AJB: mentira gremial

¡EL FALLO NO DICE ESO!

Leemos con sorpresa en una página digital -tres líneas- que reproduce una publicación periodística de un medio de Olavarría las declaraciones del Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul. Allí informa sobre el fallo de la Corte de conjueces que declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche y porcentualidad y ¡afirma que el Estado deberá pagar lo adeudado en estos 20 años! No es verdad. Ese fallo sólo declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche en el período 1/10/1991- 27/1/1992, con lo cual, sólo habilita a que se reclame un ajuste de haberes de los salarios de esos meses y nada más. Por otro lado, la misma sentencia aclara que es de carácter declarativa, porque así lo planteó el gremio y también destaca que no se cuestionó la derogación de ese sistema salarial (enganche y porcentualidad). Las cosas por su nombre,

Esto es lo que dijo el dirigente de la AJB de Azul:

02-11-2011 I Infoeme - Olavarria I Provinciales I Informacion general
“El fallo obliga al Estado a devolver a los judiciales lo no pagado en un periodo de veinte años, que es mucho dinero”

Lo dijo el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza, al referirse a un reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad de los decretos del ex gobernador Antonio Cafiero que suprimieron el “enganche salarial”.

La Asociación Judicial Bonaerense valoró un reciente fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de los decretos sancionados por el ex gobernador, Antonio Cafiero, que suprimieron el enganche salarial de los ministros de la Corte provincial con sus pares nacionales.

En diálogo con infoeme.com el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza calificó la decisión como un “hecho importante” ya que “después de casi 20 años de reclamos una corte de conjueces declaró inconstitucional los decretos del gobierno de Cafiero que nos dejó sin enganche nacional a los judiciales.

Hasta ese momento, los trabajadores cobraban un porcentaje de lo que ganaba un Juez de corte nacional. Cafiero lo deroga por decreto y nosotros presentamos el reclamo en el 92 y hace un mes mas o menos resolvieron que eso era inconstitucional” destacó.

José Loza señaló que el fallo de la Corte “obliga al Estado a devolver a los trabajadores lo no pagado en ese periodo de veinte años que es mucho dinero” aunque advirtió que “este fallo no está firme, porque seguramente va a ser apelado y pasará a la Corte Suprema”.

Los trabajadores judiciales confían en que la Corte Suprema ratifique la determinación. En ese sentido, el gremialista regional recordó que “la Corte ya resolvió en un caso parecido, en Chaco, y falló a favor de los trabajadores. Por eso pensamos que va a resolver análogamente. Después habrá que ver la forma de pago, porque es mucho dinero” recalcó.

Los judiciales también insistieron en plantear la discusión para obtener recuperación de la porcentualidad salarial. El Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul informó que el gremio “ viene reclamando a través de un proyecto que elaboramos como sindicato y que se va a presentar ante la Suprema Corte de la Provincia y el Ejecutivo provincial para recuperar la porcentualidad salarial que implica que un trabajador tenga un porcentaje de lo que gana un Juez” explicó. La decisión sindical fue adoptada durante un congreso de la Asociación Judicial Bonaerense que se reunió en San Nicolás

Fallo a favor de Judiciales Bonaerenses: un paso adelante que no resuelve 20 años de expropiación

Sólo la lucha podrá devolver la porcentual y el enganche

Sentencia de Corte de conjueces declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche entre el 1/10/1991 y el 27/1/1992, pero no de su derogación, desde esta última fecha. Porque fue planteado en esos términos, es además un fallo meramente declarativo, sin consecuencias retributivas inmediatas. La sentencia sienta las bases para que se reclamen ajustes salariales de aquella época, durante esos meses, pero no resuelve la expropiación salarial de los últimos 20 años. Para que no hagan falta otros 20, Trabajadores Judiciales a la Acción!

Por Luz Ramallo. Trabajadora Judicial.

Azul, 29/10/2011.

En la Provincia de Buenos Aires, una Corte de conjueces falló el 14 de octubre último a favor del reclamo de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) contra la suspensión de la ley de enganche o régimen de equiparación salarial de la Justicia provincial con la de Nación, pero no de su derogación, que no fue planteada.

La Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de las normas que en su momento suspendieron la ley de enganche (ley 11.017), a través de la cual se establecía la equivalencia de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con las propias de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación y la determinación de las remuneraciones del resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de acuerdo a la ley de porcentualidad (ley 10.374).

Fue el gobierno de Antonio Cafiero, 20 años atrás, el que firmó los decretos de necesidad y urgencia que pusieron fin a ese régimen salarial, privando al personal judicial bonaerense de “(…) percibir sus haberes con el incremento derivado de la Acordada 56/1991 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (creó un suplemento mensual no remunerativo ni bonificable a partir del 1 de octubre de 1991), y de la equivalencia y porcentualidad que establecían los dispositivos legales cuya vigencia fue suspendida por los decretos en cuestión (…)”. Pero también fue el principio de la postergación salarial para ese sector de la administración y el inicio de una política de desigualdad que se ejecutó de allí en más en beneficio de los cortesanos y demás jueces bonaerenses, a quienes -no obstante habérselos desenganchado- se dedicaron los mayores aumentos, en desmedro del resto del personal.

Los sucesivos gobiernos de la provincia sostuvieron el embate de Cafiero contra los trabajadores judiciales –Duhalde derogó la porcentualidad- y desde entonces el sector reclama por sus salarios, depreciados a lo largo de todo este tiempo.

Pero el problema no se agota en las normas hoy declaradas inconstitucionales, porque el mismo día que se sancionaron las leyes convalidatorias de los decretos de necesidad y urgencia que suspendieron la ley de enganche, se sancionaba otra que directamente la derogaba (ley 11.197, derogatoria de la 11.017) y no está incluida en la demanda hoy resuelta por los conjueces.

El primer voto lo destaca en el fallo diciendo que “ (…)las leyes han tenido como único propósito ratificar la suspensión temporaria de la ley 11.017 decretada por el Poder Ejecutivo pues, hacia el futuro, el mismo día que disponía la ratificación legislativa, la Legislatura provincial derogaba la ley 11.017 (ley 11.197, sancionada el 19-XII-1991; B.O. 27-I- 1992)(…)”.

La demanda entablada por la AJB (febrero de 1992), contra los decretos de necesidad y urgencia (3073/91 y 3641/91) que suspendieron el sistema de equiparación salarial y las leyes que los convalidaron (11.195 y 11.196) –hoy declaradas inconstitucionales por la Corte de conjueces- no incluyó ningún cuestionamiento a esa ley derogatoria del enganche y porcentual, por lo que, el restablecimiento de su vigencia se limita al período en que su aplicación estuvo suspendida por esos decretos 3073/1991 y 3641/1991 (14/10/91 y 11/11/91) hasta su derogación definitiva (27/1/1992); es decir, el comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992 (derogación).

Por otra parte, la sentencia sólo es declarativa de la inconstitucionalidad de las normas que suspendieron durante ese período el régimen de equiparación salarial, porque la demanda se promovió con ese único objetivo –acción declarativa- y así lo aclara el fallo en cuestión. El primer voto dice expresamente: “(…) En primer lugar, que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora se dirige a los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y a las leyes 11.195 y 11.196, no mediando impugnación alguna a la ley 11.197, derogatoria del régimen previsto en la ley 11.017, lo que determina que el restablecimiento de la vigencia de ésta última norma, aconsejado a fs. 661 por la Procuradora General designada en autos, debe entenderse acotado al período en que su aplicación estuvo suspendida por los decretos 3073/1991 y 3641/1991, cuya inconstitucionalidad se declara. En segundo término, y en el caso de que mis colegas den su voto en el mismo sentido que aquí propongo, la sentencia sólo será declarativa de la inconstitucionalidad solicitada, dado que la demanda se promovió con ese único objeto (conf. fs. 223, 224 y vta., 225, 235 y vta.) (…)”.

El fallo es un paso adelante en cuanto al reconocimiento de las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero no contiene ningún ataque a la derogación del enganche y porcentualidad. Para el restablecimiento de este régimen salarial, los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente.

Pasaron 20 años para dar luz verde a un reclamo por la liquidación de salarios durante los meses de la suspensión del enganche (91/92). ¿Serán necesarios otros 20 para lograr el pago efectivo de esas diferencias con más su actualización? Tenemos un antecedente en los maestros. Después de conseguir que se declarara la inconstitucionalidad de la suspensión del premio jubilatorio, los docentes tuvieron que lidiar para que se les reconociera una liquidación actualizada al momento de su pago, porque el gobierno intentó por todos los medios abonar las diferencias a los valores de la época de la suspensión. ¿Será la batalla que sigue para la AJB?

El gremio ha recibido este fallo como la constatación de una verdad que nadie puso en duda, porque los judiciales no necesitábamos 20 años para que una corte nos dijera que teníamos razón y tendrá que ser esa conciencia la que exija que se organice y ejecute un reclamo que en todo este tiempo no se ha hecho visible en el campo de batalla.

Cuando el fallo quede firme, será el instrumento que sirva para redactar los reclamos puntuales de reliquidación salarial a quienes ya trabajábamos por aquellos años. Quizás, lo mejor de la sentencia haya sido dejar en claro esas diferencias conceptuales. Hay derechos que nos fueron arrebatados como trabajadores judiciales que sólo podremos reconquistar con acción, y con la misma fuerza con la que debemos oponernos a los ataques del socio de Cristina, el gobernador Scioli, con su política salarial.

+Delegados independientes y mandatados, elegidos en los lugares de trabajo
+Asambleas en todas las Departamentales para discutir un plan de acción
+Por la recuperación del enganche y la porcentual y la defensa del salario
+Judiciales en lucha, a la acción YA.

Doble aguinaldo y anulación del impuesto al salario

Asambleas en todos los gremios

Cuando más remachadamente cajoneado está el "paquete de leyes laborales de Recalde", Moyano usó el aniversario de la muerte de Kirchner para desempolvar el proyecto de Reparto de Ganancias. Pasó del "partido sindical" a un brote reivindicativo. Eso sí, bien parlamentario. Plaini, que se está por ir, insiste en que ni se les ocurra confrontar con la presidenta, "es sólo un proyecto de ley para cumplir la constitución". Pero el moyanismo en diciembre estará con menos diputados en medio de un bloque oficial mucho mayor.

Si la Presidenta "enfrió" el proyecto el año pasado -cuando peleaba la recomposición política del kirchnerismo sin los votos de hoy, sin la fuga de capitales, sin el evidente déficit fiscal que se instaló, ni la recesión mundial que desembarca aceleradamente- hoy, la cosa está más lejos que nunca siquiera de tratarse.

Consciente de eso, Recalde se desvive explicando las virtudes que tendría un "bonus" atado al presentismo, el cual sería una de las formas que podría adquirir el reparto del 5% del 50% de las ganancias. Porque la otra mitad de las ganancias -según el proyecto- se puede descontar por "inversiones" y el otro 5% (del famoso 10%) iría a un fondo para la asignación por hijo. Por otro lado, explica que se aplicaría a empresas de más de 300 trabajadores y que todo el régimen podría quedar en discusión para las "pymes". Es decir que venden el proyecto como un arma para aumentar la "productividad" y para acrecentar las divisiones internas en el movimiento obrero.

Pero la UIA -y el gobierno- están en otra cosa. El vicepresidente tercero de la UIA, Juan C. Sacco, aseguró que "la única que puede exigir algo es la Presidenta con su 54%, y esto está fuera de lugar, tengo plena confianza en que no lo avalará". Para la UIA, cualquier cosa de este tipo debe discutirse en paritarias "que para eso las tenemos", en lo cual han coincidido con el ministro Tomada. La discusión de los bonus por productividad y presentismo por ramas y hasta por empresas son armas para condicionar el salario a una mayor explotación. Además, al mismo tiempo que ponen en alto las paritarias, las patronales impulsan un Consejo Económico y Social para digitar, mediante el dedo presidencial, todo lo que se discuta en ellas.

Ese es el núcleo de toda la discusión con el moyanismo. El disciplinamiento del movimiento obrero al proceso futuro de tarifazos progresivos, a los aumentos pautados por debajo de la inflación y sujetos a cláusulas de productividad, así como a la vía libre a las suspensiones, cortes de contratos y despidos como consecuencia del desembarco de la crisis mundial. En función del déficit fiscal, el gobierno discute la estatización de los fondos de las obras sociales, en vez de devolver los 10 mil millones que ha retenido, de lo cual Moyano no habla.

Su hijo Pablo estuvo más picante: dijo que "da bronca trabajar para el Estado", refiriéndose al impuesto a las ganancias. Otra de las reivindicaciones más sentidas entre los sectores calificados -y no tanto, como los maestros de doble turno- del movimiento sindical. Pero todo es pirotecnia verbal en función de la crisis del moyanismo.

Las garantías parlamentarias en torno del reparto de ganancias delatan el objetivo "político" de Moyano, que es negociar un retiro digno y sin causas penales. En torno al impuesto al salario, el propio Moyano aceptó, callado la boca, la actualización ruinosa del 20% después de dos años y se volvió a tragar el sapo en ocasión del Concejo del Salario Mínimo, cuando la presidenta bajó, laudó y se acabó. Todas las reivindicaciones quedaron a la vera del camino.

La prioridad en el movimiento obrero es el reclamo del doble aguinaldo ya. La anulación del impuesto al salario. La defensa de las paritarias y la exigencia de un piso salarial equivalente a una canasta familiar para todo el movimiento obrero, condiciones para discutir cualquier variedad de reparto de ganancias, lo que requeriría una lucha consecuente para abrir los libros de las empresas. En tercer lugar, fijar una línea en todos los gremios, mediante asambleas, para que, ante la baja de la producción y eventuales reducciones horarias, se prohíban los despidos y no se toque el salario: nada de suspensiones, adelantos de vacaciones, ni cortes de contratos o cesantías.

Para esto hay que poner en pie de movilización al movimiento obrero. Abramos la deliberación en asambleas fabriles

Néstor Pitrola, publicado en prensa obrera 3/11/11

REGULARIZACIÓN de los INTERINOS de los FUEROS CAyT y PCyF

Desde Judiciales en Lucha nos preguntamos... ¿Y si la UEJN nación toma este programa?

Publicado por AEJBA
"– MESA SALARIAL – ASAMBLEA INTEREDIFICIO: AEJBA va por más

Compañer@s:

gracias a la presencia de alrededor de 30 delegados de la Asociación de Empleados del PJCABA (AEJBA) en el Plenario de Consejeros celebrado ayer 11 de octubre, el Consejo de la Magistratura aprobó la primera etapa de confirmaciones en los cargos para el área jurisdiccional, resolviéndose entonces, la regularización del personal interino de los Juzgados 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y los Juzgados 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 y la Cámara del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

Aún resta regularizar tres juzgados CAyT y doce PCyF, y la situación de los compañeros con categoría jurisdiccional que prestan funciones en el área administrativa y a la inversa, cuestión esta última, que deberá ser tratada en el próximo plenario. En ese mismo orden, se fijó la nueva fecha para la mesa de discusión salarial para el día 20 de octubre, donde insistiremos con nuestros reclamos de Reajuste de la Porcentualidad para todos para alcanzar un verdadera Recomposición Salarial justa y equitativa y la Incorporación al Salario Básico del Adicional Incentivo al Personal.

Asimismo, continuamos con la necesidad de culminar el proceso de Regularización del Personal Interino del Área Jurisdiccional; como así también la conformación de la Mesa de Discusión para la Regularización del Personal Contratado bajo la modalidad de locación servicios en general, como así también los trabajadores del área de Informática, Archivo Gral. y el personal con necesidades especiales contratado en los términos de la Ley 1.502; Carrera Administrativa para Notificaciones (unificación de categorías), Informática, Mantenimiento e Intendencias; como así también la instalación de Lactarios, la implementación de los días de Licencias Médicas Especiales (Ej: estudios ginecológicos y PSA).

Durante el día de hoy, miércoles 12/10, se realizaron Asambleas en los edificios de Beruti, Av. de Mayo, Diagonal Norte y Beazley, donde se consensuó la propuesta de confluir en una Asamblea Interedificio el día Lunes a las 15hs., en el edificio de Av. Alem 684, de igual manera, se seguirán llevando a cabo en el transcurso de esta semana las Asambleas en los restantes edificios del Poder Judicial. Encontrándonos en estado de alerta, reafirmamos desde AEJBA una vez más que el camino es la organización, y que ante cada paso o decisión trascendental nos debemos la discusión de y con todos los trabajadores, ello a fin de fortalecer las decisiones y transmitir la fuerza y la convicción de las mismas."

Convocatoria de JenL a 1 año del asesinato de Mariano Ferreyra

20 DE OCTUBRE, A UN AÑO DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.
LOS JUDICIALES NOS MOVILIZAMOS POR

Juicio y castigo a TODOS los responsables,
Pase a planta de todos los interinos y contratados
Igualdad de salarios entre Ciudad, Nación y Provincia.
Fuera la burocracia sindical de AJB y la UEJN

Este 20 de octubre se cumple un año del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y de las graves lesiones sufridas por la compañera Elsa Rodríguez (entre otros) a manos de la burocracia sindical ferroviaria de José Pedraza y el Gallego Fernández.

El crimen de Mariano a manos de una burocracia sindical que se volvió ella misma empresaria, en el marco de la lucha de los trabajadores tercerizados ferroviarios, representa un crimen contra la propia clase obrera. Al día de hoy, la presión obrera y popular que suscitó el crimen, ha puesto en prisión no solo a los autores materiales, sino a los instigadores directos José Pedraza y compañía.

Sin embargo, los responsables empresariales aun ni siquiera han sido imputados. Los responsables policiales han sido procesados por el delito de “abandono de persona” y no por partícipes necesarios en el encubrimiento y la liberación de la zona para la comisión del crimen. Ni que decir, que al día de hoy el gobierno nacional mantiene a la gente de Pedraza en la Secretaría de transporte ferroviario manejando jugosos subsidios.

Mariano y los judiciales: La lucha es una sola.
Mariano Ferrayra fue asesinado defendiendo los derechos de los trabajadores frente a un sistema capitalista acostumbrado a los atropellos a la clase obrera. Los salarios de hambre, la tercerización y la precariedad laboral, son las injusticias contra las que se rebeló Mariano y las injusticias con las que los judiciales de capital y provincia convivimos a diario.

La lucha de los ferroviarios y Mariano contra la burocracia sindical y la privatizada UGOFE, la damos a diario nosotros contra los tandems Piumato/Moyano y Blasco/Mendivil, aliados las Cortes y los gobiernos de turno. ¿O acaso nos van a decir que el gobierno, la CGT y el propio Piumato no tienen nada que ver con las patotas y el mismísimo Pedraza?

Para reforzar la lucha por nuestros reclamos, desde Judiciales en Lucha creemos necesario que salgamos a movilizarnos el 20 de octubre, reafirmando nuestro descontento tanto con los salarios que percibimos en la Provincia de Buenos Aires a cuenta de nuestro patrón el kirchnerista Scioli y en relación a la alta inestabilidad laboral en Ciudad y Nación con los interinatos y contratados, operando en Ciudad el incumplimiento del Consejo de la Magistratura y la desidia de la Corte y la UEJN en Nación.

Vamos por los reclamos de los judiciales.
El 20 de octubre será un polo de los miles que luchan contra todas las formas de explotación capitalista, de los que luchan por la democracia sindical y la expulsión de la burocracia que representa a los intereses de los patrones; de los miles que luchan contra la impunidad de los crímenes del poder contra el pueblo.

Los judiciales, no podemos estar ajenos y debemos entender esta movilización como un peldaño más en nuestra lucha por el pase a planta de todos los judiciales de la CABA y Nación; por reabrir la discusión salarial en provincia en función de igualar los salarios con Nación; y en función de meter en cana a los asesinos de trabajadores como Pedraza, para expulsar de la AJB y UEJN a los burócratas que entregan nuestras luchas y reemplazarlos por la plena democracia sindical.

Libertad a Sobrero: se derrumbó otra provocación oficial

El 20, a Plaza de Mayo por Mariano

(Publicado en Prensa Obrera Nº1197)
Con la libertad del “Pollo” Sobrero se derrumbó otra provocación oficial contra la izquierda y el movimiento obrero independiente del Estado y de la burocracia sindical. La detención de Sobrero no fue un desvarío judicial: en toda su trama se advirtió la mano del gobierno y de su aparato de represión y espionaje contra el movimiento popular (las acusaciones de una persona en situación de calle, vulnerable, contra Sobrero, llegaron a la Justicia a través de elementos de la policía bonaerense). Aníbal Fernández fue el vocero político de la embestida judicial, sin que su accionar fuera jamás desmentido por la Presidenta o algún miembro del gabinete. El kirchnerista Tiempo Argentino desplegó esas inmundicias en su tapa del domingo. La determinación de este operativo político demuestra que tenían la intención de dejar a Sobrero en la cárcel. Si la provocación se vino abajo fue por la conmoción popular generada por las detenciones, que se manifestó frente al juzgado de San Martín y en la marcha masiva concretada horas después a Plaza de Mayo. Sólo después de esas manifestaciones, que dejaron abierta la perspectiva del paro ferroviario, Sobrero fue liberado.

Movilización por la libertad de Sobrero.
Una línea política
Que el gobierno haya cargado contra Sobrero y el activismo ferroviario no es una “torpeza” o exabrupto: revela la hostilidad cerril del kirchnerismo para con los luchadores antiburocráticos, y muy especialmente hacia los ferroviarios. Es una línea largamente “trabajada”: de un lado, eximir de la responsabilidad del vaciamiento ferroviario a los privatizadores “amigos”, y cargarle el fardo al movimiento popular. Del otro, proteger a la burocracia sindical ferroviaria -que gerencia ese mismo vaciamiento- y criminalizar a los que luchan contra ella. Fernández ya había acusado al PO y a Solanas de las quemas de trenes del año 2006, sin haber podido presentar nunca una sola prueba de ello. Cuando el PO le inició una querella por esas infamias, se declaró prófugo de las citaciones judiciales. Pero esa saña oficial se redobló después del crimen de Mariano Ferreyra. Desde el primer minuto posterior al crimen, quisieron “compensar” la responsabilidad criminal de la burocracia ferroviaria inculpando a los luchadores (“teoría de los dos demonios”). La posición oficial, expresada por Tomada, fue lamentar “los enfrentamientos”. Dos meses después, Nilda Garré debutaba como ministra de Seguridad, endilgándole al Partido Obrero los desmanes que la burocracia sindical había organizado en Constitución para desarticular la lucha de los tercerizados. La participación de elementos de la burocracia en esa provocación nunca fue investigada, pero cuatro compañeros de Causa Ferroviaria han sido procesados.

La inmensa acción popular mandó a la cárcel a Pedraza y a sus secuaces. Pero el régimen asociado a los Pedraza está empeñado en cobrarse esa cuenta a costa de quienes combaten a Pedraza y al derrumbe ferroviario.

El significado de la nueva provocación
La nueva provocación contra Sobrero se produce en un momento preciso. Por un lado, el régimen que ha rescatado a los privatizadores a costa de subsidios millonarios se ha agotado. Pero el kirchnerismo y sus opositores apuestan a salir del pantano a costa de los usuarios (tarifazos) y de una mayor presión contra los trabajadores del transporte. Este rumbo exige, naturalmente, golpear a sus luchadores antiburocráticos: la detención de Sobrero fue precedida por las patoteadas en la Línea 60 y los ataques de Cristina Kirchner a los delegados del subte.
Por otra parte, el aniversario del crimen de Mariano Ferreyra será el escenario de otra gran manifestación popular, mientras salen a la luz las corruptelas de los defensores de Pedraza para volcar a la justicia de su parte. El régimen que nunca ha expulsado a los socios de Pedraza de la gestión del ferrocarril no renuncia a sentar en el banquillo a los enemigos de los privatizadores.

El fracaso de esta nueva provocación ha dejado planteada una crisis política. Para una parte sustancial de la opinión pública obrera, popular y progresista (incluso para una parte de los kirchneristas), la provocación contra Sobrero ha sido un plato muy duro de digerir. Exijamos, con ellos, el desprocesamiento definitivo de Sobrero y de todos los luchadores ferroviarios y que se vaya el provocador Aníbal Fernández. La libertad de Sobrero refuerza la convocatoria, para este 20 de octubre, a una gran movilización popular por Mariano Ferreyra, para que sean condenados Pedraza y su patota; para que vayan presos los policías y empresarios cómplices; para expulsar a los privatizadores y burócratas del ferrocarril; para luchar por una nueva dirección sindical y política de la clase obrera.

Más de 350 personas en el debate Altamira-Gargarella Derecho La Plata

"La función del Estado y del derecho en la lucha de clases"
IMPORNTANTE CONCURRENCIA DE JUDICIALES

El viernes 23 de septiembre, se llevó adelante un debate impecable en el que participaron Jorge Altamira y Roberto Gargarella (reconocido abogado constitucionalista que apoya al Frente de Izquierda). El eje del debate estuvo puesto en la función del Estado y del derecho en la lucha de clases, particularmente en relación al delito penal organizado y a la represión de la protesta social. Aspectos que se agudizan en el marco de la crisis que recorre las venas del mundo capitalista.

Es necesario destacar la gran convocatoria de jóvenes que tuvo la actividad -mayoritariamente estudiantes de derecho, jóvenes precarizados y pasantes. Pero, además, se hicieron presentes muchísimos trabajadores judiciales y abogados, destacándose también la participación de una decena de profesores de la facultad.

Por un lado, se hace visible la tendencia de un gran sector de estudiantes a debatir los problemas políticos nacionales, la cuestión del Estado y del derecho, pero desde la óptica de la izquierda revolucionaria. A contramano de lo que los escribas oficialistas no se cansan de decir, la juventud no sólo vota a la izquierda como sus representantes gremiales en la facultad -como sucedió en la UBA- sino que se presta a conocer y debatir los planteos estratégicos de la izquierda.

Por otro lado, fue notable la concurrencia de trabajadores judiciales, que si bien admitieron asistir motivados por la presencia de Gargarella, reconocieron haber quedado impactados con la intervención de Altamira. Se nota, a su vez, un acercamiento al programa del Frente de Izquierda de personas vinculadas a organismos de Derechos Humanos, las que comienzan a desencantarse del cuento de hadas K. Ya que, en palabras de Gargarella, “el gobierno dice no reprimir cuando efectivamente reprime y causa muertes”.

La charla cumplió su objetivo: amplificar nuestro auditorio y llegar a nuevos sectores, redoblar el apoyo y la militancia del Frente de Izquierda. Sobre esta base, vamos desarrollando una oposición por izquierda al kirchnerismo en pos modificar sustancialmente la estructura política del país y abrir paso a la construcción de un partido de trabajadores.

La gran huelga de la 60, adelanto de lo que viene

Néstor Pitrola (ver abajo)

La huelga de la 60 retomó la ruta de los petroleros y docentes de Santa Cruz. Con el método de la huelga general, apoyada en piquetes y movilizaciones obreras, se quebró un intento estratégico de la patronal. La pulseada obrera enfrentó una entente formada por la patronal, aliada al milímetro con la UTA y su patota -cuyos integrantes entraron a las cabeceras de la línea (como en el Roca), de la mano del grupo Dota- y en función de los planes flexibilizadotes de la nueva empresa. Los obreros, como en ocasiones anteriores, se dieron maña para su autodefensa frente a grupos armados; recordemos que ya fueron atacados de esta manera, con el fin de robarles la elección del cuerpo de delegados independiente de la burocracia. Pero enfrentaron eso y mucho más: el ministerio de Tomada jugó con todo contra la huelga y aplicó la conciliación obligatoria sin nada en la mano para los reclamos obreros, quienes tuvieron que desconocerla (como en Santa Cruz) y mantener la medida contra viento y marea, apoyándose en sus propias fuerzas. Los "destituyentes" de los multimedios jugaron con todo contra los huelguistas, que habrían tenido de "rehenes" a los 300 mil usuarios afectados por la gran huelga.

La patronal volverá a la carga: ya desconoció acuerdos anteriores. Pero volverá, además, porque cuenta con el apoyo político estratégico del gobierno kirchnerista, socio de estos grupos que se van quedando con el transporte público y que tienen en carpeta ataques a las condiciones de trabajo de los choferes para compensar su desinversión y preparar los futuros tarifazos, que, nadie duda, vendrán después de octubre, como consecuencia del agotamiento de las "cajas" a las que apela el kirchnerismo para solventar el negocio. Ese apoyo K se ve en el tenaz mantenimiento del grupo Cirigliano en los ferrocarriles, de donde éste hace caja para quedarse cada día con más empresas de colectivos, aunque se sucedan los accidentes y el derrumbe ferroviario. Pero se aprecia además en el ataque de Cristina al subte por sus luchas, al mismo tiempo que la Justicia de Santa Cruz ilegalizaba la gran huelga docente buscando sancionar retroactivamente a los huelguistas y su organización sindical y a la enorme base de activistas clasistas de Adosac. La Presidenta no habló porque sí contra la tendinitis que no habría tenido su papá colectivero, cuando la inflamación del manguito rotador en el hombro de los colectiveros es, precisamente, una enfermedad profesional de la actividad.

La autoridad electoral de Cristina pretende usarse a través de su ministro socio de Pedraza, o por parte de ella misma -por caso, cuando decidió a dedo el salario mínimo o la des-actualización de los salarios familiares. Actúan contra las reivindicaciones obreras del momento, y contra las que vendrán como resultado del agotamiento del "modelo" y su descarga sobre los trabajadores y el sindicalismo independiente.

Las poderosas tendencias por abajo del movimiento obrero quedaron expresadas días pasados en el congreso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, cuando su presidente dijo que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales" y (que) "la mitad de las empresas afiliadas habían tenido conflictos en el último año, especialmente en el sector de empresas tercerizadas".

La huelga de la 60 mostró estas tendencias profundas entre los trabajadores -muchos de los cuales habrán votado a Cristina, seguramente, pero van por lo suyo. Mostró al mismo tiempo las fragilidades del kirchnerismo y sus burocracias sindicales a la hora de enfrentar una huelga que no pudieron quebrar, y que afectó a un sector histórico del transporte público. Apoyemos con todo que los compromisos arrancados se cumplan, como apoyamos con todo la huelga a través del cuerpo de delegados de Ecotrans, del clasismo del subte y de la definición pública, sin vueltas, del Frente de Izquierda a favor del triunfo de esta gran huelga.


Nota de Pitrola en prensa obrera del jueves 29/9 sobre huelga de los choferes de la linea 60 y las tendencias de lucha profundas que se desenvuelven por abajo en toda la clase obrera argentina.

Nèstor Pitrola, es candidato a diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires y estará compartiendo el sábado 8 de octubre a las 13hs un almuerzo con trabajadores judiciales de la provincia y de la ciudad.

Inmediata libertad a Rubén "Pollo" Sobrero

Declaración del Frente de Izquierda

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011

El Frente de Izquierda repudia la detención de Rubén Pollo Sobrero, integrante del cuerpo de delegados de TBA, producida en la mañana de hoy junto a otros compañeros. Las imputaciones a Sobrero reiteran las provocaciones contra los delegados ferroviarios que actúan en el marco de la democracia sindical, y han denunciado reiteradamente el desquicio del sistema ferroviario a manos de los privatizadores. Aníbal Fernández ha delatado la injerencia oficial en esta causa, al declarar la existencia de “semiplena prueba” cuando, sin embargo, rige el secreto de sumario.

Mientras Sobrero es detenido intempestivamente, Ricardo Jaime y otros cómplices del vaciamiento ferroviario continúan en libertad. Ahora, los medios oficiales pretenden parangonar la detención de Sobrero con la de Pedraza, como si pudieran compararse a los delegados de TBA con el jefe de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra.

El Frente de Izquierda reclama la inmediata libertad de Ruben Sobrero y los detenidos; se solidariza con las medidas de lucha resueltas por el cuerpo de delegados del FFCC Sarmiento; reclama el desprocesamiento de todos los luchadores ferroviarios y la cárcel y condena a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.

Jorge Altamira, Christian Castillo, Juan Carlos Giordano

FRENTE DE IZQUIERDA

Almuerzo de los judiciales de CABA, PROVINCIA y NACION con PITROLA

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