LAS CAUSAS DE LA INFLACION Y COMO COMBATIRLA

Los capitalistas y funcionarios acaban de “descubrir” la carestía, pero la carne, la leche, los quesos o el pollo registraron aumentos del 20 al 30% en los últimos sesenta días. El crecimiento de la inflación viene en ascenso desde 2005. Durante 2009, las tarifas y combustibles –que inciden en toda la cadena de precios– tuvieron aumentos exorbitantes. El gas oil, utilizado en los fletes de productos, aumentó un 36%. Las tarifas eléctricas o de gas para usos industriales lo hicieron en un 20 a un 25%. Los monopolios del comercio o la industria trasladan directamente esos aumentos al precio de sus productos. El aumento de estas tarifas es el resultado de la reducción de los subsidios oficiales. Directa o indirectamente, los consumidores pagan a los pulpos de la energía lo que éstos recibían del fisco. La bancarrota fiscal de los K es pagado por los trabajadores.

La inflación está empujada, también, por las tasas astronómicas de interés, que es también el resultado de la bancarrota del Estado, que financia el pago de la deuda pagando intereses usurarios. Esta carga va a parar al precio final de los electrodomésticos, la indumentaria o, incluso, los alimentos, en el caso de los supermercados.

LA CARNE

Los ganaderos ya han advertido que los aumentos de la carne “llegaron para quedarse”. El vicepresidente de Carbap los justificó porque “el costo de oportunidad (rendimiento económico) del cultivo de la soja es inigualable”. Lo había ‘pronosticado’ De Angeli: “si quieren lomo, que paguen 80 pesos”. El esquema de controles de precios, cuotas de exportación y subsidios se ha venido abajo. La reducción de subsidios ha disminuido la producción intensiva y subsidiada de vacunos en corrales. Boudou justificó la carestía como un “reacomodamiento de precios”. Llambías, el jefe de las CRA, señaló que “el Estado debe asegurar un consumo de proteínas mínimo para la población necesitada” y “liberar el resto de la producción cárnica”. Los cortes “regulados” abundan en hueso y son los de menor rendimiento para la mesa familiar. Si avanzan en este acuerdo, los “nacionales” y los “oligarcas” habrán asestado otro golpe a las posibilidades alimentarias de los trabajadores.

EL UNICO "CONTROL DE PRECIOS" VIGENTE

El “reacomodamiento” de precios está lejos de haber concluido. El presupuesto diseñado para este año reduce los subsidios tarifarios en un 14%, o sea que plantea nuevos aumentos en los combustibles, la electricidad o el transporte. La preocupación de los capitalistas es controlar el único precio que les importa: el de la fuerza de trabajo, los salarios, que pretenden someter a “controles”. Aníbal Fernández responsabilizó por la inflación al “subsidio universal por hijo”, que no representa más que el 2% del consumo del país. Los K condenan ahora el subsidio miserable con el que hicieron autobombo durante varios meses.
Después del derrumbe de los controles oficiales, el combate a la inflación plantea la apertura de los libros de los pulpos agropecuarios, industriales e hipermercados; impuestos progresivos a toda la cadena de producción agrícola y ganadera y, en primer lugar, a la propiedad del suelo, cuyo valor real es sesenta veces mayor que el valor fiscal; por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para impulsar una reorganización industrial y agraria de acuerdo a los intereses de la mayoría nacional.
Defendamos, por sobre todas las cosas, el salario: vigencia irrestricta de las paritarias; por paritarios electos en asamblea; el ajuste con la inflación pasada y la indexación mensual de los salarios están a la orden del día.

Marcelo Ramal

VAYAMOS POR LA RECOMPOSICION SALARIAL E IMPONGAMOS LA PARITARIA

ASAMBLEAS Y PLAN DE LUCHA POR EL SALARIO Y EL CONVENIO COLECTIVO

Voltante que se está repartiendo ahora en juzgados, fiscalías y defensorías.

Vayamos por la recomposición salarial e impongamos la paritaria.

ASAMBLEAS Y PLAN DE LUCHA, POR EL SALARIO Y LA CONVENCION COLECTIVA

En medio de un monstruoso proceso inflacionario en los alimentos, pero de orden más general (al incluir combustibles, tarifas, transporte, etc.), la CSJN ha otorgado unilateralmente un aumento salarial del 10% para los judiciales.

El aumento, no es retroactivo al pedido iniciado por la UEJN en octubre pasado. Solo se circunscribe al mes de enero en adelante. Otra vez, la misma historia del año pasado.

Si bien el INDEK calculó la inflación del mes de enero en el orden del 1% (que proyectado anualmente supera el aumento que tuvimos), en las góndolas y en los mostradores de las carnicerías, esto se presenta como irrisorio. La inflación está comiendo el salario de los trabajadores argentinos.

En el mes de marzo se abren oficialmente las paritarias para la mayoría de los gremios en el país. Los burócratas de la CGT y la CTA se vieron obligados a plantear subas salariales del orden del 25% 30 %.

Ahora bien: los judiciales seguimos siendo los únicos trabajadores del país que no tienen paritaria y convención colectiva de trabajo. Todavía se encuentra pendiente la media sanción de la ley marco de paritarias en la Cámara Alta.

La Corte aprovecha esta situación y tira migajas que no satisfacen nuestros intereses. Al no convocar a una negociación paritaria deja por fuera cuestiones claves como la jubilación de 82% móvil, el respeto a carrera judicial y el cumplimiento de la jornada de trabajo (que usualmente se extiende sin pagar horas extras), y por sobre todo una verdadera recomposición salarial.

Este aumento unilateral de la CSJN apunta claramente a pasar los meses de paritarias y patear la cuestión para más adelante. También va en la línea del gobierno K que frente al déficit fiscal, quiere pagar la deuda con las reservas a partir del “Fondo del Bicentenario”, para conseguir así, un nuevo ciclo de endeudamiento con la banca internacional. Si se concreta generará mayor inflación y congelamiento salarial para los empleados, públicos nacionales y provinciales.

Frente a esta situación, la UEJN tiene la responsabilidad de convocar a asambleas en todos los lugares de trabajo para discutir el pliego de reivindicaciones más sentidas por los compañeros, y un plan de lucha para imponerle a la Corte en los hechos la negociación paritaria. De ninguna manera debe apoyar, como lo está haciendo, el pago de la deuda usuraria al capital financiero internacional, a costa del salario de las masas trabajadoras del país.

No tenemos por qué esperar a la media sanción en senadores, ni que a la Corte se le ocurra llamarnos a discutir las condiciones íntegras de trabajo. Solo la voluntad de lucha representada en organización política de los trabajadores puede imponerle a la Corte y al Consejo de la Magistratura (gobierno K) condiciones dignas de trabajo para los judiciales.

Hagamos asambleas en todos los lugares de trabajo y movilicemos al sindicato por:

Apertura de una negociación paritaria.
Recomposición salarial del 25%// Salario mínimo igual a la canasta básica familiar, hoy en $4500
Efectivización de todos los contratados e interinos.
Cumplimiento de jornada de trabajo, y pago de horas extras.
Jubilación de 82% móvil para todos
No a la tercerización de los trabajadores de limpieza.
Acceso democrático y gestión de la obra social.
Respeto de la carrera judicial.

La UEJN convoca a elecciones nacionales

Resolusión de la Comisión Directiva disponible en:

http://www.lauejn.com.ar/03-09/eleccionesnacionales.pdf

¿Quien se hace cargo del colapso del poder judicial?

POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS Y EL ACCESO DEMOCRATICO A LA JUSTICIA.

Nuestra jornada laboral según acordadas de la Corte Suprema es de 6 horas. Sin embargo, todos sabemos que esto no se cumple en ningún lado. Tal vez, así es para los jueces (que por ahí cumplen menos horas que 6) y los secretarios, pero para el trabajador judicial su jornada de mínima se estira a 8 o 9 hs.

En los recientes cruces de la Corte y la UEJN, la corte achacó lo que se dijo en el acto de Piumato y Moyano frente al Palacio, cuando " los empleados mejor pagos de la administración pública nacional, trabajan seis horas por día y tienen un mes y medio de vacaciones. Si eso es esclavitud...", reflexionó uno de los jueces.” (Clarín 26/11).

Esto es una verdad a medias, lo cual también constituye una mentira. Si la jornada es de 6 pero la regla marca que nos quedamos en promedio 8, significa que sobran horas de trabajo. Si sobran horas se pueden adoptar 3 vías: Aumentar el personal o pagar horas extras saltan como lo justo, o una tercera vía negrera que es obligar al judicial que se quede sin ninguna contraprestación a cambio. Esta última es la política de la Corte y el gobierno.

La Corte Suprema y el Estado tienen que hacerse cargo del colapso del poder judicial, no lo los trabajadores. Necesitamos una reparación histórica.

Frente al trabajo esclavo (aquel que no se paga, pero también el que aliena) planteamos el pago de horas extras y la incorporación a planta de más trabajadores a partir de concursos libres y transparentes, en supervisión de los trabajadores. Con este planteo podemos unir dos reivindicaciones históricas: la lucha contra la explotación obligando a pagar las horas extras y el acceso democrático a la justicia.

Por paritarias libres y convenio para los judiciales.

Salario mínimo igual a la canasta básica familiar. Estabilidad laboral y 82% móvil.

En el marco de la sanción de la ley de paritarias, para los empleados de la justicia nacional, la UEJN conducida por el kirchnerista Piumato, se lanzó a una ofensiva contra la Corte Suprema.

Para lograr la paritaria, Piumato eligió como aliado fundamental al gobierno nacional y a Moyano. Según Clarín del 15/11: `“El diputado y gremialista Julio Piumato mechó suavemente una queja que sirvió para abrir, a la vez, una sospecha: "Sólo falta que la Corte Suprema tenga de una vez un juez peronista", arengó. Hace rato que la Corte ha perdido el encanto que tuvo para los Kirchner. No sólo por ciertos fallos, también por algunos gestos. La presencia del titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa provocó irritación al matrimonio.”

Refiriéndose a la acordada de la Corte que quita los códigos de descuento a la UEJN, Piumato, acusó a dicho tribunal de “montar operaciones de prensa para querer transformarse de victimarios en víctimas”, y de “tratar de afectar económicamente el funcionamiento del gremio, en una clara práctica desleal y una represalia por la media sanción de un proyecto de ley que establece las negociaciones paritarias para los trabajadores judiciales de todo el país” Con relación al manejo de la obra social, también criticó al presidente del tribunal Lorenzetti, a quien acusó de ser “el ejecutor de las políticas que pergeña un triunvirato que integran él, Maqueda y el ex administrador Nicolás Reyes, que estarían en contacto permanente con el ex presidente Eduardo Duhalde”. http://www.elargentino.com/nota-66591-Gremio-judicial-denuncia-represalia-de-la-Corte.html

Entonces, lo que sin duda es un avance para nosotros, (posibilidad de una jornada de trabajo reglamentada por convenio, dictar la estabilidad para todos los trabajadores eliminando los contratos e interinatos, cogestión de la obra social, etc), se inscribe, en realidad, en una disputa de orden más general entre el Gobierno K y la Corte, en donde también entran las disputas por el PJ. ¿Por qué el proyecto no avanzó cuando el gobierno K tenía mayoría absoluta en ambas cámaras? ¿No se acordaron tarde que los judiciales no tenemos convenio?

Por ende, las razones de la disputas del gobierno con la Corte se deben a fallos como ATE y los que saldrán referentes a la libertad sindical, y por qué no, el fallo que aprueba la fusión de Cablevisión y Multicanal. El gobierno nacional no puede ser un aliado de los judiciales en pos de sus reivindicaciones porque es el responsable de tenerlos en la lona. Para comprobarlo están las condiciones de trabajo precario y en negro de los estatales. La Crisis del régimen K plantea por abajo una reivindicación histórica de los trabajadores, se trata de organizarnos desde una posición independiente a la Corte, al Gobierno y las patronales, para imponer el convenio colectivo mediante la lucha.

La “lucha” de la UEJN por el 10% de aumento, retroactivo a octubre, es insuficiente. Satisface más al gobierno, cuya crisis fiscal va en aumento, y no a los judiciales que vemos perder nuestro salario frente a la inflación.

Sin embargo, esta es una gran oportunidad para luchar por paritarias libres. Sobre la base de la deliberación de los trabajadores en asambleas y reuniones por lugar de trabajo, se tiene que plantear un pliego de reivindicaciones pendientes y votar los paritarios mandatados por los trabajadores, que deberán negociar con la patronal, que según la media sanción de diputados son: 2 miembros de la Corte y 2 del consejo de la magistratura, es decir el gobierno kirchnerista.

Luchemos por un convenio que tenga:

Salario mínimo igual a la canasta básica familiar.

Efectivización de todos los contratados e interinos.

Jubilación de 82% móvil para todos

No a la tercerización de los trabajadores de limpieza.

Acceso democrático y gestión de la obra social.

Respeto de la carrera judicial.

Podemos hacerlo sobre la base de un sindicato independiente de la Corte Suprema y del Gobierno nacional

Corte Suprema, jueces, violencia laboral y UEJN

Sea cual sea el gobierno de turno, la Corte Suprema y los jueces tienen intereses irreconciliables

con los trabajadores. Ellos son los responsables de“hacer justicia” en un sistema judicial colapsado de expedientes y carente de personal. Ellos son un instrumento de las clases dominantes contra la inmensa mayoría del pueblo trabajador.

Esto que parece una mera abstracción lo sabe muy bien el compañero del fuero laboral que ve como los “laboralistas” pisotean a diario los derechos obreros, lo ve el compañero de penal que trabaja metiendo en cana generalmente a pobres, lo sabe el compañero del contencioso que trabaja desalojando familias carenciadas de casas ocupadas. Por eso, los jueces no dudan en descargar el colapso del poder judicial con el aumento de la explotación de los judiciales

Un poder del Estado que se encarga de verduguear a la población, no puede hacer menos con sus trabajadores. Entonces los trabajadores siempre debemos ser independientes políticamente hablando y actuando frente a la CSJN y los jueces. Aun de la Corte nombrada por el kirchnerismo

Violencia Laboral

Con expedientes apilados que se amontonan y se derrumban, con cantidades de trabajo inusitadas y que debe ser absorbida por los trabajadores, se llega a la resultante de un sistema laboral basado en la arbitrariedad y la flexibilización laboral.

Los jueces, no son “malos” o “buenos” con los trabajadores por cuestiones ideológicas o de principios. La mayoría de los jueces y fiscales se acogen a la estructura cuasimilitar del poder judicial, para desde esa posición “lograr” que nos quedemos después de hora para terminar, “presionar” hasta donde de, para que saquemos el trabajo en los tiempos del Juez. Hay una minoría que a partir del cuco que representan la mayoría del poder judicial, logra que el trabajo salga por medios benevolentes. “No es que seamos buenos, es que los otros son peores”

Mientras todo esto sucede, muchísimos compañeros llegan a tener situaciones de depresión y hasta trastornos psicológicos severos. Como dijimos arriba, los jueces son los encargados de “hacer justicia” en un sistema judicial colapsado, donde los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores judiciales y el pueblo.

El papel de la UEJN

Piumato afirma en sus comunicados, que hay un sector minoritario de la justicia que todavía no quiere la justicia social para los trabajadores. Bajo este razonamiento, los casos de violencia laboral serían aislados y por lo tanto, no estamos frente a cuestión colectiva (que afecta a todos) sino a cuestiones de derecho individual. De esta idea Piumato desarrollo otra: instalar “Oficinas de Recursos Humanos” en los edificios para que los trabajadores puedan, individualmente, hacer sus reclamos frente a cosos de violencia laboral.

Desde Judiciales en Lucha creemos que los abusos, la arbitrariedad y la violencia se corresponde con el objeto social que defiende el poder judicial: la defensa del orden existente, incluso contra la sociedad misma.

Un problema colectivo requiere un planteo colectivo. Nada le garantiza al compañero que cuando denuncia una situación de arbitrariedad, entre vista y vista del expediente que se forme, aumenten las represalias.

Se debe realizar un relevamiento, juzgado por juzgado, dependencia por dependencia, y poner en debate la cuestión con el fin de que establezcamos las herramientas que le pongan un límite cierto a nuestra patronal, los jueces, que solo podrá ser aplicada por la fuerza y voluntad de los trabajadores organizados independientemente de los jueces y el gobierno K.

Judiciales en Lucha se compromete a fondo con esta tarea: terminar con la violencia laboral a partir de que los trabajadores tengamos el control de las condiciones de trabajo. Se hace indispensable, delegados por juzgados y dependencias.

Denuncia de Acoso LABORAL en CAYTS, ante el Consejo de la Magistratura

Denuncia completa.

d. de Bs. As., 10 de octubre de 2008.-

SR. PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LACda

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DR. MAURICIO DEVOTO:

S / D

Matías Ignacio FACHAL, en mi carácter de Secretario Gremial de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA), y en representación de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad , ello en los términos del Art. 23 inc. b) de la ley 23.551, me dirijo a Usted, y por su intermedio al Plenario del Consejo de la Magistratura , a efectos de poner en su conocimiento la denuncia que nos fuera efectuada respecto a la situación que padecen los empleados del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, a cargo de la Dra. Patricia Graciela López Vergara, que a continuación se detallará y, consecuentemente, solicitar su urgente intervención.

Cabe destacar que la presente se funda en las declaraciones de personal del Juzgado, como así también en los casos, que seguramente Usted conocerá, de aquellos que se encuentran con licencia psiquiátrica, a raíz de las cuales se ha concluido que en el Juzgado en cuestión muchos de los empleados podrían ser víctimas de acoso psicológico o “mobbing”, fenómeno que se define como “cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos palabras, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física de la persona, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima laboral”. Asimismo, se aclara que se resguardará la identidad del personal referido, puesto que no escapará a su conocimiento y comprensión el hecho de que en este tipo de casos la mayoría de los afectados callan por miedo a ser juzgados y etiquetados por los compañeros y sus superiores jerárquicos como “problemáticos” y, en caso de tomar la decisión de denunciar el hecho, suele solicitar la reserva de su identidad, por las mismas razones. En este punto es bueno poner de relieve que los procesos de acoso laboral se desarrollan en contextos de relativa privacidad, por lo que resulta casi imposible contar con testigos y, en caso de que existan y testifiquen, ello, no puede pasar por alto el temor de éstos a convertirse en la próxima víctima si apoyan de alguna forma al sujeto pasivo del mobbing.

Volviendo al caso particular del Juzgado CAyT Nº 6, entre los hechos que han sido denunciados a esta asociación se encuentran: sobrecarga cuantitativa de trabajo, maltrato, desigualdad, alta burocratización, arbitrariedad, falta de respeto a los procedimientos instituidos, normativas y reglamentos vigentes, clima de trabajo tenso, constante cambio del personal entre las secretarías. Para ser mas específicos, empleados del juzgado nos han denunciado que: la jueza hace comentarios despectivos de los empleados respecto de la ropa que usan y sobre el peso de algunos (por ejemplo, se refiere a una funcionaria como "barbie regordeta"), califica a muchos de sus empleados de "grasas", "gente de barrio" o "a esa empleada solo la tendría para llevar las bolsas del supermercado", el que no habla inglés es un "grasita". También denunciaron que en reiteradas oportunidades ha dicho " a vos no se te paga para que pienses" y recomienda a los empleados no pertenecer a esta asociación gremial y, en el caso de estar afiliados, recomienda su desafiliación. A raíz de cosas como las relatadas varios empleados han solicitado el pase del juzgado a otras dependencia, algunos lo han conseguido. En otro orden de cosas, han denunciado que en el Juzgado se desempeñaba una persona con rango de meritoria (en violación del Artículo 1.14.4.7 del reglamento aprobado por Resolución CM Nº 302/2002), siendo modalidad de la jueza, antes de designar a una persona en su planta, hacerla concurrir al Juzgado en diferentes días y horarios para “aprender” y/o “practicar”, hecho que de ser así sería una clara evidencia de esta persona de fomentar la precariedad laboral. Así las cosas, la persona que desempeñaba como meritoria, actualmente se encuentra designada en la planta del juzgado. En este mismo sentido, cabe destacar el estado caótico de la estructura del juzgado, repleta de interinatos, siendo el caso mas grave la existencia de un cargo de Prosecretario Coadyuvante sin cubrir desde el mes de marzo, que quedó vacante tras ser promovida (como no podía esperarse de otra manera, de forma interina) la persona que lo ocupaba al cargo de Secretario. Esta omisión deliberada en la cobertura del cargo no es más que otra muestra de su falta de respeto a la carrera judicial, dado que dicha vacante sólo puede justificarse por su negativa injustificada de promover a algunos de los agentes habilitados a tal efecto en el juzgado del cual es titular. Cabe agregar que, oportunamente, también el cargo de oficial de la Secretaría N º 12 estuvo durante más de un año vacante.

Analizando los casos de licencia psiquiátrica a los que se aludió precedentemente puede notarse que en esa dependencia las cosas no marchan como debieran: dos empleados se encuentran hace más de tres meses con licencia psiquiátrica por stress laboral, en ambos casos cuentan con indicación médica, por escrito, que han sido presentadas oportunamente ante el Consejo de la Magistratura , de no reincorporarse al mismo lugar de trabajo por el prejuicio que ello implicaría a su salud y una funcionaria que también estuvo con licencia psiquiátrica por stress laboral con indicación médica de no reincorporarse al mismo lugar de trabajo, con la suerte de haber obtenido un pase para prestar funciones en otra dependencia. Ello, sumado a todas las situaciones anteriormente descriptas y que nos fueran puestas en conocimiento por personal del juzgado, ha generado un grado de malestar e incertidumbre tal que ha provocado un atraso general en el despacho de expedientes, hecho que puede ser comprobado con una simple auditoria, lo que hace que no sólo se vea perjudicado el personal en su conjunto, sino el mismo Poder Judicial, al verse afectada la normal prestación de la justicia.

La práctica del mobbing no es complicada, sólo requiere de algún grado de perversidad por parte del superior jerárquico y de una política organizacional que lo apoye, y es un fenómeno que afecta gravemente la productividad, el desarrollo y la paz social del ambiente de trabajo. Los actos de violencia laboral dentro del ámbito estatal se encuentran tan “naturalizados” por el entorno que se termina generando una victimización institucional: el acosado no sólo no obtiene ayuda en la institución, sino que ésta contribuye a multiplicar los efectos del acoso en cuanto su respuesta son comportamientos elusivos que validan el maltrato original, ignorando y contradiciendo hasta el paroxismo los más elementales principios que, por imperativo constitucional, debe inspirar la actividad del Estado. Ello, con el agravante de que el acoso psicológico se caracteriza por ser un conflicto asimétrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos o una posición superior a la del trabajador hostigado. De la misma manera, se debe ser sumamente cauteloso y estar muy atento a esta problemática, puesto que en la Administración Pública esta práctica está más arraigada en cuanto el despido no es tan simple como en el sector privado, a tal punto que el personal del sector público se encuentra calificado como un “grupo de riesgo”. Debemos tener en cuenta por sobre todas las cosas que en un Estado de Derecho no pueden quedar impunes los actos de violencia laboral que avasallan los derechos fundamentales de las personas. Resulta sumamente paradójico que en el sector público, que es el encargado de velar por el bien público, se den este tipo de abusos, y ni hablar entonces de que ocurran en el Poder Judicial.

Nuestro sector exhibe formas de violencia psicológica que urge abolir, ya que de lo contrario multiplicaría no sólo un problema de salud laboral, sino que también implicaría retroceder varios siglos en el tiempo en lo que refiere a la democratización del gobierno de las organizaciones y de los grupos sociales, lo cual es especialmente preocupante en un Estado de Derecho. Es aún más insostenible que conductas violentas sean perpetradas en democracia y en instituciones estatales por quienes tienen el deber social y legal de proteger a todos los ciudadanos, es decir, por magistrados, funcionarios y por agentes de alto rango que cuentan con el apoyo de una institución que convalida dichas prácticas por acción u omisión. Por eso debe destacarse que el Estado practica lo que se ha dado en llamar “psicoterror laboral” en la gestión de los recursos humanos cuando instaura o convalida los comportamientos o conductas en los que se cristalizan las diversas modalidades del acoso moral psicológico. El Estado, en su rol de empleador, debe introducir la ética en la gestión de los recursos humanos y tiene la obligación (además de la tarea de prevención) de erradicar la violencia laboral para el adecuado resguardo de los derechos fundamentales de las personas.

De esta manera, resulta imperioso que se implementen políticas preventivas de difusión y educación, se fomente la intervención temprana en el conflicto, se procure que la ética esté presente en el comportamiento diario y se trabaje para que hechos de esta índole, que dañan gravemente la integridad del trabajador, de ninguna manera queden impunes. No investigar a fondo ni intervenir en casos como el que se expone en la presente implica necesariamente un acto de complicidad con aquellos que pueden fomentar y ejercer estas conductas y dejar en una situación de total desamparo a aquellos quienes las padecen. Un halo de impunidad fomenta las conductas violentas ético-jurídicas repudiables, con grave menoscabo de una convivencia civilizada e hiriendo pilares básicos del bien común y de un Estado de Derecho. La Corte Suprema , desde antiguo, ha advertido que la renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica material y la renuncia voluntaria a ese objetivo resultan incompatibles con el adecuado servicio de justicia (Conf. Maza, M. A… El Despido discriminatorio: una pequeña derogación con grandes consecuencias jurídicas, Jurisprudencia Argentina, Lexis Nº 0003/400344). No debe permitirse que las ya frágiles y precarias condiciones laborales en que se desempeña el personal se vean agravadas por las conductas que puedan asumir superiores jerárquicos a través de las cuales, munidos de un rol o posición dominante, menoscaben y avasallen elementales derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales con rango constitucional y los del trabajador que consagra la Constitución Nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos la urgente intervención de Consejo que preside en el caso denunciado, como así también que manifieste de manera inequívoca que el acoso moral no se tolera en absoluto, además de procurar el compromiso de los responsables de las distintas áreas de que la ética esté presente en el comportamiento diario y de impulsar un entorno laboral libre de acoso. Ello, en el entendimiento de que puede darse una inmediata solución al presente conflicto desde el Consejo de la Magistratura , sin necesidad de vernos en la obligación de recurrir a medios tales como la denuncia ante los organismos correspondientes y ante los medios de difusión masiva.

Sin otro particular, y a la espera de una urgente y favorable solución a la problemática planteada, salúdole con la consideración mas distinguida.

Matías I. FACHAL

Sec. Gremial AEJBA

EXPLOTACION LABORAL EN EL FUERO FEDERAL

Precariedad laboral: Un aliado de la impunidad del Estado.

La causa seguida contra Olivera Rovere –la cual supera cómodamente los 200 cuerpos, es decir más de 40.000 hojas- fue instruida por dos empleados.

La publicitada discordia entre la Corte Suprema y el gobierno K sobre los motivos del atraso de las causas de derechos humanos, devino en una partida de 750 contratos para el Poder Judicial. Sin embargo, ante una situación de aguda precariedad laboral en la que los trabajadores llevan años ocupando cargos interinos o en calidad de contratados, pudiendo ser despedidos en cualquier momento sin derecho a una indemnización y dependiendo del presupuesto que la Corte disponga, lleva a que los jueces utilicen estos contratos para distribuirlos entre los empleados con más antigüedad en estos puestos precarios.

En esta coyuntura, se descarga sobre los escasos empleados asignados a las causas, la responsabilidad por el retraso de las mismas, extendiendo la jornada laboral sin pago de horas extras. Es decir, se acentúa la explotación de los trabajadores a la vez que indefectiblemente opera el atraso en las causas que juzgan el genocidio vivido en nuestro país entre 1976 y 1983.

Ante estos atropellos, reclamamos: ¡Pase a convenio de todos los contratados e interinos! ¡Por la estabilidad laboral!, ¡Por una jornada laboral reglamentada y por el pago de las horas extra! ¡Basta de despotismo de jueces, fiscales y defensores!, ¡Elección por concurso de los trabajadores del Poder Judicial!, ¡Por una representación gremial de bases en todos los lugares de trabajo!,¡Comisiones investigadoras independientes del Estado!

Volante que se está repartiendo AHORA en dependencias.

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ICT: no a los despidos por gripe A

Reincorporación de los trabajadores

En ICT (call center tercerizado de Telecom-Personal) acaban de despedir a casi treinta trabajadores por reclamar desinfección y respeto a las licencias, ante varios casos detectados de gripe A entre compañeros de trabajo.Es una aberración que refleja el grado de despotismo que impera en estos lugares de trabajo, recordándonos, entre otras, las denuncias de cajeras que usaban pañales en Coto porque no les permitían ir al baño o los despidos de chicos efectuados hace dos años en Teleperformance (otro call center) que habían sido intoxicados al interior de la empresa con pegamento, por arreglos edilicios que se efectuaban mientras ellos trabajaban.

Los empleados de Comercio, tanto en los supermercados como en los call center, a pesar de ser en su mayoría el sector más afectado por la pandemia y de trabajar en grandes concentraciones, hemos tenido que seguir trabajando como si nada, mientras a nuestros alrededores se cerraban los colegios, facultades, teatros, cines, tribunales, etc. Preguntamos: ¿la vida de la juventud trabajadora tiene menos valor?

Mientras tanto, el sindicato de Armando Cavalieri –de excelente relación con las patronales– no ha abierto la boca; el gobierno y la oposición tampoco.
Como en otros muchos supermercados y call centers, en esta empresa había delegados truchos puestos a dedo por la empresa y el sindicato, que se ubicaron del lado de la patronal y hasta patotearon a los despedidos en las oficinas de la Secretaría de Prensa del SEC, por “osar” reclamar lo que les corresponde.

Los despidos tienen un doble objetivo: acallar el reclamo ante la pandemia y fundamentalmente evitar que los trabajadores levanten cabeza, se organicen y elijan verdaderos delegados.Compañeros: la lucha de ICT es la lucha de todos los empleados de comercio. La agrupación Combativos Mercantiles llama a solidarizarse a todos los trabajadores y delegados del gremio con los despedidos que están luchando por su reincorporación (en Carlos Pellegrini 40), al tiempo que exigimos al sindicato todo el apoyo y la movilización necesarios para lograr este objetivo.

Asimismo, convocamos a impulsar la organización en todos los call centers y supermercados:
1) Por la defensa de la democracia sindical y la libre elección de delegados.
2) Por el conjunto de nuestros reclamos, por la reapertura de las paritarias porque con los 300 pesos no llegamos a 2010.
3) Por el respeto de las licencias establecidas en la resolución 471/09, por la desinfección de todos los lugares de trabajo, por equipos para cada trabajador en los call (para evitar el riesgo de compartirlos) y por el conjunto de medidas neAgrupación Combativos Mercantiles