas reivindicaciones, a la expectativa de obtener un cargo parlamentario en el kirchnerismo. Pero la jugada no salió como se pensaba. La CGT quedó prácticamente fuera de las listas oficiales.
Piumato se quedó sin el pan y, por ahora, nos dejó a los judiciales sin la torta.
Es necesaria una UEJN independiente del gobierno y de la Corte, que promueva la lucha y la democracia sindical. Discutamos este balance y reagrupémonos para transformar al sindicato sobre nuevas bases.
PARO DE LOS JUDICIALES PORTEÑOS MAÑANA
Ante el incumplimiento del Consejo de la Magistratura.
Los trabajadores exigen la confirmación de los interinatos pendientes, el pase del adicional "Incentivo al personal" al básico, el reajuste de la porcentualidad, el traslado a planta de los contratados y la carrera administrativa y técnica para las notificaciones, el mantenimiento y la informática.
A partir de las 12, asamblea interedificio en Tacuarí.
Es necesario un plan de lucha escalonado hacia la huelga general indefinida, que imponga de una vez por todas, todas nuestras reivindicaciones.
Próximamente presentaremos informes de corresponsales entrevistas destacados compañeros de lucha.
Los trabajadores exigen la confirmación de los interinatos pendientes, el pase del adicional "Incentivo al personal" al básico, el reajuste de la porcentualidad, el traslado a planta de los contratados y la carrera administrativa y técnica para las notificaciones, el mantenimiento y la informática.
A partir de las 12, asamblea interedificio en Tacuarí.
Es necesario un plan de lucha escalonado hacia la huelga general indefinida, que imponga de una vez por todas, todas nuestras reivindicaciones.
Próximamente presentaremos informes de corresponsales entrevistas destacados compañeros de lucha.
AJB: mentira gremial
¡EL FALLO NO DICE ESO!
Leemos con sorpresa en una página digital -tres líneas- que reproduce una publicación periodística de un medio de Olavarría las declaraciones del Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul. Allí informa sobre el fallo de la Corte de conjueces que declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche y porcentualidad y ¡afirma que el Estado deberá pagar lo adeudado en estos 20 años! No es verdad. Ese fallo sólo declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche en el período 1/10/1991- 27/1/1992, con lo cual, sólo habilita a que se reclame un ajuste de haberes de los salarios de esos meses y nada más. Por otro lado, la misma sentencia aclara que es de carácter declarativa, porque así lo planteó el gremio y también destaca que no se cuestionó la derogación de ese sistema salarial (enganche y porcentualidad). Las cosas por su nombre,
Esto es lo que dijo el dirigente de la AJB de Azul:
02-11-2011 I Infoeme - Olavarria I Provinciales I Informacion general
“El fallo obliga al Estado a devolver a los judiciales lo no pagado en un periodo de veinte años, que es mucho dinero”
Lo dijo el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza, al referirse a un reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad de los decretos del ex gobernador Antonio Cafiero que suprimieron el “enganche salarial”.
La Asociación Judicial Bonaerense valoró un reciente fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de los decretos sancionados por el ex gobernador, Antonio Cafiero, que suprimieron el enganche salarial de los ministros de la Corte provincial con sus pares nacionales.
En diálogo con infoeme.com el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza calificó la decisión como un “hecho importante” ya que “después de casi 20 años de reclamos una corte de conjueces declaró inconstitucional los decretos del gobierno de Cafiero que nos dejó sin enganche nacional a los judiciales.
Hasta ese momento, los trabajadores cobraban un porcentaje de lo que ganaba un Juez de corte nacional. Cafiero lo deroga por decreto y nosotros presentamos el reclamo en el 92 y hace un mes mas o menos resolvieron que eso era inconstitucional” destacó.
José Loza señaló que el fallo de la Corte “obliga al Estado a devolver a los trabajadores lo no pagado en ese periodo de veinte años que es mucho dinero” aunque advirtió que “este fallo no está firme, porque seguramente va a ser apelado y pasará a la Corte Suprema”.
Los trabajadores judiciales confían en que la Corte Suprema ratifique la determinación. En ese sentido, el gremialista regional recordó que “la Corte ya resolvió en un caso parecido, en Chaco, y falló a favor de los trabajadores. Por eso pensamos que va a resolver análogamente. Después habrá que ver la forma de pago, porque es mucho dinero” recalcó.
Los judiciales también insistieron en plantear la discusión para obtener recuperación de la porcentualidad salarial. El Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul informó que el gremio “ viene reclamando a través de un proyecto que elaboramos como sindicato y que se va a presentar ante la Suprema Corte de la Provincia y el Ejecutivo provincial para recuperar la porcentualidad salarial que implica que un trabajador tenga un porcentaje de lo que gana un Juez” explicó. La decisión sindical fue adoptada durante un congreso de la Asociación Judicial Bonaerense que se reunió en San Nicolás
Leemos con sorpresa en una página digital -tres líneas- que reproduce una publicación periodística de un medio de Olavarría las declaraciones del Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul. Allí informa sobre el fallo de la Corte de conjueces que declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche y porcentualidad y ¡afirma que el Estado deberá pagar lo adeudado en estos 20 años! No es verdad. Ese fallo sólo declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche en el período 1/10/1991- 27/1/1992, con lo cual, sólo habilita a que se reclame un ajuste de haberes de los salarios de esos meses y nada más. Por otro lado, la misma sentencia aclara que es de carácter declarativa, porque así lo planteó el gremio y también destaca que no se cuestionó la derogación de ese sistema salarial (enganche y porcentualidad). Las cosas por su nombre,
Esto es lo que dijo el dirigente de la AJB de Azul:
02-11-2011 I Infoeme - Olavarria I Provinciales I Informacion general
“El fallo obliga al Estado a devolver a los judiciales lo no pagado en un periodo de veinte años, que es mucho dinero”
Lo dijo el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza, al referirse a un reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad de los decretos del ex gobernador Antonio Cafiero que suprimieron el “enganche salarial”.
La Asociación Judicial Bonaerense valoró un reciente fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de los decretos sancionados por el ex gobernador, Antonio Cafiero, que suprimieron el enganche salarial de los ministros de la Corte provincial con sus pares nacionales.
En diálogo con infoeme.com el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza calificó la decisión como un “hecho importante” ya que “después de casi 20 años de reclamos una corte de conjueces declaró inconstitucional los decretos del gobierno de Cafiero que nos dejó sin enganche nacional a los judiciales.
Hasta ese momento, los trabajadores cobraban un porcentaje de lo que ganaba un Juez de corte nacional. Cafiero lo deroga por decreto y nosotros presentamos el reclamo en el 92 y hace un mes mas o menos resolvieron que eso era inconstitucional” destacó.
José Loza señaló que el fallo de la Corte “obliga al Estado a devolver a los trabajadores lo no pagado en ese periodo de veinte años que es mucho dinero” aunque advirtió que “este fallo no está firme, porque seguramente va a ser apelado y pasará a la Corte Suprema”.
Los trabajadores judiciales confían en que la Corte Suprema ratifique la determinación. En ese sentido, el gremialista regional recordó que “la Corte ya resolvió en un caso parecido, en Chaco, y falló a favor de los trabajadores. Por eso pensamos que va a resolver análogamente. Después habrá que ver la forma de pago, porque es mucho dinero” recalcó.
Los judiciales también insistieron en plantear la discusión para obtener recuperación de la porcentualidad salarial. El Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul informó que el gremio “ viene reclamando a través de un proyecto que elaboramos como sindicato y que se va a presentar ante la Suprema Corte de la Provincia y el Ejecutivo provincial para recuperar la porcentualidad salarial que implica que un trabajador tenga un porcentaje de lo que gana un Juez” explicó. La decisión sindical fue adoptada durante un congreso de la Asociación Judicial Bonaerense que se reunió en San Nicolás
Fallo a favor de Judiciales Bonaerenses: un paso adelante que no resuelve 20 años de expropiación
Sólo la lucha podrá devolver la porcentual y el engancheSentencia de Corte de conjueces declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche entre el 1/10/1991 y el 27/1/1992, pero no de su derogación, desde esta última fecha. Porque fue planteado en esos términos, es además un fallo meramente declarativo, sin consecuencias retributivas inmediatas. La sentencia sienta las bases para que se reclamen ajustes salariales de aquella época, durante esos meses, pero no resuelve la expropiación salarial de los últimos 20 años. Para que no hagan falta otros 20, Trabajadores Judiciales a la Acción!
Por Luz Ramallo. Trabajadora Judicial.
Azul, 29/10/2011.
En la Provincia de Buenos Aires, una Corte de conjueces falló el 14 de octubre último a favor del reclamo de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) contra la suspensión de la ley de enganche o régimen de equiparación salarial de la Justicia provincial con la de Nación, pero no de su derogación, que no fue planteada.
La Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de las normas que en su momento suspendieron la ley de enganche (ley 11.017), a través de la cual se establecía la equivalencia de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con las propias de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación y la determinación de las remuneraciones del resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de acuerdo a la ley de porcentualidad (ley 10.374).
Fue el gobierno de Antonio Cafiero, 20 años atrás, el que firmó los decretos de necesidad y urgencia que pusieron fin a ese régimen salarial, privando al personal judicial bonaerense de “(…) percibir sus haberes con el incremento derivado de la Acordada 56/1991 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (creó un suplemento mensual no remunerativo ni bonificable a partir del 1 de octubre de 1991), y de la equivalencia y porcentualidad que establecían los dispositivos legales cuya vigencia fue suspendida por los decretos en cuestión (…)”. Pero también fue el principio de la postergación salarial para ese sector de la administración y el inicio de una política de desigualdad que se ejecutó de allí en más en beneficio de los cortesanos y demás jueces bonaerenses, a quienes -no obstante habérselos desenganchado- se dedicaron los mayores aumentos, en desmedro del resto del personal.
Los sucesivos gobiernos de la provincia sostuvieron el embate de Cafiero contra los trabajadores judiciales –Duhalde derogó la porcentualidad- y desde entonces el sector reclama por sus salarios, depreciados a lo largo de todo este tiempo.
Pero el problema no se agota en las normas hoy declaradas inconstitucionales, porque el mismo día que se sancionaron las leyes convalidatorias de los decretos de necesidad y urgencia que suspendieron la ley de enganche, se sancionaba otra que directamente la derogaba (ley 11.197, derogatoria de la 11.017) y no está incluida en la demanda hoy resuelta por los conjueces.
El primer voto lo destaca en el fallo diciendo que “ (…)las leyes han tenido como único propósito ratificar la suspensión temporaria de la ley 11.017 decretada por el Poder Ejecutivo pues, hacia el futuro, el mismo día que disponía la ratificación legislativa, la Legislatura provincial derogaba la ley 11.017 (ley 11.197, sancionada el 19-XII-1991; B.O. 27-I- 1992)(…)”.
La demanda entablada por la AJB (febrero de 1992), contra los decretos de necesidad y urgencia (3073/91 y 3641/91) que suspendieron el sistema de equiparación salarial y las leyes que los convalidaron (11.195 y 11.196) –hoy declaradas inconstitucionales por la Corte de conjueces- no incluyó ningún cuestionamiento a esa ley derogatoria del enganche y porcentual, por lo que, el restablecimiento de su vigencia se limita al período en que su aplicación estuvo suspendida por esos decretos 3073/1991 y 3641/1991 (14/10/91 y 11/11/91) hasta su derogación definitiva (27/1/1992); es decir, el comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992 (derogación).
Por otra parte, la sentencia sólo es declarativa de la inconstitucionalidad de las normas que suspendieron durante ese período el régimen de equiparación salarial, porque la demanda se promovió con ese único objetivo –acción declarativa- y así lo aclara el fallo en cuestión. El primer voto dice expresamente: “(…) En primer lugar, que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora se dirige a los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y a las leyes 11.195 y 11.196, no mediando impugnación alguna a la ley 11.197, derogatoria del régimen previsto en la ley 11.017, lo que determina que el restablecimiento de la vigencia de ésta última norma, aconsejado a fs. 661 por la Procuradora General designada en autos, debe entenderse acotado al período en que su aplicación estuvo suspendida por los decretos 3073/1991 y 3641/1991, cuya inconstitucionalidad se declara. En segundo término, y en el caso de que mis colegas den su voto en el mismo sentido que aquí propongo, la sentencia sólo será declarativa de la inconstitucionalidad solicitada, dado que la demanda se promovió con ese único objeto (conf. fs. 223, 224 y vta., 225, 235 y vta.) (…)”.
El fallo es un paso adelante en cuanto al reconocimiento de las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero no contiene ningún ataque a la derogación del enganche y porcentualidad. Para el restablecimiento de este régimen salarial, los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente.
Pasaron 20 años para dar luz verde a un reclamo por la liquidación de salarios durante los meses de la suspensión del enganche (91/92). ¿Serán necesarios otros 20 para lograr el pago efectivo de esas diferencias con más su actualización? Tenemos un antecedente en los maestros. Después de conseguir que se declarara la inconstitucionalidad de la suspensión del premio jubilatorio, los docentes tuvieron que lidiar para que se les reconociera una liquidación actualizada al momento de su pago, porque el gobierno intentó por todos los medios abonar las diferencias a los valores de la época de la suspensión. ¿Será la batalla que sigue para la AJB?
El gremio ha recibido este fallo como la constatación de una verdad que nadie puso en duda, porque los judiciales no necesitábamos 20 años para que una corte nos dijera que teníamos razón y tendrá que ser esa conciencia la que exija que se organice y ejecute un reclamo que en todo este tiempo no se ha hecho visible en el campo de batalla.
Cuando el fallo quede firme, será el instrumento que sirva para redactar los reclamos puntuales de reliquidación salarial a quienes ya trabajábamos por aquellos años. Quizás, lo mejor de la sentencia haya sido dejar en claro esas diferencias conceptuales. Hay derechos que nos fueron arrebatados como trabajadores judiciales que sólo podremos reconquistar con acción, y con la misma fuerza con la que debemos oponernos a los ataques del socio de Cristina, el gobernador Scioli, con su política salarial.
+Delegados independientes y mandatados, elegidos en los lugares de trabajo
+Asambleas en todas las Departamentales para discutir un plan de acción
+Por la recuperación del enganche y la porcentual y la defensa del salario
+Judiciales en lucha, a la acción YA.
La Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de las normas que en su momento suspendieron la ley de enganche (ley 11.017), a través de la cual se establecía la equivalencia de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con las propias de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación y la determinación de las remuneraciones del resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de acuerdo a la ley de porcentualidad (ley 10.374).
Fue el gobierno de Antonio Cafiero, 20 años atrás, el que firmó los decretos de necesidad y urgencia que pusieron fin a ese régimen salarial, privando al personal judicial bonaerense de “(…) percibir sus haberes con el incremento derivado de la Acordada 56/1991 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (creó un suplemento mensual no remunerativo ni bonificable a partir del 1 de octubre de 1991), y de la equivalencia y porcentualidad que establecían los dispositivos legales cuya vigencia fue suspendida por los decretos en cuestión (…)”. Pero también fue el principio de la postergación salarial para ese sector de la administración y el inicio de una política de desigualdad que se ejecutó de allí en más en beneficio de los cortesanos y demás jueces bonaerenses, a quienes -no obstante habérselos desenganchado- se dedicaron los mayores aumentos, en desmedro del resto del personal.
Los sucesivos gobiernos de la provincia sostuvieron el embate de Cafiero contra los trabajadores judiciales –Duhalde derogó la porcentualidad- y desde entonces el sector reclama por sus salarios, depreciados a lo largo de todo este tiempo.
Pero el problema no se agota en las normas hoy declaradas inconstitucionales, porque el mismo día que se sancionaron las leyes convalidatorias de los decretos de necesidad y urgencia que suspendieron la ley de enganche, se sancionaba otra que directamente la derogaba (ley 11.197, derogatoria de la 11.017) y no está incluida en la demanda hoy resuelta por los conjueces.
El primer voto lo destaca en el fallo diciendo que “ (…)las leyes han tenido como único propósito ratificar la suspensión temporaria de la ley 11.017 decretada por el Poder Ejecutivo pues, hacia el futuro, el mismo día que disponía la ratificación legislativa, la Legislatura provincial derogaba la ley 11.017 (ley 11.197, sancionada el 19-XII-1991; B.O. 27-I- 1992)(…)”.
La demanda entablada por la AJB (febrero de 1992), contra los decretos de necesidad y urgencia (3073/91 y 3641/91) que suspendieron el sistema de equiparación salarial y las leyes que los convalidaron (11.195 y 11.196) –hoy declaradas inconstitucionales por la Corte de conjueces- no incluyó ningún cuestionamiento a esa ley derogatoria del enganche y porcentual, por lo que, el restablecimiento de su vigencia se limita al período en que su aplicación estuvo suspendida por esos decretos 3073/1991 y 3641/1991 (14/10/91 y 11/11/91) hasta su derogación definitiva (27/1/1992); es decir, el comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992 (derogación).
Por otra parte, la sentencia sólo es declarativa de la inconstitucionalidad de las normas que suspendieron durante ese período el régimen de equiparación salarial, porque la demanda se promovió con ese único objetivo –acción declarativa- y así lo aclara el fallo en cuestión. El primer voto dice expresamente: “(…) En primer lugar, que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora se dirige a los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y a las leyes 11.195 y 11.196, no mediando impugnación alguna a la ley 11.197, derogatoria del régimen previsto en la ley 11.017, lo que determina que el restablecimiento de la vigencia de ésta última norma, aconsejado a fs. 661 por la Procuradora General designada en autos, debe entenderse acotado al período en que su aplicación estuvo suspendida por los decretos 3073/1991 y 3641/1991, cuya inconstitucionalidad se declara. En segundo término, y en el caso de que mis colegas den su voto en el mismo sentido que aquí propongo, la sentencia sólo será declarativa de la inconstitucionalidad solicitada, dado que la demanda se promovió con ese único objeto (conf. fs. 223, 224 y vta., 225, 235 y vta.) (…)”.
El fallo es un paso adelante en cuanto al reconocimiento de las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero no contiene ningún ataque a la derogación del enganche y porcentualidad. Para el restablecimiento de este régimen salarial, los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente.
Pasaron 20 años para dar luz verde a un reclamo por la liquidación de salarios durante los meses de la suspensión del enganche (91/92). ¿Serán necesarios otros 20 para lograr el pago efectivo de esas diferencias con más su actualización? Tenemos un antecedente en los maestros. Después de conseguir que se declarara la inconstitucionalidad de la suspensión del premio jubilatorio, los docentes tuvieron que lidiar para que se les reconociera una liquidación actualizada al momento de su pago, porque el gobierno intentó por todos los medios abonar las diferencias a los valores de la época de la suspensión. ¿Será la batalla que sigue para la AJB?
El gremio ha recibido este fallo como la constatación de una verdad que nadie puso en duda, porque los judiciales no necesitábamos 20 años para que una corte nos dijera que teníamos razón y tendrá que ser esa conciencia la que exija que se organice y ejecute un reclamo que en todo este tiempo no se ha hecho visible en el campo de batalla.
Cuando el fallo quede firme, será el instrumento que sirva para redactar los reclamos puntuales de reliquidación salarial a quienes ya trabajábamos por aquellos años. Quizás, lo mejor de la sentencia haya sido dejar en claro esas diferencias conceptuales. Hay derechos que nos fueron arrebatados como trabajadores judiciales que sólo podremos reconquistar con acción, y con la misma fuerza con la que debemos oponernos a los ataques del socio de Cristina, el gobernador Scioli, con su política salarial.
+Delegados independientes y mandatados, elegidos en los lugares de trabajo
+Asambleas en todas las Departamentales para discutir un plan de acción
+Por la recuperación del enganche y la porcentual y la defensa del salario
+Judiciales en lucha, a la acción YA.
Doble aguinaldo y anulación del impuesto al salario
Asambleas en todos los gremios
Cuando más remachadamente cajoneado está el "paquete de leyes laborales de Recalde", Moyano usó el aniversario de la muerte de Kirchner para desempolvar el proyecto de Reparto de Ganancias. Pasó del "partido sindical" a un brote reivindicativo. Eso sí, bien parlamentario. Plaini, que se está por ir, insiste en que ni se les ocurra confrontar con la presidenta, "es sólo un proyecto de ley para cumplir la constitución". Pero el moyanismo en diciembre estará con menos diputados en medio de un bloque oficial mucho mayor.
Si la Presidenta "enfrió" el proyecto el año pasado -cuando peleaba la recomposición política del kirchnerismo sin los votos de hoy, sin la fuga de capitales, sin el evidente déficit fiscal que se instaló, ni la recesión mundial que desembarca aceleradamente- hoy, la cosa está más lejos que nunca siquiera de tratarse.
Consciente de eso, Recalde se desvive explicando las virtudes que tendría un "bonus" atado al presentismo, el cual sería una de las formas que podría adquirir el reparto del 5% del 50% de las ganancias. Porque la otra mitad de las ganancias -según el proyecto- se puede descontar por "inversiones" y el otro 5% (del famoso 10%) iría a un fondo para la asignación por hijo. Por otro lado, explica que se aplicaría a empresas de más de 300 trabajadores y que todo el régimen podría quedar en discusión para las "pymes". Es decir que venden el proyecto como un arma para aumentar la "productividad" y para acrecentar las divisiones internas en el movimiento obrero.
Pero la UIA -y el gobierno- están en otra cosa. El vicepresidente tercero de la UIA, Juan C. Sacco, aseguró que "la única que puede exigir algo es la Presidenta con su 54%, y esto está fuera de lugar, tengo plena confianza en que no lo avalará". Para la UIA, cualquier cosa de este tipo debe discutirse en paritarias "que para eso las tenemos", en lo cual han coincidido con el ministro Tomada. La discusión de los bonus por productividad y presentismo por ramas y hasta por empresas son armas para condicionar el salario a una mayor explotación. Además, al mismo tiempo que ponen en alto las paritarias, las patronales impulsan un Consejo Económico y Social para digitar, mediante el dedo presidencial, todo lo que se discuta en ellas.
Ese es el núcleo de toda la discusión con el moyanismo. El disciplinamiento del movimiento obrero al proceso futuro de tarifazos progresivos, a los aumentos pautados por debajo de la inflación y sujetos a cláusulas de productividad, así como a la vía libre a las suspensiones, cortes de contratos y despidos como consecuencia del desembarco de la crisis mundial. En función del déficit fiscal, el gobierno discute la estatización de los fondos de las obras sociales, en vez de devolver los 10 mil millones que ha retenido, de lo cual Moyano no habla.
Su hijo Pablo estuvo más picante: dijo que "da bronca trabajar para el Estado", refiriéndose al impuesto a las ganancias. Otra de las reivindicaciones más sentidas entre los sectores calificados -y no tanto, como los maestros de doble turno- del movimiento sindical. Pero todo es pirotecnia verbal en función de la crisis del moyanismo.
Las garantías parlamentarias en torno del reparto de ganancias delatan el objetivo "político" de Moyano, que es negociar un retiro digno y sin causas penales. En torno al impuesto al salario, el propio Moyano aceptó, callado la boca, la actualización ruinosa del 20% después de dos años y se volvió a tragar el sapo en ocasión del Concejo del Salario Mínimo, cuando la presidenta bajó, laudó y se acabó. Todas las reivindicaciones quedaron a la vera del camino.
La prioridad en el movimiento obrero es el reclamo del doble aguinaldo ya. La anulación del impuesto al salario. La defensa de las paritarias y la exigencia de un piso salarial equivalente a una canasta familiar para todo el movimiento obrero, condiciones para discutir cualquier variedad de reparto de ganancias, lo que requeriría una lucha consecuente para abrir los libros de las empresas. En tercer lugar, fijar una línea en todos los gremios, mediante asambleas, para que, ante la baja de la producción y eventuales reducciones horarias, se prohíban los despidos y no se toque el salario: nada de suspensiones, adelantos de vacaciones, ni cortes de contratos o cesantías.
Para esto hay que poner en pie de movilización al movimiento obrero. Abramos la deliberación en asambleas fabriles
Néstor Pitrola, publicado en prensa obrera 3/11/11
Cuando más remachadamente cajoneado está el "paquete de leyes laborales de Recalde", Moyano usó el aniversario de la muerte de Kirchner para desempolvar el proyecto de Reparto de Ganancias. Pasó del "partido sindical" a un brote reivindicativo. Eso sí, bien parlamentario. Plaini, que se está por ir, insiste en que ni se les ocurra confrontar con la presidenta, "es sólo un proyecto de ley para cumplir la constitución". Pero el moyanismo en diciembre estará con menos diputados en medio de un bloque oficial mucho mayor.
Si la Presidenta "enfrió" el proyecto el año pasado -cuando peleaba la recomposición política del kirchnerismo sin los votos de hoy, sin la fuga de capitales, sin el evidente déficit fiscal que se instaló, ni la recesión mundial que desembarca aceleradamente- hoy, la cosa está más lejos que nunca siquiera de tratarse.
Consciente de eso, Recalde se desvive explicando las virtudes que tendría un "bonus" atado al presentismo, el cual sería una de las formas que podría adquirir el reparto del 5% del 50% de las ganancias. Porque la otra mitad de las ganancias -según el proyecto- se puede descontar por "inversiones" y el otro 5% (del famoso 10%) iría a un fondo para la asignación por hijo. Por otro lado, explica que se aplicaría a empresas de más de 300 trabajadores y que todo el régimen podría quedar en discusión para las "pymes". Es decir que venden el proyecto como un arma para aumentar la "productividad" y para acrecentar las divisiones internas en el movimiento obrero.
Pero la UIA -y el gobierno- están en otra cosa. El vicepresidente tercero de la UIA, Juan C. Sacco, aseguró que "la única que puede exigir algo es la Presidenta con su 54%, y esto está fuera de lugar, tengo plena confianza en que no lo avalará". Para la UIA, cualquier cosa de este tipo debe discutirse en paritarias "que para eso las tenemos", en lo cual han coincidido con el ministro Tomada. La discusión de los bonus por productividad y presentismo por ramas y hasta por empresas son armas para condicionar el salario a una mayor explotación. Además, al mismo tiempo que ponen en alto las paritarias, las patronales impulsan un Consejo Económico y Social para digitar, mediante el dedo presidencial, todo lo que se discuta en ellas.
Ese es el núcleo de toda la discusión con el moyanismo. El disciplinamiento del movimiento obrero al proceso futuro de tarifazos progresivos, a los aumentos pautados por debajo de la inflación y sujetos a cláusulas de productividad, así como a la vía libre a las suspensiones, cortes de contratos y despidos como consecuencia del desembarco de la crisis mundial. En función del déficit fiscal, el gobierno discute la estatización de los fondos de las obras sociales, en vez de devolver los 10 mil millones que ha retenido, de lo cual Moyano no habla.
Su hijo Pablo estuvo más picante: dijo que "da bronca trabajar para el Estado", refiriéndose al impuesto a las ganancias. Otra de las reivindicaciones más sentidas entre los sectores calificados -y no tanto, como los maestros de doble turno- del movimiento sindical. Pero todo es pirotecnia verbal en función de la crisis del moyanismo.
Las garantías parlamentarias en torno del reparto de ganancias delatan el objetivo "político" de Moyano, que es negociar un retiro digno y sin causas penales. En torno al impuesto al salario, el propio Moyano aceptó, callado la boca, la actualización ruinosa del 20% después de dos años y se volvió a tragar el sapo en ocasión del Concejo del Salario Mínimo, cuando la presidenta bajó, laudó y se acabó. Todas las reivindicaciones quedaron a la vera del camino.
La prioridad en el movimiento obrero es el reclamo del doble aguinaldo ya. La anulación del impuesto al salario. La defensa de las paritarias y la exigencia de un piso salarial equivalente a una canasta familiar para todo el movimiento obrero, condiciones para discutir cualquier variedad de reparto de ganancias, lo que requeriría una lucha consecuente para abrir los libros de las empresas. En tercer lugar, fijar una línea en todos los gremios, mediante asambleas, para que, ante la baja de la producción y eventuales reducciones horarias, se prohíban los despidos y no se toque el salario: nada de suspensiones, adelantos de vacaciones, ni cortes de contratos o cesantías.
Para esto hay que poner en pie de movilización al movimiento obrero. Abramos la deliberación en asambleas fabriles
Néstor Pitrola, publicado en prensa obrera 3/11/11
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