(Clarín 30/10/10 PorIsmael Bermúdez)
Por considerar que es insuficiente la resolución de la Corte Suprema que dispuso declarar “inhábiles” las tres semanas que van del 28 de octubre al 19 de noviembre en siete Juzgados de la Seguridad Social, los empleados agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) comenzaron ayer a la mañana un paro hasta el lunes a primera hora cuando analizarán en asamblea el curso a seguir. Por eso, ayer jubilados y abogados no pudieron realizar ningún trámite .
Los empleados sostienen que tanto los jueces como los camaristas y la propia Corte Suprema reconocieron que los edificios de esos juzgados están con sobrepeso y en situación de colapso por la enorme cantidad de expedientes que acumulan: más de 400.000 . Entonces reclaman “que la Corte Suprema declare feriado judicial con la concurrencia del personal a los lugares de trabajo y sorteo de las nuevas demandas a fin de concentrarse en la descarga y traslado de esos expedientes a los edificios que se habiliten”, como le dijo a Clarín el delegado gremial del Fuero y dirigente de UEJN, Alejandro Giani. “Al declarar esos días “inhábiles”, se suspenden los plazos procesales, pero los Juzgados deben atender a los abogados y jubilados, a lo que se agrega el propio peso y riesgo del público que concurre al edificio. En cambio, con el feriado judicial con concurrencia del personal no hay atención al público”, precisó Giani.
Como anticipó este diario, días atrás un informe del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) alertó que el edificio judicial estaba en “el máximo admisible de peso” por la enorme cantidad de expedientes.
En base a ese informe, tanto los jueces de primera como de segunda instancia le solicitaron a la Corte Suprema que declarara “feriado judicial, sin suspensión de sorteo, con concurrencia a los lugares de trabajo” para los 10 Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal que funcionan en Marcelo T. de Alvear 1840, de esta Capital. Y habilitara un juzgado de Primera Instancia de la Seguridad Social para asuntos urgentes, “con carácter rotativo”. El jueves, la Corte dispuso declarar días “inhábiles” en siete de los diez Juzgados. Esos siete Juzgados funcionan en el Edificio Anexo de Marcelo T. de Alvear y son los más comprometidos por el sobrepeso, de acuerdo al informe del INTI. Los otros tres funcionan en el sector principal del mismo edificio. Cada Juzgado tiene unas 40.000 causas y los expedientes se acrecientan porque, además, la ANSeS apela la mayoría de las sentencias y no está cumpliendo con el compromiso de desistir cuando las sentencias son similares a lo fijado por la Corte Suprema. Tras el veto del Gobierno a la ley votada por el Congreso que permitía reajustar los haberes de acuerdo a los fallos del Alto Tribunal, crecieron las demandas.
En el pedido, los jueces agregaron que “no podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio, y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos de la carga de fuego debido al exceso de papel”.
martes, 4 de enero de 2011
Seguridad Social: hubo plenario, protestas y reuniones, pero la solución está lejos
Encuentros en un mismo día con Lorenzetti y Cabral (Diario Judicial 26/11)
Los jueces del fuero le pedieron a la Corte que decrete una feria judicial de 3 semanas, a partir del 28 de octubre. Se reunieron con el presidente del Consejo, que prometió siete locales para llevar expedientes, pero destacó que "no hay peligro de derrumbe". Antes, se realizó una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” en los tribunales de Marcelo T. de Alvear.
La Cámara de la Seguridad Social celebró este martes un acuerdo plenario y suscribió un acta en el que le solicitó a la Corte Suprema que decrete una feria judicial de tres semanas (entre el próximo 28 de octubre y el 19 de noviembre) “sin suspensión de sorteos y con prestación de servicios”.
La feria, dijeron fuentes del tribunal a DiarioJudicial.com, implicaría que no haya “traslados físicos de expedientes” para que durante esas tres semanas se trabaje en la “disminución de la sobrecarga” del edificio de Marcelo T. de Alvear al 1800. La alarma se encendió esta semana tras conocerse un informe de técnicos del Inti que alertaron sobre el estado del tribunal. Además, se le pidió a la Corte habilitar un juzgado de primera instancia para asuntos urgentes.
Los voceros consultados por este diario dijeron que el acuerdo plenario de este martes se plasmó en el acta 294, suscripta por 8 de los 9 jueces. En disidencia se pronunció el magistrado Luis Herrero, quien, en diálogo con este medio, aseguró que está en contra de la feria porque a su criterio hay que “terminar con la causa de esta litigiosidad inicua”.
Herrero reiteró que su idea es que el Máximo Tribunal, a través de un fallo que haga lugar a una acción de clase, condene y emplace a la Anses a cumplir en forma perentoria las sentencias Sanchez, Badaro y Elliff.
Tras el acuerdo, los camaristas de la Seguridad Social fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y por el titular del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral.
Luego de ese encuentro, el Consejo puso a disposición del fuero siste locales paar alojar causas "que todavía están con vida", aseguró Cabral a este diario. Además, afirmó que los cuatro camaristas que se encontraron con él le manifestaron que la Seguridad Social está recibiendo "más de 100 mil causas por año", y que éstas se siguen acumulando porque Anses recurre las sentencias.
Este martes, en el edificio de Marcelo T. de Alvear 1840 tuvo lugar una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” a partir de las 7.30 organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El reclamo, según el gremio judicial, fue debido “al estado de colapso” del edificio, indicado por técnicos del Inti.
Según el gremio que encabeza Julio Piumato, luego de esa inspección se informó que “la capacidad de resistencia de peso del edificio ha sido altamente sobrepasada por el gran volumen de expedientes en trámite en los juzgados federales de la Seguridad Social, que genera un grave peligro de vida para los empleados, funcionarios, magistrados y público en general”.
Poco después del mediodía DiarioJudicial.com recorrió el edificio, donde se apilaban cajas de expedientes en las puertas de los despachos. Un empleado que trabaja en una oficina de la parte central del edificio confió a este diario que se estaba haciendo lugar para expedientes de vendrían de dependencias del anexo pero luego, en la oficina de Intendencia, aseguraron que los movimientos obedecían a “cambios de rutina”.
Los jueces del fuero le pedieron a la Corte que decrete una feria judicial de 3 semanas, a partir del 28 de octubre. Se reunieron con el presidente del Consejo, que prometió siete locales para llevar expedientes, pero destacó que "no hay peligro de derrumbe". Antes, se realizó una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” en los tribunales de Marcelo T. de Alvear.
La Cámara de la Seguridad Social celebró este martes un acuerdo plenario y suscribió un acta en el que le solicitó a la Corte Suprema que decrete una feria judicial de tres semanas (entre el próximo 28 de octubre y el 19 de noviembre) “sin suspensión de sorteos y con prestación de servicios”.
La feria, dijeron fuentes del tribunal a DiarioJudicial.com, implicaría que no haya “traslados físicos de expedientes” para que durante esas tres semanas se trabaje en la “disminución de la sobrecarga” del edificio de Marcelo T. de Alvear al 1800. La alarma se encendió esta semana tras conocerse un informe de técnicos del Inti que alertaron sobre el estado del tribunal. Además, se le pidió a la Corte habilitar un juzgado de primera instancia para asuntos urgentes.
Los voceros consultados por este diario dijeron que el acuerdo plenario de este martes se plasmó en el acta 294, suscripta por 8 de los 9 jueces. En disidencia se pronunció el magistrado Luis Herrero, quien, en diálogo con este medio, aseguró que está en contra de la feria porque a su criterio hay que “terminar con la causa de esta litigiosidad inicua”.
Herrero reiteró que su idea es que el Máximo Tribunal, a través de un fallo que haga lugar a una acción de clase, condene y emplace a la Anses a cumplir en forma perentoria las sentencias Sanchez, Badaro y Elliff.
Tras el acuerdo, los camaristas de la Seguridad Social fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y por el titular del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral.
Luego de ese encuentro, el Consejo puso a disposición del fuero siste locales paar alojar causas "que todavía están con vida", aseguró Cabral a este diario. Además, afirmó que los cuatro camaristas que se encontraron con él le manifestaron que la Seguridad Social está recibiendo "más de 100 mil causas por año", y que éstas se siguen acumulando porque Anses recurre las sentencias.
Este martes, en el edificio de Marcelo T. de Alvear 1840 tuvo lugar una “jornada de protesta sin ingreso al lugar de trabajo” a partir de las 7.30 organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El reclamo, según el gremio judicial, fue debido “al estado de colapso” del edificio, indicado por técnicos del Inti.
Según el gremio que encabeza Julio Piumato, luego de esa inspección se informó que “la capacidad de resistencia de peso del edificio ha sido altamente sobrepasada por el gran volumen de expedientes en trámite en los juzgados federales de la Seguridad Social, que genera un grave peligro de vida para los empleados, funcionarios, magistrados y público en general”.
Poco después del mediodía DiarioJudicial.com recorrió el edificio, donde se apilaban cajas de expedientes en las puertas de los despachos. Un empleado que trabaja en una oficina de la parte central del edificio confió a este diario que se estaba haciendo lugar para expedientes de vendrían de dependencias del anexo pero luego, en la oficina de Intendencia, aseguraron que los movimientos obedecían a “cambios de rutina”.
Colapso en los tribunales de jubilados: La crisis previsional desnuda historias de desidia y abusos
(Clarín 28/11/10 - Por Claudio Savoia)
Cientos de miles de expedientes atiborran los juzgados porteños, cuya sede podría derrumbarse. Para trabajar, sus empleados desarrollaron curiosas técnicas y estrategias. Testimonios del drama y el absurdo.
La pila de carpetas se deshace de un empujón involuntario. Cuatro manos presurosas intentan reconstruirla en el mismo orden, para evitar que algún papel se confunda o se pierda. Tal vez lo logren, tal vez no: alrededor, montañas de carpetas similares tambalean ante cada movimiento.
Atiborrado de expedientes judiciales, un apéndice del añoso edificio estilo francés en el que funcionan los tribunales previsionales porteños, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, puede derrumbarse en cualquier momento. Los trabajadores que lo habitan exigen una solución que no llega. Tampoco llega para los cientos de miles de personas cuyos nombres encabezan aquellos pesados legajos; ancianos jubilados que le ruegan a la Justicia el dinero que les corresponde y el Gobierno les niega.
Esta historia dramática comenzó a virar hacia el absurdo hace tres meses, cuando un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) advirtió que el edificio estaba en “el máximo admisible de peso”, y que era necesario aliviarlo con urgencia. Clarín quiso comprobarlo.
Para llegar al juzgado de la Seguridad Social número 9, señalado como el más crítico de todos, hay que ingresar al edificio principal –una sólida construcción de estilo francés con más de 80 años– y subir hasta el segundo piso, donde una rampa conecta al visitante con el sobrecargado “edificio anexo”, un tanto más joven, mucho menos robusto. En el sexto, frente a una pesada puerta de metal, Carlos ofrece el ingreso a su lugar de trabajo. Y a otra dimensión.
La primera mirada sólo cederá su sorpresa ante la segunda: montañas de expedientes judiciales trazan calles, pasillos y pasadizos. Del suelo al techo, el panorama es el mismo. A un lado y al otro de cada pasillo, detrás de cada puerta y debajo de cada estante, mueble o mostrador, el panorama es el mismo. El ancho de los callejones apenas permite el paso de una persona delgada: las dos empleadas embarazadas del juzgado ya tienen vedado el acceso a vastas áreas de la oficina. En el suelo, desiguales pilas de carpetas trazan dibujos secretos, que cambian y se desvanecen cada vez que un empleado mueve algún legajo. Internándose por los caminos más estrechos, el aire viciado suelta un fuerte olor a tinta y, engullido por la cordillera de papel, el sonido de las voces y la radio se va apagando.
Para explicar la creación de esta geometría debemos pedir ayuda a la aritmética. Entre jueces, secretarios y empleados de los juzgados y las salas de la Cámara de Apelaciones, en el fuero previsional hay un total de 500 empleados. Pocos, si se tiene en cuenta que desde 2007 cada juzgado recibió unos 35.000 nuevos pleitos, que el stock total de expedientes supera los 400.000, y que tres de los diez tribunales están vacantes desde hace un año. Con un 30% de los juzgados que no tiene jueces y otro 30% que debe cubrir esas ausencias, el 60% de los juzgados trabaja con la mitad de su capacidad. En el 9, donde Carlos presenta a sus compañeros, hay 23 empleados. Cada uno de ellos recibe entre 1.200 y 1.500 nuevas demandas por mes. Un detalle: en este edificio, las cuentas y los números se traducen en gramos. Y los gramos en peligro. El informe del INTI advierte que no puede acumularse un peso superior a 270 kilos de papel por metro cuadrado. La prescripción es largamente burlada.
Los engranajes de esta industria inmóvil funcionan bajo una pulcra organización. Las carpetas se disponen según “pila” o “letra común”. Cada abogado grande –que tramita muchas causas ante el juzgado– tiene un estante asignado, donde se acumulan sus expedientes. Los procuradores de esos estudios consultan esas “pilas” para ver si pasó algo con alguna carpeta. Leen lo que haya, y siembran la pila con los nuevos escritos que alimentarán a ciertos expedientes con reclamos y pedidos. Esas carpetas pasarán a otro sector –debajo de algún mostrador, en otro mueble o rincón– desde el cual esperarán su turno para ser “pinchadas”: un empleado del juzgado perfora los nuevos escritos y los incorpora formalmente a la carpeta.
Luego, los expedientes pasarán al “despacho”, una especie de purgatorio en el que los legajos aguardan ser considerados por el juez, sus dos secretarios o sus respectivos ayudantes. Ellos estudiarán cada pedido, emitirán órdenes y las dejarán dentro de cada carpeta. Otro empleado pinchará esos papeles para adjuntarlos a sus respectivas familias, y la rueda comenzará a girar en sentido contrario. Las medidas simples salen en una semana. Pero si hay que estudiar el expediente, las respuestas pueden demorar meses. Las carpetas de los abogados “minoristas” recorren el mismo espinel, pero están todas juntas, organizadas por “letra común”.
Sigamos con los cálculos: los empleados del juzgado dicen que en un día de trabajo sin pausa pueden mover unos cien expedientes con medidas simples, y entre tres y cinco con resoluciones de fondo. Pero semejante esfuerzo no servirá de mucho: José, por ejemplo, tiene “a despacho” 1.200 expedientes.
Carlos sincera lo evidente: “Trabajás con mucha presión. Es habitual enterarte que algún compañero está con licencia psiquiátrica. Nos quedamos más horas de las que debemos para adelantar trabajo, y no se nota. Pedimos que nombraran más empleados para que los abogados no tuvieran que hacer cola, y nos mandaron sillas para que pudieran hacerla más cómodos”, se enoja. Pero de inmediato una fisura en su voz troca la furia en angustia. “Muchas veces vienen jubilados a preguntar qué pasa con sus juicios. Nosotros buscamos sus carpetas, les explicamos qué está pasando, los escuchamos. Vienen enfermos terminales, preguntan si van a cobrar o no. Aunque uno intente ser frío y equilibrado, genera indignación”, repite Carlos. María José, una joven estudiante de Derecho que trabaja en el juzgado, desvía la mirada de la pantalla de su computadora: “Yo no quiero ser vieja”, sentencia.
Tras idas y vueltas, el mes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso una feria judicial de tres semanas, para trasladar parte de los legajos a un lugar más seguro. En ese lapso, Clarín volvió a los tribunales para acompañar la mudanza de los expedientes militares –solo una porción del interminable magma de papel– del juzgado 9 a la oficina 112 del edificio principal. El traslado se hizo en carros de hierro como los que se usan para estibar mercadería en los almacenes. Cada carro carga hasta 130 kilos de papel, y por su experiencia cotidiana los muchachos ya sabían que una pila promedio de las que manipulan diariamente pesa unos ocho kilos. Para evitar lesiones al cargar o descargar montones de carpetas, habían pedido que les compraran fajas para atarse a la cintura. Nunca llegaron.
José parece otra persona. Está vestido con borceguíes, pantalón de grafa y unos guantes de operario: el polvo y la transpiración desdibujan sus rasgos. “Entre diez varones bajamos unas 7.000 carpetas, el 20 por ciento del total”, explica el atildado empleado judicial. A su alrededor, otro tsunami de expedientes comienza a gestarse en cada rincón del estrecho ambiente, regado de estanterías sobre las que ya germinan carpetas, separadas por pasillos de unos 40 centímetros de ancho. Estos muebles, de madera, estaban en desuso hace años por el peligro que implicaban ante un incendio. Ese riesgo no desapareció, pero ahora no será más que otra mancha en el tigre: en una visita realizada hace dos semanas, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo detectó decenas de irregularidades.
Semejante maniobra, sin embargo, tampoco despeja el futuro: cada día ingresan en el juzgado unas 300 nuevas demandas. Casi una por segundo. José y sus compañeros tienen la certeza de que en menos de un año, la misma cantidad de expedientes que ahora se sacaron de encima será repuesta por nuevas carpetas. Una vez más, hablan las estadísticas. Y dicen que por cada juicio terminado ingresan cuatro nuevos expedientes. De todos esos reclamos, apenas un 5% será rechazado. Pero para comprobarlo, el ofendido deberá esperar unos doce años. O más.
En el cuarto piso, una pareja de viejitos espera sentada en el breve hall. Amanda Martín, 76 años, explica qué hacen ahí. “Mi esposo trabajó 45 años como mecánico en un frigorífico y luego como comerciante. Pero cuando se jubiló, en 1999, le otorgaron la mínima, que eran 150 pesos.
Entonces empezamos el reclamo, porque él tenía un buen sueldo”. Once años después, le anunciaron que hoy le darán un anticipo de la sentencia. Ignora cuánto dinero será, la sentencia y también el anticipo. En estos años, el marido de Amanda siguió cobrando la jubilación mínima, que hoy es de 1.046 pesos. “Cuando uno se jubila pasa al gremio de los menesterosos”, suspira.
Al lado de ella, su marido mira con rencor. Después de unos minutos, niega si nombre y gruñe que no le gustan los políticos ni los periodistas, mientras su mujer pide disculpas con la mirada.
Con la espalda envarada contra el asiento y las manos sobre sus rodillas, el hombre luce como los viejos veteranos de guerra interpretados en el cine por Clint Eastwood. De algún modo lo es. Lleva una camisa celeste, un prolijo saco oscuro y unos gruesos anteojos que no logran atenuar su mirada de penetrantes ojos azules. Sus labios prietos apenas insinúan una boca de pocos dientes y lengua afilada: “¿Sabés cuántos años tengo?”, pregunta al fin. Y de inmediato se responde: “Ochenta. Y esta película ya la vi mil veces”. Pero hoy que al fin va a cobrar algo, ¿no es un buen día? “No. Cómo voy a estar contento, si trabajé toda la vida y estoy en la miseria”, escupe el hombre. Amanda suaviza la escena con una sonrisa magnánima.
La primera versión de esta nota fue producida en el taller de reportajes de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que coordinó el prestigioso periodista estadounidense Jon Lee Anderson.
Cientos de miles de expedientes atiborran los juzgados porteños, cuya sede podría derrumbarse. Para trabajar, sus empleados desarrollaron curiosas técnicas y estrategias. Testimonios del drama y el absurdo.
La pila de carpetas se deshace de un empujón involuntario. Cuatro manos presurosas intentan reconstruirla en el mismo orden, para evitar que algún papel se confunda o se pierda. Tal vez lo logren, tal vez no: alrededor, montañas de carpetas similares tambalean ante cada movimiento.
Atiborrado de expedientes judiciales, un apéndice del añoso edificio estilo francés en el que funcionan los tribunales previsionales porteños, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, puede derrumbarse en cualquier momento. Los trabajadores que lo habitan exigen una solución que no llega. Tampoco llega para los cientos de miles de personas cuyos nombres encabezan aquellos pesados legajos; ancianos jubilados que le ruegan a la Justicia el dinero que les corresponde y el Gobierno les niega.
Esta historia dramática comenzó a virar hacia el absurdo hace tres meses, cuando un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) advirtió que el edificio estaba en “el máximo admisible de peso”, y que era necesario aliviarlo con urgencia. Clarín quiso comprobarlo.
Para llegar al juzgado de la Seguridad Social número 9, señalado como el más crítico de todos, hay que ingresar al edificio principal –una sólida construcción de estilo francés con más de 80 años– y subir hasta el segundo piso, donde una rampa conecta al visitante con el sobrecargado “edificio anexo”, un tanto más joven, mucho menos robusto. En el sexto, frente a una pesada puerta de metal, Carlos ofrece el ingreso a su lugar de trabajo. Y a otra dimensión.
La primera mirada sólo cederá su sorpresa ante la segunda: montañas de expedientes judiciales trazan calles, pasillos y pasadizos. Del suelo al techo, el panorama es el mismo. A un lado y al otro de cada pasillo, detrás de cada puerta y debajo de cada estante, mueble o mostrador, el panorama es el mismo. El ancho de los callejones apenas permite el paso de una persona delgada: las dos empleadas embarazadas del juzgado ya tienen vedado el acceso a vastas áreas de la oficina. En el suelo, desiguales pilas de carpetas trazan dibujos secretos, que cambian y se desvanecen cada vez que un empleado mueve algún legajo. Internándose por los caminos más estrechos, el aire viciado suelta un fuerte olor a tinta y, engullido por la cordillera de papel, el sonido de las voces y la radio se va apagando.
Para explicar la creación de esta geometría debemos pedir ayuda a la aritmética. Entre jueces, secretarios y empleados de los juzgados y las salas de la Cámara de Apelaciones, en el fuero previsional hay un total de 500 empleados. Pocos, si se tiene en cuenta que desde 2007 cada juzgado recibió unos 35.000 nuevos pleitos, que el stock total de expedientes supera los 400.000, y que tres de los diez tribunales están vacantes desde hace un año. Con un 30% de los juzgados que no tiene jueces y otro 30% que debe cubrir esas ausencias, el 60% de los juzgados trabaja con la mitad de su capacidad. En el 9, donde Carlos presenta a sus compañeros, hay 23 empleados. Cada uno de ellos recibe entre 1.200 y 1.500 nuevas demandas por mes. Un detalle: en este edificio, las cuentas y los números se traducen en gramos. Y los gramos en peligro. El informe del INTI advierte que no puede acumularse un peso superior a 270 kilos de papel por metro cuadrado. La prescripción es largamente burlada.
Los engranajes de esta industria inmóvil funcionan bajo una pulcra organización. Las carpetas se disponen según “pila” o “letra común”. Cada abogado grande –que tramita muchas causas ante el juzgado– tiene un estante asignado, donde se acumulan sus expedientes. Los procuradores de esos estudios consultan esas “pilas” para ver si pasó algo con alguna carpeta. Leen lo que haya, y siembran la pila con los nuevos escritos que alimentarán a ciertos expedientes con reclamos y pedidos. Esas carpetas pasarán a otro sector –debajo de algún mostrador, en otro mueble o rincón– desde el cual esperarán su turno para ser “pinchadas”: un empleado del juzgado perfora los nuevos escritos y los incorpora formalmente a la carpeta.
Luego, los expedientes pasarán al “despacho”, una especie de purgatorio en el que los legajos aguardan ser considerados por el juez, sus dos secretarios o sus respectivos ayudantes. Ellos estudiarán cada pedido, emitirán órdenes y las dejarán dentro de cada carpeta. Otro empleado pinchará esos papeles para adjuntarlos a sus respectivas familias, y la rueda comenzará a girar en sentido contrario. Las medidas simples salen en una semana. Pero si hay que estudiar el expediente, las respuestas pueden demorar meses. Las carpetas de los abogados “minoristas” recorren el mismo espinel, pero están todas juntas, organizadas por “letra común”.
Sigamos con los cálculos: los empleados del juzgado dicen que en un día de trabajo sin pausa pueden mover unos cien expedientes con medidas simples, y entre tres y cinco con resoluciones de fondo. Pero semejante esfuerzo no servirá de mucho: José, por ejemplo, tiene “a despacho” 1.200 expedientes.
Carlos sincera lo evidente: “Trabajás con mucha presión. Es habitual enterarte que algún compañero está con licencia psiquiátrica. Nos quedamos más horas de las que debemos para adelantar trabajo, y no se nota. Pedimos que nombraran más empleados para que los abogados no tuvieran que hacer cola, y nos mandaron sillas para que pudieran hacerla más cómodos”, se enoja. Pero de inmediato una fisura en su voz troca la furia en angustia. “Muchas veces vienen jubilados a preguntar qué pasa con sus juicios. Nosotros buscamos sus carpetas, les explicamos qué está pasando, los escuchamos. Vienen enfermos terminales, preguntan si van a cobrar o no. Aunque uno intente ser frío y equilibrado, genera indignación”, repite Carlos. María José, una joven estudiante de Derecho que trabaja en el juzgado, desvía la mirada de la pantalla de su computadora: “Yo no quiero ser vieja”, sentencia.
Tras idas y vueltas, el mes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso una feria judicial de tres semanas, para trasladar parte de los legajos a un lugar más seguro. En ese lapso, Clarín volvió a los tribunales para acompañar la mudanza de los expedientes militares –solo una porción del interminable magma de papel– del juzgado 9 a la oficina 112 del edificio principal. El traslado se hizo en carros de hierro como los que se usan para estibar mercadería en los almacenes. Cada carro carga hasta 130 kilos de papel, y por su experiencia cotidiana los muchachos ya sabían que una pila promedio de las que manipulan diariamente pesa unos ocho kilos. Para evitar lesiones al cargar o descargar montones de carpetas, habían pedido que les compraran fajas para atarse a la cintura. Nunca llegaron.
José parece otra persona. Está vestido con borceguíes, pantalón de grafa y unos guantes de operario: el polvo y la transpiración desdibujan sus rasgos. “Entre diez varones bajamos unas 7.000 carpetas, el 20 por ciento del total”, explica el atildado empleado judicial. A su alrededor, otro tsunami de expedientes comienza a gestarse en cada rincón del estrecho ambiente, regado de estanterías sobre las que ya germinan carpetas, separadas por pasillos de unos 40 centímetros de ancho. Estos muebles, de madera, estaban en desuso hace años por el peligro que implicaban ante un incendio. Ese riesgo no desapareció, pero ahora no será más que otra mancha en el tigre: en una visita realizada hace dos semanas, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo detectó decenas de irregularidades.
Semejante maniobra, sin embargo, tampoco despeja el futuro: cada día ingresan en el juzgado unas 300 nuevas demandas. Casi una por segundo. José y sus compañeros tienen la certeza de que en menos de un año, la misma cantidad de expedientes que ahora se sacaron de encima será repuesta por nuevas carpetas. Una vez más, hablan las estadísticas. Y dicen que por cada juicio terminado ingresan cuatro nuevos expedientes. De todos esos reclamos, apenas un 5% será rechazado. Pero para comprobarlo, el ofendido deberá esperar unos doce años. O más.
En el cuarto piso, una pareja de viejitos espera sentada en el breve hall. Amanda Martín, 76 años, explica qué hacen ahí. “Mi esposo trabajó 45 años como mecánico en un frigorífico y luego como comerciante. Pero cuando se jubiló, en 1999, le otorgaron la mínima, que eran 150 pesos.
Entonces empezamos el reclamo, porque él tenía un buen sueldo”. Once años después, le anunciaron que hoy le darán un anticipo de la sentencia. Ignora cuánto dinero será, la sentencia y también el anticipo. En estos años, el marido de Amanda siguió cobrando la jubilación mínima, que hoy es de 1.046 pesos. “Cuando uno se jubila pasa al gremio de los menesterosos”, suspira.
Al lado de ella, su marido mira con rencor. Después de unos minutos, niega si nombre y gruñe que no le gustan los políticos ni los periodistas, mientras su mujer pide disculpas con la mirada.
Con la espalda envarada contra el asiento y las manos sobre sus rodillas, el hombre luce como los viejos veteranos de guerra interpretados en el cine por Clint Eastwood. De algún modo lo es. Lleva una camisa celeste, un prolijo saco oscuro y unos gruesos anteojos que no logran atenuar su mirada de penetrantes ojos azules. Sus labios prietos apenas insinúan una boca de pocos dientes y lengua afilada: “¿Sabés cuántos años tengo?”, pregunta al fin. Y de inmediato se responde: “Ochenta. Y esta película ya la vi mil veces”. Pero hoy que al fin va a cobrar algo, ¿no es un buen día? “No. Cómo voy a estar contento, si trabajé toda la vida y estoy en la miseria”, escupe el hombre. Amanda suaviza la escena con una sonrisa magnánima.
La primera versión de esta nota fue producida en el taller de reportajes de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que coordinó el prestigioso periodista estadounidense Jon Lee Anderson.
viernes, 17 de diciembre de 2010
sábado, 11 de diciembre de 2010
lunes, 25 de octubre de 2010
Volante que estamos repartiendo ahora
Volante Que Estamos repartiendo ahora:
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viernes, 14 de mayo de 2010
Un comentario sobre la elección de la UEJN desde MDQ
NESTOR HONORIO CROVETTO on 26 de abril de 2010 19:47 dijo...
EN MAR DEL PLATA, GANO LA LISTA ENCABEZADA POR JULIO PIUMATO. EL REPRESENTANTE LOCAL SR. MENCONI NO FUE ACOMPAÑADO POR LOS VOTOS DE LOS AFILIADOS LOCALES POR NO REUNIR LAS CONDICIONES MINIMAS EXIGIDAS POR LOS MISMOS. AHORA SERA HORA DE PONER EL HOMBRO PARA MEJORAR LA IMAGEN Y FORTALECER EL FREMIO, QUE EN ESTOS MOMENTOS EN MAR DEL PLATA, TIENE MAS JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES SECRETARIOS QUE EMPLEADOS. EN LA PROXIMA, A NIVEL LOCAL EL GREMIO DE LOS EMPLEADOS SERA CONDUCIDO POR ALGUN JUEZ O SECRETARIO? QUIEN LOS AFILIO? INCLUSO UNO DE ELLOS FUE DENUNCIADO POR ACOSO LABORAL A EMPLEADOS QUE HAN GOZADO DE LICENCIA PSIQUIATRICA. ESTA AFILIADO Y ADEMAS VOTO. HABRA QUE REVISAR EL PADRON ELECTORAL ENTONCES. TENEMOS TIEMPO Y SEGURAMENTE ESTAS COSAS NO PASARAN JAMAS. FELICITACIONES PARA TODOS Y SIGAMOS PARA ADELANTE. UN ABRAZO. TOTO CROVETTO. MAR DEL PLATA.
martes, 11 de mayo de 2010
VOLANTE DEL BLOG
VOLANTE QUE ESTAMOS REPARTIENDO AHORA!!Somos una agrupación que nació hace casi un año, como la disposición de un grupo de trabajadores de distintos fueros, que intentaba dar sus primeros pasos en la organización de base, que deberá ser la que impulse los reclamos y las reivindicaciones más sentidas de todos nosotros.
Queremos transformar nuestra realidad existente, signada por la explotación de los Jueces y el Estado (en cabeza del gobierno), la falta de convenio, un salario que es absorbido por la inflación, una carrera judicial que no se respeta y es que digitada por las” amistades”, la prepotencia y arbitrariedad de los “magistrados”.
Nuestra propuesta es el debate, la lucha y la organización independiente de base. Frente a un sindicato que va a la rastra de los K en todo acto de gobierno , pero que no sale a lucha por el convenio y la recomposición salarial; proponemos elegir delegados por juzgado para impulsar la lucha desde abajo. Asambleas por lugar de trabajo, para votar pliegos de reivindicaciones y medidas de lucha para llevarlas adelante.
A la fecha, tuvimos un desarrollo a partir de sentar posición sobre cuestiones claves como la paritaria, el aumento salarial, respuestas a reivindicaciones concretas, y la oposición a pagar la deuda externa a costo del salario, como pretenden hacerlo el gobierno nacional, la oposición y también la UEJN.
Te invitamos a conocernos un poco más ingresando a nuestro blog. También, podés mandarnos un mail sobre la situación de tu lugar de trabajo, y la subimos. Pero lo fundamental que te pedimos, es que comencemos a debatir cómo salimos de la inmovilidad de la UEJN. Para organizarnos, para luchar contra la Corte y el Gobierno, e imponer condiciones de trabajo dignas para los judiciales.
jueves, 6 de mayo de 2010
VIVA LA REBELION DE LA CLASE OBRERA DE GRECIA
El 5 de mayo, la clase obrera mundial ha ingresado con fuerza en la crisis desatada por la bancarrota capitalista internacional a través de los trabajadores de Grecia.
Para que la crisis la paguen los capitalistas.
Para reorganizar a la sociedad sobre nuevas bases: el gobierno de los trabajadores y el socialismo internacional.
La crisis mundial ha llegado, entonces, a partir de esta intervención de las masas, en forma
definitiva, a otra etapa.
Hace un par de días, hubieron gigantescas movilizaciones populares en Estados Unidos contra la legislación racial –ella misma dictada para que la crisis capitalista recaiga sobre las espaldas de los trabajadores.
Los hechos hablan por sí mismos: mientras prospera el desorden y la división en la clase capitalista y sus gobiernos, los obreros comienzan a organizar sus filas y a movilizar sus tropas – a pesar de los obstáculos de la burocracia sindical y de los partidos reformistas y mediadores de los diferentes países.
Mientras los buitres del capital especulan a favor de la bancarrota económica, a la quiebra de los
Estados y al hundimiento de los competidores, las masas explotadas levantan su puño al grito de "No pasarán".
"No pasarán" los capitalistas, que exigen reducir sueldos, liquidar jubilaciones y gastos sociales, aumentar en forma sideral los impuestos al consumo y poner la economía bajo la supervisión del FMI y de los bancos.
Se trata de un giro histórico, de una recuperación de la subjetividad proletaria bajo la presión implacable del derrumbe capitalista.
La misma que animó a los piquetes del Argentinazo y que anima hoy a los obreros de Arcor, a los obreros del subte, a los docentes de Neuquén, a infinidad de fábricas metalúrgicas y automotrices, a los estudiantes y a la juventud.
La Presidenta tomó nota de este cambio y decidió curarse en salud: ‘si aplicamos los planes del FMI – vino a decir– nos espera otro levantamiento popular'.
Pero no es un problema de 'planes': estamos ante una bancarrota capitalista tanto en Argentina como en Grecia; con los Kirchner como con los Papandreu, la crisis capitalista la están pagando los trabajadores.
¡Es el FMI el que ha exigido el canje de deuda y el arreglo con el Club de París que están llevando adelante los Kirchner!
Los K son los mejores alumnos en cuestión de pagar la deuda externa usuraria, como se les exige a los que gobiernan Grecia.
A los timoratos y conservadores de la izquierda, que consideran a la crisis mundial como un episodio sin alcances políticos, la nueva etapa de la bancarrota capitalista los deja en un ridículo completo; como lo dijimos siempre, sus consecuencias políticas y revolucionarias son inevitables.
En 2001, nos consta, el Argentinazo sacudió como una descarga eléctrica a los trabajadores de Grecia, con los que confraternizamos y discutimos.
Hoy, nos electrizamos con el combate de ellos, en esta etapa nueva y decisiva del colapso capitalista.
Para que la crisis la paguen los capitalistas.
Para reorganizar a la sociedad sobre nuevas bases: el gobierno de los trabajadores y el socialismo internacional.
La crisis mundial ha llegado, entonces, a partir de esta intervención de las masas, en forma
definitiva, a otra etapa.
Hace un par de días, hubieron gigantescas movilizaciones populares en Estados Unidos contra la legislación racial –ella misma dictada para que la crisis capitalista recaiga sobre las espaldas de los trabajadores.
Los hechos hablan por sí mismos: mientras prospera el desorden y la división en la clase capitalista y sus gobiernos, los obreros comienzan a organizar sus filas y a movilizar sus tropas – a pesar de los obstáculos de la burocracia sindical y de los partidos reformistas y mediadores de los diferentes países.
Mientras los buitres del capital especulan a favor de la bancarrota económica, a la quiebra de los
Estados y al hundimiento de los competidores, las masas explotadas levantan su puño al grito de "No pasarán".
"No pasarán" los capitalistas, que exigen reducir sueldos, liquidar jubilaciones y gastos sociales, aumentar en forma sideral los impuestos al consumo y poner la economía bajo la supervisión del FMI y de los bancos.
Se trata de un giro histórico, de una recuperación de la subjetividad proletaria bajo la presión implacable del derrumbe capitalista.
La misma que animó a los piquetes del Argentinazo y que anima hoy a los obreros de Arcor, a los obreros del subte, a los docentes de Neuquén, a infinidad de fábricas metalúrgicas y automotrices, a los estudiantes y a la juventud.
La Presidenta tomó nota de este cambio y decidió curarse en salud: ‘si aplicamos los planes del FMI – vino a decir– nos espera otro levantamiento popular'.
Pero no es un problema de 'planes': estamos ante una bancarrota capitalista tanto en Argentina como en Grecia; con los Kirchner como con los Papandreu, la crisis capitalista la están pagando los trabajadores.
¡Es el FMI el que ha exigido el canje de deuda y el arreglo con el Club de París que están llevando adelante los Kirchner!
Los K son los mejores alumnos en cuestión de pagar la deuda externa usuraria, como se les exige a los que gobiernan Grecia.
A los timoratos y conservadores de la izquierda, que consideran a la crisis mundial como un episodio sin alcances políticos, la nueva etapa de la bancarrota capitalista los deja en un ridículo completo; como lo dijimos siempre, sus consecuencias políticas y revolucionarias son inevitables.
En 2001, nos consta, el Argentinazo sacudió como una descarga eléctrica a los trabajadores de Grecia, con los que confraternizamos y discutimos.
Hoy, nos electrizamos con el combate de ellos, en esta etapa nueva y decisiva del colapso capitalista.
La OIT viene arreglada con Moyano y Yasky
La delegación de "notables" de la OIT ya opera en tierra criolla. La cosa viene "operada" de antes, porque es una visita pautada con el gobierno argentino, para que este no sea calificado de incumplimiento de las normas del organismo en la próxima sesión internacional. Todo huele a un pacto Moyano-Yasky-Kirchner para presentar un plato aceptable al organismo.
En la reunión con la CTA (y varios sindicatos, entre ellos el subte), la africana Cleopatra Dumbia dijo que "no todo es blanco o negro, hay que buscar alternativas", y sugirió que el gobierno estaría preparando un decreto. Los sindicatos habilitados por Yasky pudieron exponer dos minutos, todo lo cual nunca es buen indicio.
Las "alternativas" que barajaría el decreto giran en torno al reconocimiento del status de la CTA en el Consejo del Salario Mínimo, sin cuestionar el unicato de la CGT que marca la ley de asociaciones sindicales.
Para los sindicatos simplemente inscriptos habría algún reconocimiento a los delegados, con el límite de uno cada cien trabajadores, o el número establecido en el convenio colectivo firmado por el sindicato con personería.
Por ejemplo, la UTA solamente tiene 44 deletruchos en subterráneos, legalmente reconocidos, en tanto el nuevo sindicato ha elegido a 85, que no reconocidos. Funes de Rioja, el factotum jurídico patronal, ya dijo que reconocerá uno cada cien, como dicta la ley.
El decreto serviría como carta de triunfo diplomática al gobierno en el congreso próximo de la OIT, pero no resolverá el reconocimiento del gran sindicato obrero que se ha formado expulsando a la burocracia de la UTA. Lo mismo ocurriría con innúmeras organizaciones simplemente inscriptas. El dedo del Ministerio seguiría decidiendo la inscripción gremial, lo que garantiza el control del Estado sobre las organizaciones sindicales que surjan.
En torno a la personería de la CTA, Tomada dijo que "me gustaría que en el próximo reportaje, dentro de uno años, la CTA tenga personería" (Sur, 2/5). O sea, que no hay reconocimiento: la tutela del Ministerio serviría de excusa al pacto Moyano-Yasky de apoyo al gobierno kirchnerista, pero de ningún modo a libertad sindical alguna.
En este aspecto, Néstor Segovia del subte se equivoca muy profundamente cuando plantea: "La OIT ya está actuando y a nosotros nos prometieron una respuesta para el viernes frente al informe oral y escrito que le presentamos a sus representantes de visita en Buenos Aires" (Página/12, Diario Gremial y otros).
Frente a esto, denunciamos la complicidad de la OIT con el unicato de la burocracia y con el pacto Yasky-Moyano que traiciona el reclamo de reconocimiento de la personería sindical de la CTA. Reclamamos el reconocimiento incondicional de los sindicatos ‘simplemente inscriptos' y la inmediata concesión de la representación sindical a los delegados del subte, que representan al 90% de los trabajadores.
En la reunión con la CTA (y varios sindicatos, entre ellos el subte), la africana Cleopatra Dumbia dijo que "no todo es blanco o negro, hay que buscar alternativas", y sugirió que el gobierno estaría preparando un decreto. Los sindicatos habilitados por Yasky pudieron exponer dos minutos, todo lo cual nunca es buen indicio.
Las "alternativas" que barajaría el decreto giran en torno al reconocimiento del status de la CTA en el Consejo del Salario Mínimo, sin cuestionar el unicato de la CGT que marca la ley de asociaciones sindicales.
Para los sindicatos simplemente inscriptos habría algún reconocimiento a los delegados, con el límite de uno cada cien trabajadores, o el número establecido en el convenio colectivo firmado por el sindicato con personería.
Por ejemplo, la UTA solamente tiene 44 deletruchos en subterráneos, legalmente reconocidos, en tanto el nuevo sindicato ha elegido a 85, que no reconocidos. Funes de Rioja, el factotum jurídico patronal, ya dijo que reconocerá uno cada cien, como dicta la ley.
El decreto serviría como carta de triunfo diplomática al gobierno en el congreso próximo de la OIT, pero no resolverá el reconocimiento del gran sindicato obrero que se ha formado expulsando a la burocracia de la UTA. Lo mismo ocurriría con innúmeras organizaciones simplemente inscriptas. El dedo del Ministerio seguiría decidiendo la inscripción gremial, lo que garantiza el control del Estado sobre las organizaciones sindicales que surjan.
En torno a la personería de la CTA, Tomada dijo que "me gustaría que en el próximo reportaje, dentro de uno años, la CTA tenga personería" (Sur, 2/5). O sea, que no hay reconocimiento: la tutela del Ministerio serviría de excusa al pacto Moyano-Yasky de apoyo al gobierno kirchnerista, pero de ningún modo a libertad sindical alguna.
En este aspecto, Néstor Segovia del subte se equivoca muy profundamente cuando plantea: "La OIT ya está actuando y a nosotros nos prometieron una respuesta para el viernes frente al informe oral y escrito que le presentamos a sus representantes de visita en Buenos Aires" (Página/12, Diario Gremial y otros).
Frente a esto, denunciamos la complicidad de la OIT con el unicato de la burocracia y con el pacto Yasky-Moyano que traiciona el reclamo de reconocimiento de la personería sindical de la CTA. Reclamamos el reconocimiento incondicional de los sindicatos ‘simplemente inscriptos' y la inmediata concesión de la representación sindical a los delegados del subte, que representan al 90% de los trabajadores.
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